Sentencia completa Hospital Militar

Esta es la parte resolutiva de la sentencia… mas abajo está completa con los fundamentos

SENTENCIA:

1.- NO HACER LUGAR a la nulidad de la acusación planteada por el Sr. Defensor Público Oficial con adhesión del Defensor Particular Humberto Franchi.

2.- RECHAZAR la prescripción de la acción interesada por la Defensa Oficial que contara con la adhesión del Defensor Particular Humberto Franchi.

3.- DECLARAR a Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong y Walter Salvador Dionisio Pagano, cuyos datos personales obran en la causa, coautores responsables del delito de sustracción de un menor de diez años del poder de sus padres, tutor o persona encargada (art. 146 del C.P., dos hechos) y del delito de alteración o supresión del estado civil de un menor de diez años (art. 139 inc. 2° del C.P., dos hechos) ambos con ley vigente al momento del hecho N° 11. 179, en concurso real (art. 55 del C.P.).

4.- DECLARAR a Juan Antonio Zaccaría, cuyos demás datos personales obran en la causa, participe necesario del delito de sustracción de un menor de diez años del poder de sus padres, tutor o persona encargada (art. 146 del C.P., dos hechos) y del delito de alteración o supresión del estado civil de un menor de diez años (art. 139 inc. 2° del C.P., dos hechos) ambos con ley vigente al momento del hecho N° 11. 179,en concurso real (art. 55 del C.P.).

5.- CONDENAR, en consecuencia, a Pascual Oscar Guerrieri a la pena decatorce (14) años de prisión, Jorge Alberto Fariña a la pena de trece (13) años deprisión, Juan Daniel Amelong a la pena de trece (13) años de prisión, Walter Salvador Dionisio Pagano a la pena de once (11) años de prisión y Juan Antonio Zaccaría a la pena de cinco (5) años de prisión, con más la inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena (art. 12 primera parte, del Código Penal).

6.- DISPONER oportunamente y por quien corresponda, la acumulación de penas y/o condenas a que hubiere lugar en cada caso de conformidad a lo dispuesto por el art. 58 CP.

7.- ABSOLVER a Marino Héctor González por los delitos que le fueran imputados en las requisitorias de elevación de la causa a juicio (arts. 139 inc. 2° y 146 C.P. en concurso real), disponiendo su libertad en la presente causa.

8.- IMPONER las costas de la causa a los condenados en un quince por ciento (15 %) a cada uno, declarando de oficio las correspondientes al absuelto (art. 531 del C.P.P.N.).

9.- TENER PRESENTE las reservas de recurso de casación y extraordinario federal efectuadas por las partes.

10.- MANTENER las prisiones domiciliarias de Pascual Oscar Guerrieri y Juan Antonio Zaccaría, en las condiciones oportunamente concedidas.

Ver el fallo completo de 166 páginas

 

Operación Paraná, la verdad que se supo luego de 30 años

El caso de los mellizos robados a Raquel Negro fue parte del plan de Inteligencia que se conoció como Operación México, con el cual la dictadura intentó asesinar a la cúpula de Montoneros

por A.H. para Diario UNO


La tarde del domingo 23 de noviembre de 2008, en la casa familiar de Villa Ramallo, Sabrina Gullino recibió la notificación del Juzgado Federal de Paraná por la cual se citaba a sus padres a declarar en la causa Trimarco. Ella, que por entonces tenía 30 años, sabía desde siempre que era adoptada y últimamente sospechaba que sus progenitores biológicos podrían haber sido víctimas del terrorismo de Estado. Pero no sabía qué era la causa Trimarco; su padre, Raúl Gullino, pensaba que podría tratarse de un juicio iniciado por una aseguradora de autos, porque una vez, muchos años antes, había chocado cerca de la capital entrerriana. En ese mismo momento, Internet tuvo la respuesta: los estaban citando para testimoniar en el marco de una investigación por robo de bebés durante la dictadura.

Un mes después, Sabrina conoció a su hermano de sangre, Sebastián Álvarez. El Banco Nacional de Datos Genéticos acababa de confirmar la relación de sangre que los unía en un 99,9999%. Era el desenlace de una pesquisa judicial que se inició el 18 de mayo de 2005, cuando el coordinador del Registro Único de la Verdad, Guillermo Germano, llevó a la Justicia un anónimo que le habían tirado por debajo de la puerta y denunció los posibles delitos de apropiación de menores nacidos en el Hospital Militar de Paraná durante el cautiverio de sus madres y de sustitución de sus identidades. El expediente comenzó desde entonces a crecer en pesados volúmenes, bajo la carátula Guillermo Germano s/ su denuncia“; para luego adquirir por nombre el del principal responsable de la represión ilegal en Entre Ríos, el general Juan Carlos Ricardo Trimarco. Enseguida se constituyó como querellante Sebastián, ya que la investigación se centró en el caso sobre el que parecía haber más pruebas a mano, el de su madre Raquel Negro, embarazada de seis meses cuando fue secuestrada el 2 de enero de 1978.

Los jueces federales Myriam Galizzi y Gustavo Zonis –los que más participación tuvieron–, los fiscales federales Mario Silva y José Ignacio Candioti, los abogados representantes de la querella que fueron interviniendo en distintas etapas –Marina Barbagelata, Marcelo Baridón, Gamal Taleb, Álvaro Piérola, Florencia Amore; los representantes de Abuelas de Plaza de Mayo Ana Oberlin y Álvaro Baella, y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Lucas Ciarnello–, el Registro Único de la Verdad y los organismos de Derechos Humanos lograron reconstruir cómo sucedieron los hechos. Raquel Negro y su pareja, Tulio Valenzuela, junto con el pequeño Sebastián –hijo de Raquel y Marcelino Álvarez, ya desaparecido en aquel entonces–, fueron secuestrados en la puerta de la tienda Los Gallegos de Mar del Plata por un grupo de tareas del Segundo Cuerpo de Ejército y trasladados al centro clandestino de detención conocido como la Quinta de Funes, en las afueras de Rosario. Allí los miembros de la patota del Destacamento de Inteligencia 121 mantenían secuestrados a un grupo de integrantes de Montoneros, movimiento al que también pertenecían Raquel y Tulio. A cambio de dejar al niño con sus abuelos maternos, la pareja simuló aceptar la propuesta de participar de la Operación México, que tenía como propósito asesinar a Mario Eduardo Firmenich y otros dirigentes de la cúpula de esa organización armada que residían en ese país. Tulio, también conocido como Tucho, viajó junto con un grupo de agentes de Inteligencia, pero una vez en tierra azteca logró escaparse y desbaratar la operación: el 18 de enero de 1978, en una conferencia de prensa en la casa montonera, denunció el plan de inteligencia que tenía como cabeza al jefe del Segundo Cuerpo, Leopoldo Fortunato Galtieri. El 20 de enero de 2008, documentos que hizo públicos el National Security Archive, de los Estados Unidos, revelarían que los integrantes de la delegación fueron: Jorge Alberto Fariña, bajo el nombre falso de Eduardo Ferrer y cuyo nombre de guerra en Argentina era Sebastián; Juan Daniel Amelong, como Pablo Funes, Daniel; Jorge Cabrera, como Carlos Carabetta, Barba –los tres integraban el Destacamento de Inteligencia 121–; el montonero colaboracionista Carlos Laluf como Miguel Vila y Tuchocomo Jorge Cattone. En esa conferencia, Valenzuela responsabilizó a Galtieri por la vida de su mujer, que había quedado como rehén, y de los mellizos por nacer, aunque él todavía pensaba que era un solo bebé. Los espías argentinos fueron detenidos y expulsados. Mientras tanto, en Argentina, los represores levantaron la Quinta de Funes y llevaron a los detenidos a la escuela Magnasco de Rosario y posteriormente a la quinta La Intermedia, propiedad de la familia Amelong, ubicada a la vera de la autopista hacia Santa Fe y frente a una estación de servicios.


Operación Paraná

Los responsables de la represión ilegal en Rosario procedieron con Raquel como lo hacían con la mayoría de las secuestradas embarazadas: robaron sus bebés y les cambiaron sus identidades, para luego asesinarla a ella. Coordinaron el plan con las autoridades militares de Paraná, donde existía el Hospital Militar más cercano. Jaime Dri, sobreviviente de la Quinta de Funes, la Magnasco, La Intermedia y de la ESMA, dijo que fue trasladada dos veces a la capital entrerriana para controles prenatales. Luego, cuando todavía faltaba un tiempo para el parto, la volvieron a trasladar y nunca regresó. Desde 1984 se conocía de este viaje a Paraná, cuando Miguel Bonasso publicó Recuerdo de la muerte, basado en el testimonio de Dri.

La patota que comandaba Pascual Guerrieri coordinó el operativo con Trimarco y con el agente de Inteligencia Paul Navone. Internaron a Raquel en la guardia médica, donde habían instalado una precaria reja en la ventana. En una cama dormía la cautiva y en otra el custodio de turno, designado por Marino González, otro miembro del grupo de tareas. Cuando llegó el momento del parto la llevaron en camilla por el parque del nosocomio hasta la sala de Maternidad. Allí intervinieron médicos que no pertenecían a la institución. Primero nació el varón; la madre alcanzó a abrazarlo, pero rápidamente se lo llevaron. Después nació la nena. Ambos niños fueron ingresados a Terapia Intensiva, que estaba a cargo del anestesista y militar Juan Antonio Zaccaría. No era un lugar adecuado para recién nacidos, menos para el varón, que presentaba una cardiopatía congénita, según recordaría durante el juicio el médico que lo atendió, Alfredo Berduc. Ya no estaban bajo la esfera de cuidado de la madre ni de otros familiares y tampoco tenían nombres. En Terapia, por orden de Zaccaría, los inscribieron como NN. Las enfermeras los llamaron Soledad y Facundo.

Berduc, y posiblemente también el médico Juan Ferrarotti, gestionaron la derivación de los niños al Instituto Privado de Pediatría (IPP), ubicado en España 312, donde existía un servicio de Neonatología. Nadie avisó a la madre y mucho menos pidió su consentimiento. En el IPP ingresó primero la niña, el 4 de marzo. La registraron como “López, Soledad”, proveniente del Hospital Militar. El 10 de marzo ingresó el varón, como “NN López” y con la misma procedencia. Se supone que durante ese lapso de seis días el bebé pudo haber estado en el hospital San Roque. En el libro de ingresos y egresos figura que ambos fueron dados de alta el 27 de marzo. Ese mismo día, a la noche, Sabrina (o Soledad), fue dejada abandonada en la puerta del Hogar del Huérfano de Rosario. El testigo Eduardo Costanzo dijo que los encargados de ese procedimiento fueron Juan Amelong y Walter Pagano. Lo mismo dijo el hijo de Navone, Pablo, reproduciendo lo que le contó su padre antes de suicidarse en 2008. En el orfanato registraron a la beba como “NN María Andrea”. La Justicia de Menores la entregó en adopción a los Gullino.

A Raquel la asesinaron, la llevaron a La Intermedia en el baúl de un auto y la tiraron al mar en un vuelo de la muerte. Valenzuela fue degradado por la cúpula de Montoneros y enviado a la Argentina en la Primera Contraofensiva. Fuerzas de seguridad lo sorprendieron en la frontera con Paraguay y su cuerpo nunca apareció. Al bebé varón sus hermanos todavía lo buscan.

El derecho y los caníbales

El juez López Arango analizó la trascendencia social del juicio, defendió el respeto del debido proceso y confesó que este caso representó “un desafío” en su carrera judicial
por Alfredo Hoffman para Diario UNO

 

“En lo personal fue un desafío, en todo sentido: físico, psíquico. Y después un compromiso, porque uno vive acá, la gente por la calle te para, gente que te conoce, que no te conoce. Algunos te elogian, otros te critican, uno está expuesto en ese sentido. Sin ninguna duda fue un desafío personal, profesionalmente incluso”. Roberto López Arango, paranaense, presidente del Tribunal Oral Federal, cree que la premisa de que los jueces hablan sólo a través de sus sentencias pertenece a otra época. En ese marco le contó a UNO sus impresiones sobre el primer juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolló en Entre Ríos; destacó la atención social que hubo en estos últimos dos meses y defendió el respeto a rajatabla por el debido proceso, aunque eso implique permitir decir lo que piensan a quienes hacen su particular “lectura de la historia”, como se refirió a los discursos que muchas veces fueron justificaciones del terrorismo de Estado.

Al finalizar el debate, los propios represores reconocieron la “imparcialidad” de López Arango, su estilo de dejarlos hablar. Ese estilo, según dijo, además de ser un mandato constitucional, tiene que ver con su oficio: “Ustedes, los periodistas, a medida que ejercen la profesión empiezan a manejarse teniendo oficio respecto de su trabajo. Y lo nuestro no es distinto: yo tengo una carrera judicial muy prolongada en el tiempo; me recibí muy joven, a los 23 años, y a los 24 ya era funcionario de la Justicia”.

“El juez no tiene que actuar con prejuicios. Obviamente, algún prejuicio siempre uno tiene, pero el oficio del juez hace que uno aprenda a manejarlos. Cuando uno aprende a manejarlos empieza a ser un poco mejor juez. Porque prejuicios tenemos todos, incluso todos tenemos una formación política, tenemos un origen social y cultural que en algún momento aparece en nuestra actividad. Justamente, manejar eso, hace al rol del juez. Entonces, en estos juicios, la idea es que todas las partes se puedan expresar. Los acusados hacen sus defensas, sus planteos, hacen una lectura de la historia, y tienen derecho a hacerlo si queremos que el juicio sea un verdadero juicio. Traté de darles la libertad en la medida que lo hicieran con respeto, no manejándose groseramente ni con expresiones fuera de lugar, pero que pudieran decir lo que sentían, ejercer su verdadero derecho de defensa. Los americanos, que son un poco los ideólogos conceptuales del debido proceso legal, tienen una expresión que para mí es muy gráfica que es ‘Your day in court’: tu día en la corte. Es decir, el día que un juez o varios jueces te van a prestar atención para que vos te defiendas, es tu día, y eso hay que respetarlo”.


—En algún punto resultaba paradójico que reclamaran debido proceso quienes en su momento no lo tuvieron en cuenta. ¿A usted le surgió esa paradoja?

—Puede ser, pero siempre tengo una idea central: alguien dijo que en la lucha contra el caníbal lo que no se puede hacer es comerse al caníbal, porque si no no sirve. Si nosotros vamos a hacer un juicio donde de antemano ya vamos a saber el resultado y no les vamos a dar la oportunidad, entonces para qué hacemos el juicio; es una parodia.

 

Afrontar el paso del tiempo

—El hecho de que hayan pasado más de 30 años desde que se cometieron los hechos, ¿perjudicó de alguna manera la posibilidad de reconstruir lo que pasó, de llegar a la verdad, o se pudo afrontar ese desafío con éxito?

—Creo que se ha afrontado con bastante éxito el desafío. Digamos que también, de alguna manera, eso condicionó a que los jueces nos pusiéramos en la situación de entender que estas causas prácticamente se desarrollan a través de los testimonios. Y ustedes saben, hay quienes han desaparecido por testimoniar, así que no es fácil que una persona testimonie, que dé nombres, que reconozca a sus represores, si bien la militancia, sobre todo las agrupaciones de Derechos Humanos, se ha preocupado por investigar, por hurgar, por conseguir nombres, incluso por proteger a los testigos. Esto de alguna manera facilitó la posibilidad de que se hiciera el juicio. Se buscan los testigos, se los lleva, se los trae, se los protege. Después tenemos el problema del paso del tiempo, no obstante lo cual, quien de alguna manera ha sufrido y ha sido víctima de esto, no se olvida, lo tiene muy patente en su memoria.

—¿Puede hacer una valoración de los aportes de las enfermeras?

—El aporte de esos testimonios ha sido interesante. Son trabajadoras de la salud que han tratado de recordar lo que habían vivido, la experiencia.

—Se ha cuestionado a los médicos.

—Se los ha cuestionado. Las partes pudieron interrogarlos profundamente, hubo careos incluso. Evidentemente las enfermeras recordaban cuestiones que los médicos no recordaban. Habría que valorar también cómo es el rol de cada uno, el tiempo que una enfermera pasa con los pacientes, los médicos los ven de una manera más fugaz. Además las enfermeras eran mujeres y se trataba de bebés, puede haber ahí un sentimiento maternal que hace que recuerden con más frescura los hechos.


Lesa humanidad

López Arango dijo que la sociedad paranaense siguió el juicio con interés y se escucharon diferentes opiniones: “Hay algunos que hasta no están de acuerdo con que se realicen este tipo de juicios. No podemos negar que el proceso militar tuvo un componente civil de apoyo que seguramente no va a estar de acuerdo. Uno lo escucha, todavía hay voceros, hay gente que lo dice, más abiertos o no. Pero me parece que la sociedad ha comprendido la necesidad de estos juicios.

—Hay un sector que dice que también se deberían hacer juicios por las víctimas de lo que se denominó la subversión. ¿Usted qué opina al respecto?

—Hay fallos de la Corte en ese sentido. Los delitos de lesa humanidad para ser considerados tales requieren de determinados requisitos, como que la agresión provenga del aparato estatal, o por lo menos paraestatal, al margen de la ley, con una estructura organiza de poder. La Corte ha dicho que los otros hechos, por más aberrantes que sean, están sujetos a las normas comunes de prescripción. Esos son los parámetros que se han establecido en la causa Priebke, en la causa Arancibia Clavel.
Juicio en el Comando

Para el juicio de lesa humanidad que se hará el año que viene, que tendrá como principal acusado a Albano Harguindeguy, la idea del tribunal es utilizar el edificio donde funcionaba hasta hace poco el Comando de Brigada, en 25 de Mayo 233, que fue adquirido por el Estado nacional. Allí hay un espacio donde se puede instalar una sala de audiencias más amplia que la que se utilizó en la causa Hospital Militar, de la Cámara Federal de Apelaciones. “Si no llegamos para ese juicio, tendremos que buscar un lugar más cómodo, porque habrá más imputados y más víctimas”, dijo López Arango.

Si se utiliza el Comando de Brigada tendrá un simbolismo especial, ya que allí se realizaban los Consejos de Guerra, parodias de juicios a los detenidos ilegales, aunque para el magistrado simplemente se busca “tener un lugar adecuado”.

 

Economía procesal

López Arango es de la idea de que los juicios de lesa humanidad se instrumenten de un modo diferente, por “economía procesal” y otras razones: “Yo creo que acá, y esta es una opinión personal, debió instrumentarse una mayor concentración de los juicios. Se debió buscar una forma de concentrarlos por regiones o por número de causas, y acumularlas. Acá se están multiplicando las causas contra los mismos imputados”. Eso es lo que se persigue al acumular las tres causas de la costa del río Uruguay que se someterán juntas a juicio el año que viene.

“Fíjese que en estos imputados hay algunos que tienen hasta dos condenas, en juicios separados. Y estos juicios van a seguir. Además surgen nuevos juicios porque entran a aparecer otros hechos. Desde el punto de vista de la eficacia de la Justicia debió intentarse no guiarse por los parámetros de cómo se instrumentan las causas penales habitualmente. Se debió someter a juicio a las personas en una sola oportunidad, no a multiplicidad de juicios que se van reproduciendo. Para el imputado es un tema porque está tironeado por distintos tribunales, sale de una causa para ser juzgado en otra, hasta con una repercusión en su físico, porque no es fácil estar en el banquillo de los acusados”, sostuvo.

“Trabajamos para que estos delitos no queden impunes”

Los fiscales Marina Herbel y José Ignacio Candioti aseguraron que es primordial juzgar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, para que no se vuelvan a cometer
por Alfredo Hoffman para Diario UNO

Los fiscales José Ignacio Candioti y Marina Herbel analizaron lo sucedido a lo largo del juicio durante una extensa entrevista con UNO. Destacaron la importancia de juzgar los delitos de lesa humanidad para que no se vuelvan a cometer, subrayaron los aportes que hicieron las enfermeras y mencionaron la conducta “negligente” y de “demasiado olvido” de algunos médicos.

El viernes 14, en sus últimas palabras, el imputado Juan Daniel Amelong lanzó una crítica al Ministerio Público Fiscal (MPF) por haber respetado “a pie juntillas” la política de Estado sobre derechos humanos. Ante esas expresiones, que llevaban implícita una acusación de supuesta dependencia del poder político, Candioti respondió: “Lo que se respetó desde el MPF fue la política criminal que establece el procurador general de la Nación de considerar que estos temas, las violaciones a los derechos humanos, son primordiales para el juzgamiento en la Argentina de hoy, desde la óptica de la parte que nosotros representamos. Teniendo en consideración todos los aspectos jurídicos de esta cuestión, deben ser juzgados con el pleno respeto de todas las garantías que da el estado de derecho y deben ser castigados. Eso es lo que quiere la Procuración y así se ha realizado el juicio. Estos delitos no pueden quedar impunes, porque correríamos el riesgo de que se vuelvan a cometer”. La necesidad de acabar con la impunidad surgió en varios pasajes de la conversación.

—¿Coinciden con la consideración pública de que fue un juicio histórico?

—Herbel: En un principio uno no toma dimensión por la vorágine de trabajo, pero a medida que se fue desarrollando el juicio tomé conciencia de que fue un juicio trascendente, de una etapa histórica, en donde se reconstruyeron distintas situaciones que está bien que salgan a la luz, que se tome conciencia para que no se vuelvan a cometer. Desde el mismo Estado se cometieron hechos ilícitos, valiéndose de materiales del Estado; hay personas desaparecidas, se ha desestructurado toda una familia. Realmente fue una etapa muy negativa de nuestra historia y está bueno que la sociedad de Paraná tome conciencia de ello para que nunca más se vuelva a repetir.

—Candioti: Yo creo que es muy importante, primero, que se haya arribado a la etapa de juicio oral y público luego de muchos años de investigación, y finalmente que luego de estos dos largos meses de audiencia pueda un tribunal de la Nación dictar una sentencia resolviendo acerca de las peticiones de las partes. Desde este Ministerio Público Fiscal creemos que han quedado claros los delitos cometidos. Estamos hablando de robo de bebés, de delitos contra el estado civil de las personas, que le impidieron a los padres estar en contacto con sus hijos, criar a sus hijos, y a su vez del derecho vulnerado de esos niños de tener relación con su familia de origen. Entonces creo que lo valioso es, por un lado, dejar el mensaje de que estos delitos no se pueden volver a cometer, y por el otro que sea la Justicia la que resuelva mediante una sentencia este tema. También debemos reconocer que para llegar a esta instancia del juicio oral hubo muchos pasos dados anteriormente por el MPF, por los querellantes, por los organismos de Derechos Humanos, por el Poder Judicial. También creo que se ha cumplido cabalmente con todos los pasos del debido proceso. Y es crucial no perder de vista que estamos hablando de delitos de lesa humanidad. Siempre el Estado necesita de su juzgamiento. Son delitos que vulneran derechos elementales como la vida, como la libertad, como la dignidad. Como dice el doctor (Ricardo) Lorenzetti: no se puede tolerar lo intolerable.

—¿Ahora que el juicio terminó, creen se está más cerca de encontrar al mellizo que falta?

—C: Quiero ser prudente en la respuesta, porque me parece que no hay que generar falsas expectativas, pero creo que dentro de la prudencia, hay elementos como para avizorar que tal vez se pueda llegar a la determinación del paradero de este chico. Una de las cosas que han quedado claras a través de este juicio, y es muy importante, es que a las enfermeras y los médicos del IPP (Instituto Privado de Pediatría) que se le preguntó insistentemente por ese registro (el libro de ingresos y egresos), decían que si estaba la fecha de alta es porque el bebé varón salió vivo. Eso quedó absolutamente en claro. Eso quiere decir, primero, que no nació muerto; segundo, que no falleció inmediatamente luego de nacer, que era otra de las posibilidades. A partir de ahí se abren las hipótesis sobre cuál sería su paradero actual.

—H: Hacemos un llamado a la gente de Paraná que sepa de alguna adopción ilícita o clandestina o sin seguir los caminos legales correspondientes en aquella fecha, marzo de 1978, que aporten datos. Que se comuniquen o con el Juzgado o con la Fiscalía de primera instancia o con la Fiscalía de Derechos Humanos. Puede ser a través de un llamado anónimo.

—¿La pista de que Navone se quedó con el niño es verosímil?

—C: Es una de las pistas sobre las cuales hay algunos elementos que indican que hay una cierta probabilidad de que por ahí vaya la cuestión, pero tampoco hay que descartar otras posibilidades. Desde el MPF está toda la voluntad puesta en considerar prioritario este tema.

—¿Qué evaluación hacen de los testigos?

—C: Los testimonios han sido claros y contundentes, en el sentido de acreditar que los hechos ocurrieron y que ocurrieron de la manera que lo habían planteado las acusaciones y los alegatos. También se acreditó la responsabilidad de cada uno de los seis imputados. Hay que reconocer el valor de los testimonios: en este tipo de juicios, y así dijo la Causa 13, los testigos son un medio de prueba necesario. Lo dice también la doctrina. También hay que reconocer la valentía de esas enfermeras que declararon. Si bien es verdad que el Estado hoy brinda una protección a los testigos, que es digno de destacar, hay que valorar que dijeron la verdad con total coraje.

—H: También quedó reflejado en el debate que las enfermeras estuvieron muy comprometidas en aportar elementos a la causa. Puede ser cierto que una enfermera no tiene tanta actividad como un médico y es más lógico que recuerde, porque eso fue lo que pretendieron justificar los médicos, pero notamos que, sobre todo los médicos del IPP, formaron un concierto, un mismo discurso de no recordar nada y un actuar muy negligente de su parte, porque si en el año 2000 aportaron ese libro que fue muy valioso para esta causa, ninguno de ellos investigó qué había pasado pudiendo hacerlo, ya que eran los dueños. De todas maneras, esa situación negligente que observamos no dio para hacer una imputación de otro tipo.

—Durante el juicio usted se refirió a ese acontecimiento que mencionaron los médicos del IPP de que se había inundado el depósito donde estaban las historias clínicas, en el Sanatorio del Niño de calle Libertad. Usted dijo que vivió ahí. ¿Por qué dijo eso?

—H: Porque yo efectivamente viví ahí y me daba la impresión de que el lugar donde ellos decían que estaban esos registros no era un lugar inundable, era un lugar seco. Supuestamente hicieron modificaciones, era una casa antigua, salvo que haya sido por eso.

—Hubo varios llamados de atención del tribunal a los médicos porque estarían ocultando información, ¿ustedes qué piensan?

—H: No sé si ocultar información, por ahí demasiado olvido. Salvo que surja la hipótesis de una adopción dada desde el IPP; pero no surge de manera clara del debate.

—C: En la investigación que sigue en curso sobre el paradero del varón en el Juzgado federal hay que producir una serie de pruebas que quizá tengan algo que ver con el motivo de su pregunta.

 

Sensaciones

Consultada por cómo vivió el juicio en lo personal, Herbel manifestó: “Con mucha motivación, porque hay mucho dolor detrás y doy gracias a Dios de que se ha desarrollado con normalidad. Agradezco a las víctimas y quienes acompañan a los imputados, porque no ha habido agresiones”. Por su parte, Candioti respondió: “Creo haber puesto un granito de arena para que estos delitos tan aberrantes puedan ser juzgados y atribuidas las responsabilidades correspondientes. Como dije cuando terminó el juicio de Santa Fe (por la causa Brusa) en que también intervine: si bien los fiscales somos las caras, hubo una tarea de mucha otra gente que posibilitó que lleguemos a esta etapa; la Fiscalía de primera instancia y de Cámara, los querellantes y muchos otros”.

Sabrina: “Esperábamos la perpetua, pero estamos contentos” y “vamos a encontrar al melli”

Sabrina Gullino, hija de la desaparecida Raquel Negro, que nació en el Hospital Militar de Paraná y recuperó su identidad hace dos años, brindó sus apreciaciones, tras escuchar el adelanto de sentencia a los represores acusados en el marco de la causa por robo de bebés cometido en la última dictadura militar.

“Esperábamos la perpetua, por la figura de la desaparición forzada de personas, pero estamos contentos”, señaló la joven, ante Elonce TV, minutos después de que el Tribunal Oral Federal de Paraná condenara a Oscar Guerrieri a la pena de 14 años de prisión; a Jorge Alberto Fariña y Juan Daniel Amelong a 13 años; a Juan Antonio Zaccaría a cinco años; a Walter Pagano a 11 años y absolviera a Marino González.

“Comprobamos que los juicios tienen un valor social. Para la familia del melli sirvió para comprobar que está vivo y que estamos cerca” de encontrarlo, manifestó. Y reveló: “Me sirvió para pensar en mis papás, en el Mencho (Germano) y también estoy muy emocionada por toda la gente que se movilizó hasta Paraná”.

“Está bueno que este momento se esté dando, que estemos todos juntos, con la familia Negro y Valenzuela. Estamos muy emocionados, porque es un momento muy fuerte”, resaltó además Sabrina, quien de todas maneras destacó el camino que sigue en la búsqueda de su hermano mellizo.

“Ahora queda la otra causa, del melli, que se sigue en instrucción. Se cierra esta instancia, con esta condena, que estábamos esperando un poco más, pero reconstruye a nuestro país. Y me voy tranquila de este juicio”, afirmó.

En ese sentido, indicó: “Desde que empezó el juicio, hemos recibido varios datos de posibles chicos que pueden ser el melli. Y los tomamos con mucha cautela”.

Por último, Sabrina admitió que la absolución de Marino González “es la parte más dolorosa, pero para los abogados era una posibilidad”. Y ahondó: “La familia hubiéra esperado la condena”. No obstante insistió: “A los imputados se les brindó todas las garantías y estamos pensando mucho en las enseñanzas que nos dejaron las Madres, apostando a la Justicia”.

 

Reflexiones

Tras escuchar la sentencia a los represores, Julián Froidevaux, integrante de HIJOS regional Paraná, manifestó ante Elonce TV: “Desde HIJOS se espera poder dar con el paradero del mellizo, pero pudimos reencontrarnos con Sabrina en 2008 y continuamos”.

“Esta es una instancia de una lucha larga, que continuamos y que sabemos que va a durar muchos años más”, afirmó además el militante por los derechos humanos, que subrayó: “La exigencia desde la querella y desde la calle es que el Poder Judicial de la Nación para las generaciones venideras deje un claro mensaje con respecto a qué hace el Estado argentino con aquellos que han secuestrado, torturado, robado bebés y asesinado personas sistemáticamente durante la última dictadura”.

 

 

 

Finalmente, María Luz Piérola, integrante de AFADER y de la Mesa por el Juicio y Castigo, aseveró: “Estamos felices porque se los condenó. Tuvimos el juicio y castigo”. Y resaltó también que se abre otro juicio por la búsqueda del hermano mellizo de Sabrina Gullino y “otras causas que tienen que ver con otras facetas del Terrorismo de Estado”.

http://www.elonce.com/secciones/general/nota.php?id=235161

Cinco condenas por el robo de dos bebés

SE DICTO LA PRIMERA SENTENCIA POR CRIMENES DE LA DICTADURA EN ENTRE RIOS
Cuatro militares y un médico recibieron penas de entre cinco y catorce años por robar a los mellizos que dio a luz Raquel Negro en marzo del ’78. Otro de los imputados fue absuelto.

 

Por Juan Cruz Varela
Desde Paraná

Tres minutos insumió la lectura de la sentencia. Ese tiempo le llevó al Tribunal Oral Federal de Paraná anunciar la condena a cinco represores por dos hechos de sustracción de menores y supresión de identidad, cometidos en el marco de un plan sistemático que dio lugar a la tortura, desaparición forzada de personas y robo de bebés. Los jueces Roberto López Arango, Lilia Carnero y Juan Carlos Vallejos condenaron a Pascual Oscar Guerrieri a catorce años de prisión, a Jorge Alberto Fariña y Juan Daniel Amelong a trece años, a Walter Salvador Pagano a once años y al médico anestesista Juan Antonio Zaccaría a cinco años de cárcel. En tanto, Marino Héctor González fue absuelto.

El fallo dejó una doble sensación: por un lado, la satisfacción de haber logrado una condena, pero por el otro la amargura por el monto de las penas impuestas, sobre todo en el caso del médico Zaccaría, y por la absolución de González. Los querellantes habían reclamado la prisión perpetua para los seis imputados al invocar la figura de la desaparición forzada de personas en virtud de que todavía se desconoce el paradero de uno de los mellizos que dio a luz Raquel Negro en el Hospital Militar de Paraná, en marzo de 1978, mientras estaba privada de su libertad.
Cincuenta y ocho días duró el juicio. Dieciocho audiencias de debate. Cuarenta y un testigos pasaron ante el tribunal. Cinco condenados, un absuelto, una identidad restituida y un ausente. El juicio cambió la presunción de muerte por una certeza de vida respecto del mellizo. Pero sigue habiendo alguien que falta. NN Facundo dirá la investigación que corre paralelamente en el Juzgado Federal.

A las 17.18 la voz entre ronca y severa del presidente del tribunal rompió el silencio. Sabrina se aferró más que nunca a Sebastián. No lloraron, pero se los notaba emocionados. Nunca lloran. “No se llora frente a los hijos de puta”, dijo ella un día.

Sin embargo, en pocos minutos una sensación de desazón ganó la escena. No hubo aplausos ni gritos ni llantos en la sala. El retrato de Raquel se elevó en el aire y estalló un canto tibio, ese que reza “como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”. Sabrina y Sebastián, los hijos de Raquel Negro y Tucho Valenzuela, se abrazaron con fuerza y ternura a la vez. Enseguida se sumó a ellos Matías, hijo de Tucho. También afuera, en la calle, acompañaron el canto de los de adentro con un poco más de fuerza que convicción. Era un grito contenido durante treinta años.

Hubo coincidencias en que la sentencia fue histórica, pero no cubrió las expectativas, ni por los montos de pena impuestos ni por la absolución que se dictó contra uno de los acusados. “No era lo que esperábamos, pero estamos contentos porque se cierra una etapa y se abre otra. Este juicio sirvió para comprobar que el melli está vivo, así que ahora hay que apostar a encontrarlo, y estamos cada vez más cerca”, afirmó Sabrina tras la lectura de la sentencia. La joven, que hoy tiene 33 años, recuperó su identidad en diciembre de 2008, a partir de una investigación iniciada desde el Registro Unico de la Verdad, un organismo del gobierno entrerriano.

“Los abogados querellantes habían pedido prisión perpetua, pero es la sentencia que hay, y la absolución es la parte más dolorosa que tiene; pero apostamos a una instancia de justicia en la que se les dieron a los imputados todas las garantías, tal como nos enseñaron las Madres y las Abuelas, no apelando a la venganza, sino a la reconstrucción de la historia a través de la Justicia y en el marco de las instituciones democráticas. Eso es lo que se les dio y lo que hay que defender siempre”, acotó Sabrina.

Entonces la condena dio paso al festival popular convocado por los organismos de derechos humanos para festejar la alegría, para seguir sembrando memoria, verdad y justicia, que es algo más que una consigna. La guitarra de Mazinatra acompañó a Sabrina en su “Canción del Melli”. Luego siguieron los espectáculos. Payasos autoconvocados por la memoria, la murga rosarina La Memoriosa, las chicas paranaenses de Tamvos, Muzingas, Alejandra Mansur y el grupo de rock Actitud María Marta le pusieron color y voz a ese canto a la justicia, en un espectáculo que se extendió por varias horas, desde un escenario montado sobre la calle, hasta que la noche fue cubriendo a la ciudad y esos rostros jóvenes en blanco y negro, sus imágenes, bailaban en las cuerdas que los sostenían frente al edificio de los tribunales federales.

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Cinco militares culpables por el robo de los mellizos

La Justicia condenó a cuatro represores con penas que van de 14 a 11 años de prisión para los coautores, y 5 años para el médico que actuó como partícipe necesario. De este modo se penaliza el robo de los hijos recién nacidos de la militante desaparecida Raquel Negro. El caso estaba impune desde 1978.
por Jorge Riani y Juan Cruz Varela (para EL DIARIO)

 

Se terminó la impunidad. El histórico juicio por el robo de los bebés nacidos en cautiverio en el Hospital Militar y la suspensión de sus estados civiles llegó a su fin: el Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a cuatro militares y un médico.

La sede judicial se vio desbordada de personas, en la tarde de ayer, en momentos en que el presidente del tribunal, Roberto López Arango, leyó la sentencia por la cual se condenó a 14 años de prisión a Pascual Oscar Guerrieri, 13 años a Jorge Alberto Fariña y Juan Daniel Amelong, 11 años a Salvador Dionisio Pagano –todos ellos señalados como coautores responsables de los delitos imputados– y al médico Juan Antonio Zaccaría, a 5 años de prisión, al hallarlo partícipe necesario.

La sentencia se completa con la absolución de Marino Héctor González, cuya situación difirió de la de los otros imputados, entre otras cosas, debido a que no fue mencionado por testigos clave que declararon en el juicio, como el periodista Miguel Bonasso o el militante Jaime Dri.

La sentencia fue leída sólo en su parte resolutiva, mientras que los fundamentos, con una extensión de 163 páginas, fueron entregados en CD a las partes. En verdad, la sentencia constituye una instancia más de comprobación de la trama de una historia macabra que da cuenta de la detención de presos políticos durante la dictadura, torturas, asesinatos y, en el caso particular que se juzgó, el robo de dos mellizos –una niña y un niño– nacidos en cautiverio en el Hospital Militar en marzo de 1978, luego sustraídos y alejados de su familia.

El mellizo varón continúa desaparecido, mientras que la niña sustraída es Sabrina Gullino, querellante en el juicio y que ayer concurrió a la lectura de la sentencia, como en cada una de las jornadas del proceso oral y público. La joven recuperó su identidad de origen en diciembre de 2008.

 

Las penas

La cuantía de las penas impuestas muestra que el tribunal –integrado por Lilia Carnero y Juan Carlos Vallejos, además de López Arango– se acercó al criterio de los fiscales Juan Ignacio Candioti y Marina Herbel, que habían pedido penas muy parecidas a las finalmente aplicadas, con excepción de los casos de González y Zaccaría.

“Acreditados que fueron los hechos, con sus circunstancias de lugar, tiempo y modo, y demostrada la responsabilidad penal de los imputados, y tipificada la conducta dentro del catálogo delictivo, viene la tarea de ajustar las penas a aplicar teniendo en cuenta la escala penal de los ilícitos”, escribió López Arango antes de desglosar las penas impuestas.

Tal como lo pidieron los defensores oficiales Mario Franchi y Noelia Quiroga, los jueces resolvieron mantener las prisiones domiciliarias a Guerrieri y Zaccaría, beneficio del que ya venían gozando.

Ayer, con excepción del médico Zaccaría, los cinco militares procesados esperaron noticias del fallo en su lugar de detención en Campo de Mayo, según dijo una fuente judicial a EL DIARIO.

 

Fiesta

Con alegría y convicción los organismos de derechos humanos celebraron hasta entrada la noche, ya no la condena que recibieron los responsables del genocidio, sino el manto de justicia que cayó sobre la provincia. Hubo un festival popular para celebrar la alegría de continuar sembrando memoria, verdad y justicia, que es algo más que una consigna. En ese marco de algarabía, Sabrina dejó un mensaje a su hermano desaparecido, acompañada por la guitarra de Mansinatra, a través de su Canción del melli (ver recuadro).

La ciudad no es la misma que aquella de 1978. Pasaron muchas luchas, desdichas, ilusiones, desilusiones. Pasaron las madres que ya no están. Es cierto que los juicios están instalados como una conquista de la democracia aún en construcción. Son una especie de anticuerpo para tanta barbarie; son una respuesta desde la legalidad de las normas para los represores que no les dieron esa posibilidad a sus víctimas.

“No era lo que esperábamos, pero estamos contentos porque se cierra una etapa y se abre otra. Este juicio sirvió para comprobar que el melli está vivo, así que ahora hay que apostar a encontrarlo, y estamos cada vez más cerca”, admitió Sabrina Gullino.

La hija de Raquel Negro y Tulio Valenzuela señaló que “los abogados querellantes habían pedido prisión perpetua, pero es la sentencia que hay, con el dolor por la absolución incluido” y acotó: “Apostamos a una instancia de justicia en la que se les dieron a los imputados todas las garantías, tal como nos enseñaron las Madres y las Abuelas, no apelando a la venganza sino a la reconstrucción de la historia a través de la justicia y en el marco de las instituciones democráticas. Eso es lo que se les dio y lo que hay que defender siempre”.

 

Lo que se probó

Raquel Ángela Carolina Negro y Edgar Tulio Valenzuela fueron secuestrados el 2 de enero de 1978 en Mar del Plata y trasladados a la Quinta de Funes, en las afueras de Rosario. Con ellos estaba Sebastián, el hijo de Raquel, que tenía un año y medio.

En el juicio se determinó que Raquel Negro fue trasladada a dar a luz en el Hospital Militar de Paraná, procedente del centro clandestino de detención La Intermedia, y permaneció al menos 15 días en la sala de guardia, donde estuvo custodiada por agentes de inteligencia vestidos de civil que se rotaban cada 24 horas.

El parto se habría producido el 3 de marzo, fue atendido por médicos que no pertenecían al nosocomio castrense y tras el alumbramiento del varón, la madre lo arropó durante unos instantes hasta que unos hombres se lo llevaron; luego nació la nena.

Enseguida, los mellizos fueron internados como NN en la sala de terapia intensiva, porque supuestamente presentaban problemas respiratorios y cardíacos, y luego derivados al Instituto Privado de Pediatría (IPP), adonde la nena ingresó el 4 de marzo y el varón el 10 de marzo, en su caso sin identidad, desconociéndose dónde estuvo en esos seis días. Ambos egresaron el 27 de marzo. La nena fue dejada esa misma noche en el Hogar del Huérfano y luego dada en adopción legal. Hoy se sabe que se trata de Sabrina Gullino, quien recuperó su identidad en 2008. El mellizo varón continúa desaparecido.

Los abogados querellantes plantearon que los represores trazaron una “versión falseada” para pretender que el mellizo varón había fallecido, con el objetivo de que nadie siguiera buscándolo; mientras que los fiscales también destacaron el rol que tuvieron otros integrantes del engranaje represivo que no están sentados en el banquillo de los acusados por haber fallecido antes del juicio, como es el caso de los jefes del Segundo Cuerpo de Ejército Leopoldo Fortunato Galtieri y Luciano Adolfo Jáuregui, el jefe del Destacamento de Inteligencia 121 Alcides Juvenal Pozzi; y mencionaron también a Juan Carlos Trimarco, jefe de la represión en Entre Ríos, quien fue declarado inimputable y se le suspendió el proceso penal en su contra. De la misma manera, apuntaron contra Luis Levin y Luis Beret, director y subdirector del Hospital Militar.

 

El fin de la impunidad

El viernes amaneció soleado, luminoso, típicamente primaveral. El celeste del cielo despejado se abría ante un histórico día de sentencia. En la calle, rostros jóvenes en blanco y negro, sus imágenes, recibían a otros cientos que iban llegando poquito a poco.

Cincuenta y ocho días duró el juicio. Dieciocho audiencias de debate. Cuarenta y un testigos pasaron ante el tribunal. Cinco condenados, un absuelto, una identidad restituida y un ausente. El juicio cambió la presunción de muerte por una certeza de vida respecto del mellizo. Pero sigue habiendo alguien que falta. NN Facundo dirá la investigación judicial.

La tensión creciente se iba percibiendo en el aire. De un lado los familiares, ex detenidos políticos y un puñado de funcionarios poblaron la sala entre murmullos y con más prendedores en blanco y negro. Del otro lado, el vacío de los acusados que no están. Cuántas veces habrán cruzado miradas durante el juicio.

A las 17.18 la voz entre ronca y severa del presidente del tribunal rompió el silencio. Sabrina se aferró más que nunca a Sebastián. No lloraron pero se los notaba emocionados. Nunca lloran. “No se llora frente a los hijos de puta”, dijo ella un día. En cambio lleva una sonrisa.

Tres minutos insumió la lectura de la parte resolutiva de la sentencia. Ese tiempo le llevó al tribunal explicar la condena a cinco represores por dos hechos de sustracción de menores y sustitución de identidad, cometidos en el marco de un plan sistemático que dio lugar a la tortura, desaparición forzada de personas y robo de bebés.

No hubo aplausos ni gritos ni llantos en la sala. Retratos de Raquel se elevaron y Sabrina y Sebastián se abrazaron con fuerza y ternura a la vez. Hubo una sensación de amargura y decepción que se mezclaba también con alegría. Era un desahogo después de treinta años.

Tuvo este juicio la importancia haber conmovido a una sociedad habitualmente apática. La sociedad paranaense ya no desconoce que a pocas cuadras del centro, a cinco minutos de la plaza, funcionó una maternidad clandestina y que los niños luego circulaban por distintas instituciones conocidas. Entonces la verdad se impuso. Porque no hay verdad en el olvido, en lo que se oculta, en lo que no se permite que salga a la luz. Y es ahí donde radica el triunfo. Ojalá entonces que este granito de justicia sirva para comprender que la verdad se construye con la memoria y que no hay presente ni futuro posible en el olvido del pasado.
Entre la alegría y la decepción

* Ana Oberlin, abogada querellante. “Estamos un poco decepcionados en cuanto al monto de las penas porque entendemos que se trata de delitos que por la gravedad y trascendencia que tienen, no solo afectan a las personas que han sido apropiadas sino a todo el núcleo familiar, que pasado 30 años bajo un tormento por no saber si los chicos viven o no, dónde están o si están con los asesinos de sus padres. Entonces, este tipo de delitos merece una mayor severidad. De todas maneras es una condena y estamos contentos de haber podido transitar este proceso, aún después de treinta y pico de años, en un país donde reinó la impunidad durante tanto tiempo”.

* José Iparraguirre, integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. “La condena a los represores es un triunfo porque significa que salió a la luz la verdad de lo que pasó con Sabrina y nos permite investigar el destino del mellizo”.

* Florencia Amore, abogada querellante. “Es positivo que cinco imputados hayan sido encontrados culpables, pero ahora hay que esperar los fundamentos de la sentencia para ver cómo seguimos porque el tribunal hizo una graduación muy baja de las penas y eso habrá que verlo”.

* María Luz Piérola, coordinadora del Registro Único de la Verdad. “Lo importante es que los genocidas ya están condenados. Ahora hay que festejar porque conseguimos el juicio y castigo a los culpables y continuar trabajando para encontrar al mellizo e investigar otros nacimientos clandestinos que se produjeron en el Hospital Militar”.

* Clara Fink, madre de Claudio, desaparecido durante la dictadura. “Es una alegría haber llegado a esto, es un paso adelante que se ha dado; pero lamentablemente los montos de la condena no fueron lo que nosotros pensábamos. Y es hermosa esta fiesta, si hasta me parece que lo veo a Claudio saltando, corriendo, gritando, riéndose, festejando”.

 

http://www.eldiario.com.ar/diario/interes-general/23973-cinco-militares-culpables-por-el-robo-de-los-mellizos.htm

 

Bahl: “Entre Ríos estuvo a la altura de las circunstancias”

El ministro de gobierno, Adán Bahl, habló con LT14 sobre la realización del primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Entre Ríos. Destacó el profesionalismo de todos lo que intervinieron.

En diálogo con el móvil de la radio, Bahl mencionó el acompañamiento del gobierno provincial en todo el proceso y destacó el valor histórico del desarrollo del juicio.

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Pedro Báez destacó la labor de Germano y Solanas

Pedro Báez, director de Información Pública del Gobierno de Entre Ríos, se hizo presente en el Juzgado Federal de Paraná para escuchar la sentencia del primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Entre Ríos. Consultado por LT14, destacó la labor del ex titular del Registro Único de la Verdad, Guillermo Mencho Germano, y de Raúl Solanas, autor de la ley de creación del organismo.

“Es un día soñado por muchos años por todos los que somos militantes populares, de los derechos humanos y quienes hemos acompañado a este proceso de memoria, verdad y justicia”, señaló el funcionario en diálogo con Pensado para entrerrianos.

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