Los representantes de los represores expusieron sus alegatos pidiendo la absolución para todos. Argumentaron la supuesta falta de pruebas que los incriminen en el robo de bebés. Responsabilizaron de los hechos al testigo Costanzo, a los fallecidos Navone y Galtieri y al demente Trimarco. Plantearon la prescripción de los delitos y la nulidad de las acusaciones. Las seguidores de Cecilia Pando se hicieron presentes por primera vez en el debate.

por Alfredo Hoffman (especial para Mesa Juicio y Castigo)

 

Los defensores pidieron este jueves la absolución de los seis represores acusados en el juicio por robo de bebés que se desarrolla en Paraná, argumentando supuesta falta de pruebas, el beneficio de la duda y la pretendida nulidad de las acusaciones. Además expusieron una hipótesis alternativa a la investigación de los hechos realizada hasta el momento, según la cual los responsables no serían los acusados sino el testigo Eduardo Costanzo, militares fallecidos y el jefe del terrorismo de Estado en Entre Ríos, Juan Carlos Ricardo Trimarco, declarado inimputable. De la misma manera, buscaron involucrar a los médicos que intervinieron en la atención de los hijos mellizos de Raquel Negro.

La jornada se extendió por casi ocho horas. En el cuarto intermedio del mediodía llegaron al escenario de las audiencias, por primera vez en lo que va del juicio, integrantes de la ultraderechista Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina (AFyAPPA), que encabeza María Cecilia Pando, esposa del mayor retirado Pedro Rafael Mercado. Eran menos de siete personas que se ubicaron en diferentes sectores de la sala y entablaron diálogo con la esposa del imputado Juan Antonio Zaccaría. Antes de retirarse comentaron que volverán a hacerse presentes este viernes.

El Tribunal Federal de Paraná, que integran Roberto López Arango, Lilia Carnero y Juan Carlos Vallejo, dispuso que este primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en Entre Ríos continúe este viernes a las 8.30, con las réplicas y contrarréplicas acerca de los planteos de prescripción y de nulidad de las acusaciones. Luego los procesados tendrían que expresar sus últimas palabras y se fijaría fecha para la lectura de la sentencia.

En la causa conocida como Hospital Militar se investiga el robo y la sustitución de identidad de los hijos mellizos de la pareja de militantes montoneros desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela, nacidos en marzo de 1978 en el nosocomio castrense paranaense. Uno de esos mellizos, Sabrina Gullino, recuperó su identidad a fines de 2008, mientras que el restante, un varón, continúa siendo buscado.

 

Los alegatos

El defensor oficial Mario Franchi responsabilizó en su alegato al “Tucu” Costanzo, al comandante y el subcomandante del Segundo Cuerpo de Ejército al momento de los hechos, Leopoldo Fortunato Galtieri y Luciano Jáuregui respectivamente; el comandante de la Segunda Brigada de Caballería Blindada con asiento en Paraná, Juan Carlos Ricardo Trimarco, y el ex integrante del Destacamento de Inteligencia 122 de Santa Fe con servicios en la capital entrerriana, Paul Alberto Navone. De ese modo pretendió desvincular a sus representados Pascual Oscar Guerrieri, Rubén Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Dionisio Pagano y Héctor Marino González, quienes revistaban en el DI 121 con asiento en Rosario y, según Franchi, no tenían “ni autoridad ni jurisdicción” sobre Paraná. “Nuestra hipótesis es que este hecho fue decidido por Galtieri y Trimarco y Navone fue autor mediato o directo”, aseveró.

De los cinco supuestos culpables señalados por Mario Franchi, tres ya fallecieron: Galtieri, Jáuregui y Navone. El tercero de ellos se suicidó cuando fue llamado a declarar en esta causa y hay testimonios que lo señalan como el presunto apropiador del varón. Un cuarto, Trimarco, fue declarado inimputable por incapacidad mental. Sólo uno de los indicados está vivo: el testigo Costanzo, también integrante del DI de Rosario. Sobre él basó el defensor oficial gran parte de su alegato, intentando desvirtuar las declaraciones que incriminaron a sus representados. Dijo, sintéticamente, que es un “mentiroso patológico”, un “fabulador”, que ha incurrido en “delirios” y tiene “enemistad” y “animosidad” hacia los acusados. En ese marco dijo tener “una lista 24 razones” que demostrarían que miente.

“Costanzo no miente sobre los hechos pero sí respecto de la autoría cuando debe protegerse y por eso responsabiliza a otros”, señaló, para luego asegurar que el ex agente civil de Inteligencia conocido como “El Tucu” conoce los detalles de los hechos porque tuvo “una intervención directa”, por lo cual opinó que debió ser imputado y no testigo.

Por otra parte, para la defensa oficial los delitos se consumaron en el momento que los bebés egresaron del Instituto Privado de Pediatría, adonde habían sido derivados desde el Hospital Militar, puesto que fue entonces cuando salieron de la esfera de cuidado de los médicos, quienes eran “garantes de la integridad física” de los niños. Antes de esa instancia “no se puede hablar de sustracción, por lo tanto todos los actos anteriores resultan impunes”, aseguró Franchi.

Además el abogado cuestionó la responsabilidad profesional de los médicos y recordó las “evidentes contradicciones” de algunos de los que declararon como testigos y sus “posibles renuencias a declarar” que fueron señaladas por el Tribunal. Ese fue el caso de Miguel Torrealday, uno de los socios del IPP, aunque Franchi no mencionó ningún nombre. “Las pruebas son contra la responsabilidad profesional de los médicos y no contra mis defendidos, a quienes nadie vio en Paraná e incluso los testigos dijeron no conocer”, afirmó.

Noelia Quiroga, quien comparte la defensa junto a Mario Franchi, planteó que el delito ya prescribió y que el plazo de esa prescripción se cumplió diez años después de que los menores apropiados cumplieron 10 años, es decir en 1998.

Además los defensores se opusieron al planteo de la querella de que los acusados sean condenados también por el delito de desaparición forzada de personas, para lo cual pidieron la pena de prisión perpetua, y al pedido de aplicación de la ley penal más gravosa para los imputados y más nueva (Nº 24.410) en lugar de la más benigna y vigente al momento de los hechos (Nº 11.179) para los delitos de sustracción de menores y sustitución de identidad.

Por su parte, Humberto Franchi, abogado del médico militar Juan Antonio Zaccaría, solicitó la absolución de su defendido en base a la supuesta ausencia de testigos que hayan reconocido su intervención delictiva y sosteniendo que su participación fue meramente “sanitaria”.

Subsidiariamente pidió que se lo contemple como partícipe secundario, porque habría actuado con “negligencia” pero no con dolo, y se le aplique la absolución por el principio de “pena natural”, argumentando para eso que el estado de salud del procesado es “deplorable” como “consecuencia” del encierro que atraviesa en forma domiciliaria. Asimismo se sumó al reclamo de la defensa oficial de la prescripción de la acción penal y al rechazo de la imputación por desaparición forzada de persona y pedido de pena en base a la aplicación de la ley penal más gravosa que hiciera la querella en su alegato.

Humberto Franchi pretendió desvincular a Zaccaría igualando su intervención en los hechos con las que tuvieron otros médicos que no fueron imputados, como los del Hospital Militar Alfredo Berduc y Juan Ferrarotti y los del IPP con Torrealday a la cabeza. Según dijo, la participación de su cliente fue “casual” y solamente “sanitaria”, consistente en intentar que los bebés no murieran derivándolos al Instituto de Pediatría, aunque en otra parte del alegato dijo no atendió a los niños sino que fueron Berduc y Zaccaría y que quien los derivó fue Berduc.

Además remarcó que su defendido, quien era jefe de Terapia Intensiva del hospital, a diferencia de los otros médicos, fue el único que reconoció que el nacimiento de sus bebés y la internación en esa sala como NN fue una situación irregular; pero no tuvo otro margen de acción que ir a quejarse a la dirección del nosocomio, donde le dijeron que no se metiera con el tema. “No podía devolver los bebés a la madre. A lo sumo le podemos criticar que no tuvo la suficiente fuerza para oponerse a la situación irregular. Las consecuencias que implicaba esto no era sólo la pérdida de trabajo para Zaccaría, era algo más. Podía haber sido uno más de la lista”, manifestó, en alusión implícita a los desaparecidos. Y agregó: “No le quedaba otra”.

Por otra parte, desligó al anestesista de la patota que integraban el resto de los acusados: “La madre estaba a cargo del grupo que la trajo y se la llevó, no de Zaccaría”. Manifestó que los coimputados no lo conocían y que no participaba de las acciones clandestinas que aquellos desarrollaban y para las cuales utilizaban nombres falsos. “Zaccaría no tenía un nombre supuesto. Todo el mundo lo conocía en el hospital”, aseguró. Luego comentó que “el plan sistemático de robo de bebés utilizaba pediatras y ginecólogos, no anestesistas”.