Con las pericias médicas y los alegatos de las partes, el Tribunal Federal resolverá mañana la situación de Díaz Bessone
“El llamarse al silencio, cuando se expresa en lo cotidiano, en forma privada, es un mecanismo de defensa”. Así argumentó María Isabel Caccioppoli el rechazo de la querella al pedido del defensor Oficial, Mario Franchi, para suspender el procesamiento contra Ramón Genero Díaz Bessone. La postura coincidió con la esgrimida por el fiscal José Ignacio Candiotti, quien aseguró que “de la documental existente no surgen elementos que tornen inviable la capacidad mental del imputado para ser sometido a proceso”. El Tribunal Oral Federal de Paraná resolverá la situación del represor este viernes, cuando el juicio se reanude desde las 11. Para ello, contará con la evaluación médica realizada ayer en el domicilio particular del ex militar, en Rosario. Según consta en el acta elaborada tras la pericia, el imputado permaneció “abstraído y con la mirada perdida”; sin embargo, se aclaró que “la afección de los sentidos no afecta la comprensión”. En la causa se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay durante el Terrorismo de Estado.
De ANALISIS DIGITAL
Al inicio de la tercera jornada del debate, se leyó el acta elaborada en Rosario en ocasión de realizarse la evaluación médica a quien fuera comandante del Segundo Cuerpo de Ejército. El Tribunal Oral Federal y representantes de las partes se constituyeron el miércoles, a las 16.20, en el domicilio de Díaz Bessone, a los fines de lo dispuesto el 27 de marzo.
Según consta en el documento, durante la pericia el represor permaneció “abstraído y con la mirada perdida”. Su médico lo interpeló sobre sus datos personales y su estado de ánimo, pero no respondió manifestando un “extrañamiento de la realidad”.
Asimismo, se remarcó que el imputado “no tiene interés, actúa apático”. No obstante, se aclaró que “la afección de los sentidos no afecta la comprensión”, y que podría seguir las audiencias si se hablara más pausado. También se deslizó la posibilidad de que simplemente no quiera responder. “Es una pérdida de la gana y no de la comprensión” se diferenció.
Se especificó además que se encuentra tomando ansiolíticos y que en octubre sufrió un Accidente Cerebrovascular (ACV). En ese marco, el médico particular aconsejó que se lleven a cabo las diligencias del juicio en el medio del acusado, “ya que trasladarlo podría perjudicar su estado de salud”.
Por su parte, la esposa del represor mostró los estudios tras el ACV, y remarcó que antes de sufrirlo el ex militar “tenía proyectos” e incluso “quería escribir su autobiografía”. Igualmente, insistió en que “el juicio podría seguir sin él”.
Para la querella, el imputado no tiene impedimentos para comprender y se encuentra en condiciones de ser juzgado. Esas consideraciones fueron sostenidas por los peritos de la querella Oscar Pellegrini y Adriana Beades, y avaladas por el médico de la Cámara rosarina.
Requisitoria de la Defensa Oficial
Tras la lectura del acta, Franchi pidió la suspensión del procesamiento contra Díaz Bessone. “Mi defendido presenta un estado de vulnerabilidad física y una disminución marcada de sus facultades, lo cual hace imposible que se pueda desarrollar un juicio dentro de las normalidades del mismo”, argumentó.
A su vez, se sirvió de informes médicos previos para demostrar el retroceso en su salud, y oponerse a que sea trasladado al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para seguir el debate. “El derecho de defensa debe ser efectivo, pero las condiciones no están dadas para que así sea”, sentenció.
Oposición de las partes acusatorias
“Ante el pedido perpetrado por la defensa Oficial, queremos decir que en la documental existente no surgen elementos que tornen inviable la capacidad mental del imputado para ser sometido a proceso”, asentó Candiotti, en su alegato para rechazar el requerimiento de Mario Franchi.
El representante del Ministerio Público Fiscal subrayó que el traslado del represor es secundario, y que el pedido para suspender el procesamiento debe argumentarse en cuestiones de salud, que “no están acreditadas” por los peritos. “La capacidad mental no se presupone, se acredita”, reafirmó. De hecho, recordó que en una audiencia oral los peritos informaron sobre el estado de salud del imputado, y en ese momento se “resolvió con buen tino” continuar el procesamiento. En ese orden, comparó la situación de Díaz Bessone con la del médico Juan Antonio Zaccaría, condenado en la Causa Hospital Militar. A su turno, el querellante Álvaro Piérola desestimó el planteo de la defensa. En coincidencia con la Fiscalía, resaltó que “no existe ningún agravamiento en el estado de salud del imputado que amerite pensar que el proceso puede ser suspendido”.
Si bien entendió que se tenga en consideración la edad del genocida, señaló que llegar a esta instancia se debe a las demoras para procesar los delitos de lesa humanidad. “Este juicio debería haberse realizado hace 20 años”, fustigó. Y propuso que el ex militar siga las audiencias desde su casa.
Rubén Pagliotto, también representante de la querella, reflexionó sobre la táctica de Díaz Bessone para argüir falta de capacidad. “El señor no hace uso de la palabra porque no quiere. No ejerce esa facultad”, aseveró.
El letrado solicitó que “se arbitren los medios tecnológicos, con toda la asistencia que necesite”, para que presencie el debate. Destacó que las demoras en el proceso son propias de lo que “significa el Estado constitucional de derecho”, y exhortó a que el juicio no se siga hasta que se le lea el requerimiento al imputado.
En tanto, Caccioppoli observó: “Tenemos que estar atentos, no violar ninguna garantía, pero es para pensar si ésta no es una actitud de defensa”. Para sumar a su postura, mencionó que la querella “ha respondido todos los recursos presentados en la etapa de introducción” por parte de la defensa, por lo que interpretó que el silencio del represor forma parte de una nueva estrategia.
Los hechos que se investigan
El proceso reúne tres causas por delitos de lesa humanidad. En Concordia, las víctimas de los hechos fueron: Sixto Francisco Salazar, Julio Alberto Solaga y Juan José Durantini. Tanto Salazar como Solaga continúan desaparecidos. El centro clandestino de detención funcionó esencialmente en el Regimiento de Caballería. Los imputados son Albano Harguindeguy, Ramón Díaz Bessone y Naldo Miguel Dasso.
Son víctimas de los hechos que se investigan en Concepción del Uruguay: Cesar Manuel Román, Juan Carlos Romero, Víctor Alberto Baldunciel, Juan Carlos Rodríguez, Roque Minatta, Hugo Mario Maffei (fallecido) y José Pedro Peluffo, todos estudiantes secundarios y militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES).
Además, Carlos Atilio Martínez Paiva, Carlos Horacio Valente (fallecido) y Juan Domingo Santamaría eran militantes de la Juventud Peronista (JP) y también fueron llevados a la misma delegación. Jorge Orlando Felguer y Hugo Emilio Angerosa fueron secuestrados por el Ejército en Gualeguaychú y llevados a la Delegación de la Policía Federal de Concepción del Uruguay.
Cesar Rubén Arrigo, Carlos María Urquiza, Héctor Raúl Respaud, Carlos Julián Cáceres, Jorge Guillermo Aldaz, Juan Eduardo Casaretto, integraban la Comisión Directiva del Sindicato de Luz y Fuerza.
Por delitos de lesa humanidad los imputados son Harguindeguy, Díaz Bessone, Juan Miguel Valentino, Francisco Crescenso y Julio César Rodríguez.
En tanto, son víctimas de los hechos que se investigan en Gualeguaychú: Oscar Alfredo Dezorzi, Norma Beatriz González, Víctor Carlos Ingold, Héctor Rodríguez, Félix Donato Román, Enrique Roberto Zapata, Emilio Raúl Martinez Garbino y Jaime Gustavo Martinez Garbino.
En esta causa los imputados son Harguindeguy, Díaz Bessone, Valentino, Dasso, Santiago Kelly Del Moral, Juan Carlos Mondragón y Marcelo Pérez
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Imprimir artículo | Este artículo fue publicado por admin el 30 marzo, 2012 a las 20:32, y está archivado en Causa Harguindeguy. Sigue las respuestas a esta entrada a través de RSS 2.0. Puedes dejar un comentario o enviar un trackback desde tu propio sitio. |