admin

El tribunal anunció que el viernes 21 a las 17 dará a conocer su veredicto en el juicio por la causa Hospital Militar. Los represores tuvieron oportunidad de decir sus últimas palabras y de hacerse una vez más los desentendidos. Se escucharon las réplicas y contrarréplicas a los planteos de prescripción y de nulidad de las acusaciones que hicieron las defensas.

por Alfredo Hoffman (especial para Mesa Juicio y Castigo)

El Dr. Lopez Arango (centro) y la Dra. Lilia Carnero, integrantes del Tribunal. Foto: Pablo Churruarín

Al finalizar la audiencia de este viernes el presidente del Tribunal Oral Federal de Paraná, Roberto López Arango, declaró la clausura del debate y anunció que los jueces se retiraban a deliberar. Dentro de una semana, el viernes 21 a las 17, se conocerá la sentencia y una síntesis de los fundamentos en el juicio por el robo de los hijos mellizos de Raquel Negro nacidos en el Hospital Militar en 1978, una proceso que se inició en mayo de 2005 con la denuncia del coordinador del Registro Único de la Verdad, Guillermo Antonio Germano. Por primera vez se hará justicia y comenzará a borrarse la impunidad de los autores de los delitos de lesa humanidad cometidos en Entre Ríos durante la última dictadura cívico-militar.

Al inicio de la audiencia, la fiscalía y las querellas contestaron los planteos que efectuaron el jueves las defensas. La fiscal Marina Herel rechazó la solicitud de prescripción de los delitos argumentando que “el tema ya fue planteado en la instrucción de la causa y resuelto el 17 de noviembre de 2011 en un planteo del imputado Juan Daniel Amelong”. Además mencionó que estos crímenes “ofenden a la dignidad humana, a la vida y a la moral pública” y no prescriben por ser de lesa humanidad, tal como fueron enunciados desde la causa 13/84 –el Juicio a las Juntas– y como fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales internacionales.

El fiscal José Ignacio Candioti rechazó los planteos de nulidad de las acusaciones, que la defensa había realizado por la alegada violación al “principio de congruencia” –porque se habría variado la plataforma fáctica y las calificaciones legales y las responsabilidades– y por una supuesta inconsistencia porque no se habría establecido concretamente los roles de los imputados para la atribución de responsabilidades.

“El principio de congruencia exige que los hechos que les han sido endilgados a los encartados y se les ha hecho conocer como imputación sean los mismos por los cuales se los somete a juzgamiento (…) Los hechos no han variado desde que empezó esta causa. Siempre la plataforma fáctica fue la misma”, dijo Candioti.

Sobre la calificación legal dijo que “el Ministerio Público Fiscal siempre consideró que la normativa aplicable era la misma” y que, en todo caso, “si se hubiese variado tampoco se afecta el principio de congruencia porque no hay una variación en los hechos”.

También indicó que la variación en la atribución de las responsabilidades, de autoría mediata para todos a autoría mediata para cuatro y participación necesaria para dos, se realizó “fundadamente” y por lo acaecido durante el curso del debate.

Sobre la supuesta inconsistencia de la acusación dijo que “se explicó por qué los cuatro autores mediatos (Guerrieri, Amelong, Fariña y González) formaban parte de un aparato organizado de poder que ideó y dio las órdenes para que se ejecutara el plan de traslado de Raquel Negro secuestrada, se realizara el parto clandestino y la sustracción de los bebés y sustitución de sus identidades. También se explicó por qué Pagano y Zaccaría fueron partícipes necesarios”.

Desde la querella unificada, Álvaro Pierola adhirió a lo dicho por la fiscalía sobre la prescripción, en cuanto a la calificación de los hechos como constitutivos de delitos de lesa humanidad. “Todas las valoraciones de los defensores ya fueron tratadas por la Corte en los fallos Arancibia Clavel y Simón”, dijo el abogado, por lo cual los jueces no podrían apartarse de la imprescriptibilidad. “Declarar prescriptibles estos delitos a esta altura del partido es una tesitura aventurada”, sostuvo.

Florencia Amore también compartió lo manifestado por la fiscalía sobre el planteo por la supuesta vulneración del principio de congruencia procesal. “Ha existido identidad fáctica en los hechos por los cuales se los indagó, procesó, se requirió a juicio y se los acusó. No se ha visto menoscabado el derecho de defensa en juicio”, dijo la representante de HIJOS Paraná. Además dijo que la defensa debe demostrar que los imputados no cometieron los hechos, no en qué calidad de autores. El cambio se hizo, de autores mediatos a coautores, se efectuó luego de evaluar la prueba producida en el debate, que se realizó bajo las reglas del debido proceso, remarcó.

En las contrarréplicas los defensores oficiales Mario Franchi y Noelia Quiroga y el defensor particular Humberto Franchi insistieron con el pedido de prescripción y con las nulidades.

Últimas palabras de los genocidas

Este viernes cinco de los seis represores acusados aprovecharon la oportunidad para expresar sus últimas palabras. Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Pascual Oscar Guerrieri, Marino González y Walter Pagano se declararon inocentes y dijeron desconocer los crímenes por los cuales fueron responsabilizados. El médico y también militar Juan Antonio Zaccaría prefirió mantenerse en silencio.

El primero en declarar fue Fariña. “Yo también quisiera saber qué ha pasado con los mellizos de Raquel Negro”, manifestó. “Nunca impartí ordenes ilegales ni recibí de mis superiores ninguna orden ilegal. Costanzo es un delincuente y yo un hombre de bien”. Para defenderse, curiosamente, eligió una frase de Juan Domingo Perón: “La única verdad es la realidad y la realidad y la verdad es que en el momento de los hechos estaba de vacaciones en Mar del Plata y después fui afectado a tareas del mundial del fútbol en la subsede Rosario”.

“Es en este momento cuando uno más se siente el reo”, dijo Amelong, pretendiendo dar un marco de emotividad a sus últimas palabras. Luego cuestionó los juicios contra los represores de la dictadura citando al abogado y académico y ex funcionario de Mauricio Macri, Daniel Pastor, un conocido crítico de los organismos de derechos humanos y defensor de la prescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad: “Pareciera que los derechos humanos son la octava maravilla del mundo, cualquier cosa que se pueda contraponer es condenable y no tiene que ser atendida con las normas del derecho penal”.

Amelong criticó al Ministerio Público Fiscal porque “más que nadie es el que ha demostrado que respeta a pie juntillas la política de Estado que ha implementado este gobierno” y porque a su juicio no cumplió con su función de controlar la legalidad del juicio. Según dijo, hubo sólo una “apariencia de legalidad”.

Por otra parte, acusó al tribunal de no ser imparcial: “Se está procurando un momento político para producir el fallo y eso es dolo eventual. Están apurando el fallo, que salvo sorpresa va a ser condenatorio. No desconozco las presiones que tienen ustedes para fallar en este juicio histórico”.

De la misma manera cuestionó a los medios de comunicación locales y a los que tuvo acceso de alcance nacional: “Ninguno vino a verme para hacer una nota, porque lo que no quieren escuchar es la otra parte de la verdad, algo que sea diferente a la historia oficial: se está engañando a la población (…) Solamente esta resolución va a ser justa si es legal, de lo contrario no será justa y sí seguramente va a ser elogiada por esos medios oficialistas, o presionados, o por interés o por el cobro de la pauta; pero la historia no va a valorar un fallo no justo”.

El represor, que también es abogado, dijo que quiso ejercer su autodefensa en esta causa porque notaba poca predisposición de parte de quien era su defensor oficial en aquel momento, Juan Carlos Ferrari, en quien “no podía confiar”. Por el contrario, destacó “la lealtad y el profesionalismo del doctor Franchi”, quien “tiró por tierra todo lo mal que se venía haciendo antes”.

Guerrieri, en tanto, buscó desligarse de los hechos responsabilizando a su jefe en el Segundo Cuerpo de Ejército, Leopoldo Fortunato Galtieri, y nuevamente al militar que se suicidó en 2008, Paul Navone: “Yo era un teniente coronel, jamás podía interceder en la subsistencia de cualquier persona en el ámbito de Rosario. Galtieri tenía la potestad de ordenar lo que quisiera. Es muy claro que él puede haber ordenado directamente a un elemento dependiente como Navone que cumpliera esa misión. ¿Por qué iba a tocar elementos del 121? No nos tocó porque si yo tuviera que haber hecho ese plan, como un plan se hace de atrás para adelante, al primer tipo que tendría que haberle dicho lo que tenía que hacer es al señor Zaccaria, y a Zaccaría lo conocí acá”.

“Señor juez, basta del pasado, mientras estos juicios se prolonguen en el tiempo va a haber dolor, no de los que perdieron sus familiares, sino de todos. Si estos juicios siguen van a provocar heridas”, finalizó.

Marino González también dijo ser inocente. “No delinquí, no ordené delinquir, nadie que estuviera a mis órdenes delinquió. El personal que estaba a mis órdenes no vino en ningún momento a Paraná”, se defendió. “La privación de la libertad está relacionada con la posibilidad de que el Estado le permita al preso rehabilitarse e insertar nuevamente a la sociedad. En 30 años habré cometido alguna infracción de tránsito, ¿a mí me tienen que reinsertar?¿Por qué estoy acá?¿Será por venganza?”, subrayó.

Pagano, el ex agente civil de Inteligencia que eligió estar ausente durante la mayor parte del juicio, en su única declaración en dos meses, se acordó de Eduardo Costanzo, su ex compañero de patota que denunció a los procesados como intervinientes en el plan de robo de los bebés. “Soy inocente y con respecto a la denuncia de Costanzo es totalmente falsa. Nada más”, dijo.

Los representantes de los represores expusieron sus alegatos pidiendo la absolución para todos. Argumentaron la supuesta falta de pruebas que los incriminen en el robo de bebés. Responsabilizaron de los hechos al testigo Costanzo, a los fallecidos Navone y Galtieri y al demente Trimarco. Plantearon la prescripción de los delitos y la nulidad de las acusaciones. Las seguidores de Cecilia Pando se hicieron presentes por primera vez en el debate.

por Alfredo Hoffman (especial para Mesa Juicio y Castigo)

Los defensores pidieron este jueves la absolución de los seis represores acusados en el juicio por robo de bebés que se desarrolla en Paraná, argumentando supuesta falta de pruebas, el beneficio de la duda y la pretendida nulidad de las acusaciones. Además expusieron una hipótesis alternativa a la investigación de los hechos realizada hasta el momento, según la cual los responsables no serían los acusados sino el testigo Eduardo Costanzo, militares fallecidos y el jefe del terrorismo de Estado en Entre Ríos, Juan Carlos Ricardo Trimarco, declarado inimputable. De la misma manera, buscaron involucrar a los médicos que intervinieron en la atención de los hijos mellizos de Raquel Negro.

La jornada se extendió por casi ocho horas. En el cuarto intermedio del mediodía llegaron al escenario de las audiencias, por primera vez en lo que va del juicio, integrantes de la ultraderechista Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina (AFyAPPA), que encabeza María Cecilia Pando, esposa del mayor retirado Pedro Rafael Mercado. Eran menos de siete personas que se ubicaron en diferentes sectores de la sala y entablaron diálogo con la esposa del imputado Juan Antonio Zaccaría. Antes de retirarse comentaron que volverán a hacerse presentes este viernes.

El Tribunal Federal de Paraná, que integran Roberto López Arango, Lilia Carnero y Juan Carlos Vallejo, dispuso que este primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en Entre Ríos continúe este viernes a las 8.30, con las réplicas y contrarréplicas acerca de los planteos de prescripción y de nulidad de las acusaciones. Luego los procesados tendrían que expresar sus últimas palabras y se fijaría fecha para la lectura de la sentencia.

En la causa conocida como Hospital Militar se investiga el robo y la sustitución de identidad de los hijos mellizos de la pareja de militantes montoneros desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela, nacidos en marzo de 1978 en el nosocomio castrense paranaense. Uno de esos mellizos, Sabrina Gullino, recuperó su identidad a fines de 2008, mientras que el restante, un varón, continúa siendo buscado.

Los alegatos

El defensor oficial Mario Franchi responsabilizó en su alegato al “Tucu” Costanzo, al comandante y el subcomandante del Segundo Cuerpo de Ejército al momento de los hechos, Leopoldo Fortunato Galtieri y Luciano Jáuregui respectivamente; el comandante de la Segunda Brigada de Caballería Blindada con asiento en Paraná, Juan Carlos Ricardo Trimarco, y el ex integrante del Destacamento de Inteligencia 122 de Santa Fe con servicios en la capital entrerriana, Paul Alberto Navone. De ese modo pretendió desvincular a sus representados Pascual Oscar Guerrieri, Rubén Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Dionisio Pagano y Héctor Marino González, quienes revistaban en el DI 121 con asiento en Rosario y, según Franchi, no tenían “ni autoridad ni jurisdicción” sobre Paraná. “Nuestra hipótesis es que este hecho fue decidido por Galtieri y Trimarco y Navone fue autor mediato o directo”, aseveró.

De los cinco supuestos culpables señalados por Mario Franchi, tres ya fallecieron: Galtieri, Jáuregui y Navone. El tercero de ellos se suicidó cuando fue llamado a declarar en esta causa y hay testimonios que lo señalan como el presunto apropiador del varón. Un cuarto, Trimarco, fue declarado inimputable por incapacidad mental. Sólo uno de los indicados está vivo: el testigo Costanzo, también integrante del DI de Rosario. Sobre él basó el defensor oficial gran parte de su alegato, intentando desvirtuar las declaraciones que incriminaron a sus representados. Dijo, sintéticamente, que es un “mentiroso patológico”, un “fabulador”, que ha incurrido en “delirios” y tiene “enemistad” y “animosidad” hacia los acusados. En ese marco dijo tener “una lista 24 razones” que demostrarían que miente.

«Costanzo no miente sobre los hechos pero sí respecto de la autoría cuando debe protegerse y por eso responsabiliza a otros”, señaló, para luego asegurar que el ex agente civil de Inteligencia conocido como “El Tucu” conoce los detalles de los hechos porque tuvo “una intervención directa”, por lo cual opinó que debió ser imputado y no testigo.

Por otra parte, para la defensa oficial los delitos se consumaron en el momento que los bebés egresaron del Instituto Privado de Pediatría, adonde habían sido derivados desde el Hospital Militar, puesto que fue entonces cuando salieron de la esfera de cuidado de los médicos, quienes eran “garantes de la integridad física” de los niños. Antes de esa instancia “no se puede hablar de sustracción, por lo tanto todos los actos anteriores resultan impunes”, aseguró Franchi.

Además el abogado cuestionó la responsabilidad profesional de los médicos y recordó las “evidentes contradicciones” de algunos de los que declararon como testigos y sus “posibles renuencias a declarar” que fueron señaladas por el Tribunal. Ese fue el caso de Miguel Torrealday, uno de los socios del IPP, aunque Franchi no mencionó ningún nombre. “Las pruebas son contra la responsabilidad profesional de los médicos y no contra mis defendidos, a quienes nadie vio en Paraná e incluso los testigos dijeron no conocer”, afirmó.

Noelia Quiroga, quien comparte la defensa junto a Mario Franchi, planteó que el delito ya prescribió y que el plazo de esa prescripción se cumplió diez años después de que los menores apropiados cumplieron 10 años, es decir en 1998.

Además los defensores se opusieron al planteo de la querella de que los acusados sean condenados también por el delito de desaparición forzada de personas, para lo cual pidieron la pena de prisión perpetua, y al pedido de aplicación de la ley penal más gravosa para los imputados y más nueva (Nº 24.410) en lugar de la más benigna y vigente al momento de los hechos (Nº 11.179) para los delitos de sustracción de menores y sustitución de identidad.

Por su parte, Humberto Franchi, abogado del médico militar Juan Antonio Zaccaría, solicitó la absolución de su defendido en base a la supuesta ausencia de testigos que hayan reconocido su intervención delictiva y sosteniendo que su participación fue meramente “sanitaria”.

Subsidiariamente pidió que se lo contemple como partícipe secundario, porque habría actuado con “negligencia” pero no con dolo, y se le aplique la absolución por el principio de “pena natural”, argumentando para eso que el estado de salud del procesado es “deplorable” como “consecuencia” del encierro que atraviesa en forma domiciliaria. Asimismo se sumó al reclamo de la defensa oficial de la prescripción de la acción penal y al rechazo de la imputación por desaparición forzada de persona y pedido de pena en base a la aplicación de la ley penal más gravosa que hiciera la querella en su alegato.

Humberto Franchi pretendió desvincular a Zaccaría igualando su intervención en los hechos con las que tuvieron otros médicos que no fueron imputados, como los del Hospital Militar Alfredo Berduc y Juan Ferrarotti y los del IPP con Torrealday a la cabeza. Según dijo, la participación de su cliente fue “casual” y solamente “sanitaria”, consistente en intentar que los bebés no murieran derivándolos al Instituto de Pediatría, aunque en otra parte del alegato dijo no atendió a los niños sino que fueron Berduc y Zaccaría y que quien los derivó fue Berduc.

Además remarcó que su defendido, quien era jefe de Terapia Intensiva del hospital, a diferencia de los otros médicos, fue el único que reconoció que el nacimiento de sus bebés y la internación en esa sala como NN fue una situación irregular; pero no tuvo otro margen de acción que ir a quejarse a la dirección del nosocomio, donde le dijeron que no se metiera con el tema. “No podía devolver los bebés a la madre. A lo sumo le podemos criticar que no tuvo la suficiente fuerza para oponerse a la situación irregular. Las consecuencias que implicaba esto no era sólo la pérdida de trabajo para Zaccaría, era algo más. Podía haber sido uno más de la lista”, manifestó, en alusión implícita a los desaparecidos. Y agregó: “No le quedaba otra”.

Por otra parte, desligó al anestesista de la patota que integraban el resto de los acusados: “La madre estaba a cargo del grupo que la trajo y se la llevó, no de Zaccaría”. Manifestó que los coimputados no lo conocían y que no participaba de las acciones clandestinas que aquellos desarrollaban y para las cuales utilizaban nombres falsos. “Zaccaría no tenía un nombre supuesto. Todo el mundo lo conocía en el hospital”, aseguró. Luego comentó que “el plan sistemático de robo de bebés utilizaba pediatras y ginecólogos, no anestesistas”.

Los abogados pidieron una fuerte condena como coautores para Guerrieri, Fariña, Amelong, Pagano y González y como partícipe necesario para Zaccaría, por los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de los hijos de Raquel Negro y de desaparición forzada del bebé varón. Además exigieron que vayan a cárcel común. La fiscalía solicitó 14 años para Guerrieri, 13 para Fariña, Amelong y González y 11 para Pagano y Zaccaría.

Por Alfredo Hoffman (especial para Mesa Juicio y Castigo)

Los abogados de las partes querellantes pidieron este miércoles una condena de prisión perpetua de cumplimiento efectivo en cárcel común para todos los acusados en el juicio por la causa Hospital Militar, por los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de los hijos de Raquel Negro, la supresión de sus identidades y la desaparición forzada del mellizo varón. Se consideró partícipe necesario al médico militar Juan Antonio Zaccaría y coautores a Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Marino González y Walter Pagano. De la misma manera, solicitaron la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y tareas de seguridad privada; y que se revoque la prisión domiciliaria de la cual goza actualmente Guerrieri.

Subsidiariamente, para el caso que el Tribunal Oral Federal de Paraná no acepte la calificación del delito de desaparición forzada, se pidió una pena de prisión de 25 años e inhabilitación de cumplimiento efectivo.

Álvaro Baella, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, concluyó el extenso alegato de cuatro horas de las partes querellantes, calificando a los delitos de que fue víctima el bebé varón de Raquel Negro de “desaparición forzada” agravada por ser la victima una persona nacida durante la desaparición forzada de su madre, en concurso ideal con el delito de “supresión de estad civil de un menor de diez años”; todo esto en concurso real con la sustracción, retención y ocultación de un menor de diez años en concurso ideal con el delito de supresión de estado civil de un menor de diez años que tuvieron por víctima a Sabrina Gullino, la hija mujer de Negro.

Esos crímenes fueron considerados por los letrados como de lesa humanidad, que “repugnan a la humanidad en su conjunto”. El alegato tuvo varias referencias a las palabras de Sabrina y de su hermano mayor, Sebastián Álvarez, quienes al declarar en el juicio describieron de qué modo esos delitos los han perjudicado a ellos y a su familia a lo largo de más de 30 años. Al finalizar su exposición, Baella recordó cuando Sabrina interpeló a los acusados diciéndoles que debían estar arrepentidos de no haberla tirado al río, porque ahora, tanto tiempo después, un tribunal los estaba juzgando.

Además, el abogado Álvaro Piérola, representante de la organización HIJOS, hizo mención especial a la lucha de cuatro madres de desaparecidos de Paraná, Amanda Mayor, Pepita Goyeneche, Carmen Germano y Clara Fink, a quienes brindó un reconocimiento que fue seguido, como en muchas otras intervenciones de los querellantes, por un cerrado aplauso de la sala.

Al comienzo de los alegatos, Ana Oberlin, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, dijo: «Tenemos la certeza de que hemos llegado a probar de forma total y completa todos los elementos que habìamos puesto en nuestras acusaciones».

La letrada hizo una precisa descripción del contexto del terrorismo de Estado en el cual se cometieron los delitos. En ese sentido destacó que «el objetivo de la dictadura cívico militar era transformar totalmente la estructura económica y social del país, reprimir a los opositores políticos y disciplinar al resto de la sociedad, y esto sólo se podía lograr a través de la implantación del terrorismo de Estado, porque se necesitaban poseer todos los resortes del gobierno para poder garantizar la impunidad».

«Esos objetivos tenían algunos contornos difusos, por ejemplo qué hacer con los niños nacidos en cautiverio o de muy pequeña edad que eran secuestrados con sus padres. Esto surgió de forma casi inmediata y fue absorbido como parte de los objetivos a desarrollar en este plan criminal», sostuvo.

Oberlín detalló que durante la dictadura se organizaban los partos de las mujeres secuestradas embarazadas «de dos formas generales: una era organizar en los centros clandestinos de detención verdaderas maternidades clandestinas, donde se llevaba a parir a las mujeres que estaban en ese y otros CCD. La otra era usar infraestructura que ya existía y tenían a mano, que son los Hospitales Militares, como en el caso abordado en este juicio». Agregó que durante el debate quedó claro que Raquel Negro “no fue la única mujer que fue traída a parir ilegalmente aquí”.

«Esa práctica represiva –destacó la abogada– tenía tres objetivos centrales: el primero era que los menores no crecieran con sus familias biológicas, como se hiciera en España durante el franquismo con los hijos de los republicanos. En Argentina algunos niños fueron apropiados, otros asesinados y otros dejados en orfanatos y entregados de buena fe a familias que los criaron, como el caso de Sabrina Gullino. El segundo objetivo de este plan sistemático fue efectuar un castigo adicional a las familias de los desaparecidos. Cuesta mucho imaginar efectos más perversos y más actuales que este; se reactualiza cotidianamente el dolor de esa búsqueda que no termina”, aseguró Oberlin. El tercero de los objetivos era que consistía en una forma más de disciplinamiento para la sociedad. “No creo que exista un terror asimilable a pensar que te pueden llegar a robar a tus hijos, eso sin duda era paralizante para el resto de la sociedad”, aseveró.

Luego la abogada de HIJOS, Florencia Amore, hizo un desmenuzamiento de los pruebas que acreditan los delitos investigados: sobre todo los testimonios de Eduardo Costanzo, Jaime Dri, los periodistas Miguel Bonasso, Carlos del Frade y Reinaldo Sietecase, las enfermeras del Hospital Militar y del Instituto Privado de Pediatrpia, la declaración del imputado Juan Antonio Zaccaría y de los médicos de ambos centros asistenciales, entre otros.

Amore y los representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Lucas Ciarnello, y de Abuelas, Álvaro Baella, detallaron cada una de las pruebas que incriminan a Guerrieri, Amelong, Fariña, Pagano, González y Zaccaría. En ese sentido se explicó:

* Guerrieri: era conocido con el alias de Jorge o Mayor Jorge, se ha probado con certeza para condenar que formaba parte del grupo operativo de represión que realizó y llevó adelante los hechos investigados en esta causa. El alias era utilizado para procurar la impunidad encubriendo su verdadera identidad. La prueba está dada por el testimonio de Jaime Dri. Jorge era uno de los de más alta jerarquía en cada uno de los centros clandestinos de detención. En su legajo figura que su grado a la fecha de los hechos era el de teniente coronel y prestaba servicios en el Destacamento de Inteligencia 121, donde era segundo jefe. Fue uno de los responsables del traslado de Raquel Negro a parir a Paraná. Costanzo lo sindicó como quien conducía operativamente la Quinta de Funes. En su legajo también aparece un informe médico por un cuadro depresivo tratado en 1982, que le diagnosticaba neurosis represiva ansiosa con componentes fóbicos, que se atribuía a la actuación que le cupo en el área de Inteligencia durante la lucha contra la denominada subversión en el país y en el extranjero. Guerrieri mismo reconoció sus delitos al resaltar que lo sucedido “estuvo en el contexto de una guerra revolucionaria en todo el planeta” y que “a Tulio se lo va a buscar porque era un guerrillero”. Sin embargo, no hay registro de una búsqueda legal de Tulio Valenzuela. También dijo que el tema de los chicos se desarrolló “en el contexto de una guerra revolucionaria” y a él “por edad biológica” le tocó estar. Es decir que reconoció su participación en los hechos y su participación en el grupo que cometió los delitos de lesa humanidad que investigados en esta causa.

* Fariña: usaba el alias Sebastián, se ha probado con certeza para condenar que integraba el grupo que llevaba adelante los hechos investigados en este juicio. No podía desconocer los hechos porque era el jefe de Operaciones Especiales, o sea de la patota. Además fue uno de los que viajó a México para llevar adelante la Operación México.

* Amelong. Alias Daniel. Se ha probado con el grado de certeza para condenar que integraba el grupo que llevaba adelante los hechos descriptos en el juicio. De la declaración de Jaime Dri surge que era uno de los integrantes de los centros clandestinos de detención. Fue también uno de los que viaja a México. A la época de los hechos tenía 26 años y el grado de teniente. Costanzo acreditó que fue uno de los que trasladó a Sabrina Gullino desde el Instituto Privado de Pediatría al Hogar del Huérfano de Rosario. Su familia era propietaria y lo sigue siendo del inmueble donde funcionó el CCD La Intermedia. En el momento de los hechos era segundo jefe de la sección Operaciones Especiales de Inteligencia. Reconoció en una nota de 1987 haber participado concientemente del aniquilamiento de la subversión ejecutando las órdenes que les fueron impartidas.

* Pagano. Alias Sergio paz o Sergio II. Se ha probado con el grado de certeza para condenar que integraba el grupo que llevaba adelante los hechos descriptos en este juicio. El testimonio de Jaime Dri lo señala como uno de los que lo tuvo cautivo. En el libro de Bonasso Recuerdo de la muerte se dice que fue uno de los que secuestró a Valenzuela y Negro. Fue además uno de los que trasladó a Sabrina al Hogar del Huérfano de Rosario.

* Marino González. Alias Pepe. Se ha probado con el grado de certeza para condenar que integraba el grupo que llevaba adelante los hechos descriptos en este juicio. Estuvo encargado de los trámites para la estadía de Raquel Negro en el Hospital Militar de Paraná y quien organizaba las guardias, según los dichos de Costanzo. En 1977/78 era capitán, era segundo jefe de la sección Inteligencia Especial del DI 121

* Juan Antonio Zaccaría. Ha quedado acreditado con certeza positiva para condenar que se desempeñaba como jefe de Terapia Intensiva y participó de los delitos descriptos. Los testigos manifestaron que era el jefe de Terapia Intensiva, que convocó a su lugar de trabajo a una de las enfermeras para recibir a los mellizos y que fue quien puso los datos de NN en las planillas de identificación de los pacientes. Era quien coordinaba todo y tenía conocimiento de los ingresos. Tenía el grado de capitán.

El abogado Ciarnello explicó que Guerrieri, Amelong, Pagano, Fariña y González deben ser condenados en calidad de couatores, por haber tenido el dominio funcional del hecho. “Los acusados en conjunto realizaron la apropiación de los hijos de Raquel Negro, con un plan en el cual armaron un dispositivo clandestino de detención en el interior mismo del Hospital Militar. Existió necesariamente entre los acusados una comunión de voluntades para ejecutar en forma conjunta y coordinada los delitos. Todos hicieron aportes indispensables para poder llevar a cabo el plan para la sustracción, ocultamiento de los bebés, la sustitución de sus identidades y la desaparición forzada del varón. Los acusados formaron parte de una organización criminal”, remarcó. Además, Ciarnello dejó en claro que Guerrieri y Fariña fueron quienes ordenaron las acciones.

“Lamentablemente no estamos juzgando a Juan Carlos Ricardo Trimarco (el jefe militar de la jurisdicción Paraná), quien podemos acordar que sería autor mediato. Lamentablemente va a morir impune. Aquí estamos juzgando a una de las tantas bandas de delincuentes del terrorismo de Estado”, remarcó.

En cuanto a Zaccaría, dijo que debía ser condenado en calidad de participe necesario o cómplice primario, ya que realizó “aportes esenciales” para la ejecución del plan. “También tenía el dominio del hecho, si retirara su aporte el delito no se habría llevado a cabo como se ejecutó. Debido a su posición jerárquica no sólo no desconocía la procedencia de los mellizos, sino que hubiese podido intervenir de modo diferente”, indicó.

También recordó que al declarar en el juicio “Zaccaria reconoció la ilegalidad de los hechos, pero no realizó ninguna conducta tendiente a evitar al menos la sustitución de identidad de Sabrina y su hermano, sino que prestó la colaboración imprescindible para la ejecución de los delitos”.

Alegato de la Fiscalía

La fiscal Marina Herbel manifestó que los delitos ocurrieron dentro de un plan sistemático clandestino estructurado desde el poder, bajo la jurisdicción del segundo cuerpo de Ejército y en el Hospital Militar de Paraná que dependía de aquel. El “eje” del operativo fue el Destacamento de Inteligencia 121, que ejecutó la sustracción de los menores y la sustitución de sus identidades, delitos de lesa humanidad que ocurrieron en el marco del terrorismo de Estado, aseguró la fiscal.

Herbel expuso los fundamentos de su acusación citando las pruebas testimoniales en coincidencia con lo manifestado previamente por la querella y repasando cómo se produjeron los hechos desde el traslado de Raquel Negro a Paraná y su internación en el nosocomio, hasta el nacimiento de los mellizos y su posterior derivación al IPP.

Además hizo una “exhortación a la gente de esta ciudad” que tenga algún conocimiento del paradero del mellizo varón, a que lo acerque al Ministerio Público Fiscal o al Juzgado federal de primera instancia de Paraná.

Luego el fiscal José Ignacio Candioti adelantó que mantendrían la postura sustentada en el requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía, es decir que consideran que las figuras aplicables son las establecidas en los artículos 139 inciso 2 del Código Penal en concurso real con la establecida en el 146 del CP, es decir la “supresión de estado civil” y la “sustracción de menores”.

Asimismo dijo que mantenían la postura de considerar autores mediatos a Guerrieri, Fariña, Amelong y González, pero entendieron que en el curso del debate quedó acreditado que la responsabilidad de Pagano y Zaccaría debe ser encuadrada dentro de la participación necesaria.

“Queda demostrado que estos cuatro imputados fueron autores mediatos, porque actuaron en el marco de un aparato organizado de poder. Ellos tenían la capacidad de dar las órdenes. En su carácter de integrantes y conductores del DI 121 y principales responsables del centro clandestino de detención donde estaba Raquel Negro privada de su libertad, idearon, planificaron y dieron las órdenes para que Raquel Negro sea traída a Paraná a efectos de su parto clandestino y para que luego de ese parto sus bebés les sean sustraídos y les sean suprimidas sus identidades”, sostuvo Candioti.

“Lo que los convierte en los responsables es que en el carácter de agentes estatales se valieron de todo los recursos humanos y de los bienes que ese Destacamento de Inteligencia para perpetrar los delitos aquí investigados: vehículos, gente para custodia, centros clandestinos de detención y hospitales militares”, remarcó.

Además contaron con la participación de Pagano y Zaccaría y por eso deben responder en carácter de partícipes necesarios: Pagano llevó a la beba al Hogar del Huérfano, mientras que Zaccaría posibilitó que los niños salieran del hospital sin que lo supieran sus familiares y sin la correcta identificación, continuó el fiscal.

Para el representante del Ministerio Público los represores “actuaron a gusto”, porque “había un componente ideológico en su accionar, como lo reconoció el propio Guerrieri”.

Asimismo defendió el testimonio del testigo Eduardo Costanzo ante las críticas de los imputados: “A Costanzo se le cree porque todos los datos que aportó se verificaron: que Raquel Negro fue trasladada al hospital de Paraná, que aquí nacieron mellizos, que eran un varón y una mujer y que la nena fue dejada en la puerta de un convento por Pagano y por Amelong”.

Luego Candioti solicitó la pena para Guerrieri, considerado autor mediato de los delitos investigados, teniendo en cuenta su elevado grado de instrucción, su grado de teniente coronel y otros aspectos. Para él pidió la condena de 14 años de prisión, accesorias legales y costas.

Para Fariña, también considerado autor mediato y teniendo en cuenta las mismas circunstancias, pidió 13 años de prisión, accesorias legales y costas.

Para Amelong, como autor mediato y considerando la modalidad de su intervención en la comisión de los delitos, pidió 13 años de prisión, accesorias legales y costas.

Para González, autor mediato, tuvo en cuenta la modalidad de su intervención en los hechos y reclamó 13 años de prisión, accesorias legales y costas.

Para Pagano, como partícipe necesario, y teniendo en cuenta el silencio que guarda sobre el destino del hijo varón de Raquel Negro, solicitó 11 años de prisión, accesorias legales y costas.

Finalmente, para Zaccaría, como partícipe necesario y teniendo en cuenta que era médico, pidió 11 años de prisión, accesorias legales y costas.

Los alegatos de los defensores se realizarán el jueves 13.

Rozando el absurdo, el acusado se basó en sus dotes de mecánico y restaurador de autos para fundamentar su pretendida inocencia en el robo de los hijos de Raquel Negro. Volvió a cuestionar a Costanzo y dijo que cuando ocurrieron los hechos estaba de licencia. El hijo de Navone no prestará declaración testimonial porque está en España. Este miércoles se inician los alegatos.

por Alfredo Hoffman (especial para Mesa Juicio y Castigo)

El ex militar de Inteligencia Juan Daniel Amelong, uno de los acusados por el robo de los hijos de Raquel Negro, amplió este martes su declaración indagatoria. Lo hizo para ratificar su alegada inocencia e intentar desacreditar los dichos del testigo Eduardo Costanzo, quien lo vinculó al señalarlo como uno de los que dejó a Sabrina Gullino en la puerta de un orfanato de Rosario.

Además de buscar desligarse, procuró involucrar a los socios del Instituto Privado de Pediatría de Paraná. “Si hay alguien que sabe qué paso con el bebé varón son los médicos del Instituto Privado de Pediatría. Los tres que declararon acá fueron objeto de severas advertencias por su reticencia. No vi que se les haya formado una causa por falso testimonio”, sostuvo el militar.

“Quienes saben a quién les entregaron las criaturas, no cabe ninguna duda que son los tres doctores que declararon acá. Especialmente el doctor (Miguel) Torrealday”, afirmó el acusado. Además agregó: “Pudimos ver en el IPP que en un espacio del 50% de esta sala no vieron los bebes, no vieron los carteles, no saben quién los retiró. ¿Vio las cunas, vio las incubadoras y no vio lo que había adentro? ¡Por favor!”.

Amelong basó su estrategia defensiva en presentarse como un mero encargado de cuestiones logísticas del Ejército; afirmó que recién en 1980 comenzó a especializarse en tareas de inteligencia. Además dijo que entre el 15 de febrero y el 15 de marzo de 1978, cuando se produjeron los hechos investigados, se encontraba de licencia.

“Ya desde el Colegio Militar, siendo cadete de cuarto año, antes de egresar como subteniente, era encargado del parque automotor de la Compañía de Ingenieros en El Palomar. Siempre he estado destinado en el área de logística”, dijo el acusado.

Según dijo, casualmente, su primer destino fue Entre Ríos. En 1973 y 1974 estuvo en General Galarza, donde trabajó “primero en la parte de movimiento de suelos y alambrados en la ruta que va desde proximidades de Rosario del Tala a Gualeguay y luego exclusivamente en la parte de mantenimiento; actividades relacionadas en lo que comúnmente se llama los fierros”. Como dato ilustrativo, señaló que en 1974 diseñó y construyó un circuito de carreras de autos en Galarza, que fue inaugurado con la actuación del piloto Alberto Scarazzini. “Estuvimos juntos en la inauguración del circuito”, recordó.

Durante su intervención se fue en detalles relacionados con su fanatismo por los “fierros”, como él mencionó. Esto le valió una advertencia del presidente del tribunal, Roberto López Arango: “Está abundando en detalles sobre sus actividades como hobbies, que no hacen a su derecho de defensa. Hay cierto divague en su relato defensivo. La presidencia le pide que acote”.

Esos divagues rozaron el absurdo y llegaron a tal extremo que aportó como supuesta “prueba” de su supuesta inocencia en la causa la foto de un Torino que él mismo habría restaurado.

Además contó cómo fue que quedó detenido en 2004, por orden de la Justicia federal de Rosario. Relató que se enteró por radio cuando retiraba a su hijo al jardín de infantes, pretendiendo dar una imagen familiar para contraponerla a las graves acusaciones que pesan en su contra. Dijo que se presentó espontáneamente, inclusive antes de que llegara la orden de detención y que no intentó fugarse. “En cuantito supe que se me requería por la justicia, me presenté”, afirmó.

Cuando se refirió específicamente a la causa buscó desacreditar los dichos de Costanzo: “He visto que en la instrucción de esta causa se han dividido los hechos en tres momentos fácticos, uno relacionado con la detención y la muerte de Raquel Negro, según ahí se consigna, eso ya fue juzgado en la causa de Rosario. Un segundo momento fáctico que es el traslado, la custodia y el alumbramiento de los alegados mellizos. Esto sí hace al objeto procesal de esta causa. Si las fechas que se han consignado en la causa son ciertas, yo estaba de licencia, y además el destacamento no tenía ninguna jurisdicción sobre Paraná. Del tercer momento fáctico (la sustracción de los bebés), él único testigo hasta ahora es el señor Costanzo. Cuando le preguntaron (a Costanzo) sobre las circunstancias en que (Walter) Pagano le habría dicho que él y yo llevamos la criatura a un convento, dijo que si le preguntaran a otros de los integrantes que estaban en la Quinta de Funes dirían que no es cierto. El mismo testigo está diciendo que no tiene cómo probar sus dichos, que son de un tercero que lo niega”.

Luego agregó: “También Costanzo tiene distintas manifestaciones que no puedo dejar de lado. El periodista (Carlos) Del Frade dijo que cuando habló con él no hizo ninguna mención a los mellizos. Luego dijo que a la nena se la llevó Fariña. Ahora afirma que la llevamos Pagano y yo a un convento. El señor Raúl Gullino cuando se le preguntó sobre el detalle del momento en que habría estado reunido con la madre superiora (en el Hogar del Huérfano de Rosario), dijo que él quiso ahondar sobre el momento en que esa niña habría sido dejada ahí, y la superiora manifestó que no sabía si la había encontrado una persona que entraba o salía y no vieron ni escucharon nada. ¿A quién le tengo que creer si se trabó el timbre con un palillo, si no escucharon nada: a Gullino o a Costanzo?”.

Sobre el mellizo varón, Amelong recordó que Costanzo “primero dijo que nació muerto, que se estranguló con el cordón umbilical en el momento de nacer. En esta sala dijo que murió por la ingestión de los excrementos de la hermana en el seno materno. Cuál de ellas (por las versiones) es cierta, no sé, pero eso es lo que dice Costanzo contradiciéndose. Pero también en esta sala dijo que a esa criatura la tiene, según los comentarios de un tercero, o Navone o el hermano de Navone en Casilda”.

Luego insistió en que Costanzo “tiene una gran animosidad” contra él desde septiembre de 2005 cuando lo “quiso extorsionar con el tema del dinero” y aseguró que “ninguna de las denuncias” que hizo contra él o contra otros “merecieron ser tramitadas en la Justicia de Rosario”.

Además ensayó una argumentación que pretendió ser científica de que Costanzo mintió cuando denunció los vuelos de la muerte y cuando dijo que, según le contaron, desde 3.000 metros de altura se veía la sangre de los cuerpos al caer. “Se me ocurrió averiguar a qué velocidad mínima debían volar los aviones de transporte del Ejercito, me dijeron que no puede hacerlo a menos de 300 kilómetros por hora. Desde 3.000 metros tenemos 24 segundos de caída. En ese mismo tiempo el avión hace 2.000 metros. No hace falta más que calcular la hipotenusa de ese triángulo, el que vio eso (la sangre al caer los cuerpos) tiene que haber visto ese detalle a 3.500 metros de distancia. Yo creo que es imposible”.

El hijo de Navone, por ahora, no declara

El Tribunal Oral Federal, a pedido de la querella, llamó a declarar a Pablo Martín Navone, hijo del militar Paul Navone, ya que en recientes manifestaciones periodísticas dijo que su padre, antes de suicidarse en febrero de 2008, le contó que Amelong y Walter Pagano -otro de los imputados- se llevaron a la nena y la dejaron en la puerta de un orfanato. En esa entrevista, realizada en la provincia de Córdoba, dijo también que no tiene problemas en someterse a un estudio de ADN para que se compruebe o se rechace la versión de que sería hijo de Raquel Negro y Tulio Valenzuela o bien de otros desaparecidos. El hombre debía declarar el jueves en la instrucción de la causa por el destino del mellizo varón en el Juzgado Federal y el Tribunal había decidido que ese mismo día compareciera en el juicio; sin embargo no va a declarar en ninguno de los dos ámbitos, porque se constató que viajó ayer a España y regresa recién el 28 de octubre.

Este martes, en tanto, declaró uno de los periodistas que hicieron la nota publicada el lunes en El Diario, Juan Cruz Varela (el otro fue Jorge Riani). Varela ratificó lo publicado, en el sentido de que el hijo de Navone dijo que su padre le contó que el hijo varón de Raquel Negro falleció en el parto y que a la niña se la llevaron los acusados. Además indicó que su padre se desempeñaba en Paraná como integrante del Destacamento de Inteligencia 122 de Santa Fe y una de sus funciones fue recibir a Negro y coordinar su estadía en el Hospital Militar de Paraná.

«Me pareció que Pablo Navone tenía la necesidad de decir algunas cosas, de limpiar el nombre de su padre, por eso él refiere que no tenía ningún tipo de responsabilidad más que lo que le ordenaban, porque en ese momento tenía 27 años y no decidía cosas sino que cumplía órdenes. En ese marco me resultaba creíble lo que decía, pero no puedo valorar si lo que le dijo su padre es verdadero o no», dijo Varela.

“Él estaba seguro de que su padre había tomado la decisión de quitarse la vida. Desde noviembre de 2007 su padre estaba alterado o nervioso porque su nombre había comenzado a circular en virtud de lo que venía declarando Costanzo. Estaba seguro de que cuando lo llamaran a declarar iba a quedar detenido. Le decía que no quería que la familia pasara por todo un proceso judicial estando lejos, porque pensaba que iba a quedar preso en Paraná”, amplió.

La audiencia finalizó con la cuarta declaración del imputado Pascual Guerrieri, quien insistió con su teoría de que las Fuerzas Armadas actuaron en el marco de una guerra y pretendió desacreditar algunos testigos propuestos por la querella. Los alegatos de las querellas y los fiscales fueron pospuestos hasta este miércoles a partir de las 9.