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Videla: “Se quedaron cortos, tendrían que haber matado a mil, a diez mil más.”

Justificó el uso de la tortura y reiteró la influencia de la doctrina francesa en la lucha antiguerrillera.

 

Según Jorge Rafael Videla la frase “Se quedaron cortos, tendrían que haber matado a mil, a diez mil más”, pertenece a empresarios argentinos, quienes según el dictador les dijeron: “Hagan lo que tengan que hacer” y luego “nos dieron con todo”. Videla admitió por primera vez on the record que la dictadura que encabezó a partir del golpe de Estado de 1976 mató a “siete mil u ocho mil personas”, aunque loa organismos de derechos humanos calculan que la cifra asciende a 30 mil. “Para no provocar protestas dentro y fuera del país, sobre la marcha se llegó a la decisión de que esa gente desapareciera; cada desaparición puede ser entendida como el enmascaramiento, el disimulo de una muerte”, intentó explicar. “Se lavaron las manos. Nos dijeron: ‘Hagan lo que tengan que hacer’ y luego nos dieron con todo”, renegó desde su calabozo el ex teniente general, que en estos días va en busca de su tercera condena a prisión perpetua. Las afirmaciones del mayor icono del terrorismo de Estado, similares a las que el condenado ex general Ramón Genaro Díaz Bessone realizó ante la periodista francesa Marie Monique Robin, entonces sin saber que lo estaban filmando, forma parte del libro Disposición Final. La confesión de Videla sobre los desaparecidos, del periodista Ceferino Reato, que acaba de publicar Editorial Sudamericana, informó Página 12.

Los años y las condenas parecen distender la lengua del dictador, que en febrero concedió un largo reportaje a la revista española Cambio 16. “No había otra solución; (en la cúpula militar) estábamos de acuerdo en que era el precio a pagar para ganar la guerra contra la subversión y necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta. Había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la Justicia ni tampoco fusiladas”, dijo, sin revelar nada que los organismos de derechos humanos del país no hayan denunciado desde el mismo momento en que se consumaba el genocidio. “Dios sabe lo que hace, por qué lo hace y para qué lo hace. Yo acepto la voluntad de Dios. Creo que Dios nunca me soltó la mano”, se permite dudar Videla.


“La frase ‘Solución Final’ nunca se usó. ‘Disposición Final’ fue una frase más utilizada; son dos palabras muy militares y significan sacar de servicio una cosa por inservible. Cuando, por ejemplo, se habla de una ropa que ya no se usa o no sirve porque está gastada, pasa a Disposición Final”, le explicó un Videla distendido a Reato, que lo entrevistó durante veinte horas entre octubre de 2011 y marzo de 2012 en la celda número 5 de la Unidad Penitenciaria 34, la única cárcel del país que funciona en el interior de una unidad militar: Campo de Mayo. Las dos palabras elegidas para titular el libro tampoco son novedosas, de hecho en 2010 un sobreviviente tucumano entregó a la Justicia un listado de 293 personas secuestradas de las cuales 195 figuraban como “DF” y explicó que era la sigla de “Disposición Final”.

El dictador justificó el uso de la tortura y reiteró una vez más la influencia de la llamada Doctrina Francesa en la lucha contra las guerrillas, tema al que la francesa Robin dedicó un libro y un documental. En su admisión sobre el “método” escogido para borrar de la tierra a sus enemigos, Videla incluyó el caso del ex jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo, Mario Roberto Santucho, asesinado en un tiroteo. “Era una persona que generaba expectativas; la aparición de ese cuerpo iba a dar lugar a homenajes, a celebraciones. Era una figura que había que opacar”, explicó el represor, opaco por excelencia, quien se permitió marcar diferencias entre las principales organizaciones armadas de los ’70. “Por su preparación militar e ideológica, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) era más enemigo que Montoneros; era algo ajeno, otra cosa. Montoneros guardaba algo del nacionalismo, del catolicismo, del peronismo con el que había nacido”, dijo.

“Las desapariciones se dan luego de los decretos del presidente interino Italo Luder, que nos dan licencia para matar. Desde el punto de vista estrictamente militar no necesitábamos el golpe; fue un error”, admitió Videla. “No podíamos pedir más ni necesitábamos más”, dijo. ¿Para qué el golpe de Estado, entonces? “Nuestro objetivo (el 24 de marzo de 1976) era disciplinar a una sociedad anarquizada. Con respecto al peronismo, salir de una visión populista, demagógica; con relación a la economía, ir a una economía de mercado, liberal. Queríamos también disciplinar al sindicalismo y al capitalismo prebendario”, explicó Videla.

Un tema que Reato abordó con Videla y con su ex ministro del Interior, el general Albano Harguindeguy, fue el de las listas con información con los nombres de los desaparecidos. “No hay listas con el destino final de los desaparecidos. Podría haber listas parciales, pero desprolijas”, volvió a defraudar el entrevistado. Harguindeguy admitió que en 1979 se elaboraron listas para “tener algo de apoyo para hablar de los desaparecidos” pero aseguró que ya no existen. “Todo eso fue quemado por orden de (el último dictador, Reynaldo) Bignone, por un decreto de Bignone.”

Otro dato añejo que reflota Reato es el de la división del país en zonas, subzonas y áreas militares en los meses previos al golpe de Estado, y las órdenes de los comandantes de cada una de las cinco zonas de confeccionar listas de personas que debían ser detenidas en la madrugada del 24 de marzo de 1976. Según represores consultados por el editor de Perfil, en esas listas figuraban tanto “líderes sociales” como “subversivos”, cuyos nombres habían aportado los Servicios de Inteligencia de Fuerzas Armadas y de Seguridad pero también empresarios y ejecutivos, sindicalistas, funcionarios, dirigentes políticos, profesores e incluso estudiantes. El autor, en base a documentos militares, recuerda que el destino de cada uno de los secuestrados por las Fuerzas Armadas se decidió en las “comunidades de inteligencia” o “comunidades informativas” de cada zona militar, integradas por los responsables de los distintos Servicios de Inteligencia. Estos grupos se reunían una vez por semana y decidían si lo liberaban, lo blanqueaban o lo asesinaban, otro dato revelador que se reitera en todos los juicios a represores desde mediados de la década del ’80.

http://www.analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&sec=1&no=164046

El general Balza admitió haber sido amenazado por Guerrieri, imputado en la causa Hospital Militar

HABLÓ DE LA DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS DE LA ÉPOCA

El ex jefe del Ejército y actual embajador argentino en Colombia, Martín Balza, declaró mediante videoconferencia en el marco de una causa que investiga el robo de bebés y apuntó contra uno de los seis imputados en la Causa Hospital Militar que se desarrolla en Paraná: Pascual Oscar Guerrieri. El testigo detalló cómo en 2003 el militar, a quien recordó como “viejo compañero de promoción”, lo amenazó a través de un coronel amigo: “Habíamos sido compañeros de promoción y me mandó decir que vamos a matar a tu hermanita, a tu padre, todo eso”, subrayó. “Lamentablemente, ya no está mi esposa, pero las amenazas las sufrieron ella y mis hijos”, explicó el embajador. Además, según su criterio, hubo en el país un plan sistemático de apropiación de niños: “Hoy lo respondo con más convicción”, dijo.

Balza declaró por videoconferencia conectado a la sala de los Tribunales de Retiro. “No tengo ninguna duda de que hubo una sistematización en este caso: si se han encontrado más de cien niños sometidos a la sustracción de identidad, no es casual, no es un caso aislado. No fueron dos, ni cinco ni catorce: se está hablando de más de cien niños recuperados, de personas nacidas en cautiverio, creo que se debió no a una única decisión, la decisión existió en el proceder”, consideró en declaraciones reproducidas por Página 12.

El testigo centró su declaración en un caso de quema y destrucción de documentos de aquella época, por una orden de Cristino Nicolaides durante los primeros días del gobierno de Raúl Alfonsín. “Recuerdo bien, señor fiscal, que en un mensaje institucional del día 25 de abril de 1995 yo insistía en que aquel que tuviera algún conocimiento relacionado con listas o documentos las hiciera llegar, que yo tomaba la responsabilidad de entregar todo a la Justicia”, señaló. Y dijo: “Estábamos en plena vigencia de los indultos, pero tomé conocimiento de un solo documento: una orden militar impartida por el entonces comandante en jefe del Ejército, firmada por la segunda autoridad, el general Calvi”.

“En mi opinión quien lo pone de presidente a Bignone es Nicolaides y me parece que este tema de las listas, como dijo Bignone en un libro, es un acuerdo entre los dos: no se desconocía la intención clara de borrar el acervo histórico de la institución y también del país”, indicó. O, como lo dijo antes: “Para tratar de borrar la memoria histórica”.

El juicio en el cual declaró no intenta probar casos aislados de robos de niños, sino la trama de sistematicidad. En ese sentido, el testimonio de Balza fue importante para las querellas. Citó como punto de origen un llamado del juez Adolfo Bagnasco que en el año 2000 lo llamó como testigo en una causa. En el despacho le pidió que leyera documentación de Inteligencia.

“Leí la declaración de médicos, enfermeras, de personas, después de todo lo que leí le dije al juez que eso respondía a una sistematización: un plan no necesita de una orden escrita, tiene la misma validez una orden escrita o una orden verbal”, manifestó.

Consultado en ese punto por el abogado Alan Iud, de Abuelas de Plaza de Mayo, sobre el peso de órdenes que sin papeles parecen fantasmas imposibles de probar y argumentos de los que se vale la defensa para decir, por estos días, que si hay órdenes muestren los papeles, Balza homologó uno y otro tipo de mandato y dijo que, por ejemplo, en Malvinas, las órdenes verbales tuvieron el mismo peso que las escritas.

http://www.diariodelsurdigital.com.ar/spip.php?article3704

 

 

CALAVERA NO CHIYAH II: Analizan la destitución del Juez de Paz de Alvear por ser ex miembro del Batallón 601 de Inteligencia durante la dictadura

LUEGO DE SER DENUNCIADO POR LA AGRUPACIÓN HIJOS ENTRE RÍOS

El Consejo de la Magistratura de Corrientes acusó de mal desempeño a la jueza en lo Civil de Santo Tomé, Graciela Duarte. El año pasado imputó al magistrado de Instrucción de Mercedes, Pablo Fleitas, quien fue el primer destituido. También se revisan la situación de otras autoridades del fuero provincial, como el caso del juez provincial de Santo Tomé, Humberto De Biassi y la situación del juez de Paz de Alvear, Arturo Chiyah, quien fue denunciado por Diario del SUR Digital y la agrupación HIJOS de Paraná, de aparecer en la nómina de miembros del Batallón 601 de Inteligencia, que operó en Entre Ríos durante la dictadura militar.

mas información: http://www.diariodelsurdigital.com.ar/spip.php?article3545

RETIRARON LA MATRÍCULA A EX REPRESOR

El Diablo perdió un abogado

El Colegio de Abogados de Rosario resolvió excluir de la matrícula profesional al ex teniente (R) del Ejército argentino,Juan Daniel Amelong, condenado a “reclusión perpetua en cárcel común”, por la Justicia rosarina, en 2010.

 

El presidente del Colegio de letrados, Ignacio Del Vecchio, dijo sentirse “orgulloso de pertenecer y formar parte de este directorio”, ya que “la madurez con que se abordó el tema habla a las claras de una admirable calidad institucional”.

Amelong, quien además de abogado es teniente (R) del Ejército argentino, fue condenado el año pasado a reclusión perpetua en cárcel común por el Tribunal Oral Federal Nº 1 (TOF1) de Rosario.

El tribunal lo encontró responsable de los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad y tormentos, por su participación en los centros clandestinos de detención Quinta de Funes y Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu.

Del Vecchio sostuvo tras la decisión del Colegio que preside: “Creemos sin lugar a dudas que con esta decisión estamos cumpliendo con la finalidad esencial que dispone nuestro estatuto: enaltecer el concepto público de la abogacía”.

Según explicó la entidad por medio de un comunicado, durante el debate la gran mayoría de los trece integrantes del directorio estuvieron de acuerdo en que los antecedentes de Amelong “aparecen objetivamente cono negativos e incompatibles con el ejercicio de la profesión de abogado”.

La base legal para la exclusión de la matrícula de un abogado es el artículo 295 de la Ley Orgánica de Tribunales, que impide “formar parte” del Colegio a los que “hubieren sido condenados a pena privativa de la libertad por delitos dolosos y de cumplimiento efectivo” y habilita al directorio de la institución a “cancelar la matrícula sin substanciación alguna”, explicaron.

Seis de los directores expresaron que sólo se podría cancelar la matrícula en los casos de sentencia firme, mientras que los siete restantes expresaron en líneas generales que “la ley orgánica del Poder Judicial y el estatuto del Colegio de Abogados establecen que la función esencial de la institución es velar por el decoro del foro, garantizando al ciudadano que quien ejerce la profesión de abogado posee los valores éticos que se exigen para la actividad”.

 

http://redaccionrosario.com.ar/noticias/?q=node/13499

 

Infografía de causas judiciales

Elaborada por DIARIO UNO