Dia 3: Los represores mantienen la estrategia de responsabilizar a los muertos por el robo de bebés
Guerrieri y Amelong, dos de los imputados por la sustracción de niños en Paraná durante la última dictadura cívico militar, declararon este viernes ante el Tribunal Oral Federal. Responsabilizaron al ex teniente Paul Navone, quien se suicidó en 2008, y al represor Costanzo, que es testigo en la causa. El juicio continúa el miércoles a las 10.
Por Alfredo Hoffman (especial para Mesa Juicio y Castigo)
El represor Amelong ejerce su defensa aunque en Rosario le hayan retirado su matricula de abogado. Foto Gustavo Vaccalluzzo
En el tercer día del juicio por robo de bebés durante la última dictadura, los represores Juan Daniel Amelong y Pascual Oscar Guerrieri responsabilizaron a Paul Navone de los delitos que se investigan. Navone es el hombre de Inteligencia del Ejército que se suicidó de un disparo en la cabeza en en febrero de 2008, el mismo día que debía prestar declaración indagatoria en la instrucción de la causa. Ambos también buscaron involucrar y desacreditar a Eduardo Costanzo, personal civil de Inteligencia que les adjudicó responsabilidad a ellos en el robo de los hijos mellizos de Raquel Negro y que debe comparecer como testigo el miércoles.
El resto de los acusados, Marino González, Jorge Fariña y Walter Pagano, prefirieron no hacer uso de la palabra, por lo cual el Tribunal Oral Federal de Paraná –que integran Roberto López Arango, Lilia Carnero y Juan Carlos Vallejos– decidió leer sus declaraciones indagatorias realizadas durante la etapa de instrucción. La audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles a las 10.
El médico Juan Antonio Zaccaría, ex jefe de Terapia Intensiva del Hospital Militar de Paraná, en su sorpresiva declaración del jueves, había dado nombres de médicos fallecidos al mencionar a los probables responsables de la internación y parto de la hoy desaparecida Raquel Negro: los ginecólogos Jorge Mario Cantaberta y Miguel Bottero Brollo. Además, había dicho que cumplía órdenes de sus superiores, de quienes dijo no recodar los apellidos. Se habría referido así a quienes en 1978, al momento de los hechos, eran director y subdirector del nosocomio, los tenientes coronoles médicos Luis Levin y Marcelo Jesús Beret, también fallecidos. Ayer, Guerrieri y Amelong siguieron la misma línea al adjudicar responsabilidad sobre los hechos al suicidado Navone.
Guerrieri, quien fuera segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 del Segundo Cuerpo de Ejército, citó una presentación del 13 de abril de 2011 efectuada por un defensor oficial del fuero federal de Rosario, Germán Artola, relacionada con un supuesto correo electrónico en el cual Costanzo diría que Navone fue quien “ejecutó a Raquel Negro de un tiro en la cabeza” y quien “se habría quedado con el varoncito”.
“Esto lo pide el defensor del señor Costanzo, que tenía conexión con el señor Navone, para apartarlo a Costanzo de la causa”, acotó. Como no aceptó responder preguntas, no agregó ningún dato más al respecto.
Dibujando en una pizarra lo que pretendía ser un esquema del Segundo Cuerpo de Ejército, también basó su estrategia defensiva en intentar demostrar que el DI 121 al que pertenecía no tenía injerencia sobre Paraná, ciudad que correspondía a la órbita del DI 122 de Santa Fe, donde se desempeñaba el militar que apareció muerto en la localidad cordobesa de Ascochinga, Córdoba, el 25 de febrero de 2008, en lo que judicialmente se consideró un suicidio.
Sin embargo, en las acusaciones de las querellas y la Fiscalía se remarca que el operativo que se ejecutó con Raquel Negro y sus bebés fue coordinado por ambos destacamentos, ya que el traslado de la detenida desde uno de los centros clandestinos de detención de la zona de Rosario lo efectuaron hombres del 121, que organizó conjuntamente con el 122 la custodia en el Hospital Militar. A esto hay que sumar que Guerrieri, Amelong, Pagano y Fariña ya fueron condenados por sus actuaciones en la Quinta de Funes, donde estuvo secuestrada Raquel junto a su marido Tulio Valenzuela –también desaparecido– y su hijo de un año y medio, Sebastián Álvarez, y en La Intermedia, donde Raquel llegó ya sin vida en el baúl de un Peugeot 504, según relató Costanzo.
En su momento, Eduardo Costanzo también acusó a Amelong y Pagano de haber sido los encargados de dejar a uno de los bebés –Sabrina Gullino, hoy con su identidad restituida y querellante en la causa– en la puerta de un orfanato rosarino.
En su declaración, además de proclamar “absolutamente” su inocencia, Amelong acusó a Navone y Costanzo de los delitos que se abordan en el juicio, e insistió con la estrategia de desacreditar las afirmaciones que se espera que reitere el segundo el miércoles, diciendo que tiene “animosidad” contra los imputados. Al igual que Guerrieri, habló de la “relación” que existiría entre ese testigo y Navone y para demostrarlo solicitó que se investigue el entrecruzamiento de llamadas entre los domicilios de ambos desde hace muchos años atrás, algo que parecería de difícil cumplimiento, entre otras medidas de prueba.
Reivindicación
El represor Guerrieri en el banquillo de los acusados. Foto: Gustavo Vaccalluzzo
En la primera parte de la audiencia, ayudado con papeles que tenía sobre el pupitre, Pascual Guerrieri hizo una reivindicación de la tarea que efectuaron las fuerzas armadas durante el terrorismo de Estado, al tiempo que se defendió diciendo que debía cumplir órdenes. En varias oportunidades les habló directamente a los abogados querellantes, hasta que López Arango le ordenó que declarara dirigiéndose al Tribunal.
“Quiero hacer esta declaración con respeto hacia los que no están, tanto de la parte de ellos como de la parte de nosotros. Yo también soy un ferviente admirador del ‘nunca más’”, sostuvo. Como se esperaba, estaba reflotando el argumento de la alegada guerra contra la subversión para referirse a los crímenes de lesa humanidad.
“Nos tocó vivir en esa época, nacimos en esa época y esas cosas pasaron en esa época. La Argentina vivió una agresión terrorista y nosotros estábamos al servicio de la Nación como soldados profesionales y tuvimos que cumplir”, añadió. “Aspiro a un juicio justo. La otra parte no está, no existe, está desaparecida. Existimos nosotros solos, cuando no fue así”, dijo.
Por otra parte, dijo que cumplía órdenes del jefe del Segundo Cuerpo, aunque desvinculándose del robo de bebés: “Hay un precepto de Inteligencia que es la necesidad de saber: como el área es técnica y es reservada no todo el mundo debe conocer lo que pasa. Dicen los reglamentos nuestros: si usted no lo tiene que saber, no se lo van a decir, porque atenta contra la misión que usted tiene que cumplir. Yo no le di ninguna orden a nadie, ni me acuerdo de este hecho, para nada, estoy seguro de esto. Esto fue una orden directamente impartida por el señor general (Leopoldo) Galtieri. Yo como teniente coronel, ¿qué le digo al general?¿No lo hago, me voy, me escapo? No existe esto, usted cumple órdenes, usted no puede evadir. Yo tenía que cumplir las órdenes, aunque esto no me tocó, entonces no acepto ninguna de las cosas referentes a mí. Inclusive me parece que en el legajo figura que yo estaba de licencia”.
Otros fragmentos de su declaración reivindicativa del terrorismo de Estado, que exime de mayores comentarios, fueron los siguientes:
«En la época democrática tuve una satisfacción personal, fui elegido por mérito, no por ninguna bandera partidaria –mi única bandera es la verde oliva del Ejercito argentino– director de planeamiento de la SIDE y duré 10 años. También tengo en mi haber cinco años de oficial instructor y profesor del Colegio Militar de la Nación. Vengo hoy acá después de 10 años que llevo preso, casi una condena, aquejado de algunos males que produce esto y la edad, males silenciosos que no se ven, como la presión, el colesterol y otros más que no voy a decir acá. Nosotros también estamos sufriendo mucho, nuestras familias también. Quiero que esto se termine».
«Se habla de la patota, yo nunca instruí patotas ni fui preparado para instruir patotas, patota puede ser la barra brava en la cancha, patota puede haber sido la triple A. El Ejército argentino no fue una patota».
«Hay otra confusión muy grande. El flagelo terrorista es de los años 60, ahí empezó la guerrilla en el país. Es un contexto grande pero hay una conexidad en todos estos aspectos. Eso da una respuesta de por qué estamos acá, porque biológicamente nos tocó vivir esa época. Si hubiéramos nacido ahora, estaríamos libres de cargo y culpa. Es lo mismo que decir que los curas preparan monjas para ser prostitutas».
«Aspiro a un juicio justo. La otra parte no está, no existe, está desaparecida. Existimos nosotros solos, cuando no fue así».
«¿Se acuerdan cuando decían la única salida es Ezeiza? La única salida que tengo yo, disculpen la grosería, es Chacarita, tengo 77 años, ¿cuánto me queda de vida? No puedo salir por ningún lado, ni voy a salir, no me dejan. Tengo cinco hijos y ocho nietos».
«Nosotros no somos el ejercito del Proceso de Reorganización Nacional. Yo entré en el Liceo Militar en 1948 y al Colegio Militar en 1952, soy soldado del Ejercito del general San Martín, no soldado del Che Guevara. Mi bandera es la que usted tiene ahí, la única que enarbolé y que voy a defender toda mi vida. Nosotros mismos conseguimos la democracia que hoy gozan ustedes. Sino hoy hubiera estado ante un tribunal popular».
«¿Qué saben ustedes si nosotros queríamos el proceso? Nos pedían por la calle que viniera la revolución porque el gobierno de Isabelita no caminaba. La memoria uno la acomoda a las condiciones que uno la quiere acomodar. De manera que eso de la memoria, sí, tengamos memoria todos. No fue un problema de la Argentina sola, fue en Uruguay, Paraguay, fue una consecuencia de la guerra fría este-oeste».
«Somos personas de bien, yo no soy un asesino o una persona dedicada al mal, al contrario. Y ahí se confunde otra cosa, que en Rosario no le gustó a una abogada. Lo voy a repetir: el termino represión, nosotros somos represores, somos soldados del orden. Cuando hay un desorden siempre se manda a las fuerzas del orden a ordenar a los desordenados. Todos los gobiernos acuden a la fuerza cuando se desordena la cosa. Actualmente, pasa ahora en Plaza de Mayo cuando se descubrió este asunto de las beneméritas madres de Plaza de Mayo, que no le pagan los sueldos a los empleados y con eso no pasa nada y nosotros estamos acá poniendo la cabeza todos los días. Por eso yo también quiero nunca más para nosotros. Déjenme morir en paz, con mi familia a mi lado y con mis camaradas que me reconocen».
«La guerra es un acto inhumano de por sí y nosotros participamos porque el Ejército se prepara para la guerra. No creo que ningún Ejército se prepare para ser derrotado por nadie».
«El Ejército argentino que ustedes vieron en el desfile es el de campaña. Cuando viene la agresión terrorista nos encontramos que esta gente estaba muchísimo mejor preparada que los nuestros, porque eran ideológicamente más poderosos, estaban convencidos, venían con otra idea que en la venimos educados nosotros. Pero lo que me molesta es que no venían con los libros en la mano, venían con las armas para imponer un nuevo sistema. Eso es lo que pasó y ahora llegamos a esto. Por eso yo añoro de verdad el nunca más, pero nunca más también para nosotros».
«No estoy en contra de lo que dicen los señores (los querellantes), ojala los pueda abrazar un día. Normalmente siempre somos criticados, como a la Policía o a Gendarmería cuando dicen fue a reprimir, se excedieron, bueno».
Indagatorias
Los imputados Fariña, González y Pagano se abstuvieron de declarar, por lo cual se leyó lo que dijeron en oportunidad de sus indagatorias durante la instrucción.
Jorge Alberto Fariña declaró el 9 de mayo de 2008 pero no aceptó contestar preguntas. Dijo desconocer absolutamente todos los hechos mencionados. Sostuvo que se le imputaba ser el tercero en jerarquía de una unidad de inteligencia, la cual no tenía responsabilidad en tareas ejecutivas. Aseguró que no sabía todo, que sabía muy poco, que su grado de capitán era de oficial subalterno. Que no se puede comparar con la jerarquía de Trimarco o Galtieri. Se quejó porque se lo ponía en tercer lugar de una unidad muy pequeña a la vez que la relación entre un general y un capitán es infinita. “Ser tercero en el destacamento 121 de inteligencia no significa que debía conocer todo lo que pasaba en Rosario ni mucho menos en Paraná”, subrayo y se declaró “absolutamente inocente”.
Pagano declaró el 12 de marzo de 2008. Se declaró inocente. Dijo que anteriormente sólo había estado una vez en Paraná, “en 1984 o 1985 acompañando al doctor Ítalo Argentino Lúder como custodio, en el marco de la campaña como candidato a senador nacional”. Aclaró que “lo hacía como militante o activista peronista y no como integrante de una fuerza”. Después apuntó contra Costanzo, de quien dijo que “es un gran fabulador”, y lo responsabilizó de “apretar a algunos dirigentes políticos, también involucrados en distintos hechos” y de “vender el producto de esa fábula a los distintos medios de comunicación”. Otra de sus explicaciones fue que en la segunda mitad de 1978 realizó durante cinco meses un curso en Buenos Aires, pero confirmó que antes de eso, en el momento de los hechos, prestó servicios en el Destacamento de Inteligencia 121 como “agente de calle”.
González prestó declaración indagatoria el 10 de abril del mismo año. Negó los hechos que se le atribuían. Dijo que no lo que hacía Costanzo era “fabular” a partir del libro “Recuerdo de la muerte”, de Miguel Bonasso. Negó haber conocido a una mujer de apellido Negro, detenida y embarazada y haber coordinado aspecto alguno del operativo de su internación en Paraná.
27 Ago
El miércoles declaran Sabrina, Sebastián y el represor Constanzo
Así lo confirmó a LT14 la abogada querellante Ana Oberlin, representante de Abuelas de Plaza de Mayo. La letrada también se refirió a los testimonios de Amelong y Guerrieri, que se produjeron en la audiencia de este viernes.
26 Ago
Guerrieri se extendió durante una hora y señaló a Galtieri y Navone
Pascual Oscar Guerrieri, coronel retirado ex jefe de la central de operaciones del Batallón de Inteligencia 601, comenzó a declarar a las 10.40 y lo hizo por casi una hora.
Contó cómo fue su ingreso al Ejército Argentino: «Entré a los 12 años. Tengo 77 y todavía no me pude ir», indicó.
Luego, se justificó calificándose de «militar profesional» y diciendo: «Nos tocó por razones biológicas vivir esa época. Si hubiéramos nacido en otro momento, no estaríamos acá».
Tras expresar que la única bandera que respeta es «la bandera verde oliva del Ejército Argentino», Guerrieri resaltó su rol como director de Planeamiento de la SIDE durante el gobierno de Carlos Menem, entre 1989 y 1999. «Para un cargo así se piden antecedentes y se analiza todo. Algún mérito debo haber tenido», expresó, con intención de mostrarse como «un militar no del Proceso, sino también de la democracia».
«Vengo acá después de estar 10 años preso. Estamos sufrieron mucho, nosotros y nuestras familias. Quiero que esto termine, pero sé que no voy a salir. No puedo salir. No me van a dejar. Tengo cinco hijos y ocho nietos», expuso.
En otro tramo de sus dichos, expresó: «Acá se habla de patotas, pero yo nunca instruí patotas. La Triple A habrá sido una patota, pero el Ejército no. Es lo mismo que yo dijera que los sacerdotes preparan monjas para ser prostitutas», comparó.
Tras señalar que, a su criterio, «el flagelo terrorista en Argentina no es de 1976, sino que empezó en 1960», Guerrieri dijo tener «fe» en el tribunal. «No somos el Ejército del Proceso», reiteró. «Soy soldado del Ejército de San Martín. No del Ché Guevara», agregó. Y completó: «Nosotros también conseguimos la libertad y la democracia de la que hoy gozan ustedes. Mucha gente se hace la distraída, pero nos pedían por la calle que viniera la revolución».
Munido de una carpeta con la testimonial del represor Eduardo Constanzo, también miembro de Inteligencia del Ejército, que declaró en un juicio en su contra en la ciudad de Rosario, Guerrieri aseguró que fue el represor Paul Navone, que apareció muerto en febrero de 2008, antes de declarar, «el que trajo al chico ese que hizo el trabajo en el Hospital Militar». Específicamente, leyó: «Raquel Negro fue llevada al Hospital Militar, ya que había sido torturada y estaba embarazada de mellizos. Luego del parto, Paul Navone fue quien la ejecutó de un tiro en la cabeza» y explicó que se trataba de documental de abril de 2011. Solicitó que se incorporara al expediente, pero su pedido fue rechazado.
Exhortó a «recurrir a la historia, no solamente a la memoria» y pidió: «Yo también quiero el nunca más para mí. Déjenme morir en paz, con mi familia a mi lado y con mis camaradas que me conocen». Luego, contó: «Un señor el otro día me tocó el hombro y me dijo ‘gracias coronel por haber peleado'».
Después, con ayuda de un gráfico, explicó que era segundo jefe del Destacamento 121 en Rosario, con grado de teniente coronel. Describió la estructura militar que tenía por encima: «Arriba mío tenía al comandante del II Cuerpo, Leopoldo Galtieri», indicó.
Destacó que «Inteligencia es una tropa técnica, no operativa. Es como ser meteorólogo», intentó graficar. Y aseguró que «no se podía dejar de cumplir órdenes» porque «no existe eso en el Ejército».
Aseguró que sólo visitó Paraná dos veces en su vida «por razones sociales» y dijo que no conoce el Hospital Militar. «Yo no di ninguna orden a nadie para que viniera para acá. Fueron órdenes de Galtieri», finalizó.
Fuente: LT14
26 Ago
Uno de los imputados en la causa Hospital Militar declaró: «Cumplimos órdenes»
Pascual Guerrieri responsabilizó al ex teniente Paul Navone, quien se suicidó en 2008 por el robo de bebés en Paraná durante la dictadura. Dijo ante el Tribunal que «nosotros también queremos el nunca más».
26 Ago
Abogada querellante denunció «planteos dilatorios»
La abogada querellante del Registro Unico de la Verdad, Florencia Amore, que representa a Sabrina Gullino, Sebastián Alvarez y a la Agrupación H.I.J.O.S., relató a la Radio LT14 lo sucedido en la segunda jornada del juicio
[audio:http://mesajuicioycastigo.com.ar/causahospitalmilitar/files/2011/08/abogada-querellante-denuncio-planteos-dilatorios.mp3|titles=abogada-querellante-denuncio-planteos-dilatorios]http://www.lt14.com.ar/derechos-humanos/22513-abogada-querellante-denuncio-planteos-dilatorios.html
26 Ago
Zaccaría dijo que le metieron “de prepo” a los hijos de Raquel Negro
El jefe de terapia intensiva del Hospital Militar reconoció por primera vez el parto de los mellizos y la presencia de ambos en el nosocomio. Inclusive dijo haber hablado con Raquel Negro, que estaba privada de su libertad, luego del alumbramiento. También dio a entender que pudieron haber ocurrido otros nacimientos de mujeres secuestradas.
El médico procesado Juan A. Zaccaria . Foto Sergio Ruiz
Quien fuera jefe de terapia intensiva del Hospital Militar llegó a la sala a bordo de un sillón de ruedas, empujado por uno de los agentes del Servicio Penitenciario que tiene a cargo su custodia, y con su esposa caminando al lado. Tenía un pantalón de vestir gris, camisa blanca, corbata, pulóver gris, saco, una campera de gabardina color caqui y una bufanda marrón que le cubría el cuello. Ya en la sala, se apoyó del brazo de su mujer para sentarse en el asiento, en la segunda fila, del lado del pasillo.
Escuchó con atención la primera parte de la audiencia, en la que se plantearon las cuestiones preliminares y también a su abogado, Humberto Franchi, cuando pidió la suspensión del proceso en su contra por inimputabilidad.
Juan Antonio Zaccaría tiene 70 años. Nació en Capital Federal el 14 de octubre de 1940, pero desde hace años reside en Paraná, donde fue médico militar. Está casado y tiene dos hijos. “Supongo que sí”, dijo en tono bajo y con la voz temblorosa cuando le preguntaron si comprendía los hechos que se le imputan. Está detenido desde 2008, pero el año pasado sufrió un accidente cerebrovascular mientras estaba alojado en la cárcel.
El memorioso. En el cierre de la jornada, y luego de que los militares imputados pidieran declarar al día siguiente, el médico aceptó responder preguntas. Zaccaría era jefe de terapia intensiva del Hospital Militar de Paraná en 1978 y contó que se enteró de la presencia de Raquel Negro y sus hijos mellizos al día siguiente de que la mujer diera a luz, por lo que dijo desconocer si el parto se había producido allí.
“Era un caso excepcional. Los pusieron ahí y después los sacaron”, dijo en referencia a la presencia de los bebés en incubadoras en la unidad de terapia intensiva. “Nadie decía nada y cuando di la novedad a la superioridad, los hicieron desaparecer, los llevaron a otra parte”, aseveró sin precisar quién dio la orden ni adónde fueron a parar. De todas maneras hoy se sabe que fueron trasladados al Instituto Privado de Pediatría, según los registros de ese nosocomio, en los que constan el ingreso y egreso de ambos.
Zaccaría dijo no recordar los nombres de sus superiores ni de las enfermeras que trabajaban en el Hospital Militar en ese momento, aunque mencionó a Miguel Bottero Brollo y Jorge Cantaberta, quienes se desempeñaban en el área de ginecología del Hospital Militar. Ambos están fallecidos, pero Cantaberta alcanzó a declarar como imputado en la causa y negó haber tomado conocimiento de los hechos.
Además, Zacaría referenció que Alfredo Berduc y Juan Ferrarotti –que deben declarar como testigos en este juicio– eran médicos de terapia intensiva y que ellos debieron estar de guardia en el momento en que se produjo el alumbramiento. Inclusive señaló que ni él tenía facultades para darles órdenes ni ellos podían tomar decisiones por sí solos, pero que en el caso de los mellizos se encontró “ante un hecho consumado” y acotó que ante esa situación “no se puede tirar a un enfermo a la calle”.
De todas maneras, Zaccaría precisó que “la nena estaba bien, pero el varoncito estaba más o menos, tirando a mal; y la madre quedó en terapia, pero estaba sana”. Más aún, el médico dijo haberse entrevistado con Raquel Negro: “La vi cinco minutos, fue una charla superficial. Ella estaba acostada, pero tenía buen aspecto”, aseguró. “A pesar de que no era amigo de eso, me dijeron que los tenga ahí, en terapia”, acotó en referencia a los bebés y su madre. Y admitió que todo el procedimiento fue “irregular”.
Asimismo, Zaccaría negó haber visto los libros de novedades de la terapia intensiva, pero dijo que “a veces había cosas que no se registraban”. De todas maneras insistió en despegarse de la acusación que enfrenta: “No tenía nada que ver, a los chicos me los metieron de prepo en la sala de terapia intensiva”, expresó.
Inclusive, en varios tramos de su declaración, Zaccaría dejó entrever que en el Hospital Militar pudieron haberse producido otros partos de mujeres secuestradas.
Preliminares
En el inicio de la segunda audiencia del juicio los abogados de los represores imputados solicitaron la suspensión del juicio. El defensor oficial Mario Franchi planteó la incompetencia territorial del tribunal para juzgar la sustracción de menores y sustitución de identidad e inclusive apuntó que estos hechos se superponen con los que ya fueron juzgados en Rosario y por los que resultaron condenados a prisión perpetua los ex militares Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong y Walter Salvador Dionisio Pagano.
Franchi señaló también que Marino Héctor González y Fariña fueron afectados en su derecho de defensa ya que la Cámara Federal de Apelaciones no notificó correctamente a sus abogados para que pudieran apelar el auto de procesamiento y prisión preventiva.
En tanto, Amelong, en ejercicio de su propia defensa, planteó que los delitos cometidos “durante el conflicto armado” deberían ser juzgados por la Justicia Militar y señaló además que el robo de bebés no puede ser considerado un delito de lesa humanidad, pero que si así fuera, debería ser juzgado por la Corte Penal Internacional de La Haya.
Por su parte, Humberto Franchi solicitó la suspensión del proceso contra Zaccaría y que se declare su inimputabilidad, a partir de lo establecido por los peritos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dictaminaron que padece hipertensión arterial, diabetes grado dos y un deterioro cerebral cognitivo de patrón mixto (córtico subcortical). En términos coloquiales significa que está disminuido en sus capacidades físicas y psíquicas por un problema circulatorio que hace que no tenga buena irrigación al cerebro, por lo que “no está en condiciones de hacer su defensa material y contestar los hechos que se le imputan”, dijo Franchi. No obstante, pidió que Zaccaría vuelva a ser examinado para determinar su estado actual, ya que la pericia anterior data del 3 de junio pasado.
Después de deliberar por casi dos horas, el tribunal integrado por Roberto López Arango, Lilia Carnero, Juan Carlos Vallejos y María Ivón Vella (jueza sustituta) resolvió rechazar todos los planteos y abrir formalmente el debate. Así, el juicio continuará hoy, a partir de las 10, con los testimonios de los ex militares imputados, que pidieron un tiempo con su abogado para definir la estrategia defensiva. De todas maneras, Mario Franchi adelantó la intención de que presten declaración.
25 Ago
Zaccaría admitió que atendió a Negro y rechazaron el pedido de no juzgarlo
En el juicio por robo de bebés, el ex médico del Hospital Militar declaró que tuvo contacto con los niños y con la madre, pero buscó desligarse. Antes el Tribunal había rechazado el pedido de su defensa de no juzgarlo por incapaz.
CANAL ONCE
http://www.elonce.com/videos/video.php?id=143215
25 Ago
Día 2: Zaccaría demostró que no está demente y reveló detalles del robo de bebés
El médico militar, que según su defensa no podía ser juzgado por incapacidad mental, sorprendió con su declaración en el juicio por la causa Hospital Militar. Dijo que vio y atendió a la desaparecida Raquel Negro y que a los bebés los “hicieron desaparecer”. Pero buscó desligare de su responsabilidad en los hechos. En la primera parte de la audiencia, el Tribunal rechazó todos los planteos de los represores.
por Alfredo Hoffman (especial para la Mesa Juicio y Castigo)
Fotos: Gustavo Vaccalluzzo
En el segundo día del juicio por la causa Hospital Militar, el Tribunal Oral Federal de Paraná rechazó los planteos de las defensas de los represores, que pretendían suspender el debate por recursos pendientes de resolución y por supuesta incompetencia del organismo judicial. Además, resolvió que el imputado Juan Antonio Zaccaría, jefe de Terapia Intensiva del nosocomio castrense durante la dictadura, continúe siendo juzgado, a pesar de que su abogado pidió la suspensión del proceso penal en su contra por problemas de salud físicos y psíquicos. Y Zaccaría no sólo continuó en el juicio, sino que aceptó declarar y, contradiciendo a su propio abogado, reveló sin mucho esfuerzo mental los detalles del entramado del robo de bebés: dijo que atendió a la hoy desaparecida Raquel Negro en 1978, que estaba custodiada por militares, y que a sus niños los “hicieron desaparecer”, entre otras revelaciones.
El primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad en Entre Ríos, en el que se juzga a los responsables de sustracción de menores durante la dictadura, continuó así este jueves con más planteos de los imputados que fueron rechazados por el Tribunal que integran Roberto López Arango, Lilia Carnero y Juan Carlos Vallejos. El miércoles tampoco habían sido tenido en cuenta los pedidos de unificación de las querellas y de traslado de los detenidos en la cárcel de Paraná a dependencias de fuerzas federales.
Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Waltar Salvador Pagano, Marino González (integrantes del Destacamento de Inteligencia 121, dependiente del Segundo Cuerpo de Ejército) y Juan Antonio Zaccaría, médico militar, están acusados de los delitos de sustracción y sustitución de identidad de los hijos mellizos de los detenidos-desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela, nacidos en marzo de 1978 en la maternidad clandestina del Hospital Militar. La beba mujer fue abandonada en un orfanato rosarino y dada en adopción legalmente a una familia que la llamó Sabrina Gullino. Recuperó su verdadera identidad en diciembre de 2008. El bebé varón todavía continúa desaparecido.
Al inicio de la audiencia, un detalle hacía prever la estrategia de Humberto Franchi, el defensor de Zaccaría: el acusado ingresó a la sala en silla de ruedas, acompañado de su esposa, a pesar de que el miércoles lo había hecho por sus propios medios y había permanecido sin problemas aparentes en su silla durante las casi ocho horas que duró esa primera jornada. Franchi insistió con su planteo de los últimos meses de que el anestesista posee una incapacidad que lo convierte en inimputable. Sin embargo, después de analizar los argumentos de las partes, el Tribunal decidió que Zaccaría está en condiciones de ser juzgado y de estar presente en el debate.
“El Tribunal entiende que, por el cocimiento ‘de visu’ durante el desarrollo de la audiencia de ayer (por el miércoles) y hoy (por el jueves), se encuentra apto, en condiciones para estar presente y ejercer su defensa material en las presentes audiencias”, sostuvo Roberto López Arango, presidente del organismo judicia, sin perjuicio de las medidas que se puedan adoptar oportunamente.
Cuando los jueces le consultaron sus datos personales, Zaccaría no tuvo problemas en responder la mayoría de las preguntas. “¿Entiende usted por qué está en esta audiencia?, interrogó López Arango: “Supongo que sí”, contestó. Sólo manifestó cierta confusión sobre su ciudad de residencia –primero dijo Buenos Aires y luego, correctamente, Paraná– y no recordó su número de documento.
De la misma manera se rechazaron los planteos de incompetencia territorial, de nulidad de la audiencia de debate por pruebas y recursos pendientes y de nulidad de la resolución de Cámara que declaró desiertos los recursos de apelación de González y Fariña a los autos de procesamiento.
También se rechazó el planteo de Amelong –ejerciendo su autodefensa– por “incompetencia material”. El represor pretendía que lo juzgara un Tribunal Militar. Sin embargo, no se tuvo en cuenta el pedido de la querella para que se oficie al Colegio de Abogados de Rosario a fin de que confirme si se le anuló la matrícula. Se argumentó que no necesita ser profesional del Derecho para ejercer una autodefensa.
Planteos Preliminares
En las cuestiones preliminares, al inicio de la jornada, el defensor oficial Mario Franchi pidió la suspensión del juicio. En primer lugar, hizo un planteo de incompetencia, por entender que se trata de delitos que ya fueron tratados y juzgados en la causa Guerrieri. “Se están superponiendo hechos que han sido objetos de valoración por el Tribunal Oral Federal de Rosario. Además en ese juicio prestaron declaración médicos, parteras, testigos que parecieron exceder el objeto procesal de aquella causa”, sostuvo, antes de afirmar que la competencia no le corresponde al Tribunal de Paraná sino al de la ciudad santafesina.
Franchi pidió también la nulidad de la apertura del debate porque existen pruebas y recursos pendientes de resolución, hay medidas que no han sido completadas y no se cuenta con todos los elementos probatorios, aseguró. Asimismo anticipó que asesoraría a sus defendidos para que no declaren hasta poder contar todas las pruebas, porque “el ejercicio de defensa se ve claramente limitado”.
Dijo que hay un recurso de casación de Amelong pendiente, que fue rechazado por el Tribunal y que el imputado insistió con recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia recusando a uno de sus miembros. En ese sentido, el defensor pidió que se anulara la apertura del debate a la espera de la resolución del recurso ante la Corte.
En representación de González y Fariña, en tanto, hizo un planteo porque la Cámara los tuvo por desistidos del recurso de apelación del auto de procesamiento y prisión preventiva por un error judicial de notificación, según afirmó, cuando los dos represores habían revocado a sus defensores particulares.
La fiscal Marina Herbel contestó el planteo de incompetencia diciendo que es improcedente su determinación en esta etapa y pidió que se lo rechace. Aseguró además que el Tribunal paranaense tiene la competencia territorial por el lugar donde se cometió el delito. Aceptar este planteo “implicaría un grave retardo del juicio” en perjuicio de las víctimas, sostuvo. Argumentó también que por la procedencia de la mayoría de los testigos claves es conveniente que el juicio se realice en la capital entrerriana.
El fiscal José Ignacio Candioti rechazó la solicitud de nulidad por los recursos y pruebas pendientes. De éstas últimas dijo que se trata de los legajos militares de los imputados, los cuales están reservados en secretaría, y demás pruebas que en todo caso su falta afectaría a las partes acusadoras y por ende no se violaría el derecho de defensa. Acotó también que no es imperativo suspender el debate ante esas circunstancias, sino que es facultativo del Tribunal.
Asimismo indicó que el recurso pendiente de Amelong es de prescripción de la acción, que ya fue resuelto en forma negativa en esta jurisdicción y por la Corte Suprema, que ya tiene una postura fijada al respecto, como así también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Finalmente, Herbel adherió a lo resuelto por la Cámara sobre los desestimientos de las apelaciones de González y Fariña, en cuanto fueron debidamente notificados.
Alvaro Baella, representante de la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, adhirió en todos sus términos a lo planteado por el Ministerio Público Fiscal. Sobre la cuestión de la competencia agregó que el defensor no dijo qué testigos que declararon en Rosario no eran pertinentes ni precisó cuál es el perjuicio que se le ocasionaría a los imputados, y remarcó que son delitos distintos los que se cometieron y juzgaron en Rosario y en Paraná.
Abogado sin matrícula
En un tramo de las cuestiones preliminares tomó la palabra Amelong, en ejercicio de su autodefensa como abogado. Lo hizo para introducir un planteo de incompetencia en razon de la materia y reclamar que se lo juzgue con el Código de Justicia Militar. Además, criticó la aplicación del articulo 118 de las Constitución. Acto seguido pretendió hablar sobre la prescripción, pero el presidente del Tribunal lo reprendió porque no le estaba permitido exponer sobre planteos ya realizados. López Arango también lo retó diciéndole que no entendía por dónde iba su planteo.
Una vez que habló Amelong, Baella pidió al Tribunal que oficie al Colegio de Abogados de Rosario para que informe sobre la clausura de la matrícula de abogado del represor, lo que se conoció por los medios recientemente. “Hasta tanto el Colegio responda este oficio entendemos que Amelong ya no goza más de la matrícula de abogado”, sostuvo. El fiscal Candioti no puso objeciones a la medida solicitada, y el propio Amelong se defendió diciendo que el Colegio no lo había notificado de la medida y que “ni siquiera hace falta ser abogado para defenderse”.
Antes de que el Tribunal pasara a un cuarto intermedio de una hora para para resolver los planteos preliminares, Herbel rechazó la solicitud de Amelong de que lo juzgue un tribunal militar. “La Corte en 2007 resolvió la inconstitucionalidad de la aplicación del Código de Justicia Militiar para los militares que cometieron delitos en el ejercicio de su cargo”, señaló, al tiempo que distinguió el derecho disciplinario y el derecho penal militar. “Los tribunales militares se integran con funcionarios con dependencias jerárquicas correspondientes al Poder Ejecutivo, por lo tanto tienen prohibido el ejercicio de funciones judiciales”, dijo la fiscal.
La estrategia del defensor de Zaccaría
Humberto Franchi, al insistir con su planteo de suspensión del proceso respecto a Zaccaría, sostuvo que lo hacía “por cuestiones que ya anteriormente solicitara, que impiden el desarrollo del proceso respecto de su persona, ya que no se encuentra en condiciones físicas y psíquicas de participar de este debate”.
“Los estudios determinaron sus problemas piscológicos, psiquiátricos y físicos. El 2 de junio se hizo el último examen médico con profesionales del Cuerpo Médico Forense, quienes concluyeron que Zaccaría presenta hipertensión arterial, diabetes tipo 2, enfermedad cerebro vascular y deterioro cognitivo en niveles de demencia. La realización de actos procesales pueden llevar a un nivel de estrés que se hace evidente para cualquier persona y más en el caso de gerontes, que puede llevar perjuicios y complicaciones cardio o cerebrovascular”, acotó.
Recordó que en base a ese dictamen el tribunal decidió no hacer lugar “por el momento”, o sea que a su entender no se resolvió la cuestión, y disponer antes de la audiencia de debate la realización de una nueva evaluación. Luego, el 20 de julio se decidió que no era imprescindible una nueva pericia, sin perjuicio que una vez iniciada la audiencia se resuelvan las medidas pertinentes.
Argumentando “inimputabilidad sobreviniente”, Franchi solicitó que, en caso de ser necesario, se realice un nuevo estudio a través de los mismos peritos de la Corte.
Tanto la Fiscalía como la parte querellante desestimaron lo pedido por el abogado de Zaccaría. Herbel remarcó que el médico represor aceptó acudir ante el Tribunal, a pesar de que se le ofreció participar por videoconferencia, y consideró que se lo veía en condiciones de asistir al debate. Sostuvo asimismo que el dictamen de los peritos no era determinante para el Tribunal y que además los profesionales propuestos por la querella no opinaron los mismo que los forenses de la Corte.
“Hemos observado que desde ayer Zaccaría está presente en la sala. Está en condiciones físicas y psíquicas; las físicas las pudimos observar todas las partes, las psíquicas ya las resolvió el Tribunal. Sabemos que la demencia senil no se presenta con actitudes como las presentes”, subrayó.
Candioti acotó que “no es la postura del Ministerio Público Fiscal que una persona esté sometida a proceso por el simple hecho de estarlo” y citó el ejemplo de Juan Carlos Ricardo Trimarco, a quien se le corroboró su deterioro cognitivo y se lo declaró inimputable. “Acá, con Zaccaría, el MPF estima que las circunstancias establecidas para la suspensión del proceso no se encuentran comprobadas y por ende el juicio debe continuar”, dijo.
Florencia Amore, abogada de HIJOS Paraná, apuntó que los problemas de salud no son relevantes como para suspender el proceso y marcó la posibilidad de que el imputado esté simulando sus problemas de salud, dado que es un profesional de la Medicina. “En este momento es interesante analizar que la incapacidad debe ser de una entidad tal que excluya la actitud defensiva de querer no entender. Esta querella entiende que el imputado padece un deterioro cognitivo mínimo y esto ha quedado demostrado en la etapa de instrucción y en la reciente audiencia oral”, dijo.
En cuanto a la última evaluación mencionó que “existieron dos dictámenes periciales contradictorios”, uno de los integrantes del Cuerpo Médico Forense y otro de los profesionales propuestos por las querellas, y destacó que una, vez designados, los peritos tienen la característica de ser imparciales, independientemente de ser ofrecidos por la parte o ser el perito oficial. “La valoración debe hacerse respetando las reglas de las sana crítica. Deben considerarse otros elementos de prueba, como el antecedente de la conducta de Zaccaría en el desarrollo de este proceso”, dijo en referencia a que en su momento se autoprovocó una hiperglucemia. “Debemos tener en cuenta que es médico y sumar la magnitud de los delitos que se le imputan. Esto hace posible pensar que está pretendiendo algún beneficio excarcelatorio”, indicó.
“Advertimos que Zaccaría pudo presenciar la audiencia y ha aceptado venir y estar, por lo cual no nos cabe ninguna duda de que sabe y de que comprende que está siendo sometido a un proceso penal y cuales son las consecuencias de ello”, finalizó Amore.
Después de analizar los argumentos de las partes, el Tribunal decidió que Zaccaría está en condiciones de ser juzgado y de estar presente en el debate.
“El Tribunal entiende que, por el cocimiento ‘de visu’ durante el desarrollo de la audiencia ayer (por el miércoles) y hoy (por el jueves), se encuentra apto, en condiciones para estar presente y ejercer su defensa material en las presentes audiencias”, sostuvo López Arango, sin perjuicio de las medidas que se puedan adoptar oportunamente.
De la misma manera se rechazaron los planteos de incompetencia territorial, de nulidad de la audiencia de debate por pruebas y recursos pendientes y de nulidad de la resolución de Cámara Federal de Apelaciones que declaró desiertos los recursos de apelación de González y Fariña a los autos de procesamiento.
También se rechazó el planteo de Amelong –ejerciendo su autodefensa– por “incompetencia material”. El represor pretendía que lo juzgara un Tribunal Militar. Sin embargo, no se tuvo en cuenta el pedido de la querella para que se oficie al Colegio de Abogados de Rosario a fin de que confirme si se le anuló la matrícula. Se argumentó que no necesita ser profesional del derecho para ejercer su autodefensa.
El robo de bebés en boca de un imputado
En el tramo final de la audiencia, Juan Antonio Zaccaría, el imputado que según su defensor sufría una incapacidad mental que le imposibilitaba ser juzgado, terminó aportando datos claves sobre el robo de bebés durante la última dictadura: no sólo reconoció los hechos que se investigan, sino que al relatarlos utilizó la misma terminología que las partes acusatorias al hablar de situaciones “irregulares” en el alojamiento de parturientas y recién nacidos en el Hospital Militar de Paraná y hasta afirmar que a los bebés “los hicieron desaparecer”.
El anestesista, comprendiendo plenamente lo que sucedía a su alrededor, contestó las preguntas que en su mayoría provinieron del fiscal José Ignacio Candioti y admitió la internación de Negro custodiada por militares, el nacimiento de un niño con complicaciones de salud y una niña en buenas condiciones, la inscripción “irregular” de los bebés y la posterior “desaparición” de los mismos. Fue lo suficientemente cuidadoso como para desligarse de las responsabilidades y decir que sólo “recibía órdenes” de sus superiores, los jefes de la guarnición y del hospital, de quienes dijo no recordar sus apellidos, y mencionar a colegas suyos ya fallecidos como quienes tenían poder de decisión en el caso, como los encargados de Ginecología Jorge Mario Cantaberta y Miguel Bottero Brollo. También nombró a los médicos civiles terapistas Juan Alfredo Berduc y Juan Ferrarotti.
En cierto momento, cuando lo interrogaban por la secuestrada embarazada, utilizó el plural. Quedó flotando en el aire la posibilidad de que se estuviera refiriendo a más de una mujer en esas condiciones, lo que avalaría la teoría de que el establecimiento sanitario funcionaba como una maternidad clandestina durante la dictadura.
Zaccaría recordó claramente que en 1978 era jefe de Terapia Intensiva del hospital y el nombre de una de sus enfermeras. Sobre los bebés dijo que llegaron a su área luego del alumbramiento, según dijo creer, al día siguiente, y manifestó desconocer si habían nacido en el mismo nosocomio. Sobre el hecho de que estuvieran en terapia dijo que era algo “excepcional”, pero sostuvo que no pudo hacer nada al respecto porque “no era obstetra, ni pediatra ni nada por el estilo” y que nadie le contestaba a sus preguntas por esa situación.
“Los niños estaban en una incubadora o una cuna chica, no recuerdo bien”, dijo. Y agregó: “Los hicieron desaparecer. Se los llevaron a otra parte, no recuerda quién (…) Fui a dar la novedad a la jefatura, la mar en coche, y cuando volví no estaban más. Después me enteré que se los habían llevado a un sanatorio (…) Se los llevaron porque estaban en forma irregular depositados en el servicio. No procedieron correctamente”.
Cuando le preguntaron qué pasó con la madre, indicó que la vio en terapia, que estaba acostada y que su aspecto era bueno. Incluso dijo que conversó con ella “en forma muy parcial, superficial”, que había militares custodiándola y que no sabe qué pasó con ella.
Le consultaron si tenía contacto con militares de Rosario y respondió: “Muy poco, venían a veces a controlar, a mirar y nada más; quién estaba y si se cumplían las ordenes impartidas”. Y sobre cómo fueron registrados los bebés acotó: “No sé si estaban inscriptos en el libro de registro, supongo que había cosas que no registraban correctamente. Supongo que estaban internados en forma ilegal, no correcta, en una palabra”.
25 Ago
Dia 1: Empezó el juicio por la causa Hospital Militar con dos planteos rechazados a los represores
En un día histórico para Entre Ríos, se inició el primer juicio por delitos de lesa humanidad. Las defensas reclamaron la unificación de las querellas y dejar la cárcel de Paraná, pero el Tribunal rechazó los dos planteos. Se leyeron las requisitorias de elevación a juicio.
Por: Alfredo Hoffman (especial para Mesa Juicio y Castigo)
Fotos: Gustavo Vaccaluzzo
Entre Ríos vivió este miércoles 24 de agosto un día histórico, por el inicio del primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad. Organismos de derechos humanos, militantes políticos y sindicales y la comunidad en general se movilizaron para acompañar a las víctimas y familiares en las inmediaciones de la sede de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, donde se constituyó el Tribunal Oral Federal. Por la tarde se desarrolló el Festival del Juicio calle 25 de Mayo, con la presencia de los payasos Autoconvocados de Rosario, la murga «La Memoriosa», el trío Martinez-Centurión-Calvi, el Cuarteto Furtivo y Murga «La Malparida».
En esa primera audiencia del juicio por la causa Hospital Militar, el que se juzga el robo de bebés durante la última dictadura cívico-militar, las defensas de los genocidas Pascual Oscar Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Dionisio Pagano, Jorge Alberto Fariña y Marino Héctor González, quienes integraban el Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario; y del jefe de Terapia Intensiva del hospital, Juan Antonio Zaccaría; pidieron la unificación de las querellas, lo cual fue rechazado por los jueces.
Además, uno de los defensores pidió que los cuatro represores que se encuentran detenidos en la cárcel de Paraná sean alojados en otras dependencias, disconformes con la condiciones de la reclusión. Pero los magistrados Roberto López Arango, Lilia Carnero y Juan Carlos Vallejos anticiparon su oposición también a este planteo.
Los seis imputados están acusados de los delitos de sus “Sustracción, retención y ocultamiento de menores de 10 años” y la “Alteración y supresión del estado civil de menores de 10 años”, por el robo de los hijos mellizos de los desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela. Uno de esos mellizos, Sabrina Gullino, recuperó su identidad en diciembre de 2008, pero aún se busca su hermano varón.
El defensor oficial Mario Franchi criticó la “multiplicidad de querellas” que a su juicio impide que el juicio se realice con “igualdad para las partes”. Pero el fiscal José Ignacio Candioti y los querellantes –la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Abuelas de Plaza de Mayo, Sabrina y su hermano mayor, Sebastián Álvarez– rechazaron el planteo de unificación argumentando que era un pedido fuera de término y que existen multiplicidad de intereses las diferencian entre sí.
“Esta cuestión está expresamente regulada. Cada ofendido tiene derecho a constituirse como parte”, dijo Candioti, y citó precedentes de la Corte Suprema y el precepto constitucional del artículo 18. “Acá no se puede decir que hay identidad de intereses entre los querellantes, esto es obvio y así se dejó establecido en la etapa de instrucción”, remarcó el fiscal.
Los abogados Ana Oberlin, de Abuelas; Lucas Ciarnello, de la Secretaría de Derechos Humanos; y Álvaro Piérola (HIJOS Paraná, Sabrina Gullino y Sebastián Álvarez) mantuvieron la misma posición y plantearon que el pedido estaba realizado fuera de término. Ciarnello, puntualmente, criticó el argumento de la defensa de que la querella del organismo que representa se superpone con la Fiscalía. “Eso es desconocer la Ley del Ministerio Público Fiscal”, remarcó.
Tras un breve cuarto intermedio el Tribunal resolvió denegar el pedido por considerar que “los defensores no han planteado cuál es el perjuicio concreto”. En tanto se agregó que “el planteo se debió realizar oportunamente, ya que resulta extemporáneo”. De todas maneras, por una cuestión de orden y de «igualdad de armas», se resolvió que actúen sólo dos representantes por cada parte querellante.
Ante este revés, la defensa dejó planteada la reserva de recurrir en casación, del caso federal, y de recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En otro tramo de la audiencia, el defensor oficial Mario Franchi transmitió la queja de cuatro de sus representados, Pagano, Amelong, González y Fariña, quienes aseguran que no poseen ideales condiciones de detención en la Unidad Penal Nº 1. Los otros dos imputados poseen prisión domiciliaria.
Franchi dijo que «no poseen calefacción» y que son hombres de avanzada edad. Ante esto pidió que sean alojados en dependencias de fuerzas federales o bien que se mejoren las condiciones de detención. El Tribunal rechazó en principio el primer pedido, ya que va contra las disposiciones legales vigentes, y se comprometió a verificar cómo se encuentran en la cárcel, a fin de solucionar las deficiencias, si las hubieran.
Requerimientos
La mayor parte de la primera jornada estuvo ocupada por la lectura de las requisitorias de elevación a juicio, tanto de la Fiscalía como de las querellas. Todas tienen puntos de coincidencia en la descripción de los los hechos, desde la internación de la hoy desaparecida Raquel Negro en el Hospital Militar de Paraná, el parto, el alojamiento de los bebés mellizos en terapia intensiva, su traslado al Instituto Privado de Pediatría, hasta el posterior abandono de la niña en la puerta del Hogar del Huérfano de Rosario, desde donde fue otorgada en adopción a la familia Gullino. Se destacó también que no existen datos del paradero del otro mellizo.
Asimismo en los escrito se remarcó la intervención de cada imputado en los delitos investigados, dejando en claro que el traslado y el parto clandestino de Negro fue planeado por la “patota” que integraban los imputados, como así también la sustracción de los bebés y la sustitución de sus identidades.
En este marco, adjudicaron a Zaccaría, «haber prestado colaboración y participación directa en los hechos», ya que ordenó anotar a los bebés como NN y no como hijos de la detenida Raquel Negro.
Las únicas diferencias estuvieron en la determinación de las autorías, ya que para la Secretaría de Derechos Humanos y Abuelas de Plaza de Mayo Pagano, Amelong y Zaccaría fueron autores directos de los crímenes, y el resto fue coautor mediato; mientras que para el resto de las querellas y para la Fiscalía todos fueron coautores mediatos.
En medio de la audiencia el imputado Jorge Alberto Fariña se retiró de la sala por una indisposición. Fue atendido por un servicio médico y retornó a la sala una hora y media después. Por su parte, el médico Zaccaría, quien había argumentado problemas de salud para no comparecer ante el Tribunal, se mostró en óptimas condiciones, y ubicado en espacio y tiempo.
Para el jueves
Para este jueves se espera que las defensas efectúen planteos preliminares sobre cuestiones que deben ser resueltas antes del inicio del debate. No se descarta , que el representante de Zaccaría, Humberto Franchi, renueve su pedido de suspensión del proceso penal por problemas de salud. También pueden hacer planteos las querellas.
En lo sucesivo, jueves o viernes, se abrirá la instancia de declaración de los imputados, o bien la lectura de las indagatorias en caso de que resuelvan abstenerse. La semana próxima comenzarán los testimonios, con Sabrina, Sebastián y el represor Eduardo Costanzo.
Noticias relacionadas:
PAGINA/12 – EL PAIS › AYER COMENZO UN JUICIO POR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD COMETIDOS DURANTE LA DICTADURA
La primera vez para Entre Ríos
Seis represores están acusados por el secuestro y la sustitución de la identidad de los hijos de Raquel Negro, nacidos en el Hospital Militar de Paraná en 1978. El juicio durará cerca de dos meses.
Por Juan Cruz Varela desde Paraná
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-175279-2011-08-25.html
TELAM – POLITICA
Comenzó el primer juicio por delitos de lesa humanidad durante la dictadura en Entre Ríos
Cinco militares y un ex médico comenzaron a ser juzgados ayer en la capital entrerriana, en el marco de la causa Hospital Militar, que investiga el funcionamiento de una maternidad clandestina en ese nosocomio durante la última dictadura.
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=235032&id=443888&dis=1&sec=2
24 Ago
«El juicio es una bisagra para encontrar a mi hermano mellizo»
Este miércoles se inicia el juicio por robo de bebés en el Hospital Militar de Paraná durante la última dictadura. Sabrina Gullino, una de las víctimas, espera que quienes saben qué pasó con su hermano, se resuelvan a hablar.
Sabrina Gullino, la hija de los detenidos-desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela, cuya identidad le fue restituida en diciembre de 2008, espera que el juicio que comienza este miércoles en Paraná sirva para despertar la conciencia de aquellos que conocen datos sobre el destino de su hermano mellizo, pero que han preferido callar durante más de 30 años.
Sabrina nació en marzo de 1978 en el Hospital Militar de Paraná, donde se encontraba internada su madre –traída desde el centro clandestino de detención La Intermedia, de las afueras de Rosario– a la espera del parto. Luego del alumbramiento, ella y su hermano mellizo varón pasaron a la sala de Terapia Intensiva y luego fueron derivados al Instituto Privado de Pediatría (IPP). Desde allí fueron retirados ambos el mismo día, según consta en los registros de la clínica. A ella los represores la dejaron en la puerta del Hogar del Huérfano de Rosario y días después fue adoptada legalmente, mientras que el otro bebé –con presuntos problemas respiratorios– continúa desaparecido desde entonces.
El Tribunal Oral en lo Correccional Federal de Paraná juzgará desde este miércoles a las 10 a Pascual Oscar Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Dionisio Pagano, Jorge Alberto Fariña, Marino Hector González y Juan Antonio Zaccaría. Los cinco primeros integraban el Destacamento de Inteligencia 121, que organizó el operativo para el nacimiento y el robo de los bebés. Zaccaría era el jefe de Terapia Intensiva y se lo acusa de haber co-organizando el parto, conociendo la procedencia y la situación de Raquel Negro, y haber dispuesto medios materiales y humanos para garantizar el éxito del operativo.
En el requerimiento de elevación a juicio efectuado por los abogados de las querellas de Sabrina, su hermano mayor Sebastián Álvarez y la organización Hijos, se imputa a los represores “haber participado, todos ellos, en calidad de coautores mediatos de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de menores de 10 años (Art. 146 C.P.según ley 24.410) y la consecuente supresión y alteración del estado civil (Art. 139, inc. 2 según ley 11.179) de ambos neonatos”. Estos delitos se cometieron en el marco del plan sistemático de represión clandestina e ilegal y ya fueron considerados de lesa humanidad durante la etapa de instrucción de la causa.
La bisagra
Además de la expectativa por el inminente inicio del juicio en la causa por su apropiación, Gullino remarcó su esperanza en que esta instancia resulte beneficiosa para la búsqueda de su hermano. “Este juicio es una bisagra para reforzar la investigación de ‘Sumario’, que es el expediente donde se investiga lo que pasó con el melli, para que los paranaenses que tengan algún conocimiento y sean protagonistas de la historia, se atrevan a contar lo que saben, que la justicia y la historia misma se lo van a reconocer”, afirmó en diálogo con UNO.
“Nosotros estamos apostando a encontrarlo y rastrear cualquier dato que nos ayude a dar con su paradero”, acotó, y apuntó específicamente a que aquellos que tuvieron contacto con la internación y el parto de su mamá, hagan memoria. Hizo referencia a los médicos y trabajadores de la salud del Hospital Militar, del Instituto Privado de Pediatría y del hospital San Roque, que se desempeñaban en esos sitios hace 30 años.
Acerca de quienes eran autoridades de esos nosocomios, sostuvo: “Si bien no son responsables directos, sí lo son de haber permitido que por sus instituciones pasaran dos mellizos nacidos en cautiverio, sin padre o tutor. Y lo que conozcan lo tienen que aportar a la Justicia, sobre todo los cuatro médicos dueños del IPP”.
Esos cuatro profesionales son Ángel Schroeder, David Vainstub, Jorge Eduardo Rossi y Miguel Torrealday. “No creemos que en aquel momento hayan desconocido que permitieron el ingreso de dos bebés mellizos sin padres. No creo que Torrealday ni los otros médicos hayan desconocido de dónde proveían esos chicos. Es la oportunidad que tienen de aportar a la reconstrucción no sólo de nuestra familia sino de la historia a nivel nacional”, subrayó.
Últimamente hubo algunos nuevos testigos que aportaron información para la búsqueda del mellizo, sobre todo a partir del allanamiento que se realizó a fines de junio en el San Roque. En esa oportunidad la Justicia Federal secuestró libros de internación de bebés, entre los que se encuentran los correspondientes a 1978. Existe una línea de investigación según la cual el bebé desaparecido habría pasado por la sala de Neonatología del hospital de niños.
Finalmente, Sabrina expresó su deseo de que “se haga justicia, que los responsables, militares y civiles, tengan la pena que se merecen” y reivindicó “la labor de los organismos de derechos humanos; de las Abuelas, de las Madres, que sostuvieron las banderas durante todo este tiempo” y de sus “hermanos” de los organismos de Paraná.
24 Ago
