“Minatta/Román, surdos son boleta”, amenazaron a los querellantes
El edificio en donde vive Roque Minatta, querellante en la causa contra Álbano Harguindeguy, apareció pintado este miércoles por la noche con una amenaza que le apuntaba a él y a César Román, otro de los querellantes. “Son boleta”, dice el grafiti.
La pared pintada con la amenaza hacia Minatta y Román | Imagen: Babel, Valodia Nichajew
Un día antes de que lleguen a Concepción del Uruguay los jueces que llevan adelante el juicio por delitos de lesa humanidad ocurridos en la ciudad durante la dictadura para recorrer la sede de la policía Federal, apareció una pintada en las afueras del edificio en donde vive Roque Edmundo Minatta, uno de los querellantes.
“Minatta / Román… surdos son boletas”, dice textualmente, la amenaza escrita en la pared.
Poco antes de las 23, Minatta se encontraba en su departamento con César Román, otro de los querellantes que impulsa la causa que tienen como uno de los principales imputados al ex ministro de la dictadura cívico militar Álbano Hayguindeguy.
Según comentaron a Babel, a la hora anteriormente señalada, el sereno le avisó a Minatta que habían dejado un grafiti en una de las paredes. “Minatta / Romás… surdos son boletas”, se lee claramente.
Finalmente, tanto Minatta como Román negaron poder señalar al autor de las amenazas. (Redacción de Babel)
18 may
Videla: “Se quedaron cortos, tendrían que haber matado a mil, a diez mil más.”
Justificó el uso de la tortura y reiteró la influencia de la doctrina francesa en la lucha antiguerrillera.
Según Jorge Rafael Videla la frase “Se quedaron cortos, tendrían que haber matado a mil, a diez mil más”, pertenece a empresarios argentinos, quienes según el dictador les dijeron: “Hagan lo que tengan que hacer” y luego “nos dieron con todo”. Videla admitió por primera vez on the record que la dictadura que encabezó a partir del golpe de Estado de 1976 mató a “siete mil u ocho mil personas”, aunque loa organismos de derechos humanos calculan que la cifra asciende a 30 mil. “Para no provocar protestas dentro y fuera del país, sobre la marcha se llegó a la decisión de que esa gente desapareciera; cada desaparición puede ser entendida como el enmascaramiento, el disimulo de una muerte”, intentó explicar. “Se lavaron las manos. Nos dijeron: ‘Hagan lo que tengan que hacer’ y luego nos dieron con todo”, renegó desde su calabozo el ex teniente general, que en estos días va en busca de su tercera condena a prisión perpetua. Las afirmaciones del mayor icono del terrorismo de Estado, similares a las que el condenado ex general Ramón Genaro Díaz Bessone realizó ante la periodista francesa Marie Monique Robin, entonces sin saber que lo estaban filmando, forma parte del libro Disposición Final. La confesión de Videla sobre los desaparecidos, del periodista Ceferino Reato, que acaba de publicar Editorial Sudamericana, informó Página 12.
Los años y las condenas parecen distender la lengua del dictador, que en febrero concedió un largo reportaje a la revista española Cambio 16. “No había otra solución; (en la cúpula militar) estábamos de acuerdo en que era el precio a pagar para ganar la guerra contra la subversión y necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta. Había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la Justicia ni tampoco fusiladas”, dijo, sin revelar nada que los organismos de derechos humanos del país no hayan denunciado desde el mismo momento en que se consumaba el genocidio. “Dios sabe lo que hace, por qué lo hace y para qué lo hace. Yo acepto la voluntad de Dios. Creo que Dios nunca me soltó la mano”, se permite dudar Videla.
“La frase ‘Solución Final’ nunca se usó. ‘Disposición Final’ fue una frase más utilizada; son dos palabras muy militares y significan sacar de servicio una cosa por inservible. Cuando, por ejemplo, se habla de una ropa que ya no se usa o no sirve porque está gastada, pasa a Disposición Final”, le explicó un Videla distendido a Reato, que lo entrevistó durante veinte horas entre octubre de 2011 y marzo de 2012 en la celda número 5 de la Unidad Penitenciaria 34, la única cárcel del país que funciona en el interior de una unidad militar: Campo de Mayo. Las dos palabras elegidas para titular el libro tampoco son novedosas, de hecho en 2010 un sobreviviente tucumano entregó a la Justicia un listado de 293 personas secuestradas de las cuales 195 figuraban como “DF” y explicó que era la sigla de “Disposición Final”.
El dictador justificó el uso de la tortura y reiteró una vez más la influencia de la llamada Doctrina Francesa en la lucha contra las guerrillas, tema al que la francesa Robin dedicó un libro y un documental. En su admisión sobre el “método” escogido para borrar de la tierra a sus enemigos, Videla incluyó el caso del ex jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo, Mario Roberto Santucho, asesinado en un tiroteo. “Era una persona que generaba expectativas; la aparición de ese cuerpo iba a dar lugar a homenajes, a celebraciones. Era una figura que había que opacar”, explicó el represor, opaco por excelencia, quien se permitió marcar diferencias entre las principales organizaciones armadas de los ’70. “Por su preparación militar e ideológica, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) era más enemigo que Montoneros; era algo ajeno, otra cosa. Montoneros guardaba algo del nacionalismo, del catolicismo, del peronismo con el que había nacido”, dijo.
“Las desapariciones se dan luego de los decretos del presidente interino Italo Luder, que nos dan licencia para matar. Desde el punto de vista estrictamente militar no necesitábamos el golpe; fue un error”, admitió Videla. “No podíamos pedir más ni necesitábamos más”, dijo. ¿Para qué el golpe de Estado, entonces? “Nuestro objetivo (el 24 de marzo de 1976) era disciplinar a una sociedad anarquizada. Con respecto al peronismo, salir de una visión populista, demagógica; con relación a la economía, ir a una economía de mercado, liberal. Queríamos también disciplinar al sindicalismo y al capitalismo prebendario”, explicó Videla.
Un tema que Reato abordó con Videla y con su ex ministro del Interior, el general Albano Harguindeguy, fue el de las listas con información con los nombres de los desaparecidos. “No hay listas con el destino final de los desaparecidos. Podría haber listas parciales, pero desprolijas”, volvió a defraudar el entrevistado. Harguindeguy admitió que en 1979 se elaboraron listas para “tener algo de apoyo para hablar de los desaparecidos” pero aseguró que ya no existen. “Todo eso fue quemado por orden de (el último dictador, Reynaldo) Bignone, por un decreto de Bignone.”
Otro dato añejo que reflota Reato es el de la división del país en zonas, subzonas y áreas militares en los meses previos al golpe de Estado, y las órdenes de los comandantes de cada una de las cinco zonas de confeccionar listas de personas que debían ser detenidas en la madrugada del 24 de marzo de 1976. Según represores consultados por el editor de Perfil, en esas listas figuraban tanto “líderes sociales” como “subversivos”, cuyos nombres habían aportado los Servicios de Inteligencia de Fuerzas Armadas y de Seguridad pero también empresarios y ejecutivos, sindicalistas, funcionarios, dirigentes políticos, profesores e incluso estudiantes. El autor, en base a documentos militares, recuerda que el destino de cada uno de los secuestrados por las Fuerzas Armadas se decidió en las “comunidades de inteligencia” o “comunidades informativas” de cada zona militar, integradas por los responsables de los distintos Servicios de Inteligencia. Estos grupos se reunían una vez por semana y decidían si lo liberaban, lo blanqueaban o lo asesinaban, otro dato revelador que se reitera en todos los juicios a represores desde mediados de la década del ’80.
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14 abr
El Tribunal Oral Federal de Paraná evaluará si ordenan nuevas pericias psicofísicas a Díaz Bessone
El miércoles se conocerá si el represor es sometido a otros estudios.
El Tribunal Oral Federal de la capital entrerriana resolverá si el represor Ramón Genaro Díaz Bessone es sometido a una nueva evaluación psicofísica que determine su capacidad de afrontar el debate. Si bien en esta audiencia se esperaba que determinen la situación procesal del imputado, tras la inspección que se le realizó esta semana en su domicilio particular, en Rosario, los magistrados decidieron citar al cuerpo forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para que se pronuncie sobre el estado físico y psicológico del represor. “Para saber si está en condiciones de comprender, creemos que amerita una re-evaluación en la que se apliquen técnicas “psico-diagnósticas”, declaró por teleconferencia uno de los profesionales, desde el Consejo de la Magistratura, en Capital Federal. De esta forma, las audiencias se retomarán el próximo miércoles a las 10, cuando se dará a conocer si trasladan a quien fuera comandante del Segundo Cuerpo del Ejército a Buenos Aires, para volver a evaluarlo.
De ANALISIS DIGITAL
Ante la expectativa de abogados y familiares de las víctimas, el Tribunal Federal encabezado por Lilia Carnero y compuesto por Roberto López Arango y Noemí Berros, citó para la cuarta audiencia al cuerpo forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para que los profesionales -que oportunamente lo evaluaron en el marco del juicio que enfrentaba en Rosario-, aportaran su parecer acerca de la salud física, la capacidad de comprensión y habla del imputado.
Mediante teleconferencia con el Consejo de la Magistratura, los profesionales declararon este viernes para “aportar aclaraciones sobre las condiciones de Díaz Bessone”, tal como solicitó la presidenta del Tribunal. “Nosotros lo evaluamos el 7 de noviembre y el 1 de marzo”, recordó Esteban Toro Martínez, quien aseguró que en esa oportunidad el represor presentaba “deterioro cognitivo y depresión” por lo que arribó a la conclusión de que “no se encontraría en condiciones de afrontar un debate en una sala de audiencias”. Asimismo, agregó que puede “entender una sentencia, estar presente en una audiencia desde su domicilio”, a lo que añadió que durante los estudios que ya le realizaron “no respondía” porque “en algunas ocasiones no podía y en otras, no tenía voluntad de hacerlo”. En la misma línea, argumentó que “los tiempos de comprensión son más lentos” y que en el caso de ser sometido a un debate, “todo deberá transcurrir más lento y deberán hablarle pausado”. A esta situación, se suma las dificultades auditivas y visuales del imputado.
Ramón Genaro Díaz Bessone “tiene una atrofia cerebral con predominio en el lado izquierdo”, describió por su parte la neuróloga Celminia Guzmán. “Cuando lo evalué debía escribir con ayuda de sus lentes y una lupa”, asentó ante el Tribunal. La médica atribuyó el silencio del represor “al deterioro cognitivo y la merma en las funciones cerebrales permitiendo que el tiempo de las respuestas sea más prolongado o que directamente no haya respuestas”. Además, indicó que “su lenguaje es agramatical y empobrecido”. Para ejemplificar manifestó que en lugar de decir que estaba viendo “un cerdo”, sólo pronunciaba la palabra “cerdo”.
En tanto, la licenciada Mónica Herrán, coincidió con sus pares en el “deterioro de las condiciones cognitivas”, y consideró que “la no respuesta” por parte del imputado “es multi-causal”. Herrán certificó que en algunas ocasiones “no respondía porque no comprendía y en otras oportunidades no lo hacía porque mostraba desinterés y cansancio”.
Tras la exposición de los profesionales, el tribunal ordenó que el resto de los imputados y sus abogados regresen a sus lugares de origen porque la próxima audiencia sólo será de interés para Díaz Bessone.
Es preciso señalar que la defensa Oficial del imputado, a cargo de Mario Franchi, requirió suspender el procesamiento contra su representado por presentar “un estado de vulnerabilidad física y una disminución marcada de sus facultades, lo cual hace imposible que se pueda desarrollar un juicio dentro de las normalidades del mismo”. Si bien al pedido obtuvo el rechazo de la querella, el Tribunal determinó evaluar en el domicilio particular del represor su estado de salud
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30 mar
Con las pericias médicas y los alegatos de las partes, el Tribunal Federal resolverá mañana la situación de Díaz Bessone
“El llamarse al silencio, cuando se expresa en lo cotidiano, en forma privada, es un mecanismo de defensa”. Así argumentó María Isabel Caccioppoli el rechazo de la querella al pedido del defensor Oficial, Mario Franchi, para suspender el procesamiento contra Ramón Genero Díaz Bessone. La postura coincidió con la esgrimida por el fiscal José Ignacio Candiotti, quien aseguró que “de la documental existente no surgen elementos que tornen inviable la capacidad mental del imputado para ser sometido a proceso”. El Tribunal Oral Federal de Paraná resolverá la situación del represor este viernes, cuando el juicio se reanude desde las 11. Para ello, contará con la evaluación médica realizada ayer en el domicilio particular del ex militar, en Rosario. Según consta en el acta elaborada tras la pericia, el imputado permaneció “abstraído y con la mirada perdida”; sin embargo, se aclaró que “la afección de los sentidos no afecta la comprensión”. En la causa se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay durante el Terrorismo de Estado.
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Al inicio de la tercera jornada del debate, se leyó el acta elaborada en Rosario en ocasión de realizarse la evaluación médica a quien fuera comandante del Segundo Cuerpo de Ejército. El Tribunal Oral Federal y representantes de las partes se constituyeron el miércoles, a las 16.20, en el domicilio de Díaz Bessone, a los fines de lo dispuesto el 27 de marzo.
Según consta en el documento, durante la pericia el represor permaneció “abstraído y con la mirada perdida”. Su médico lo interpeló sobre sus datos personales y su estado de ánimo, pero no respondió manifestando un “extrañamiento de la realidad”.
Asimismo, se remarcó que el imputado “no tiene interés, actúa apático”. No obstante, se aclaró que “la afección de los sentidos no afecta la comprensión”, y que podría seguir las audiencias si se hablara más pausado. También se deslizó la posibilidad de que simplemente no quiera responder. “Es una pérdida de la gana y no de la comprensión” se diferenció.
Se especificó además que se encuentra tomando ansiolíticos y que en octubre sufrió un Accidente Cerebrovascular (ACV). En ese marco, el médico particular aconsejó que se lleven a cabo las diligencias del juicio en el medio del acusado, “ya que trasladarlo podría perjudicar su estado de salud”.
Por su parte, la esposa del represor mostró los estudios tras el ACV, y remarcó que antes de sufrirlo el ex militar “tenía proyectos” e incluso “quería escribir su autobiografía”. Igualmente, insistió en que “el juicio podría seguir sin él”.
Para la querella, el imputado no tiene impedimentos para comprender y se encuentra en condiciones de ser juzgado. Esas consideraciones fueron sostenidas por los peritos de la querella Oscar Pellegrini y Adriana Beades, y avaladas por el médico de la Cámara rosarina.
Requisitoria de la Defensa Oficial
Tras la lectura del acta, Franchi pidió la suspensión del procesamiento contra Díaz Bessone. “Mi defendido presenta un estado de vulnerabilidad física y una disminución marcada de sus facultades, lo cual hace imposible que se pueda desarrollar un juicio dentro de las normalidades del mismo”, argumentó.
A su vez, se sirvió de informes médicos previos para demostrar el retroceso en su salud, y oponerse a que sea trasladado al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para seguir el debate. “El derecho de defensa debe ser efectivo, pero las condiciones no están dadas para que así sea”, sentenció.
Oposición de las partes acusatorias
“Ante el pedido perpetrado por la defensa Oficial, queremos decir que en la documental existente no surgen elementos que tornen inviable la capacidad mental del imputado para ser sometido a proceso”, asentó Candiotti, en su alegato para rechazar el requerimiento de Mario Franchi.
El representante del Ministerio Público Fiscal subrayó que el traslado del represor es secundario, y que el pedido para suspender el procesamiento debe argumentarse en cuestiones de salud, que “no están acreditadas” por los peritos. “La capacidad mental no se presupone, se acredita”, reafirmó. De hecho, recordó que en una audiencia oral los peritos informaron sobre el estado de salud del imputado, y en ese momento se “resolvió con buen tino” continuar el procesamiento. En ese orden, comparó la situación de Díaz Bessone con la del médico Juan Antonio Zaccaría, condenado en la Causa Hospital Militar. A su turno, el querellante Álvaro Piérola desestimó el planteo de la defensa. En coincidencia con la Fiscalía, resaltó que “no existe ningún agravamiento en el estado de salud del imputado que amerite pensar que el proceso puede ser suspendido”.
Si bien entendió que se tenga en consideración la edad del genocida, señaló que llegar a esta instancia se debe a las demoras para procesar los delitos de lesa humanidad. “Este juicio debería haberse realizado hace 20 años”, fustigó. Y propuso que el ex militar siga las audiencias desde su casa.
Rubén Pagliotto, también representante de la querella, reflexionó sobre la táctica de Díaz Bessone para argüir falta de capacidad. “El señor no hace uso de la palabra porque no quiere. No ejerce esa facultad”, aseveró.
El letrado solicitó que “se arbitren los medios tecnológicos, con toda la asistencia que necesite”, para que presencie el debate. Destacó que las demoras en el proceso son propias de lo que “significa el Estado constitucional de derecho”, y exhortó a que el juicio no se siga hasta que se le lea el requerimiento al imputado.
En tanto, Caccioppoli observó: “Tenemos que estar atentos, no violar ninguna garantía, pero es para pensar si ésta no es una actitud de defensa”. Para sumar a su postura, mencionó que la querella “ha respondido todos los recursos presentados en la etapa de introducción” por parte de la defensa, por lo que interpretó que el silencio del represor forma parte de una nueva estrategia.
Los hechos que se investigan
El proceso reúne tres causas por delitos de lesa humanidad. En Concordia, las víctimas de los hechos fueron: Sixto Francisco Salazar, Julio Alberto Solaga y Juan José Durantini. Tanto Salazar como Solaga continúan desaparecidos. El centro clandestino de detención funcionó esencialmente en el Regimiento de Caballería. Los imputados son Albano Harguindeguy, Ramón Díaz Bessone y Naldo Miguel Dasso.
Son víctimas de los hechos que se investigan en Concepción del Uruguay: Cesar Manuel Román, Juan Carlos Romero, Víctor Alberto Baldunciel, Juan Carlos Rodríguez, Roque Minatta, Hugo Mario Maffei (fallecido) y José Pedro Peluffo, todos estudiantes secundarios y militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES).
Además, Carlos Atilio Martínez Paiva, Carlos Horacio Valente (fallecido) y Juan Domingo Santamaría eran militantes de la Juventud Peronista (JP) y también fueron llevados a la misma delegación. Jorge Orlando Felguer y Hugo Emilio Angerosa fueron secuestrados por el Ejército en Gualeguaychú y llevados a la Delegación de la Policía Federal de Concepción del Uruguay.
Cesar Rubén Arrigo, Carlos María Urquiza, Héctor Raúl Respaud, Carlos Julián Cáceres, Jorge Guillermo Aldaz, Juan Eduardo Casaretto, integraban la Comisión Directiva del Sindicato de Luz y Fuerza.
Por delitos de lesa humanidad los imputados son Harguindeguy, Díaz Bessone, Juan Miguel Valentino, Francisco Crescenso y Julio César Rodríguez.
En tanto, son víctimas de los hechos que se investigan en Gualeguaychú: Oscar Alfredo Dezorzi, Norma Beatriz González, Víctor Carlos Ingold, Héctor Rodríguez, Félix Donato Román, Enrique Roberto Zapata, Emilio Raúl Martinez Garbino y Jaime Gustavo Martinez Garbino.
En esta causa los imputados son Harguindeguy, Díaz Bessone, Valentino, Dasso, Santiago Kelly Del Moral, Juan Carlos Mondragón y Marcelo Pérez
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30 mar
Analizarán hoy en Rosario si Díaz Bessone puede ser juzgado
Debido a que Ramón Genaro Díaz Bessone no estaría en condiciones de movilizarse, el Tribunal Oral Federal de Paraná resolvió trasladarse hacia Rosario para evaluar su estado de salud en la vivienda donde cumple prisión domiciliaria
El Tribunal Oral Federal de Paraná, los fiscales, querellantes y defensores se presentarán esta tarde en la casa del exjefe del Segundo Cuerpo de Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone, para realizar lo que se denomina examen de visu, en el marco del juicio por crímenes de lesa humanidad en la zona este de la provincia de Entre Ríos.
La pericia correrá por cuenta del médico forense de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario; Oscar Pellegrini y Adriana Beades como representantes de la querella; y el psiquiatra Héctor Panicalli como perito de la defensa.
Es de esperar que Panicalli, psiquiatra personal de Díaz Bessone, ratifique lo manifestado en el juicio de Rosario respecto a que el represor “presenta una condición física deteriorada, pues es secuela de un accidente cerebro-vascular isquémico y portador de una marcada vulnerabilidad”, por lo que considerará conveniente su traslado a un lugar donde pueda seguir el debate por videoconferencia.
El represor fue condenado el lunes a prisión perpetua en Rosario por los delitos de homicidio calificado por alevosía, privación ilegítima de la libertad y tormentos en perjuicio de 91 víctimas que pasaron por el centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la Jefatura de Policía.
Sin embargo, el tribunal que integran Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros tomó la decisión de trasladarse hasta la casa del represor luego de analizar la historia clínica y el informe de una junta médica del 1 de marzo, en el que se consignó que Díaz Bessone “necesita asistencia permanente para realizar las condiciones básicas e indispensables de alimentación, higiene, toma de medicación y rehabilitación”.
Los mismos peritos aclararon ante el tribunal rosarino que el represor comprende la acusación que pesa sobre él y que puede seguir sometido a proceso aunque no esté en condiciones de asistir a las audiencias y por eso se dispuso, en ese caso, que participe desde su casa, donde cumple arresto domiciliario, por videoconferencia.
Con estos antecedentes, parece un contrasentido pensar que en Paraná se disponga la suspensión del proceso en su contra.
Esta nueva pericia ordenada por el Tribunal Oral Federal de Paraná obedece a un pedido efectuado por el abogado Eligio Abel González, que representó a Díaz Bessone hasta un día antes del inicio del juicio. El letrado presentó un escrito solicitando que el represor sea excluido por “incapacidad mental sobreviniente”.
Las audiencias se retomarán mañana, con la proyección de la filmación de la pericia y luego los médicos deberán presentar sus conclusiones ante el tribunal para que resuelva si Díaz Bessone está en condiciones de seguir sometido a proceso. Este paso es fundamental e ineludible antes de que se planteen las cuestiones preliminares.
http://www.elonce.com/secciones/policiales/255251-analizarn-hoy-en-rosario-si-daz-bessone-puede-ser-juzgado.htm
28 mar
la querella propuso los peritos de parte que evaluarán a Díaz Bessone
Los abogados querellantes en la Causa Harguindeguy, Alvaro Piérola, Marcelo Boeykens y Marcelo Baridón, ya propusieron los peritos de parte que tendrán la tarea de evaluar al imputado Ramón Genaro Díaz Bessone mediante la videoconferencia que se realizará el miércoles a las 11 en la Cámara Federal de Apelaciones. Oscar Pellegrini, médico psiquiatra de reconocida trayectoria en la ciudad de Rosario y quién ya actuara como perito en la causa “Diaz Bessone” que tramita por ante el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario, será uno de los encargados de evaluar al represor. Asimismo propusieron como perito a la Directora de la Carrera de Psicología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), la Licenciada Adriana Beades, profesional de extensa trayectoria.
Beades ya actuó como perito en causas de lesa humanidad que se sustancian por ante la Justicia Federal de nuestra jurisdicción.
La audiencia en comunicación con Rosario estaba prevista para este viernes, pero finalmente se llevará adelante el próximo miércoles a las 11 en la Sala Juan Bautista Alberdi de la Cámara Federal de Apelaciones de la capital entrerriana.
En la tercera audiencia del proceso que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en la costa del Uruguay, se buscará determinar el estado de salud de Díaz Bessone y a partir de allí definir cómo continuará el imputado en el proceso oral y público que se inició este miércoles.
Hasta el momento, el ex jefe del Segundo Cuerpo del Ejército no ha participado de ninguna audiencia.
23 mar
Cronograma de actividades del Mes de la Memoria
- 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la guerra en Malvinas
5 mar
Panel Debate a micrófono abierto “Por Algo Será”
El Panel Debate a micrófono abierto, denominado “Por Algo Será”, se realizará el jueves 15 de diciembre a las 19.30 hs. en la Facultad de Trabajo Social. Entre los temas que se analizarán están la militancia y los puentes generacionales que fueron truncados por la Dictadura.
“Debatiremos sobre la militancia de los años ´60 y ´70, previa y durante la dictadura militar, y también en relación a la resistencia de las distintas organizaciones durante la etapa más negra de la argentina” indicaron en un comunicado.
15 dic
La sentencia
22 oct
El general Balza admitió haber sido amenazado por Guerrieri, imputado en la causa Hospital Militar
HABLÓ DE LA DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS DE LA ÉPOCA
El ex jefe del Ejército y actual embajador argentino en Colombia, Martín Balza, declaró mediante videoconferencia en el marco de una causa que investiga el robo de bebés y apuntó contra uno de los seis imputados en la Causa Hospital Militar que se desarrolla en Paraná: Pascual Oscar Guerrieri. El testigo detalló cómo en 2003 el militar, a quien recordó como “viejo compañero de promoción”, lo amenazó a través de un coronel amigo: “Habíamos sido compañeros de promoción y me mandó decir que vamos a matar a tu hermanita, a tu padre, todo eso”, subrayó. “Lamentablemente, ya no está mi esposa, pero las amenazas las sufrieron ella y mis hijos”, explicó el embajador. Además, según su criterio, hubo en el país un plan sistemático de apropiación de niños: “Hoy lo respondo con más convicción”, dijo.
Balza declaró por videoconferencia conectado a la sala de los Tribunales de Retiro. “No tengo ninguna duda de que hubo una sistematización en este caso: si se han encontrado más de cien niños sometidos a la sustracción de identidad, no es casual, no es un caso aislado. No fueron dos, ni cinco ni catorce: se está hablando de más de cien niños recuperados, de personas nacidas en cautiverio, creo que se debió no a una única decisión, la decisión existió en el proceder”, consideró en declaraciones reproducidas por Página 12.
El testigo centró su declaración en un caso de quema y destrucción de documentos de aquella época, por una orden de Cristino Nicolaides durante los primeros días del gobierno de Raúl Alfonsín. “Recuerdo bien, señor fiscal, que en un mensaje institucional del día 25 de abril de 1995 yo insistía en que aquel que tuviera algún conocimiento relacionado con listas o documentos las hiciera llegar, que yo tomaba la responsabilidad de entregar todo a la Justicia”, señaló. Y dijo: “Estábamos en plena vigencia de los indultos, pero tomé conocimiento de un solo documento: una orden militar impartida por el entonces comandante en jefe del Ejército, firmada por la segunda autoridad, el general Calvi”.
“En mi opinión quien lo pone de presidente a Bignone es Nicolaides y me parece que este tema de las listas, como dijo Bignone en un libro, es un acuerdo entre los dos: no se desconocía la intención clara de borrar el acervo histórico de la institución y también del país”, indicó. O, como lo dijo antes: “Para tratar de borrar la memoria histórica”.
El juicio en el cual declaró no intenta probar casos aislados de robos de niños, sino la trama de sistematicidad. En ese sentido, el testimonio de Balza fue importante para las querellas. Citó como punto de origen un llamado del juez Adolfo Bagnasco que en el año 2000 lo llamó como testigo en una causa. En el despacho le pidió que leyera documentación de Inteligencia.
“Leí la declaración de médicos, enfermeras, de personas, después de todo lo que leí le dije al juez que eso respondía a una sistematización: un plan no necesita de una orden escrita, tiene la misma validez una orden escrita o una orden verbal”, manifestó.
Consultado en ese punto por el abogado Alan Iud, de Abuelas de Plaza de Mayo, sobre el peso de órdenes que sin papeles parecen fantasmas imposibles de probar y argumentos de los que se vale la defensa para decir, por estos días, que si hay órdenes muestren los papeles, Balza homologó uno y otro tipo de mandato y dijo que, por ejemplo, en Malvinas, las órdenes verbales tuvieron el mismo peso que las escritas.
http://www.diariodelsurdigital.com.ar/spip.php?article3704
30 sep
