provinciales
El derecho y los caníbales
El juez López Arango analizó la trascendencia social del juicio, defendió el respeto del debido proceso y confesó que este caso representó «un desafío» en su carrera judicial
por Alfredo Hoffman para Diario UNO
«En lo personal fue un desafío, en todo sentido: físico, psíquico. Y después un compromiso, porque uno vive acá, la gente por la calle te para, gente que te conoce, que no te conoce. Algunos te elogian, otros te critican, uno está expuesto en ese sentido. Sin ninguna duda fue un desafío personal, profesionalmente incluso». Roberto López Arango, paranaense, presidente del Tribunal Oral Federal, cree que la premisa de que los jueces hablan sólo a través de sus sentencias pertenece a otra época. En ese marco le contó a UNO sus impresiones sobre el primer juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolló en Entre Ríos; destacó la atención social que hubo en estos últimos dos meses y defendió el respeto a rajatabla por el debido proceso, aunque eso implique permitir decir lo que piensan a quienes hacen su particular «lectura de la historia», como se refirió a los discursos que muchas veces fueron justificaciones del terrorismo de Estado.
Al finalizar el debate, los propios represores reconocieron la «imparcialidad» de López Arango, su estilo de dejarlos hablar. Ese estilo, según dijo, además de ser un mandato constitucional, tiene que ver con su oficio: «Ustedes, los periodistas, a medida que ejercen la profesión empiezan a manejarse teniendo oficio respecto de su trabajo. Y lo nuestro no es distinto: yo tengo una carrera judicial muy prolongada en el tiempo; me recibí muy joven, a los 23 años, y a los 24 ya era funcionario de la Justicia».
«El juez no tiene que actuar con prejuicios. Obviamente, algún prejuicio siempre uno tiene, pero el oficio del juez hace que uno aprenda a manejarlos. Cuando uno aprende a manejarlos empieza a ser un poco mejor juez. Porque prejuicios tenemos todos, incluso todos tenemos una formación política, tenemos un origen social y cultural que en algún momento aparece en nuestra actividad. Justamente, manejar eso, hace al rol del juez. Entonces, en estos juicios, la idea es que todas las partes se puedan expresar. Los acusados hacen sus defensas, sus planteos, hacen una lectura de la historia, y tienen derecho a hacerlo si queremos que el juicio sea un verdadero juicio. Traté de darles la libertad en la medida que lo hicieran con respeto, no manejándose groseramente ni con expresiones fuera de lugar, pero que pudieran decir lo que sentían, ejercer su verdadero derecho de defensa. Los americanos, que son un poco los ideólogos conceptuales del debido proceso legal, tienen una expresión que para mí es muy gráfica que es ‘Your day in court’: tu día en la corte. Es decir, el día que un juez o varios jueces te van a prestar atención para que vos te defiendas, es tu día, y eso hay que respetarlo».
—En algún punto resultaba paradójico que reclamaran debido proceso quienes en su momento no lo tuvieron en cuenta. ¿A usted le surgió esa paradoja?
—Puede ser, pero siempre tengo una idea central: alguien dijo que en la lucha contra el caníbal lo que no se puede hacer es comerse al caníbal, porque si no no sirve. Si nosotros vamos a hacer un juicio donde de antemano ya vamos a saber el resultado y no les vamos a dar la oportunidad, entonces para qué hacemos el juicio; es una parodia.
Afrontar el paso del tiempo
—El hecho de que hayan pasado más de 30 años desde que se cometieron los hechos, ¿perjudicó de alguna manera la posibilidad de reconstruir lo que pasó, de llegar a la verdad, o se pudo afrontar ese desafío con éxito?
—Creo que se ha afrontado con bastante éxito el desafío. Digamos que también, de alguna manera, eso condicionó a que los jueces nos pusiéramos en la situación de entender que estas causas prácticamente se desarrollan a través de los testimonios. Y ustedes saben, hay quienes han desaparecido por testimoniar, así que no es fácil que una persona testimonie, que dé nombres, que reconozca a sus represores, si bien la militancia, sobre todo las agrupaciones de Derechos Humanos, se ha preocupado por investigar, por hurgar, por conseguir nombres, incluso por proteger a los testigos. Esto de alguna manera facilitó la posibilidad de que se hiciera el juicio. Se buscan los testigos, se los lleva, se los trae, se los protege. Después tenemos el problema del paso del tiempo, no obstante lo cual, quien de alguna manera ha sufrido y ha sido víctima de esto, no se olvida, lo tiene muy patente en su memoria.
—¿Puede hacer una valoración de los aportes de las enfermeras?
—El aporte de esos testimonios ha sido interesante. Son trabajadoras de la salud que han tratado de recordar lo que habían vivido, la experiencia.
—Se ha cuestionado a los médicos.
—Se los ha cuestionado. Las partes pudieron interrogarlos profundamente, hubo careos incluso. Evidentemente las enfermeras recordaban cuestiones que los médicos no recordaban. Habría que valorar también cómo es el rol de cada uno, el tiempo que una enfermera pasa con los pacientes, los médicos los ven de una manera más fugaz. Además las enfermeras eran mujeres y se trataba de bebés, puede haber ahí un sentimiento maternal que hace que recuerden con más frescura los hechos.
Lesa humanidad
López Arango dijo que la sociedad paranaense siguió el juicio con interés y se escucharon diferentes opiniones: «Hay algunos que hasta no están de acuerdo con que se realicen este tipo de juicios. No podemos negar que el proceso militar tuvo un componente civil de apoyo que seguramente no va a estar de acuerdo. Uno lo escucha, todavía hay voceros, hay gente que lo dice, más abiertos o no. Pero me parece que la sociedad ha comprendido la necesidad de estos juicios.
—Hay un sector que dice que también se deberían hacer juicios por las víctimas de lo que se denominó la subversión. ¿Usted qué opina al respecto?
—Hay fallos de la Corte en ese sentido. Los delitos de lesa humanidad para ser considerados tales requieren de determinados requisitos, como que la agresión provenga del aparato estatal, o por lo menos paraestatal, al margen de la ley, con una estructura organiza de poder. La Corte ha dicho que los otros hechos, por más aberrantes que sean, están sujetos a las normas comunes de prescripción. Esos son los parámetros que se han establecido en la causa Priebke, en la causa Arancibia Clavel.
Juicio en el Comando
Para el juicio de lesa humanidad que se hará el año que viene, que tendrá como principal acusado a Albano Harguindeguy, la idea del tribunal es utilizar el edificio donde funcionaba hasta hace poco el Comando de Brigada, en 25 de Mayo 233, que fue adquirido por el Estado nacional. Allí hay un espacio donde se puede instalar una sala de audiencias más amplia que la que se utilizó en la causa Hospital Militar, de la Cámara Federal de Apelaciones. «Si no llegamos para ese juicio, tendremos que buscar un lugar más cómodo, porque habrá más imputados y más víctimas», dijo López Arango.
Si se utiliza el Comando de Brigada tendrá un simbolismo especial, ya que allí se realizaban los Consejos de Guerra, parodias de juicios a los detenidos ilegales, aunque para el magistrado simplemente se busca «tener un lugar adecuado».
Economía procesal
López Arango es de la idea de que los juicios de lesa humanidad se instrumenten de un modo diferente, por «economía procesal» y otras razones: «Yo creo que acá, y esta es una opinión personal, debió instrumentarse una mayor concentración de los juicios. Se debió buscar una forma de concentrarlos por regiones o por número de causas, y acumularlas. Acá se están multiplicando las causas contra los mismos imputados». Eso es lo que se persigue al acumular las tres causas de la costa del río Uruguay que se someterán juntas a juicio el año que viene.
«Fíjese que en estos imputados hay algunos que tienen hasta dos condenas, en juicios separados. Y estos juicios van a seguir. Además surgen nuevos juicios porque entran a aparecer otros hechos. Desde el punto de vista de la eficacia de la Justicia debió intentarse no guiarse por los parámetros de cómo se instrumentan las causas penales habitualmente. Se debió someter a juicio a las personas en una sola oportunidad, no a multiplicidad de juicios que se van reproduciendo. Para el imputado es un tema porque está tironeado por distintos tribunales, sale de una causa para ser juzgado en otra, hasta con una repercusión en su físico, porque no es fácil estar en el banquillo de los acusados», sostuvo.
24 Oct
“Trabajamos para que estos delitos no queden impunes”
Los fiscales Marina Herbel y José Ignacio Candioti aseguraron que es primordial juzgar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, para que no se vuelvan a cometer
por Alfredo Hoffman para Diario UNO
Los fiscales José Ignacio Candioti y Marina Herbel analizaron lo sucedido a lo largo del juicio durante una extensa entrevista con UNO. Destacaron la importancia de juzgar los delitos de lesa humanidad para que no se vuelvan a cometer, subrayaron los aportes que hicieron las enfermeras y mencionaron la conducta «negligente» y de «demasiado olvido» de algunos médicos.
El viernes 14, en sus últimas palabras, el imputado Juan Daniel Amelong lanzó una crítica al Ministerio Público Fiscal (MPF) por haber respetado «a pie juntillas» la política de Estado sobre derechos humanos. Ante esas expresiones, que llevaban implícita una acusación de supuesta dependencia del poder político, Candioti respondió: «Lo que se respetó desde el MPF fue la política criminal que establece el procurador general de la Nación de considerar que estos temas, las violaciones a los derechos humanos, son primordiales para el juzgamiento en la Argentina de hoy, desde la óptica de la parte que nosotros representamos. Teniendo en consideración todos los aspectos jurídicos de esta cuestión, deben ser juzgados con el pleno respeto de todas las garantías que da el estado de derecho y deben ser castigados. Eso es lo que quiere la Procuración y así se ha realizado el juicio. Estos delitos no pueden quedar impunes, porque correríamos el riesgo de que se vuelvan a cometer». La necesidad de acabar con la impunidad surgió en varios pasajes de la conversación.
—¿Coinciden con la consideración pública de que fue un juicio histórico?
—Herbel: En un principio uno no toma dimensión por la vorágine de trabajo, pero a medida que se fue desarrollando el juicio tomé conciencia de que fue un juicio trascendente, de una etapa histórica, en donde se reconstruyeron distintas situaciones que está bien que salgan a la luz, que se tome conciencia para que no se vuelvan a cometer. Desde el mismo Estado se cometieron hechos ilícitos, valiéndose de materiales del Estado; hay personas desaparecidas, se ha desestructurado toda una familia. Realmente fue una etapa muy negativa de nuestra historia y está bueno que la sociedad de Paraná tome conciencia de ello para que nunca más se vuelva a repetir.
—Candioti: Yo creo que es muy importante, primero, que se haya arribado a la etapa de juicio oral y público luego de muchos años de investigación, y finalmente que luego de estos dos largos meses de audiencia pueda un tribunal de la Nación dictar una sentencia resolviendo acerca de las peticiones de las partes. Desde este Ministerio Público Fiscal creemos que han quedado claros los delitos cometidos. Estamos hablando de robo de bebés, de delitos contra el estado civil de las personas, que le impidieron a los padres estar en contacto con sus hijos, criar a sus hijos, y a su vez del derecho vulnerado de esos niños de tener relación con su familia de origen. Entonces creo que lo valioso es, por un lado, dejar el mensaje de que estos delitos no se pueden volver a cometer, y por el otro que sea la Justicia la que resuelva mediante una sentencia este tema. También debemos reconocer que para llegar a esta instancia del juicio oral hubo muchos pasos dados anteriormente por el MPF, por los querellantes, por los organismos de Derechos Humanos, por el Poder Judicial. También creo que se ha cumplido cabalmente con todos los pasos del debido proceso. Y es crucial no perder de vista que estamos hablando de delitos de lesa humanidad. Siempre el Estado necesita de su juzgamiento. Son delitos que vulneran derechos elementales como la vida, como la libertad, como la dignidad. Como dice el doctor (Ricardo) Lorenzetti: no se puede tolerar lo intolerable.
—¿Ahora que el juicio terminó, creen se está más cerca de encontrar al mellizo que falta?
—C: Quiero ser prudente en la respuesta, porque me parece que no hay que generar falsas expectativas, pero creo que dentro de la prudencia, hay elementos como para avizorar que tal vez se pueda llegar a la determinación del paradero de este chico. Una de las cosas que han quedado claras a través de este juicio, y es muy importante, es que a las enfermeras y los médicos del IPP (Instituto Privado de Pediatría) que se le preguntó insistentemente por ese registro (el libro de ingresos y egresos), decían que si estaba la fecha de alta es porque el bebé varón salió vivo. Eso quedó absolutamente en claro. Eso quiere decir, primero, que no nació muerto; segundo, que no falleció inmediatamente luego de nacer, que era otra de las posibilidades. A partir de ahí se abren las hipótesis sobre cuál sería su paradero actual.
—H: Hacemos un llamado a la gente de Paraná que sepa de alguna adopción ilícita o clandestina o sin seguir los caminos legales correspondientes en aquella fecha, marzo de 1978, que aporten datos. Que se comuniquen o con el Juzgado o con la Fiscalía de primera instancia o con la Fiscalía de Derechos Humanos. Puede ser a través de un llamado anónimo.
—¿La pista de que Navone se quedó con el niño es verosímil?
—C: Es una de las pistas sobre las cuales hay algunos elementos que indican que hay una cierta probabilidad de que por ahí vaya la cuestión, pero tampoco hay que descartar otras posibilidades. Desde el MPF está toda la voluntad puesta en considerar prioritario este tema.
—¿Qué evaluación hacen de los testigos?
—C: Los testimonios han sido claros y contundentes, en el sentido de acreditar que los hechos ocurrieron y que ocurrieron de la manera que lo habían planteado las acusaciones y los alegatos. También se acreditó la responsabilidad de cada uno de los seis imputados. Hay que reconocer el valor de los testimonios: en este tipo de juicios, y así dijo la Causa 13, los testigos son un medio de prueba necesario. Lo dice también la doctrina. También hay que reconocer la valentía de esas enfermeras que declararon. Si bien es verdad que el Estado hoy brinda una protección a los testigos, que es digno de destacar, hay que valorar que dijeron la verdad con total coraje.
—H: También quedó reflejado en el debate que las enfermeras estuvieron muy comprometidas en aportar elementos a la causa. Puede ser cierto que una enfermera no tiene tanta actividad como un médico y es más lógico que recuerde, porque eso fue lo que pretendieron justificar los médicos, pero notamos que, sobre todo los médicos del IPP, formaron un concierto, un mismo discurso de no recordar nada y un actuar muy negligente de su parte, porque si en el año 2000 aportaron ese libro que fue muy valioso para esta causa, ninguno de ellos investigó qué había pasado pudiendo hacerlo, ya que eran los dueños. De todas maneras, esa situación negligente que observamos no dio para hacer una imputación de otro tipo.
—Durante el juicio usted se refirió a ese acontecimiento que mencionaron los médicos del IPP de que se había inundado el depósito donde estaban las historias clínicas, en el Sanatorio del Niño de calle Libertad. Usted dijo que vivió ahí. ¿Por qué dijo eso?
—H: Porque yo efectivamente viví ahí y me daba la impresión de que el lugar donde ellos decían que estaban esos registros no era un lugar inundable, era un lugar seco. Supuestamente hicieron modificaciones, era una casa antigua, salvo que haya sido por eso.
—Hubo varios llamados de atención del tribunal a los médicos porque estarían ocultando información, ¿ustedes qué piensan?
—H: No sé si ocultar información, por ahí demasiado olvido. Salvo que surja la hipótesis de una adopción dada desde el IPP; pero no surge de manera clara del debate.
—C: En la investigación que sigue en curso sobre el paradero del varón en el Juzgado federal hay que producir una serie de pruebas que quizá tengan algo que ver con el motivo de su pregunta.
Sensaciones
Consultada por cómo vivió el juicio en lo personal, Herbel manifestó: «Con mucha motivación, porque hay mucho dolor detrás y doy gracias a Dios de que se ha desarrollado con normalidad. Agradezco a las víctimas y quienes acompañan a los imputados, porque no ha habido agresiones». Por su parte, Candioti respondió: «Creo haber puesto un granito de arena para que estos delitos tan aberrantes puedan ser juzgados y atribuidas las responsabilidades correspondientes. Como dije cuando terminó el juicio de Santa Fe (por la causa Brusa) en que también intervine: si bien los fiscales somos las caras, hubo una tarea de mucha otra gente que posibilitó que lleguemos a esta etapa; la Fiscalía de primera instancia y de Cámara, los querellantes y muchos otros».
24 Oct
Sabrina: “Esperábamos la perpetua, pero estamos contentos” y “vamos a encontrar al melli”
Sabrina Gullino, hija de la desaparecida Raquel Negro, que nació en el Hospital Militar de Paraná y recuperó su identidad hace dos años, brindó sus apreciaciones, tras escuchar el adelanto de sentencia a los represores acusados en el marco de la causa por robo de bebés cometido en la última dictadura militar.
“Esperábamos la perpetua, por la figura de la desaparición forzada de personas, pero estamos contentos”, señaló la joven, ante Elonce TV, minutos después de que el Tribunal Oral Federal de Paraná condenara a Oscar Guerrieri a la pena de 14 años de prisión; a Jorge Alberto Fariña y Juan Daniel Amelong a 13 años; a Juan Antonio Zaccaría a cinco años; a Walter Pagano a 11 años y absolviera a Marino González.
“Comprobamos que los juicios tienen un valor social. Para la familia del melli sirvió para comprobar que está vivo y que estamos cerca” de encontrarlo, manifestó. Y reveló: “Me sirvió para pensar en mis papás, en el Mencho (Germano) y también estoy muy emocionada por toda la gente que se movilizó hasta Paraná”.
“Está bueno que este momento se esté dando, que estemos todos juntos, con la familia Negro y Valenzuela. Estamos muy emocionados, porque es un momento muy fuerte”, resaltó además Sabrina, quien de todas maneras destacó el camino que sigue en la búsqueda de su hermano mellizo.
“Ahora queda la otra causa, del melli, que se sigue en instrucción. Se cierra esta instancia, con esta condena, que estábamos esperando un poco más, pero reconstruye a nuestro país. Y me voy tranquila de este juicio”, afirmó.
En ese sentido, indicó: “Desde que empezó el juicio, hemos recibido varios datos de posibles chicos que pueden ser el melli. Y los tomamos con mucha cautela”.
Por último, Sabrina admitió que la absolución de Marino González “es la parte más dolorosa, pero para los abogados era una posibilidad”. Y ahondó: “La familia hubiéra esperado la condena”. No obstante insistió: “A los imputados se les brindó todas las garantías y estamos pensando mucho en las enseñanzas que nos dejaron las Madres, apostando a la Justicia”.
Reflexiones
Tras escuchar la sentencia a los represores, Julián Froidevaux, integrante de HIJOS regional Paraná, manifestó ante Elonce TV: “Desde HIJOS se espera poder dar con el paradero del mellizo, pero pudimos reencontrarnos con Sabrina en 2008 y continuamos”.
“Esta es una instancia de una lucha larga, que continuamos y que sabemos que va a durar muchos años más”, afirmó además el militante por los derechos humanos, que subrayó: “La exigencia desde la querella y desde la calle es que el Poder Judicial de la Nación para las generaciones venideras deje un claro mensaje con respecto a qué hace el Estado argentino con aquellos que han secuestrado, torturado, robado bebés y asesinado personas sistemáticamente durante la última dictadura”.
Finalmente, María Luz Piérola, integrante de AFADER y de la Mesa por el Juicio y Castigo, aseveró: “Estamos felices porque se los condenó. Tuvimos el juicio y castigo”. Y resaltó también que se abre otro juicio por la búsqueda del hermano mellizo de Sabrina Gullino y “otras causas que tienen que ver con otras facetas del Terrorismo de Estado».
22 Oct
Cinco militares culpables por el robo de los mellizos
La Justicia condenó a cuatro represores con penas que van de 14 a 11 años de prisión para los coautores, y 5 años para el médico que actuó como partícipe necesario. De este modo se penaliza el robo de los hijos recién nacidos de la militante desaparecida Raquel Negro. El caso estaba impune desde 1978.
por Jorge Riani y Juan Cruz Varela (para EL DIARIO)
Se terminó la impunidad. El histórico juicio por el robo de los bebés nacidos en cautiverio en el Hospital Militar y la suspensión de sus estados civiles llegó a su fin: el Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a cuatro militares y un médico.
La sede judicial se vio desbordada de personas, en la tarde de ayer, en momentos en que el presidente del tribunal, Roberto López Arango, leyó la sentencia por la cual se condenó a 14 años de prisión a Pascual Oscar Guerrieri, 13 años a Jorge Alberto Fariña y Juan Daniel Amelong, 11 años a Salvador Dionisio Pagano –todos ellos señalados como coautores responsables de los delitos imputados– y al médico Juan Antonio Zaccaría, a 5 años de prisión, al hallarlo partícipe necesario.
La sentencia se completa con la absolución de Marino Héctor González, cuya situación difirió de la de los otros imputados, entre otras cosas, debido a que no fue mencionado por testigos clave que declararon en el juicio, como el periodista Miguel Bonasso o el militante Jaime Dri.
La sentencia fue leída sólo en su parte resolutiva, mientras que los fundamentos, con una extensión de 163 páginas, fueron entregados en CD a las partes. En verdad, la sentencia constituye una instancia más de comprobación de la trama de una historia macabra que da cuenta de la detención de presos políticos durante la dictadura, torturas, asesinatos y, en el caso particular que se juzgó, el robo de dos mellizos –una niña y un niño– nacidos en cautiverio en el Hospital Militar en marzo de 1978, luego sustraídos y alejados de su familia.
El mellizo varón continúa desaparecido, mientras que la niña sustraída es Sabrina Gullino, querellante en el juicio y que ayer concurrió a la lectura de la sentencia, como en cada una de las jornadas del proceso oral y público. La joven recuperó su identidad de origen en diciembre de 2008.
Las penas
La cuantía de las penas impuestas muestra que el tribunal –integrado por Lilia Carnero y Juan Carlos Vallejos, además de López Arango– se acercó al criterio de los fiscales Juan Ignacio Candioti y Marina Herbel, que habían pedido penas muy parecidas a las finalmente aplicadas, con excepción de los casos de González y Zaccaría.
“Acreditados que fueron los hechos, con sus circunstancias de lugar, tiempo y modo, y demostrada la responsabilidad penal de los imputados, y tipificada la conducta dentro del catálogo delictivo, viene la tarea de ajustar las penas a aplicar teniendo en cuenta la escala penal de los ilícitos”, escribió López Arango antes de desglosar las penas impuestas.
Tal como lo pidieron los defensores oficiales Mario Franchi y Noelia Quiroga, los jueces resolvieron mantener las prisiones domiciliarias a Guerrieri y Zaccaría, beneficio del que ya venían gozando.
Ayer, con excepción del médico Zaccaría, los cinco militares procesados esperaron noticias del fallo en su lugar de detención en Campo de Mayo, según dijo una fuente judicial a EL DIARIO.
Fiesta
Con alegría y convicción los organismos de derechos humanos celebraron hasta entrada la noche, ya no la condena que recibieron los responsables del genocidio, sino el manto de justicia que cayó sobre la provincia. Hubo un festival popular para celebrar la alegría de continuar sembrando memoria, verdad y justicia, que es algo más que una consigna. En ese marco de algarabía, Sabrina dejó un mensaje a su hermano desaparecido, acompañada por la guitarra de Mansinatra, a través de su Canción del melli (ver recuadro).
La ciudad no es la misma que aquella de 1978. Pasaron muchas luchas, desdichas, ilusiones, desilusiones. Pasaron las madres que ya no están. Es cierto que los juicios están instalados como una conquista de la democracia aún en construcción. Son una especie de anticuerpo para tanta barbarie; son una respuesta desde la legalidad de las normas para los represores que no les dieron esa posibilidad a sus víctimas.
“No era lo que esperábamos, pero estamos contentos porque se cierra una etapa y se abre otra. Este juicio sirvió para comprobar que el melli está vivo, así que ahora hay que apostar a encontrarlo, y estamos cada vez más cerca”, admitió Sabrina Gullino.
La hija de Raquel Negro y Tulio Valenzuela señaló que “los abogados querellantes habían pedido prisión perpetua, pero es la sentencia que hay, con el dolor por la absolución incluido” y acotó: “Apostamos a una instancia de justicia en la que se les dieron a los imputados todas las garantías, tal como nos enseñaron las Madres y las Abuelas, no apelando a la venganza sino a la reconstrucción de la historia a través de la justicia y en el marco de las instituciones democráticas. Eso es lo que se les dio y lo que hay que defender siempre”.
Lo que se probó
Raquel Ángela Carolina Negro y Edgar Tulio Valenzuela fueron secuestrados el 2 de enero de 1978 en Mar del Plata y trasladados a la Quinta de Funes, en las afueras de Rosario. Con ellos estaba Sebastián, el hijo de Raquel, que tenía un año y medio.
En el juicio se determinó que Raquel Negro fue trasladada a dar a luz en el Hospital Militar de Paraná, procedente del centro clandestino de detención La Intermedia, y permaneció al menos 15 días en la sala de guardia, donde estuvo custodiada por agentes de inteligencia vestidos de civil que se rotaban cada 24 horas.
El parto se habría producido el 3 de marzo, fue atendido por médicos que no pertenecían al nosocomio castrense y tras el alumbramiento del varón, la madre lo arropó durante unos instantes hasta que unos hombres se lo llevaron; luego nació la nena.
Enseguida, los mellizos fueron internados como NN en la sala de terapia intensiva, porque supuestamente presentaban problemas respiratorios y cardíacos, y luego derivados al Instituto Privado de Pediatría (IPP), adonde la nena ingresó el 4 de marzo y el varón el 10 de marzo, en su caso sin identidad, desconociéndose dónde estuvo en esos seis días. Ambos egresaron el 27 de marzo. La nena fue dejada esa misma noche en el Hogar del Huérfano y luego dada en adopción legal. Hoy se sabe que se trata de Sabrina Gullino, quien recuperó su identidad en 2008. El mellizo varón continúa desaparecido.
Los abogados querellantes plantearon que los represores trazaron una “versión falseada” para pretender que el mellizo varón había fallecido, con el objetivo de que nadie siguiera buscándolo; mientras que los fiscales también destacaron el rol que tuvieron otros integrantes del engranaje represivo que no están sentados en el banquillo de los acusados por haber fallecido antes del juicio, como es el caso de los jefes del Segundo Cuerpo de Ejército Leopoldo Fortunato Galtieri y Luciano Adolfo Jáuregui, el jefe del Destacamento de Inteligencia 121 Alcides Juvenal Pozzi; y mencionaron también a Juan Carlos Trimarco, jefe de la represión en Entre Ríos, quien fue declarado inimputable y se le suspendió el proceso penal en su contra. De la misma manera, apuntaron contra Luis Levin y Luis Beret, director y subdirector del Hospital Militar.
El fin de la impunidad
El viernes amaneció soleado, luminoso, típicamente primaveral. El celeste del cielo despejado se abría ante un histórico día de sentencia. En la calle, rostros jóvenes en blanco y negro, sus imágenes, recibían a otros cientos que iban llegando poquito a poco.
Cincuenta y ocho días duró el juicio. Dieciocho audiencias de debate. Cuarenta y un testigos pasaron ante el tribunal. Cinco condenados, un absuelto, una identidad restituida y un ausente. El juicio cambió la presunción de muerte por una certeza de vida respecto del mellizo. Pero sigue habiendo alguien que falta. NN Facundo dirá la investigación judicial.
La tensión creciente se iba percibiendo en el aire. De un lado los familiares, ex detenidos políticos y un puñado de funcionarios poblaron la sala entre murmullos y con más prendedores en blanco y negro. Del otro lado, el vacío de los acusados que no están. Cuántas veces habrán cruzado miradas durante el juicio.
A las 17.18 la voz entre ronca y severa del presidente del tribunal rompió el silencio. Sabrina se aferró más que nunca a Sebastián. No lloraron pero se los notaba emocionados. Nunca lloran. “No se llora frente a los hijos de puta”, dijo ella un día. En cambio lleva una sonrisa.
Tres minutos insumió la lectura de la parte resolutiva de la sentencia. Ese tiempo le llevó al tribunal explicar la condena a cinco represores por dos hechos de sustracción de menores y sustitución de identidad, cometidos en el marco de un plan sistemático que dio lugar a la tortura, desaparición forzada de personas y robo de bebés.
No hubo aplausos ni gritos ni llantos en la sala. Retratos de Raquel se elevaron y Sabrina y Sebastián se abrazaron con fuerza y ternura a la vez. Hubo una sensación de amargura y decepción que se mezclaba también con alegría. Era un desahogo después de treinta años.
Tuvo este juicio la importancia haber conmovido a una sociedad habitualmente apática. La sociedad paranaense ya no desconoce que a pocas cuadras del centro, a cinco minutos de la plaza, funcionó una maternidad clandestina y que los niños luego circulaban por distintas instituciones conocidas. Entonces la verdad se impuso. Porque no hay verdad en el olvido, en lo que se oculta, en lo que no se permite que salga a la luz. Y es ahí donde radica el triunfo. Ojalá entonces que este granito de justicia sirva para comprender que la verdad se construye con la memoria y que no hay presente ni futuro posible en el olvido del pasado.
Entre la alegría y la decepción
* Ana Oberlin, abogada querellante. “Estamos un poco decepcionados en cuanto al monto de las penas porque entendemos que se trata de delitos que por la gravedad y trascendencia que tienen, no solo afectan a las personas que han sido apropiadas sino a todo el núcleo familiar, que pasado 30 años bajo un tormento por no saber si los chicos viven o no, dónde están o si están con los asesinos de sus padres. Entonces, este tipo de delitos merece una mayor severidad. De todas maneras es una condena y estamos contentos de haber podido transitar este proceso, aún después de treinta y pico de años, en un país donde reinó la impunidad durante tanto tiempo”.
* José Iparraguirre, integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. “La condena a los represores es un triunfo porque significa que salió a la luz la verdad de lo que pasó con Sabrina y nos permite investigar el destino del mellizo”.
* Florencia Amore, abogada querellante. “Es positivo que cinco imputados hayan sido encontrados culpables, pero ahora hay que esperar los fundamentos de la sentencia para ver cómo seguimos porque el tribunal hizo una graduación muy baja de las penas y eso habrá que verlo”.
* María Luz Piérola, coordinadora del Registro Único de la Verdad. “Lo importante es que los genocidas ya están condenados. Ahora hay que festejar porque conseguimos el juicio y castigo a los culpables y continuar trabajando para encontrar al mellizo e investigar otros nacimientos clandestinos que se produjeron en el Hospital Militar”.
* Clara Fink, madre de Claudio, desaparecido durante la dictadura. “Es una alegría haber llegado a esto, es un paso adelante que se ha dado; pero lamentablemente los montos de la condena no fueron lo que nosotros pensábamos. Y es hermosa esta fiesta, si hasta me parece que lo veo a Claudio saltando, corriendo, gritando, riéndose, festejando”.
22 Oct
La Justicia llegó con cinco condenas y una absolución
La primera sentencia por delitos de lesa humanidad en Entre Ríos contempló cinco penas de entre cinco y 14 años de prisión. Se absolvió a Marino González, señalado por un testigo como uno de los que participaba de los vuelos de la muerte.
por Alfredo Hoffman (para Diario UNO y Mesa Juicio y Castigo)
El tribunal en pleno. Foto: Pablo Churruarín
El Tribunal en lo Criminal Oral Federal de Paraná condenó este viernes a cinco de los seis acusados por los delitos de robo de bebés y sustitución de identidad durante la última dictadura cívico-militar. Fue la primera vez que la Justicia dictó una sentencia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Entre Ríos y ese acto representa el comienzo del fin de una impunidad que lleva más de tres décadas de vigencia. En ese sentido, el fallo fue tomado por quienes impulsaron este juicio histórico como el cumplimiento de una etapa crucial, pero también dejó una sensación agridulce por la absolución de uno de los represores y el escaso tiempo de prisión que deberá cumplir otro en forma domiciliaria. Una vez que sean analizados los fundamentos, las querellas analizarán la posibilidad cierta de recurrir en casación.
Roberto López Arango, presidente del Tribunal que también integraron Lilia Carnero y Juan Carlos Vallejos, comenzó a leer a las 17.20 la parte resolutiva del veredicto. Afuera de la sala de calle 25 de Mayo se habían congregado cientos de militantes de Derechos Humanos de Paraná y otras ciudades del país, que en ese momento hicieron un tenso silencio. La sentencia condenó a cuatro de los cinco ex integrantes del Destacamento de Inteligencia 121: a Pascual Oscar Guerrieri a 14 años de prisión, a Jorge Alberto Fariña y Juan Daniel Amelong a 13 años y a Walter Salvador Dionisio Pagano a 11. Y absolvió al quinto, Marino Héctor González. En tanto, también condenó al ex médico del Hospital Militar de Paraná Juan Antonio Zaccaría a cinco años de prisión. Hubo silbidos no sólo cuando se escuchó el beneficio para González, sino también cuando López Arango confirmó las prisiones domiciliarias de Guerrieri y Zaccaría.
De todos modos hubo celebraciones por las condenas, con un festival musical en la calle, y un recuerdo especial para Guillermo Mencho Germano, el autor de la denuncia en mayo de 2005 que posibilitó la apertura de la causa y su principal impulsor hasta su fallecimiento en diciembre de 2009. Esa denuncia fue la que permitió que Sabrina Gullino recuperara su identidad y supiera que es hija de los desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela, que nació en marzo de 1978 en el Hospital Militar de Paraná, que fue sustraída por los verdugos de su madre y que tiene un hermano mellizo a quien busca incansablemente junto con su hermano mayor Sebastián Álvarez.
Sabrina, con toda la emoción a cuestas, sintetizó sus sensaciones: “Esperábamos perpetua aplicando la figura de desaparición forzada por el melli, pero estamos contentos porque se cierra una etapa y se abre otra, y porque comprobamos que los juicios tienen todo un valor social. Además, para nosotros este juicio sirvió para probar que él está vivo, así que apostamos a encontrarlo. Cada vez estamos más cerca”.
Sobre la absolución de González dijo que “es la parte más dolorosa”, pero “es la sentencia que hay”. En ese sentido, rescató el valor de este acto de justicia: “Nosotros apostamos a esta instancia de justicia, a los imputados se les brindó todas las garantías; y también pensamos mucho en lo que nos dejaron las Madres y las Abuelas que es apostar no a la venganza, sino al contrario, a la reconstrucción de la historia a través de la Justicia con las instituciones democráticas y esto es lo que tenemos que defender siempre”.
“Pensamos mucho en todas las personas que son parte de esta historia, en mis papás, en el Mencho, en todas las personas que nos fueron acompañando. También estoy muy emocionada por toda la gente que se movilizó hasta Paraná y muy contenta por haber podido recuperar mi identidad y participar de este acto de justicia”, afirmó.
El veredicto
Los montos de las penas están en consonancia casi por completo con lo pedido por la fiscalía en su alegato, con las excepciones de las situaciones de González y Zaccaría, para quienes habían pedido 13 y 11 años respectivamente. Esta similitud se debió a que el Tribunal también consideró aplicable la ley vigente al momento de los hechos (11.179). Asimismo hubo coincidencia en la consideración del médico como partícipe necesario. Por el contrario, los jueces aceptaron el planteo de las querellas de que los otros cuatro condenados fueron coautores y no autores mediatos como propuso el Ministerio Público Fiscal. No se tuvo en cuenta el planteo introducido por los querellantes en su alegato unificado de que la situación del mellizo varón sea considerada desaparición forzada de persona, por lo cual habían solicitado para todos la pena de prisión perpetua en cárcel común.
La abogada querellante Ana Oberlin, representante de Abuelas de Plaza de Mayo, dijo que se esperaban penas más severas porque se trata de dos apropiaciones y por la entidad que tienen estos delitos. “Es importante que los jueces, pero también la sociedad, entiendan que estos delitos son gravísimos, pero también las consecuencias que tienen siguen impactando aún hoy a 35 años de la dictadura y de estos hechos. Pero más allá de eso hemos logrado condenas y eso sigue siendo positivo”, indicó.
Sobre la absolución de González dijo que esperará conocer los fundamentos para opinar. En cuanto a los cinco años para Zaccaría aseguró que se esperaba una pena mayor por su condición de médico que jugó un rol no menor en las primeras horas de vida de los niños y confesó que los escasos cinco años de condena para él fue “la mayor sorpresa”.
El absuelto
Marino González, el único absuelto, había sido señalado por el testigo Eduardo Costanzo –ex agente civil de Inteligencia– como quien había coordinado la custodia Raquel Negro en el Hospital Militar. Además, durante su declaración en el juicio, Costanzo lo había mencionado como el responsable de los vuelos de la muerte: “Les digo a Sabrina y a Sebastián que le miren bien la cara a González, porque él fue el último que tocó a su madre cuando la tiró del avión”, había dicho. González quedó en libertad con relación a esta causa, aunque permanece con prisión preventiva en Rosario por otro proceso por crímenes de lesa humanidad.
21 Oct
En un emotivo acto, la tesis de Raquel Negro fue entregada a sus hijos
Sabrina Gullino y Sebastián Álvarez recibieron este miércoles el trabajo final de la Licenciatura en Trabajo Social, carrera cursada por su madre desaparecida, Raquel Negro. El acto se realizó en la sede de la Facultad de Trabajo Social de UNER.
Este miércoles Sabrina y Sebastián recibieron la tesis de su madre, desaparecida durante la última dictadura militar. La entrega se realizó en el salón Ofelia Zaragozzi, con la presencia de autoridades de la casa de estudios, amigos y ex compañeros de Raquel Negro.
En este marco, Sabrina Gullino comentó a UNO que “fue un día muy arduo, de mucha alegría, donde nos contactamos con mucha gente y fue como un traspaso de emociones de una generación a otra”.
En este sentido expresó que “en una tesina de Trabajo Social un alumno deja plasmada su subjetividad, su ideología, y esto nos sirve para conocer el pensamiento de nuestra madre a los 20 años y sobre todo, ver su coherencia entre la teoría y la práctica”.
La joven dijo además que “fue una sorpresa muy linda, y poder leerla a ella a través de este trabajo es muy emotivo”.
“Hoy vivimos un día de mucha intensidad, ya que además estuvimos escuchando los alegatos”, señaló en torno al juicio de lesa humanidad que se tramita ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, por la causa conocida como Hospital Militar, donde se juzga a seis represores acusados de la sustracción de los mellizos de Raquel Negro nacidos en cautiverio y de la supresión de sus identidades.
Sobre este tema indicó que “estoy totalmente satisfecha con la actuación de nuestros abogados. Los alegatos de la querella fueron impecables, con una precisión absoluta de la reconstrucción a partir de los testimonios y pruebas de lo que fueron todos estos años de investigación, así que con mis abogados no tengo más que un agradecimiento enorme”.
Sabrina pudo recuperar su verdadera identidad hace casi tres años, mientras que la búsqueda de su hermano mellizo varón todavía continúa.
6 Oct
La querella solicitó prisión perpetua en cárcel común para los represores imputados en la Causa Hospital Militar
En tanto, la Fiscalía pidió condenas de 14 años de reclusión para Guerrieri; 13 años para Fariña, Amelong y González; y 11 años para Pagano y Zaccaría
Luego de exponer detalladamente los hechos, la querella pidió prisión e inhabilitación perpetuas en cárcel común para Juan Amelong, Pascual Guerrieri, Marino González, Jorge Fariña, Walter Pagano y Juan Antonio Zaccaría, en la Causa Hospital Militar. Sin embargo, en caso de que no sea contemplada la tipificación prevista en el artículo 142 ter del Código Penal -referida a la desaparición forzada de personas-, se propuso la pena de 25 años de prisión e inhabilitación perpetuas, lo que incluye además la revocación del beneficio de cárcel domiciliaria del que hace uso Guerrieri. Durante una presentación unificada, los abogados querellantes sostuvieron que “los acusados ejecutaron un plan conjunto de apropiación de los hijos de Raquel Negro, que fueron botín de guerra como represalia a la Operación México llevada a cabo por Tulio Valenzuela”. Igualmente, entendieron que el médico anestesista fue partícipe necesario y cómplice primario de los hechos. Según argumentaron, hubo una “intervención dolosa en base a la actuación antijurídica de la cual estaba al tanto”, incluso “prestó la colaboración indispensable” para la sustracción y sustitución de la identidad de los mellizos. Tras un cuarto intermedio, realizó su alegato el Ministerio Público Fiscal, que solicitó 14 años de reclusión para Guerrieri, y 13 años para Fariña, Amelong y González; por considerarlos autores mediatos de los delitos que se investigan. Por otra parte, requirió la pena de 11 años de cárcel para Pagano y Zaccaría, en cuanto habrían sido partícipes necesarios.
Por Betiana Spadillero Gaioli,
de ANALISIS DIGITAL
Durante la jornada, que se extendió ocho horas, comenzaron los alegatos, a fin de precisar las responsabilidades de cada imputado en el juicio por sustracción y sustitución de identidad. Este miércoles expusieron sus argumentos las partes acusatorias, y a pedido de la Defensoría Oficial se pasó a un cuarto intermedio hasta el 13 de octubre a las 9.
Pedido de penas de la querella
Tras un extenso proceso de producción de prueba, la querella (unificada) arribó a la conclusión de que los imputados cometieron los delitos de desaparición forzada de persona agravada, y de sustracción, retención y ocultamiento de menores de diez años.
En consecuencia, solicitó las penas de prisión perpetua e inhabilitación perpetua con cumplimiento efectivo y en cárcel común para los seis acusados. De todos modos, en caso de que no sean contempladas las tipificaciones, se propuso la pena de 25 años de prisión e inhabilitación perpetua -también de cumplimiento efectivo y cárcel común-, lo que prevé además la revocación de la prisión domiciliaria de Guerrieri.
De acuerdo a los argumentos esbozados, los ex integrantes del Destacamento de Inteligencia 121 deben ser condenados en calidad de co-autores penalmente responsables de los hechos investigados, que fueron llevados a cabo en la clandestinidad con su consentimiento y el de los diferentes estamentos del Ejército. En otras palabras, hubo un co-dominio del hecho, potestad de tener, dejar continuar o no detener el resultado final.
Según explicó el abogado Álvaro Piérola, la tipificación corresponde a delitos de lesa humanidad, porque “formaron parte de un plan sistemático con un efecto transgeneracional, que no prescribe en el tiempo”. En esa línea, se valió del artículo 146 del Código Penal, como una “herramienta para la persecución y condena de delitos de sustracción de menores durante la última dictadura cívico-militar”.
En concreto, indicó que Sabrina Gullino fue víctima de sustracción, retención y ocultamiento cuando era menor de diez años. Mientras que su hermano es damnificado bajo la figura de desaparición forzada de persona agravada, de acuerdo a lo previsto en el artículo 142 ter del Código Penal.
En el caso del mellizo varón, se suma a la negativa de informar sobre su paradero, la difusión de versiones sobre su eventual muerte, a fin de sabotear la búsqueda de sus familiares. Además, para ambos rige el delito de supresión de identidad, que requiere la aplicación del artículo 139.
Anteriormente, Lucas Ciarniello resaltó que “el gobierno de facto instauró una estructura formal y una también clandestina” en todo el país. “Por ello, llegamos a la inevitable conclusión de que paralelamente a la estructura del Destacamento de Inteligencia 121 existía una patota que se encargaba a cometer los delitos juzgados acá y que se condenaron en la Causa Guerrieri”, certificó.
“Los acusados ejecutaron un plan conjunto de apropiación de los hijos de Raquel Negro, que fueron botín de guerra como represalia a la Operación México llevada a cabo por Valenzuela. Existió una comunión de voluntades para realizar los delitos”, reafirmó asimismo. Y resaltó la importancia de los actos preparatorios, ya que los crímenes contra la humanidad “necesitan un contexto de organización”.
“Estamos juzgando a una de las tantas bandas de delincuentes pertenecientes al Ejército Argentino”, asentó.
Respecto de las licencias presentadas por los imputados, remarcó que “no resultan elementos que deban ser valorados”, porque se vinculan con las características de los hechos: que se prolongaron mucho más allá en el tiempo y que se realizaron en forma clandestina. “Esto descarta cualquier pretensión de inocencia”, aseveró.
Por su parte, la querella consideró que el médico Zaccaria debe ser condenado como partícipe necesario y cómplice primario de los hechos, según lo establecido en el artículo 45 del Código Penal.
Al respecto, Ciarnello apuntó que sabiendo el origen de los menores y la calidad de detenida política de Negro, el profesional “hubiese podido intervenir de forma diferente” en los hechos. Hubo una “intervención dolosa en base a la actuación antijurídica de la cual estaba al tanto”, incluso “prestó la colaboración indispensable” para la sustracción y sustitución de identidad de los mellizos.
Contexto histórico
“Comprobamos todos los elementos que incorporamos en nuestras acusaciones”, sentenció Ana Claudia Oberlin, antes de comenzar con el alegato crítico de la querella. De inmediato, apuntó: “Es ineludible hacer algunas referencias que tienen que ver con el marco criminal de los imputados, de lo contrario es imposible entender la mecánica de la dictadura cívico-militar”.
“Se produjeron distintas violaciones a los derechos humanos, que van desde los tormentos hasta el robo de niños. Ahora contamos con numerosas condenas y con la investigación que en su momento hizo la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), para concluir que funcionó un sistema cuyo propósito era reprimir a las personas sindicadas como enemigas”, agregó la abogada.
Paso seguido, mencionó los decretos del gobierno de facto que posibilitaron “lo que ellos denominaron ‘guerra contra la subversión’, y que habilitaron operaciones militares internas, que tenían como objetivo eliminar a los ‘subversivos’, preservar el orden de la seguridad, los bienes, las personas y el Estado”. Esas operaciones indicaban además “las acciones psicológicas a desarrollar y fijaban los blancos de dichas acciones, principalmente, en algunas organizaciones”.
De esta forma, se intentó “transformar radicalmente la estructura económica y social del país, para lo cual resultaba necesario además de reprimir, adoctrinar a la sociedad, a través de la implantación del terrorismo de Estado”. Lo que fue posible mediante el acceso de las Fuerzas Armadas a “todos los resortes del gobierno”.
La letrada remarcó que entre 1976 y 1983 “se impuso una hipótesis bélica que tenía como objetivo fundamental el enemigo interior”. Según explicó, “para concretar esta misión el país fue dividido en cuatro zonas operativas, y en este esquema se puntualizó el Comando de Zona Dos, que abarcaba Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco y Formosa”.
En ese marco, “las actividades de inteligencia adquirieron una importante transcendencia, incluso cinco de los acusados en la causa pertenecían justamente a esta estructura, por lo que tenían cabal conocimiento de lo que implicaba llegar a ese propósito”.
“No hablamos de un régimen autoritario, sino de un terrorismo de Estado, que impuso medidas coactivas, lo que se promovió fue un ataque indiscriminado a la sociedad civil, incluyendo el robo de niños”, enfatizó.
Y amplió: “Se formaron dispositivos represivos. Raquel Negro y Tulio Valenzuela fueron insertados en esta maquinaria que buscaba aniquilar sus subjetividades y convertirlos en no personas. Uno de los dispositivos más macabros fue el uso instrumental de los niños, como forma de tortura de sus padres, lo que se conoce como tortura oblicua”.
Respecto a los partos de las detenidas políticas, precisó que tenían lugar “de dos formas en general, una de ellas consistió en organizar maternidades en los centros clandestinos, hasta donde también se trasladaban a mujeres que estaban en centros cercanos o de la región”. Pero igualmente “se utilizó infraestructura que ya existía, que son los hospitales militares”. En este caso, quedó probado que Negro “fue traída a parir en Paraná y que no fue la única, por lo que es altamente probable que los centros clandestinos de la zona hayan traído a las detenidas a parir en esta ciudad”.
Continuando con su argumentación, Oberlin detalló que el robo de niños tenía tres objetivos centrales: “El principal era que los menores no crecieran con sus familias biológicas. Hecho que se imitó del franquismo español. En ese marco, la mayoría de ellos fueron entregados a represores, algunos fueron asesinados y otros dejados en orfanatos. Se trató de un traspaso violento de los niños de un grupo a otro”, expuso.
“También de esta forma aplicaron un castigo adicional a las familias. Por eso, cuando dicen que esto es pasado, no puedo dejar de pensar en cómo esta búsqueda se actualiza cotidianamente en las personas que siguen buscando a sus familiares”, añadió. Asimismo, advirtió que “esta fue una violencia específica para las mujeres que se habían apartado del lugar machista que les estaba asignado, porque salieron de sus casas, del ámbito privado y salieron a militar”.
Finalmente, resaltó que se trató de “una forma más de disciplinamiento para la sociedad, porque se necesitaba que se conocieran estas acciones, para imponer el terror”.
Detalle de los hechos y las responsabilidades
Como parte del alegato de la querella, se detalló la plataforma fáctica sobre la que discurrió el debate. Sirviéndose de las testimoniales de ex detenidos políticos, periodistas y enfermeras, la abogada querellante Florencia Amore asentó que “quedó probado que Raquel Negro fue trasladada desde el centro clandestino de Rosario hasta el Hospital Militar, donde tras dar a luz a mellizos fue trasladada a La Intermedia, donde llegó sin vida”.
A su vez, volvió sobre los aportes de los deponentes referidos a la internación de Negro en el nosocomio castrense, las condiciones de atención, la custodia que permaneció con ella durante su estadía y la derivación de los mellizos desde Terapia Intensiva al Instituto Privado de Peditría (IPP). También aludió a la posibilidad de que otras detenidas hayan dado a luz en ese lugar.
La letrada puso especial énfasis en la declaración de Zaccaría, quien en la ampliación de su indagatoria admitió que había visto a Negro, que habló con ella y vio a los menores vestidos en Terapia Intensiva. En igual sentido, retomó las declaraciones de los médicos Alfredo Berduc y Juan Ferraroti –quienes según las enfermeras se encargaron de derivar a los mellizos al IPP.
“Haciendo un análisis global de los testigos, todos reconocieron, por haberlo visto o escuchado, la existencia de mellizos (un varón y una nena) que estaban alojados en Terapia Intensiva, que Zaccaría era el jefe del área y que después fueron llevados al Instituto de Pediatría”, redondeó.
Enseguida, se explayó sobre la estadía de los mellizos en el IPP, recalcando que los deponentes recordaban su internación, que en los libros de ingreso figuraban como NN y que no hay registros de quién se los llevó cuando fueron dados de alta, el 27 de marzo de 1978. En esa línea, remarcó que los propietarios del centro de salud Miguel Torrealday, David Vainstub y Ángel Schoerder no pudieron dar cuenta de estas irregularidades.
Posteriormente, refirió al testimonio de Eduardo Tucu Costanzo, quien indicó que Sabrina fue conducida por Pagano y Amelong desde el IPP al Hogar Huérfano de Rosario, desde donde fue dada en adopción a la familia Gullino. El proceso legal de adopción fue certificado por Raúl Gullino, mientras que el lazo sanguíneo con Negro y Valenzuela fue confirmado posteriormente mediante cotejo genético.
En cuanto al mellizo varón, su destino es incierto y reviste por ello la calidad de desaparecido.
Párrafo aparte, se dedicó a las responsabilidades que le corresponden a los imputados. “Guerrieri, quien usaba el alias de Jorge, formaba parte del grupo operativo de represión que llevó adelante los hechos investigados en la causa”, precisó, tras lo cual destacó los aportes que realizaron el ex detenido político Jaime Dri y el periodista Miguel Bonasso -autor del libro Recuerdo de la muerte.
Igualmente, destacó las indagatorias de Guerrieri, quien reconoció su participación en lo que denominó “guerra contra la subversión” y ratificó que actuó según sus convicciones.
A su turno, Álvaro Baella refirió a la Operación México, así como la participación de los represores Fariña y Amelong en lo que finalmente resultó una acción de contrainteligencia diseñada por Valenzuela. Sobre Amelong señaló que fue quien trasladó a Sabrina a Rosario, que cumplía funciones de Inteligencia y que además era propietario del predio donde funcionó el centro clandestino La Intermedia.
En tanto, Ciarniello especificó las pruebas que acreditaron las responsabilidades de Pagano, incluido el traslado de Sabrina al Hogar Huérfano. “Bajo el nombre de Sergio Paz, Pagano actuó como personal civil del grupo especial que comandaba Guerrieri”, afirmó. Respecto a González sostuvo que “formó parte de la patota, bajo el alias de Pepe, que llevó a cabo los hechos delictivos que se investigan”.
Por último, quedó acreditado que Zaccaría cumplía funciones en Terapia Intensiva del Hospital Militar, que se encontraba presente cuando se llevaron a los menores al IPP y que tenía acceso a las planillas de identificación de los mismos. Además, tuvo contacto con la detenida-desaparecida Raquel Negro tras el alumbramiento.
Fundamentos del Ministerio Público Fiscal
En la segunda parte de la audiencia, que inició pasadas las 15, el Ministerio Público expuso sus argumentos para solicitar las condenas de los imputados. En ese orden, Marina Herbel de Pajares repasó el contexto histórico de la represión ilegal en Argentina, para luego retomar los relatos de los testigos vinculados al traslado de Negro a Paraná y el nacimiento de los mellizos en el Hospital Militar.
Más adelante, volvió sobre las declaraciones atinentes a la internación de los menores en el Instituto de Pediatría. La fiscal destacó que los propietarios del centro de salud no recordaran los hechos y entraran en contradicción con las afirmaciones de algunas enfermeras.
En términos generales, la letrada reconstruyó los acontecimientos de forma similar a la descripción que anteriormente había realizado la querella. Paso seguido, José Ignacio Candioti refirió a las tipificaciones, ratificando lo establecido en la requisitoria de elevación a juicio, es decir, los delitos contemplados en el artículo 139 en concurso real con el artículo 146 del Código Penal.
Al respecto, aludió a los alcances de los crímenes de sustracción de menores y sustitución de identidad, así como la literatura que hay en la materia, según fallos e interpretaciones judiciales.
También se explayó sobre el funcionamiento del plan sistemático implementado por la Fuerzas Armadas: “Se llevaron a cabo hechos concretos, como secuestro de personas, la conducción de éstas a centros clandestinos donde eran torturadas y vejadas, la posterior desaparición de las mismas o su restitución con las huellas de la represión, y también el robo de bebés”, enfatizó.
A continuación, desarrolló la teoría de la autoría mediata, según la cual “siempre va a haber alguien que ejecute los hechos delictivos, porque el plan está trazado para que la orden se cumpla” en alguno de sus estamentos. Por ello, afirmó que quedó demostrado que los ex integrantes del Destacamento 121 actuaron “en el marco de un aparato estatal, con recursos humanos y con bienes”.
“De los elementos analizados surge que sin el consentimiento y las órdenes de Guerrieri, Amelong, Fariña y González, Raquel Negro no hubiese sido trasladada al Hospital Militar, donde se produjo el alumbramiento clandestino y la posterior sustitución de identidad”, aseguró.
Además, destacó que los represores “contaron claramente con la participación de Pagano y Zaccaría, por eso deben responder en el carácter de partícipes necesarios”. Y añadió: “Pagano no sólo venía a hacer las guardias en el hospital, sino que también llevó a Sabrina hacia Rosario. En tanto, Zaccaría posibilitó que los bebés salieran sin que su familia tuviera conocimiento ni posean la correcta identificación”.
Candioti expresó asimismo que los imputados tuvieron la «capacidad de comprensión» de que actuaban en forma ilícita. De hecho, subrayó que “había un componente ideológico en el accionar” de los represores.
Al momento de las responsabilidades, la Fiscalía solicitó 14 años de prisión para Guerrieri, y 13 años para Fariña, Amelong y González; por considerarlos autores mediatos de los delitos que se investigan en la causa. Por otra parte, requirió la pena de 11 años de reclusión para Pagano y Zaccaría, en cuanto fueron partícipes necesarios de los hechos.
Antes de terminar su alegato, Candioti exhortó a los imputados a que “rompan el pacto de silencio”, para que sus familiares puedan dar con el paradero del hermano mellizo de Sabrina; y bregó por que se haga justicia.
La causa
La investigación tuvo su inicio en la denuncia realizada el 18 de mayo de 2005 por el entonces coordinador del Registro Único de la Verdad, Guillermo Germano. En la presentación hizo referencia a dos clases de hechos: la internación de mujeres en estado de gravidez en el Hospital Militar de Paraná, quienes se hallaban privadas ilegítimamente de su libertad; y el asesinato y entierro clandestinos de personas en el Escuadrón Comunicaciones.
En ese contexto, se indaga sobre la apropiación de los hijos de Negro, quien fue detenida ilegalmente al igual que su pareja Edgar Tulio Valenzuela y su hijo menor Sebastián Álvarez, el 2 de enero de 1978 en Mar del Plata. La mujer fue trasladada desde la Quinta de Funes en Rosario hasta el nosocomio castrense, donde dio a luz a los mellizos.
http://www.analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=154400
5 Oct
“Mi padre me contó que a la nena se la llevaron Amelong y Pagano”
Entrevista exclusiva con el hijo del militar Paúl Navone
Pablo Navone es hijo del militar que se quitó la vida el día que debía declarar en Paraná por el robo de los mellizos de Raquel Negro. En su estudio contable de la localidad cordobesa de Jesús María recibió a EL DIARIO para una entrevista en la que no eludió respuestas. Dijo que su padre supo del parto en cautiverio, pero negó que se hubiera robado al mellizo varón. “Mi padre no mató a esa señora ni se llevó a ningún hijo”, dijo para afirmar luego que nadie en su familia tiene problemas en someterse a un ADN.
Por Juan Cruz Varela y Jorge Riani para EL DIARIO
Pablo Navone negó cualquier tipo de responsabilidad de su padre.
Pablo Martín Navone es contador público nacional. Así lo testimonia el diploma de la Universidad Católica Argentina (UCA) que cuelga en la pared de su estudio, situado en una céntrica esquina de la localidad cordobesa de Jesús María.
La prolijidad de la oficina parece ser el correlato lógico del orden marcial que exhibe una ciudad signada por la Escuela de Gendarmería: la institución que aporta el 10% de la población total y garantiza una movilidad económica estable y segura.
Al bajar de su Renault Megane, exactamente a las 15.30, Pablo Navone se revela como un hombre de notable puntualidad. Camina por entre las mesas de la cafetería ubicada frente a su estudio, y como si supiera que los cronistas lo esperaban allí, se dirige sin titubeos ante los enviados de EL DIARIO.
¿Era tan previsible el lugar de espera? ¿Será que en una región de 45 mil personas los rostros extraños resultan evidentes y los periodistas portan cara de periodistas y los contadores cara de contadores y entonces no había lugar a confusiones? Como sea, Pablo Navone acierta y se acerca al lugar correcto. Se presenta con formalidad de contador recibido en la UCA y accede a sentarse para que los enviados puedan tomar los cafés que una bellísima moza formoseña depositó en la mesa.
La instancia da lugar a una charla de ocasión referida al perfil de la ciudad conocida por su fiesta de jineteada y folclore. Unos diez minutos más tarde, la entrevista pautada comenzaba ya sí en el estudio, aunque con una única condición: que fuera una charla sin grabador.
GLOSARIO.
El hijo del militar Paúl Navone recibió a los enviados de EL DIARIO en su estudio.
Pablo Navone no duda en hablar de “guerra”, en lugar de terrorismo de Estado. No obstante, admite que hubo “excesos” por parte de las Fuerzas Armadas y considera que “no está mal que esos excesos sean revisados por la Justicia”.
Se lo ve convencido de lo que dice. “Estoy preparado para ser hijo de un militar”, enfatiza en un par de ocasiones. Su padre, Paúl Navone, es sujeto de acusaciones en el marco de la causa denominada Hospital Militar. El represor Eduardo Costanzo, al declarar ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, en el juicio a seis militares, aseguró que fue quien se quedó con uno de los hijos mellizos de Raquel Negro.
Sólo ahí Pablo, el hijo del militar, introdujo en su discurso una expresión coloquial: “Eso es una pelotudez”. Niega que su padre haya asesinado a Raquel Negro y aquí la respuesta fue casi similar: “Eso es una pelotudez atómica”.
De ese modo salió a responder también al militante peronista radicado en Barcelona Oscar Natalio Kopaitich, quien había dicho en declaraciones periodísticas que Paúl Navone “fusiló a Raquel Negro y se llevó al mellizo”, y también al militar Pascual Oscar Guerrieri, que había tenido expresiones similares en ocasión de una indagatoria en el juicio donde se lo juzga por el robo de los bebés nacidos en el Hospital Militar.
En la entrevista con EL DIARIO, Pablo Navone no eludió ninguna respuesta y se refirió también al suicidio de su padre. El teniente coronel Paúl Alberto Navone apareció muerto, con un balazo en la sien derecha y una pistola calibre 9 milímetros en la mano, el mismo día que debía declarar en Paraná por la causa que ahora se juzga.
–¿Por qué cree que tomó la decisión de quitarse la vida?
–Yo considero que mi padre era una persona honorable y que no estaba dispuesto al manoseo de ser sometido a una causa judicial. Participó de la guerra contra la subversión y cumplió actos de servicio, y lo hizo convencido de que era lo que tenía que hacer. No se quedó con ningún mellizo ni le pegó un tiro a Raquel Negro. Pero sabía que no habría justicia para él, que lo meterían preso y no saldría nunca más. En la carta que dejó para la familia nos dice: “Les dejo este dolor y esta paz”.
–¿Cuál fue la reacción de su padre ante la citación a declarar?
–Nosotros somos gente de una vida familiar muy intensa y todos estamos al tanto de la vida de todos. Sabíamos de la preocupación que él tenía porque decía que no había tenido una participación trascendental en estos hechos; pero estaba nervioso, incómodo, ante esa situación, así que cuando lo citaron a declarar contratamos al mejor abogado que pudimos (Justiniano Martínez), a pesar de que él no quería.
Alterado por la citación
El militar Paúl Navone fue citado a declarar como imputado el lunes 25 de febrero de 2008. Unos meses antes Costanzo había dicho ante la jueza federal Myriam Galizzi que el operativo de traslado de Raquel Negro a la capital entrerriana para dar a luz estuvo a cargo del “mayor Navone, del Hospital Militar de Paraná”.
Esa situación había generado preocupación e intranquilidad en Navone, aún en los meses previos a recibir la requisitoria judicial. Su hijo Pablo nunca antes había hablado del asunto con él. “De este tema no hablaba. Nunca profundizaba sobre lo que había sido su accionar durante la guerra contra la subversión ni qué grado de responsabilidad había tenido porque nos quería mantener al margen”, afirmó en la entrevista con EL DIARIO.
–¿Qué intervención tuvo su padre en el operativo de traslado de Raquel Negro?
–Puede ser que tuviera alguna participación, que la recibiera a esta señora y que trabajara con alguna persona del Hospital Militar de Paraná. Qué rol cumplió, específicamente, no sé, aunque debe haber estado al tanto porque era agente de inteligencia. Pero no mató a esa señora ni se llevó a ningún hijo. En su esquema mental no correspondía hacer nada de eso porque además era una persona de fe.
Sin embargo, Pablo Navone aseguró que su padre le contó que “el chico estaba grave”, aunque no pudo precisar si conocía el dato porque le constara o porque se lo hubieran dicho. “Dijo que el chico estaba grave y falleció”, insistió, dejando en claro, ahora sí, que el agente de inteligencia estaba al tanto de los detalles de la operación. Y enseguida soltó una de las frases más contundentes de la charla: “Me dijo también que (Juan Daniel) Amelong y (Walter) Pagano se llevaron a la nena y la dejaron en un orfanato”. La referencia es coincidente con lo que declarara el propio Costanzo en el juicio.
El entrevistado no omitió referirse a quienes atribuyeron a su padre haber asesinado a Raquel Negro para apropiarse del mellizo. Sobre el militante Kopaitich dijo que “ofende” y “lastima” con sus declaraciones y que sus dichos “son propios de alguien que participó de la guerra desde el otro lado y, entonces, tiene cierto rechazo por aquellos que tuvieron las botas puestas”.
Respecto de las acusaciones lanzadas por Guerrieri y Amelong en el juicio, apeló a una respuesta más bien pragmática y de sentido común: “¿A quién es más fácil echarle la culpa? Mi papá murió y le echaron la culpa. A otra cosa mariposa”.
Sobre Costanzo se explayó un poco más. Negó que fuera amigo de su padre y dijo que nunca habló de él hasta noviembre de 2007, cuando se enteró de lo que había declarado en el Juzgado Federal de Paraná; afirmó además que se contradice en sus declaraciones y que tiene “una actitud de inculpar a otras personas”. Sin embargo, reconoce que “algunas de las cosas que dice son verdad, porque gracias a su testimonio encontraron a Sabrina”, pero puso en cuestión los motivos por los cuales se presenta ante los estrados judiciales: “No se qué puede pasar por su cabeza; quizás quiera redimirse, quizás esté enojado o tal vez quiera repartir la porquería. Su actitud me genera mucha tristeza, es feo vivir en el odio”.
Perfil
Paúl Alberto Navone apareció muerto el 25 de febrero de 2008. Ese día debía presentarse a declarar como imputado en la causa en la que se investigaba el robo de los bebés de Raquel Negro y Tulio Valenzuela.
Navone tenía 62 años, había nacido en Casilda y vivió allí con su madre y un hermano menor. Tuvo una infancia difícil: a los 8 años falleció a su padre y tiempo después sufrió un accidente provocado por la explosión de una bolsa de cohetes que llevaba en un bolsillo y, aunque no tuvo secuelas, le dejó una gran cicatriz en la pierna.
En su temprana adolescencia inició la carrera militar y se fue del pueblo cuando ingresó al Liceo Militar General Belgrano, en la capital santafesina, aunque luego continuó como cursante en Campo de Mayo.
La década de 1970 lo encontró como integrante de la principal unidad de inteligencia del Ejército: el Batallón 601, un grupo operativo integrado por militares y civiles que se movía irrestrictamente en distintas zonas del país. En su caso, estuvo destinado un año en Rosario, tres años en Santa Fe, más tarde fue enviado a Córdoba y en 1975 a Buenos Aires. Entre el 15 de diciembre de 1976 y el 31 de diciembre de 1977 estuvo en Paraná como integrante del Destacamento de Inteligencia 122. De allí marchó a Formosa, donde cumplió funciones hasta el fin de la dictadura, pero en 1982 también estuvo en Malvinas. Su carrera terminó en Rosario en 1991.
Su familia ya estaba radicada en Córdoba y cuando se retiró del Ejército, Navone compró una casa en la pequeña localidad de La Granja. Entonces trabajó para una empresa de televisión por cable y después puso un bar y restaurante en Ascochinga. Al lado de la parrilla tenía un pequeño hospedaje con algunas habitaciones con las que solía aprovechar el excedente de reservas del hotel de la Fuerza Aérea. Eligió ese lugar para entregarse a la muerte una madrugada. “Fue sepultado en La Granja y tiempo después sus restos fueron cremados y sus cenizas esparcidas en distintos lugares con los que guardaba gran cariño”, contó su hijo.
ADN
El motor del proceso judicial ha sido siempre la búsqueda del mellizo varón que continúa desaparecido. A partir de los testimonios surgidos en el juicio, los fiscales Mario Silva y José Ignacio Candioti impulsaron una investigación alrededor de la familia Navone. Palabras más, palabras menos, pidieron que se establezca el origen de un hijo –que vive en España– y un sobrino de Paúl Navone. Tampoco sobre ese punto Pablo Navone evadió respuestas. “Pienso en Sabrina y Sebastián, que les han dicho que su hermano está vivo. ¡Cómo no lo van a buscar! Yo lo haría. Es legítimo el interés que tienen y si el juez hace lugar y eso contribuye a la paz de ellos, hay que hacer el ADN”, enfatizó ante los cronistas de esta Hoja.
–¿Habla por usted o por sus hermanos?
–Por mí, por mis hermanos y, en cierta manera, también por mis primos. Nosotros somos hijos del dolor y ellos también. Si sirve para que ellos encuentren la paz, estamos dispuestos a hacernos un análisis de ADN. El fin de la entrevista fue abrupto. El hombre consideró que ya no había más que decir y que tenía obligaciones laborales que atender ante la inminencia de un viaje a España. Entonces, con misma cortesía inicial, despidió a los periodistas y se internó entre papeles y libros de contabilidad.
3 Oct
Este martes se inicia el último tramo del juicio por robo de bebés
Se espera que el acusado Amelong se extienda durante gran parte de la mañana en su ampliación de indagatoria. No se descarta que declaren otros represores. Después, si hay tiempo, se presentarán los alegatos.
EN PRIMER FILA, DE IZQUIERDA A DERECHA: LOS IMPUTADOS GUERRIERI, AMELONG Y GONZÁLEZ. (FOTO: UNO/JUAN IGNACIO PEREIRA)
A las 9 de este martes se iniciará el tramo final del juicio por robo de bebés en Paraná, con la ampliación de la indagatoria de al menos uno de los acusados y los alegatos de las querellas y los fiscales, de acuerdo a las estimaciones iniciales del Tribunal Oral Federal. De ajustarse todo a los tiempos previstos, ya la semana que viene se conocería la sentencia, se indicó a UNO.
No obstante, Juan Daniel Amelong buscará convertirse en el protagonista de la jornada y su intervención –ya solicitada en la última audiencia– podría extenderse indefinidamente. El represor, que también es abogado y ejerce su propia defensa en conjunto en el defensor oficial Mario Franchi, se dedicaría a utilizar su ampliación de indagatoria para solicitar medidas probatorias de difícil cumplimiento. En el juicio que se desarrolló en Rosario por la causa Guerrieri, que le valió una condena de prisión perpetua, pidió más de 90 y todas le fueron rechazadas.
Esa situación, ya vivida por algunos de los abogados querellantes en Rosario, hacen suponer que la voz de Amelong se escuchará durante gran parte de la mañana y podría condicionar la presentación de los alegatos durante la misma jornada. Además, en el medio debe realizarse la introducción por lectura de las pruebas documentales y testimoniales que correspondan.
De todos modos, Amelong podría no ser el único en ampliar su indagatoria. En su momento el procesado Marino González también había solicitado hacer uso de la palabra, aunque luego su defensa dio marcha atrás. De la misma manera, es una incógnita si el médico militar Juan Antonio Zaccaría decidirá volver declarar.
En caso de que no puedan completarse los alegatos este martes, continuarían los días siguientes. El orden previsto es: las querellas (en forma unificada), la Fiscalía y las defensas. Luego será el momento de las réplicas y contrarréplicas y posteriormente las últimas palabras de los imputados. La idea original del Tribunal era dar a conocer su sentencia el jueves 13, pero esto podría variar.
Las penas
El juicio por la causa Hospital Militar tiene por finalidad determinar las responsabilidades penales por el robo y la supresión de identidad de los hijos mellizos de los detenidos-desparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela, nacidos en el nosocomio castrense paranaense entre febrero y marzo de 1978. Sabrina Gullino, uno de esos hijos, fue encontrada a fines de 2008 y se le restituyó su identidad biológica.
Uno de delitos investigados es el que está previsto en el artículo 139 inciso 2º del Código Penal, que prevé que se impondrá prisión de dos a seis años “al que, por un acto cualquiera, hiciere incierto, alterare o suprimiere la identidad de un menor de 10 años, y el que lo retuviere u ocultare”. El 139 bis establece que será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años “el que facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare en la perpetración de los delitos comprendidos en este Capítulo (Supresión y suposición del estado civil y de la Identidad), haya mediado o no precio o promesa remuneratoria o ejercido amenaza o abuso de autoridad”.
El otro delito está descripto en el artículo 146, que prescribe: “Será reprimido con prisión o reclusión de 5 a 15 años, el que sustrajere a un menor de 10 años del poder de sus padres, tutor o persona encargada de él, y el que lo retuviere u ocultare”. Además el 147 indica que “en la misma pena incurrirá el que, hallándose encargado de la persona de un menor de diez años, no lo presentara a los padres o guardadores que lo solicitaren o no diere razón satisfactoria de su desaparición”.
Por estos crímenes, cometidos en el marco del plan sistemático de represión ilegal que tuvo vigencia en el país entre 1976 y1983, son juzgados los militares de Inteligencia Juan Daniel Amelong, Pascual Oscar Guerrieri, Marino Héctor González y Jorge Alberto Fariña; el agente civil de Inteligencia Walter Salvador Dionisio Pagano y el médico militar Juan Antonio Zaccaría.
3 Oct
para el querellante Ciarniello Ibáñez, Amelong introducirá “falsas contradicciones” La nueva declaración del imputado se realizará el martes.
En el marco del juicio por la Causa Hospital Militar, el represor Juan Daniel Amelong realizará una ampliación indagatoria, tras el receso que culminará el martes. Según estimó la querella, su declaración se basará en “falsear los hechos e introducir falsas contradicciones” entre los testimonios que dieron cuenta del robo de bebés durante la última dictadura cívico militar. En ese sentido, Lucas Ciarniello Ibáñez, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, informó que luego de ese paso llegará la hora de los alegatos, que la querella y la fiscalía decidieron realizar en forma conjunta. “Luego del cuarto intermedio que tenemos hasta el martes 4 de octubre, se realizará la ampliación indagatoria que ya Amelong manifestó querer hacer. No sabemos cuánto tiempo se tomará el imputado. Luego, el presidente del Tribunal, (Roberto) López Arango, ya nos manifestó que se realizará todo el proceso de Introducción por Lectura de toda la prueba documental”, indicó Ciarniello Ibáñez.
Según aclaró el letrado, ese último paso significa que se leerá toda aquella prueba documental que forma parte del acerbo probatorio junto a las testimoniales que se produjeron durante el juicio.
“Luego se iniciaría la ronda de los alegatos, comenzando por los de la querella, que haremos de forma conjunta. La Secretaría de Derechos Humanos que yo represento; la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, representadas por Ana Oberlin y Álvaro Baella; Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), representados por Florencia Amore y Álvaro Piérola, que también representan a Sebastián Álvarez y Sabrina Gullino, todos haremos un solo alegato acusatorio”, detalló.
A la vez, comentó a APF que si Amelong demora su declaración, es probable que los alegatos de la querella pasen al miércoles.
“Teniendo en cuenta la experiencia de Amelong como imputado en el juicio a (Pascual) Guerrieri en Rosario y habiendo estado yo también en ese juicio, es probable que dé una versión de los hechos totalmente falseada desde su punto de vista y tratará de introducir falsas contradicciones”, argumentó.
Por último, Ciarniello Ibáñez dijo que luego llegará el turno de “los alegatos de la defensa, que no sabemos qué día se producirán. Después todo queda por verse, porque tenemos el derecho a réplica de todas las cuestiones introducidas por la defensa en sus alegatos y que nosotros no hemos incluido en los nuestros. A la vez, ellos también tienen posibilidad de contrarréplica. Para concluir, llegarán las palabras finales de los acusados y finalmente vendrá la sentencia”.
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3 Oct
