En un día histórico para Entre Ríos, se inició el primer juicio por delitos de lesa humanidad. Las defensas reclamaron la unificación de las querellas y dejar la cárcel de Paraná, pero el Tribunal rechazó los dos planteos. Se leyeron las requisitorias de elevación a juicio.

Por: Alfredo Hoffman (especial para Mesa Juicio y Castigo)

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Fotos: Gustavo Vaccaluzzo

Entre Ríos vivió este miércoles 24 de agosto un día histórico, por el inicio del primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad. Organismos de derechos humanos, militantes políticos y sindicales y la comunidad en general se movilizaron para acompañar a las víctimas y familiares en las inmediaciones de la sede de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, donde se constituyó el Tribunal Oral Federal. Por la tarde se desarrolló el Festival del Juicio calle 25 de Mayo, con la presencia de los payasos Autoconvocados de Rosario, la murga «La Memoriosa», el trío Martinez-Centurión-Calvi, el Cuarteto Furtivo y Murga «La Malparida».

En esa primera audiencia del juicio por la causa Hospital Militar, el que se juzga el robo de bebés durante la última dictadura cívico-militar, las defensas de los genocidas Pascual Oscar Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Dionisio Pagano, Jorge Alberto Fariña y Marino Héctor González, quienes integraban el Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario; y del jefe de Terapia Intensiva del hospital, Juan Antonio Zaccaría; pidieron la unificación de las querellas, lo cual fue rechazado por los jueces.

Además, uno de los defensores pidió que los cuatro represores que se encuentran detenidos en la cárcel de Paraná sean alojados en otras dependencias, disconformes con la condiciones de la reclusión. Pero los magistrados Roberto López Arango, Lilia Carnero y Juan Carlos Vallejos anticiparon su oposición también a este planteo.

Los seis imputados están acusados de los delitos de sus “Sustracción, retención y ocultamiento de menores de 10 años” y la “Alteración y supresión del estado civil de menores de 10 años”, por el robo de los hijos mellizos de los desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela. Uno de esos mellizos, Sabrina Gullino, recuperó su identidad en diciembre de 2008, pero aún se busca su hermano varón.

El defensor oficial Mario Franchi criticó la “multiplicidad de querellas” que a su juicio impide que el juicio se realice con “igualdad para las partes”. Pero el fiscal José Ignacio Candioti y los querellantes –la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Abuelas de Plaza de Mayo, Sabrina y su hermano mayor, Sebastián Álvarez– rechazaron el planteo de unificación argumentando que era un pedido fuera de término y que existen multiplicidad de intereses las diferencian entre sí.

“Esta cuestión está expresamente regulada. Cada ofendido tiene derecho a constituirse como parte”, dijo Candioti, y citó precedentes de la Corte Suprema y el precepto constitucional del artículo 18. “Acá no se puede decir que hay identidad de intereses entre los querellantes, esto es obvio y así se dejó establecido en la etapa de instrucción”, remarcó el fiscal.

Los abogados Ana Oberlin, de Abuelas; Lucas Ciarnello, de la Secretaría de Derechos Humanos; y Álvaro Piérola (HIJOS Paraná, Sabrina Gullino y Sebastián Álvarez) mantuvieron la misma posición y plantearon que el pedido estaba realizado fuera de término. Ciarnello, puntualmente, criticó el argumento de la defensa de que la querella del organismo que representa se superpone con la Fiscalía. “Eso es desconocer la Ley del Ministerio Público Fiscal”, remarcó.

Tras un breve cuarto intermedio el Tribunal resolvió denegar el pedido por considerar que “los defensores no han planteado cuál es el perjuicio concreto”. En tanto se agregó que “el planteo se debió realizar oportunamente, ya que resulta extemporáneo”. De todas maneras, por una cuestión de orden y de «igualdad de armas», se resolvió que actúen sólo dos representantes por cada parte querellante.

Ante este revés, la defensa dejó planteada la reserva de recurrir en casación, del caso federal, y de recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En otro tramo de la audiencia, el defensor oficial Mario Franchi transmitió la queja de cuatro de sus representados, Pagano, Amelong, González y Fariña, quienes aseguran que no poseen ideales condiciones de detención en la Unidad Penal Nº 1. Los otros dos imputados poseen prisión domiciliaria.

Franchi dijo que «no poseen calefacción» y que son hombres de avanzada edad. Ante esto pidió que sean alojados en dependencias de fuerzas federales o bien que se mejoren las condiciones de detención. El Tribunal rechazó en principio el primer pedido, ya que va contra las disposiciones legales vigentes, y se comprometió a verificar cómo se encuentran en la cárcel, a fin de solucionar las deficiencias, si las hubieran.

 

Requerimientos

La mayor parte de la primera jornada estuvo ocupada por la lectura de las requisitorias de elevación a juicio, tanto de la Fiscalía como de las querellas. Todas tienen puntos de coincidencia en la descripción de los los hechos, desde la internación de la hoy desaparecida Raquel Negro en el Hospital Militar de Paraná, el parto, el alojamiento de los bebés mellizos en terapia intensiva, su traslado al Instituto Privado de Pediatría, hasta el posterior abandono de la niña en la puerta del Hogar del Huérfano de Rosario, desde donde fue otorgada en adopción a la familia Gullino. Se destacó también que no existen datos del paradero del otro mellizo.

Asimismo en los escrito se remarcó la intervención de cada imputado en los delitos investigados, dejando en claro que el traslado y el parto clandestino de Negro fue planeado por la “patota” que integraban los imputados, como así también la sustracción de los bebés y la sustitución de sus identidades.

En este marco, adjudicaron a Zaccaría, «haber prestado colaboración y participación directa en los hechos», ya que ordenó anotar a los bebés como NN y no como hijos de la detenida Raquel Negro.

Las únicas diferencias estuvieron en la determinación de las autorías, ya que para la Secretaría de Derechos Humanos y Abuelas de Plaza de Mayo Pagano, Amelong y Zaccaría fueron autores directos de los crímenes, y el resto fue coautor mediato; mientras que para el resto de las querellas y para la Fiscalía todos fueron coautores mediatos.

En medio de la audiencia el imputado Jorge Alberto Fariña se retiró de la sala por una indisposición. Fue atendido por un servicio médico y retornó a la sala una hora y media después. Por su parte, el médico Zaccaría, quien había argumentado problemas de salud para no comparecer ante el Tribunal, se mostró en óptimas condiciones, y ubicado en espacio y tiempo.

 

Para el jueves

Para este jueves se espera que las defensas efectúen planteos preliminares sobre cuestiones que deben ser resueltas antes del inicio del debate. No se descarta , que el representante de Zaccaría, Humberto Franchi, renueve su pedido de suspensión del proceso penal por problemas de salud. También pueden hacer planteos las querellas.

En lo sucesivo, jueves o viernes, se abrirá la instancia de declaración de los imputados, o bien la lectura de las indagatorias en caso de que resuelvan abstenerse. La semana próxima comenzarán los testimonios, con Sabrina, Sebastián y el represor Eduardo Costanzo.

 

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