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Operación Paraná, la verdad que se supo luego de 30 años
El caso de los mellizos robados a Raquel Negro fue parte del plan de Inteligencia que se conoció como Operación México, con el cual la dictadura intentó asesinar a la cúpula de Montoneros
por A.H. para Diario UNO
La tarde del domingo 23 de noviembre de 2008, en la casa familiar de Villa Ramallo, Sabrina Gullino recibió la notificación del Juzgado Federal de Paraná por la cual se citaba a sus padres a declarar en la causa Trimarco. Ella, que por entonces tenía 30 años, sabía desde siempre que era adoptada y últimamente sospechaba que sus progenitores biológicos podrían haber sido víctimas del terrorismo de Estado. Pero no sabía qué era la causa Trimarco; su padre, Raúl Gullino, pensaba que podría tratarse de un juicio iniciado por una aseguradora de autos, porque una vez, muchos años antes, había chocado cerca de la capital entrerriana. En ese mismo momento, Internet tuvo la respuesta: los estaban citando para testimoniar en el marco de una investigación por robo de bebés durante la dictadura.
Un mes después, Sabrina conoció a su hermano de sangre, Sebastián Álvarez. El Banco Nacional de Datos Genéticos acababa de confirmar la relación de sangre que los unía en un 99,9999%. Era el desenlace de una pesquisa judicial que se inició el 18 de mayo de 2005, cuando el coordinador del Registro Único de la Verdad, Guillermo Germano, llevó a la Justicia un anónimo que le habían tirado por debajo de la puerta y denunció los posibles delitos de apropiación de menores nacidos en el Hospital Militar de Paraná durante el cautiverio de sus madres y de sustitución de sus identidades. El expediente comenzó desde entonces a crecer en pesados volúmenes, bajo la carátula Guillermo Germano s/ su denuncia«; para luego adquirir por nombre el del principal responsable de la represión ilegal en Entre Ríos, el general Juan Carlos Ricardo Trimarco. Enseguida se constituyó como querellante Sebastián, ya que la investigación se centró en el caso sobre el que parecía haber más pruebas a mano, el de su madre Raquel Negro, embarazada de seis meses cuando fue secuestrada el 2 de enero de 1978.
Los jueces federales Myriam Galizzi y Gustavo Zonis –los que más participación tuvieron–, los fiscales federales Mario Silva y José Ignacio Candioti, los abogados representantes de la querella que fueron interviniendo en distintas etapas –Marina Barbagelata, Marcelo Baridón, Gamal Taleb, Álvaro Piérola, Florencia Amore; los representantes de Abuelas de Plaza de Mayo Ana Oberlin y Álvaro Baella, y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Lucas Ciarnello–, el Registro Único de la Verdad y los organismos de Derechos Humanos lograron reconstruir cómo sucedieron los hechos. Raquel Negro y su pareja, Tulio Valenzuela, junto con el pequeño Sebastián –hijo de Raquel y Marcelino Álvarez, ya desaparecido en aquel entonces–, fueron secuestrados en la puerta de la tienda Los Gallegos de Mar del Plata por un grupo de tareas del Segundo Cuerpo de Ejército y trasladados al centro clandestino de detención conocido como la Quinta de Funes, en las afueras de Rosario. Allí los miembros de la patota del Destacamento de Inteligencia 121 mantenían secuestrados a un grupo de integrantes de Montoneros, movimiento al que también pertenecían Raquel y Tulio. A cambio de dejar al niño con sus abuelos maternos, la pareja simuló aceptar la propuesta de participar de la Operación México, que tenía como propósito asesinar a Mario Eduardo Firmenich y otros dirigentes de la cúpula de esa organización armada que residían en ese país. Tulio, también conocido como Tucho, viajó junto con un grupo de agentes de Inteligencia, pero una vez en tierra azteca logró escaparse y desbaratar la operación: el 18 de enero de 1978, en una conferencia de prensa en la casa montonera, denunció el plan de inteligencia que tenía como cabeza al jefe del Segundo Cuerpo, Leopoldo Fortunato Galtieri. El 20 de enero de 2008, documentos que hizo públicos el National Security Archive, de los Estados Unidos, revelarían que los integrantes de la delegación fueron: Jorge Alberto Fariña, bajo el nombre falso de Eduardo Ferrer y cuyo nombre de guerra en Argentina era Sebastián; Juan Daniel Amelong, como Pablo Funes, Daniel; Jorge Cabrera, como Carlos Carabetta, Barba –los tres integraban el Destacamento de Inteligencia 121–; el montonero colaboracionista Carlos Laluf como Miguel Vila y Tuchocomo Jorge Cattone. En esa conferencia, Valenzuela responsabilizó a Galtieri por la vida de su mujer, que había quedado como rehén, y de los mellizos por nacer, aunque él todavía pensaba que era un solo bebé. Los espías argentinos fueron detenidos y expulsados. Mientras tanto, en Argentina, los represores levantaron la Quinta de Funes y llevaron a los detenidos a la escuela Magnasco de Rosario y posteriormente a la quinta La Intermedia, propiedad de la familia Amelong, ubicada a la vera de la autopista hacia Santa Fe y frente a una estación de servicios.
Operación Paraná
Los responsables de la represión ilegal en Rosario procedieron con Raquel como lo hacían con la mayoría de las secuestradas embarazadas: robaron sus bebés y les cambiaron sus identidades, para luego asesinarla a ella. Coordinaron el plan con las autoridades militares de Paraná, donde existía el Hospital Militar más cercano. Jaime Dri, sobreviviente de la Quinta de Funes, la Magnasco, La Intermedia y de la ESMA, dijo que fue trasladada dos veces a la capital entrerriana para controles prenatales. Luego, cuando todavía faltaba un tiempo para el parto, la volvieron a trasladar y nunca regresó. Desde 1984 se conocía de este viaje a Paraná, cuando Miguel Bonasso publicó Recuerdo de la muerte, basado en el testimonio de Dri.
La patota que comandaba Pascual Guerrieri coordinó el operativo con Trimarco y con el agente de Inteligencia Paul Navone. Internaron a Raquel en la guardia médica, donde habían instalado una precaria reja en la ventana. En una cama dormía la cautiva y en otra el custodio de turno, designado por Marino González, otro miembro del grupo de tareas. Cuando llegó el momento del parto la llevaron en camilla por el parque del nosocomio hasta la sala de Maternidad. Allí intervinieron médicos que no pertenecían a la institución. Primero nació el varón; la madre alcanzó a abrazarlo, pero rápidamente se lo llevaron. Después nació la nena. Ambos niños fueron ingresados a Terapia Intensiva, que estaba a cargo del anestesista y militar Juan Antonio Zaccaría. No era un lugar adecuado para recién nacidos, menos para el varón, que presentaba una cardiopatía congénita, según recordaría durante el juicio el médico que lo atendió, Alfredo Berduc. Ya no estaban bajo la esfera de cuidado de la madre ni de otros familiares y tampoco tenían nombres. En Terapia, por orden de Zaccaría, los inscribieron como NN. Las enfermeras los llamaron Soledad y Facundo.
Berduc, y posiblemente también el médico Juan Ferrarotti, gestionaron la derivación de los niños al Instituto Privado de Pediatría (IPP), ubicado en España 312, donde existía un servicio de Neonatología. Nadie avisó a la madre y mucho menos pidió su consentimiento. En el IPP ingresó primero la niña, el 4 de marzo. La registraron como «López, Soledad», proveniente del Hospital Militar. El 10 de marzo ingresó el varón, como «NN López» y con la misma procedencia. Se supone que durante ese lapso de seis días el bebé pudo haber estado en el hospital San Roque. En el libro de ingresos y egresos figura que ambos fueron dados de alta el 27 de marzo. Ese mismo día, a la noche, Sabrina (o Soledad), fue dejada abandonada en la puerta del Hogar del Huérfano de Rosario. El testigo Eduardo Costanzo dijo que los encargados de ese procedimiento fueron Juan Amelong y Walter Pagano. Lo mismo dijo el hijo de Navone, Pablo, reproduciendo lo que le contó su padre antes de suicidarse en 2008. En el orfanato registraron a la beba como «NN María Andrea». La Justicia de Menores la entregó en adopción a los Gullino.
A Raquel la asesinaron, la llevaron a La Intermedia en el baúl de un auto y la tiraron al mar en un vuelo de la muerte. Valenzuela fue degradado por la cúpula de Montoneros y enviado a la Argentina en la Primera Contraofensiva. Fuerzas de seguridad lo sorprendieron en la frontera con Paraguay y su cuerpo nunca apareció. Al bebé varón sus hermanos todavía lo buscan.
24 Oct
Sabrina: “Esperábamos la perpetua, pero estamos contentos” y “vamos a encontrar al melli”
Sabrina Gullino, hija de la desaparecida Raquel Negro, que nació en el Hospital Militar de Paraná y recuperó su identidad hace dos años, brindó sus apreciaciones, tras escuchar el adelanto de sentencia a los represores acusados en el marco de la causa por robo de bebés cometido en la última dictadura militar.
“Esperábamos la perpetua, por la figura de la desaparición forzada de personas, pero estamos contentos”, señaló la joven, ante Elonce TV, minutos después de que el Tribunal Oral Federal de Paraná condenara a Oscar Guerrieri a la pena de 14 años de prisión; a Jorge Alberto Fariña y Juan Daniel Amelong a 13 años; a Juan Antonio Zaccaría a cinco años; a Walter Pagano a 11 años y absolviera a Marino González.
“Comprobamos que los juicios tienen un valor social. Para la familia del melli sirvió para comprobar que está vivo y que estamos cerca” de encontrarlo, manifestó. Y reveló: “Me sirvió para pensar en mis papás, en el Mencho (Germano) y también estoy muy emocionada por toda la gente que se movilizó hasta Paraná”.
“Está bueno que este momento se esté dando, que estemos todos juntos, con la familia Negro y Valenzuela. Estamos muy emocionados, porque es un momento muy fuerte”, resaltó además Sabrina, quien de todas maneras destacó el camino que sigue en la búsqueda de su hermano mellizo.
“Ahora queda la otra causa, del melli, que se sigue en instrucción. Se cierra esta instancia, con esta condena, que estábamos esperando un poco más, pero reconstruye a nuestro país. Y me voy tranquila de este juicio”, afirmó.
En ese sentido, indicó: “Desde que empezó el juicio, hemos recibido varios datos de posibles chicos que pueden ser el melli. Y los tomamos con mucha cautela”.
Por último, Sabrina admitió que la absolución de Marino González “es la parte más dolorosa, pero para los abogados era una posibilidad”. Y ahondó: “La familia hubiéra esperado la condena”. No obstante insistió: “A los imputados se les brindó todas las garantías y estamos pensando mucho en las enseñanzas que nos dejaron las Madres, apostando a la Justicia”.
Reflexiones
Tras escuchar la sentencia a los represores, Julián Froidevaux, integrante de HIJOS regional Paraná, manifestó ante Elonce TV: “Desde HIJOS se espera poder dar con el paradero del mellizo, pero pudimos reencontrarnos con Sabrina en 2008 y continuamos”.
“Esta es una instancia de una lucha larga, que continuamos y que sabemos que va a durar muchos años más”, afirmó además el militante por los derechos humanos, que subrayó: “La exigencia desde la querella y desde la calle es que el Poder Judicial de la Nación para las generaciones venideras deje un claro mensaje con respecto a qué hace el Estado argentino con aquellos que han secuestrado, torturado, robado bebés y asesinado personas sistemáticamente durante la última dictadura”.
Finalmente, María Luz Piérola, integrante de AFADER y de la Mesa por el Juicio y Castigo, aseveró: “Estamos felices porque se los condenó. Tuvimos el juicio y castigo”. Y resaltó también que se abre otro juicio por la búsqueda del hermano mellizo de Sabrina Gullino y “otras causas que tienen que ver con otras facetas del Terrorismo de Estado».
22 Oct
Sentencia completa Hospital Militar
Esta es la parte resolutiva de la sentencia… mas abajo está completa con los fundamentos
SENTENCIA:
1.- NO HACER LUGAR a la nulidad de la acusación planteada por el Sr. Defensor Público Oficial con adhesión del Defensor Particular Humberto Franchi.
2.- RECHAZAR la prescripción de la acción interesada por la Defensa Oficial que contara con la adhesión del Defensor Particular Humberto Franchi.
3.- DECLARAR a Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong y Walter Salvador Dionisio Pagano, cuyos datos personales obran en la causa, coautores responsables del delito de sustracción de un menor de diez años del poder de sus padres, tutor o persona encargada (art. 146 del C.P., dos hechos) y del delito de alteración o supresión del estado civil de un menor de diez años (art. 139 inc. 2° del C.P., dos hechos) ambos con ley vigente al momento del hecho N° 11. 179, en concurso real (art. 55 del C.P.).
4.- DECLARAR a Juan Antonio Zaccaría, cuyos demás datos personales obran en la causa, participe necesario del delito de sustracción de un menor de diez años del poder de sus padres, tutor o persona encargada (art. 146 del C.P., dos hechos) y del delito de alteración o supresión del estado civil de un menor de diez años (art. 139 inc. 2° del C.P., dos hechos) ambos con ley vigente al momento del hecho N° 11. 179,en concurso real (art. 55 del C.P.).
5.- CONDENAR, en consecuencia, a Pascual Oscar Guerrieri a la pena decatorce (14) años de prisión, Jorge Alberto Fariña a la pena de trece (13) años deprisión, Juan Daniel Amelong a la pena de trece (13) años de prisión, Walter Salvador Dionisio Pagano a la pena de once (11) años de prisión y Juan Antonio Zaccaría a la pena de cinco (5) años de prisión, con más la inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena (art. 12 primera parte, del Código Penal).
6.- DISPONER oportunamente y por quien corresponda, la acumulación de penas y/o condenas a que hubiere lugar en cada caso de conformidad a lo dispuesto por el art. 58 CP.
7.- ABSOLVER a Marino Héctor González por los delitos que le fueran imputados en las requisitorias de elevación de la causa a juicio (arts. 139 inc. 2° y 146 C.P. en concurso real), disponiendo su libertad en la presente causa.
8.- IMPONER las costas de la causa a los condenados en un quince por ciento (15 %) a cada uno, declarando de oficio las correspondientes al absuelto (art. 531 del C.P.P.N.).
9.- TENER PRESENTE las reservas de recurso de casación y extraordinario federal efectuadas por las partes.
10.- MANTENER las prisiones domiciliarias de Pascual Oscar Guerrieri y Juan Antonio Zaccaría, en las condiciones oportunamente concedidas.
Ver el fallo completo de 166 páginas
22 Oct
Los militares juzgados por robo de bebés permanecen en Paraná
Radiografía de los días en prisión de los genocidas
Cuatro represores se encuentran alojados en la unidad penal. Allí conviven en un pabellón especial con otros miembros de fuerzas de seguridad e imputados por violaciones a los derechos humanos. Solo Jorge Fariña, Marino González, Daniel Amelong y Walter Pagano son los que permanecen en la cárcel.
Por Juan Cruz Varela para EL DIARIO
El primer juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de Entre Ríos durante la última dictadura está pronto a ingresar en la etapa final y los seis represores imputados permanecen detenidos en la capital provincial, aunque solo cuatro de ellos se encuentran en prisión, uno está en su casa y otro en un geriátrico.
Los ex militares sometidos a juicio cumplieron hace pocos días un mes en los lugares de detención de la capital entrerriana. Jorge Alberto Fariña, Marino Héctor González, Juan Daniel Amelong y Walter Salvador Pagano permanecen en la Unidad Penal Nº 1; Pascual Oscar Guerrieri se encuentra en un geriátrico privado ubicado en las afueras de la ciudad, ya que goza del beneficio del arresto domiciliario; y el médico anestesista Juan Antonio Zaccaría se encuentra en su casa.
No están cómodos los militares alojados en la cárcel de Paraná. En el añejo edificio de calle Marcos Sastre conviven 291 internos y las condiciones de detención distan mucho de tener comodidades. En ese gran caserón antiguo, donde la privación de libertad es la herramienta punitiva para la reinserción de aquellos que cometen delitos, habitan en celdas pequeñas, frías, húmedas y superpobladas. Ese es el submundo carcelario.
Pabellón 5. Los represores fueron alojados en un pabellón al fondo de la unidad penal. Se trata de una construcción añeja, de techos muy altos, en la que se encuentran alojados exclusivamente ex agentes de las fuerzas de seguridad. Allí conviven 27 personas en ocho celdas y los cuatro imputados por la sustracción y sustitución de identidad de los hijos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela comparten una habitación, junto con otros tres procesados en la causa Área Paraná.
Los ex militares detenidos usan un patio interno techado y tienen total libertad para moverse dentro del pabellón durante todo el día, pero por cuestiones de seguridad no tienen contacto con el resto de la población carcelaria.
El pabellón tiene las puertas cerradas con candados y cuenta con un espacio común en el centro. Allí hay un teléfono público, televisor, servicio de Cablevideo y un sistema de video. En la cárcel hay servicio de Internet, pero el acceso está restringido a los talleres y la escuela y es controlado por los docentes; pero los pabellones no tienen conexión ni computadoras y tampoco los reos pueden llevar las suyas. No está permitido que tengan heladeras propias ni estufas eléctricas por el riesgo de que se generen cortocircuitos en todo el antiguo sistema; tampoco hay cocinas pero sí un anafe. El baño es compartido y tiene cuatro mingitorios, tres inodoros y tres duchas.
Las habitaciones no tienen puertas, sino que la intimidad la obtienen a través de cortinas que cuelgan de las rejas; en el interior de las celdas, las camas son individuales y de una plaza y cada interno tiene su colchón, un juego de sábanas y tres frazadas.
Un día cualquiera. Fariña, González, Amelong y Pagano cumplen la misma rutina que el resto de la población carcelaria: desayunan a las 7, se higienizan y hacen el aseo de las celdas; pero luego no trabajan ni realizan tareas educativas. En rigor, ninguno tiene horarios ni tareas específicas, aunque sí realizan actividades recreativas en el campo de deportes de la cárcel durante una hora por día, a la tarde.
Juan Daniel Amelong es abogado y ejerce su propia defensa en el juicio. Por ese motivo, el tribunal lo autorizó para que dispusiera de su computadora personal dentro de la cárcel. El uso está restringido a la sala de computación y allí puede revisar las declaraciones de los testigos y preparar su defensa.
De hecho, hace unos días, un grupo de voluntarias que trabaja en la unidad penal se sorprendieron con el hombre de la cabellera teñida de rubio, peinado desprolijo y un par de anteojos delante de otro, ensimismado delante de su computadora portátil.
Todos los internos reciben visitas los miércoles y domingos. En el mes que llevan alojados en la cárcel de Paraná los represores han recibido esporádicamente a ex compañeros de armas, militares retirados del Ejército residentes en Paraná, que les brindan apoyo a sus “camaradas presos políticos” o “militares encarcelados a raíz de su actuación en el transcurso de la guerra interna”, como les dicen.
El único que puede salir de la prisión es Marino González. Su esposa está atravesando una enfermedad y una vez por semana un vehículo oficial lo traslada hasta su casa, en un coqueto barrio santafesino, donde permanece durante dos horas. Las salidas fueron autorizadas por el tribunal en las primeras audiencias del juicio y se concretan de acuerdo a la disponibilidad de personal que tenga el Servicio Penitenciario.
A estas condiciones pretendían escapar los represores. Por eso pidieron su traslado a unidades de otras fuerzas federales. “Cuando vieron las condiciones que había se querían morir”, dijo un agente penitenciario en absoluta reserva a EL DIARIO. Llegaron desde Campo de Mayo y se encontraron con otra realidad: la cárcel.
Dos en casa
Dos de los seis imputados por robo de bebés gozan del beneficio del arresto domiciliario: Pascual Oscar Guerrieri y Juan Antonio Zaccaría. Guerrieri tiene 76 años y dos condenas a cuestas por crímenes de lesa humanidad. “Cuánto me queda, no tengo salida por ningún lado, la única salida que tengo es la Chacarita”, dijo la primera de las tres veces que declaró ante el tribunal.
Para este juicio, Guerrieri abandonó su casa en el barrio porteño de Olivos y, después que le rechazaran alojarse en el Hospital Militar, recaló en un geriátrico privado. Luego de las testimoniales, planteó la posibilidad de regresar a su domicilio hasta la fecha de los alegatos, por cuestiones económicas. Pero no tuvo suerte. Así que permanece en Paraná. Sin embargo, tuvo algunas salidas para realizarse una serie de tratamientos médicos en el Hospital Militar, donde, dijo, lo atendieron “muy bien”.
El médico Zaccaría está próximo a cumplir 71 años y tiene arresto domiciliario desde fines de 2009, por lo que permanece en su casa de calle Tucumán de la capital entrerriana. A poco de haber sido detenido intentó quitarse la vida: colgó una sábana de un parante de la cama cucheta de su celda y se dejó caer, pero el travesaño cedió y el hombre cayó al piso pero no tuvo lesiones de consideración. Sin embargo, tuvo una recaída en su estado general y luego, mientras estaba internado en el Hospital San Martín con un cuadro cardíaco y de diabetes, sufrió un accidente cerebro-vascular, por lo que ya no volvió a la unidad penal.
http://www.eldiario.com.ar/diario/interes-general/nota.php?id=21551
29 Sep
El eslabón perdido de una historia escalofriante
El juicio por el robo de bebés nacidos en cautiverio durante la dictadura en el Hospital Militar de Paraná quedó a un paso de la instancia del pronunciamiento de los alegatos. Al cerrar la etapa de audiencias, quedaron registrados testimonios de la tarea macabra de los represores, contada en primera persona por alguien que participó. Pero la historia juzgada tiene un tramo que se interrumpe, el que habla del destino de uno de los niños robados.
por Jorge Riani para El Diario
jriani@eldiario.com.ar
En la cadena de testimonios, hay un eslabón que se pierde. Justo aquel que refiere al momento en que un niño recién nacido es retirado de un instituto privado de medicina y lo llevan hacia un lugar del que no se sabe, precisamente, por el extravío de ese eslabón. Se pierden los nombres propios y los lugares. Dónde está el niño; quién lo llevó.
El niño es uno de los hijos mellizos, el varón, que nació en cautiverio de Raquel Negro, su madre, y en su propio cautiverio y de su hermana melliza, Sabrina Gullino. Tras haber nacido en los primeros días de marzo de 1978 en el Hospital Militar de Paraná, fue retirado del lado de su mamá y lo trasladaron al Instituto Privado de Pediatría (IPP).
Si algo se sabe de la historia es porque en cada tramo hubo algún testigo que aportó datos. Y datos sobre datos, se conformó el relato. Se reestableció la historia.
El rol de los testigos en esta historia real, dramática y conmovedora, evoca al cautivo-testigo de “El Entenado”, aquel único sobreviviente de un barco asaltado al que los integrantes de una tribu antropófaga dejan vivo, precisamente, para que mire y cuente. Habían matado a todos los otros en forma sanguinaria y cruda. En la lógica creada por Juan José Saer, parecería que la tribu necesitaba ser observada para existir. Como sea, el relato, que se basa en una leyenda concreta de esta zona Litoral en años de la conquista española, trascendió por ese testigo. Pero eso es literatura.
En esta historia que se ventiló en Paraná, en lo que se conoce como el juicio por el Caso Hospital Militar, hay protagonistas vivos; es el drama contemporáneo, con la continuidad de un delito, como la desaparición forzada de personas y la sustitución de identidad aún en ejecución.
Y los testigos que aportaron las piezas para reconstruir la historia son enfermeras, empleados, administrativos, periodistas con la puntual excepción de militares y médicos.
Los militares y los médicos coincidieron en algunas frases: “no me acuerdo” y “yo no estuve”. El eslabón se pierde allí, aunque el trabajo que queda por delante es establecer si lo que dijo un testigo –un ex colaborador de la dictadura que reveló ya en un juicio previo por el cual fueron condenados cinco de los seis procesados– conduce hacia ese eslabón, hacia la respuesta adeudada: dónde está el mellizo varón, hijo de los militantes desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela.
El testigo es Eduardo Costanzo, un oscuro personaje que habló. Su relato constituyó una pieza de terror narrada en primera persona, y la veracidad de sus dichos fue remarcada por él mismo cuando dijo que la prueba de que no mentía era que Sabrina Gullino pudo ser hallada porque él denunció que tras ser robada fue abandonada en el Hogar del Huérfano de Rosario. “Me siento orgulloso de que Sabrina haya recuperado su identidad por mí”, se jactó en plena audiencia.
Costanzo aseguró ahora que al hermano de Sabrina lo robó un militar llamado Paul Navone. Se trata de un represor que se quitó la vida de un disparo en la sien el mismo día que debía venir a declarar por esta causa en la instancia de instrucción, ante la jueza Myriam Galizzi.
“Háganle un ADN al hijo de Navone, que el día que se mató lo mandaron a España, y al hijo del hermano de Navone, que vive en Casilda. Allí era vox populi que Navone tenía un hijo de desaparecidos, o él o el hermano”, dijo en la audiencia.
BRUTALIDAD
La declaración de Costanzo constituyó, quizás, la primera oportunidad en que se habló públicamente en Entre Ríos sobre la dictadura de una manera tan cruda, con detalles de la obra siniestra. Fue el relato de la dictadura vista en sus recodos más oscuros y descriptos para el mundo entero.
El robo de los mellizos Negro Valenzuela fue contextualizado en una obra criminal de gran envergadura, como fue la matanza de 16 militantes en la quinta personal de otro de los procesados, el militar Juan Daniel Amelong.
Costanzo habló de “la patota” al referirse al equipo represivo que integraron los procesados Amelong, Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Walter Salvador Pagano y Marino Héctor González. “Estos no eran combatientes; eran delincuentes, ladrones”, comenzó definiendo el colaboracionista al que el Ejército le puso el nombre de “Castro”.
Contó cómo mataban y robaban. El testimonio da cuenta de un perturbador nivel de cinismo generalizado entre los represores.
Las crónicas del día, las de los diarios de la jornada siguiente, no registraron todo lo que dijo porque Costanzo se explayó por fuera de los límites del hecho juzgado. Cómo síntesis, superada la inmediatez de la noticia, vale dejar registrado esa descripción del accionar represivo que hizo el testigo.
Dio cuenta que los represores eran los dueños de la vida y de la muerte. Pero también de los bienes que tomaban con la más descarada impunidad. “Uno le hizo hasta de ladrón a ellos”, dijo el personaje, en su rol ahora de testigo, con traje formal y corbata multicolor estampada de personajes de Walt Disney.
Ilustró su afirmación con una oscura anécdota. Dijo que cuando el procesado Fariña iba a ser trasladado a Posadas, sabía que necesitaría una lancha para disfrutar del Río Paraná, una camioneta y un auto nuevo. Entonces la patota robó las tres cosas y el militar se las llevó como propias.
Sobre la matanza de los militantes en la quinta de Amelong contó que simularon que iban a liberar una presa y entonces organizaron un almuerzo. En torno a la mesa había represores y presos políticos. Comieron, tomaron, brindaron, charlaron. Para coronar el almuerzo pusieron dos botellas de whisky. Una para los militares y otra para los presos. Ésta última estaba envenenada. Los presos fueron cayendo uno a uno y los que peleaban contra la muerte estallaban en llanto. La mujer que iba a ser liberada fue una de las que lloró. Lloró hasta caer muerta y su cuerpo, como los otros quince, recibió un tiro de gracia. Ese testimonio se escuchó esta semana en Paraná.
VUELOS DE LA MUERTE
Acusó puntualmente a Marino González de ser quien tiraba los cuerpos de los presos muertos o sedados al mar. “Sebastián y Sabrina –dijo hablando para los hijos de Raquel Negro, el primogénito y la melliza encontrada, que presenciaron todo el juicio– miren bien a este hombre porque es el último que toca a su madre. Él es el que tiraba la gente desde los aviones”. “Sebastián –agregó–, ese la mató a tu madre; la tiró al mar para que la coman los tiburones”. Y agregó que el acusado le contaba “cómo flameaban en el aire los cadáveres que tiraba desde el avión, y cómo se manchaba de sangre el agua cuando golpeaban”.
Según el testimonio, Raquel Negro fue asesinada y arrojada al mar, como los otros militantes. Los cadáveres de los 16 habían sido cargados en un camión Mercedes Benz y se sumó el cuerpo de la militante que fue llevado a la quinta de Amelong –también llamada La Intermedia, porque está entre Rosario y Santa Fe– en el baúl de un Peugeot 504, atado de pies y manos.
Pascual Guerrieri está considerado como el mandamás de la patota, que actuaba con el nombre castrense de “Jorge Roca”. De él Costanzo dijo que se quedó con la plata de un retroactivo que debía cobrar y que mató, que robó, que fue el que mandaba a la tropa de represores.
Por eso, al día siguiente, ya sobre el final de la semana, Guerrieri quiso hablar. Si bien desmintió que haya estado él en los operativos represivos, se mostró verdaderamente indignado porque no se quedó, dijo, con el dinero de Costanzo. No, eso no.
Pero confirmó que en el marco de la represión ilegal, los militares tuvieron campos de concentración para los prisioneros y agregó, quizás en un lapsus linguae: “Costanzo también conoció, participó y ejecutó”.
“Esto fue una guerra, y en toda guerra hay campos de concentración”. Pascual Oscar Guerrieri tiene una singular opinión sobre la tarea represiva por la que ya fue condenado en Rosario. Lo demostró en la última audiencia del juicio oral y público que ahora quedó en instancias próximas a los alegatos en los tribunales federales de Paraná.
Fuente: http://www.eldiario.com.ar/diario/interes-general/nota.php?id=21048
25 Sep
«El testimonio de Costanzo fue muy esclarecedor»
Así lo dijo Florencia Amore, abogada querellante en representación de Hijos, Sabrina Gullino y Sebastián Álvarez, luego de la declaración de Eduardo Costanzo, ex personal civil de Inteligencia del Ejército quien señaló a los cinco militares imputados en la causa como los responsables del traslado de Raquel Negro a Paraná para dar a luz y la posterior sustracción de sus mellizos.
En comunicación con el móvil de la emisora, Amore remarcó que en el testimonio de Constanzo «quedó bien en claro que grado de participación tuvo cada uno de los imputados».
[audio:http://mesajuicioycastigo.com.ar/causahospitalmilitar/files/2011/09/el-testimonio-de-costanzo-fue-muy-esclarecedor.mp3|titles=el-testimonio-de-costanzo-fue-muy-esclarecedor]http://www.lt14.com.ar/noticias/23788-el-testimonio-de-costanzo-fue-muy-esclarecedor.html
21 Sep
El gobierno provincial renunció a Torrealday: «Esto tiene que ver con la exigencia de justicia»
María Luz Piérola, integrante de la Comisión Provincial de la Memoria y del Registro Único de la Verdad de Entre Ríos, dialogó con LT14 sobre la determinación del gobierno provincial, mediante el Ministerio de Salud, de solicitarle la dimisión al médico Miguel Torrealday del cargo de asesor técnico. Al respecto, manifestó: «Debería de una vez por todas decir lo que sucedió con el mellizo».
El gobierno entrerriano decidió renunciar del cargo de asesor del Ministerio de Salud al médico paranaense Miguel Torrealday, como consecuencia del rol que tuvo como uno de los propietarios del Instituto Privado de Pediatría (IPP) al que fueron derivados los hijos mellizos de los detenidos políticos Raquel Negro y Tulio Valenzuela, nacidos durante el cautiverio de su madre en el Hospital Militar de Paraná en marzo de 1978 y las acusaciones que recibió, de parte de ex enfermeras del lugar, en el juicio oral y público que se está desarrollando. La decisión le fue comunicada el viernes a la tarde, ya que Torrealday, pese a que se lo pidieron desde el gobierno, no quiso presentar su dimisión al cargo.
La decisión le fue comunicada el viernes a la tarde, ya que Torrealday, pese a que se lo pidieron desde el gobierno, no quiso presentar su dimisión al cargo. En declaraciones al Departamento Informativo de LT14, María Luz Piérola, integrante de la Comisión Provincial de la Memoria y del Registro Único de la Verdad de Entre Ríos, se mostró sorprendida por la noticia, pero aseguró que es hora de que el médico informe sobre «lo que sucedió con el mellizo».
[audio:http://mesajuicioycastigo.com.ar/causahospitalmilitar/files/2011/09/el-gobierno-provincial-renuncio-a-torrealday-esto-tiene-que-ver-con-la-exigencia-de-justicia.mp3|titles=el-gobierno-provincial-renuncio-a-torrealday-esto-tiene-que-ver-con-la-exigencia-de-justicia]
19 Sep
Guerrieri dejó ver toda su furia
El represor se sintió tocado por la descripción del terrorismo de Estado que hizo el titular del Cemida. Pidió que lo fusilen en vez de ser juzgado.
Guerrieri fue quien sostuvo que Navone se quedó con el hijo varón de Raquel Negro.
Pascual Oscar Guerrieri, el militar retirado de más alto rango de los enjuiciados por robo de bebés en Paraná, pidió ampliar su declaración indagatoria este jueves, irritado por las expresiones de su camarada democrático Horacio Ballester.
La furia de Guerrieri –ex segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario– alcanzó su clímax cuando, con una alta dosis de teatralidad, pidió al Tribunal que lo fusile. “Hoy todavía sigue la guerra contra nosotros, ha tomado el camino jurídico. En todos lados están juzgando militares por esto. En primera línea de la guerra jurídica están los jueces federales. Cuando cambiaron la ley de Obediencia Debida, ¿por qué no pusieron la ley de fusilamiento? Estaría contento de estar frente a un pelotón de fusilamiento. Si es posible que nos fusilen, le peticiono a las autoridades”.
El represor intentó desligarse de la Doctrina de la Seguridad Nacional –sobre la que se había explayado Ballester– diciendo que como “soldado” no era “responsable de la política nacional que adoptan los gobiernos de turno”. Y agregó: “¿Qué podíamos hacer nosotros cuando el país adoptó una posición ideológica, política, en el bloque de naciones al que se adhirió?”.
Sin embargo, más adelante se refirió a esa Doctrina como una “mentira” y dijo: “Jamás he tenido en la mano ningún manual de la Doctrina de Seguridad Nacional, ni ningún norteamericano me vino a decir que hiciera esto. Lo hicimos en Argentina o lo hicieron los que lo tenían que hacer” .
15 Sep
Los que dicen presente en el juicio
Estudiantes, funcionarios, candidatos, militantes, docentes comenzaron a acercarse a las audiencias, a medida que avanza el desarrollo del primer juicio por delitos de lesa humanidad en Paraná.
Cada mañana, de miércoles a viernes, pocos minutos antes de las 10, arriban a la sede del Juzgado Federal de Paraná, en calle 25 de Mayo, los magistrados, los abogados, los testigos y los acusados. También llegan Sabrina Gullino y Sebastián Álvarez y decenas de militantes de organismos de derechos humanos y de periodistas que cubren las audiencias. Un poco menor, pero pareja, es la concurrencia en la sala habilitada para la prensa en calle Urquiza, en el edificio del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, desde donde se pueden seguir las alternativas del juicio en pantalla gigante.
A todas aquellas personas que de algún modo están obligadas a estar allí, se suman quienes deciden hacerse presentes: funcionarios públicos, dirigentes políticos, militantes, docentes, estudiantes y abogados desfilaron por el primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Entre Ríos que se está realizando desde el mes pasado en Paraná.
Avergonzados. El diputado nacional Raúl Barrandeguy estuvo en la apertura y en algunas audiencias. “Quisiera ir todos los días, pero por mi trabajo estoy en Buenos Aires parte de la semana y se me complica. He ido cada vez que pude y voy a seguir yendo”, contó a EL DIARIO.
“Asisto como un militante comprometido con los derechos humanos desde siempre. No soy un observador imparcial, sino que tengo una posición tomada, de compromiso con la querella, con la verdad, la memoria y la justicia, por supuesto enfrentada con estas manifestaciones del horror que todos los días, con las distintas declaraciones, nos ponen otra vez en ese tiempo espeluznante””, añadió el letrado.
Dijo también sentirse “estupefacto al ver como gente respetada de Paraná no tiene memoria acerca de cosas que a cualquiera le impactarían en el alma y las recordaría por siempre”. Y aprovechó para señalar: “No era solamente cuestión de algunos militares malos, sino que hubo sectores sociales indiferentes o que aplaudieron y aprobaron lo que sucedía. Hoy esta realidad les golpea en la cara y muchos deben sentirse avergonzados”.
Búsqueda.
El defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay, también lamenta no poder estar más tiempo por razones de trabajo. “No concurro por mi función, sino como ciudadano, ya que siempre he estado interesado y comprometido con los derechos humanos”, comentó.
Remarcó que “en este caso, hay que destacar la búsqueda de justicia, pero también la búsqueda del destino del mellizo” y exhortó: “Tiene que ser una preocupación de toda la ciudadanía y sería bueno que todos nos pusiéramos a investigar cada uno en su entorno, con sus padres y sus abuelos, porque alguien tiene que saber algo. Hay que ponerse en el lugar de Sabrina”, instó.
Garay concurre junto a su esposa, la odontóloga Viviana Poggio. Ella es hija del periodista Horacio Poggio, de Concepción del Uruguay, desaparecido en julio de 1976 en Córdoba.
Reparación. El ministro de Gobierno, Adán Bahl, estuvo presente en la apertura, día en que también llegaron al lugar la secretaria de Justicia, Lucila Haidar, y la senadora nacional Blanca Osuna. “Fuimos a la primera jornada del juicio, que constituye un hecho histórico de enorme relevancia, posible gracias al fuerte compromiso con los derechos humanos de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández y acompañado por el gobierno entrerriano”, expresó el funcionario a EL DIARIO.
“Desde el inicio de esta causa hemos acompañado activamente el proceso que culminó con la restitución de la identidad de la joven Sabrina Gullino y también estamos presentes ahora, cuando la justicia está cada vez mas cerca”, indicó luego. Y convocó a la ciudadanía a involucrarse: “Nuestra comunidad no será la misma tras la realización de este juicio y todos los entrerrianos deben interiorizarse y acercarse porque la reparación no será sólo para las familias afectadas en forma directa, sino para todos los argentinos”.
Contrato. La abogada penalista Noemí Berros siguió atenta varias jornadas. Consultada por este medio, explicó que su participación tiene que ver con que “es un acontecimiento muy importante tanto para la ciudad, como para la provincia”. Agregó que “este primer juicio por delitos de lesa humanidad aborda hechos muy graves de nuestro pasado y allí salen a la luz la verdad y la justicia, lo que reconstruye la memoria y evita que estos acontecimiento se repitan”.
“Como dice el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, este tipo de juicios ya forman parte del contrato social de los argentinos”, reflexionó la letrada. Y completó: “Los crímenes que no se juzgan terminan dejando de ser crímenes para la sociedad”.
Fantasmas. Para el concejal Martín Uranga, también presente en varias jornadas, “estar en el juicio es presenciar un sueño”. Explicó que concurre “con mucha expectativa”, como ciudadano, como militante y también por su rol de abogado.
Uranga es querellante en la causa Área Paraná, que se tramita por escrito, y destacó por ello “la riqueza que da la oralidad. En instancias como estas, que desgraciadamente no tendremos en la causa Área Paraná, se puede valorar la diferencia”, comparó.
“A pesar de silencios corporativos que tradicionalmente han existido, van surgiendo cosas en los testimonios de las enfermeras, por ejemplo, que en este contexto, ante un tribunal y con la discusión pública en torno a esta etapa, recuerdan cada vez más cosas. También estos juicios generan conciencia y provocan que quienes no se animaban a hablar, ante un contexto judicial y político que brinda garantías, se empiezan a liberar de los fantasmas”, concluyó.
Luciana Dalmagro
http://www.eldiario.com.ar/diario/entre-rios/19753-los-que-dicen-presente-en-el-juicio.htm
13 Sep
Los periodistas Miguel Bonasso y Carlos Del Frade declaran el miércoles
La próxima semana continuarán las audiencias que comenzarán el miércoles con las declaraciones de Bonasso y Del Frade, mientras que el jueves será el turno del periodista Reynaldo Sietecase y el padre adoptivo de Sabrina, Raúl Gullino. El viernes el testimonio será de Jaime Drí, sobreviviente de la Quinta de Funes; y se prevé para ese día que Estela de Carlotto, lo haga mediante videoconferencia.
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10 Sep
