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El tribunal anunció que el viernes 21 a las 17 dará a conocer su veredicto en el juicio por la causa Hospital Militar. Los represores tuvieron oportunidad de decir sus últimas palabras y de hacerse una vez más los desentendidos. Se escucharon las réplicas y contrarréplicas a los planteos de prescripción y de nulidad de las acusaciones que hicieron las defensas.

por Alfredo Hoffman (especial para Mesa Juicio y Castigo)

El Dr. Lopez Arango (centro) y la Dra. Lilia Carnero, integrantes del Tribunal. Foto: Pablo Churruarín

Al finalizar la audiencia de este viernes el presidente del Tribunal Oral Federal de Paraná, Roberto López Arango, declaró la clausura del debate y anunció que los jueces se retiraban a deliberar. Dentro de una semana, el viernes 21 a las 17, se conocerá la sentencia y una síntesis de los fundamentos en el juicio por el robo de los hijos mellizos de Raquel Negro nacidos en el Hospital Militar en 1978, una proceso que se inició en mayo de 2005 con la denuncia del coordinador del Registro Único de la Verdad, Guillermo Antonio Germano. Por primera vez se hará justicia y comenzará a borrarse la impunidad de los autores de los delitos de lesa humanidad cometidos en Entre Ríos durante la última dictadura cívico-militar.

Al inicio de la audiencia, la fiscalía y las querellas contestaron los planteos que efectuaron el jueves las defensas. La fiscal Marina Herel rechazó la solicitud de prescripción de los delitos argumentando que “el tema ya fue planteado en la instrucción de la causa y resuelto el 17 de noviembre de 2011 en un planteo del imputado Juan Daniel Amelong”. Además mencionó que estos crímenes “ofenden a la dignidad humana, a la vida y a la moral pública” y no prescriben por ser de lesa humanidad, tal como fueron enunciados desde la causa 13/84 –el Juicio a las Juntas– y como fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales internacionales.

El fiscal José Ignacio Candioti rechazó los planteos de nulidad de las acusaciones, que la defensa había realizado por la alegada violación al “principio de congruencia” –porque se habría variado la plataforma fáctica y las calificaciones legales y las responsabilidades– y por una supuesta inconsistencia porque no se habría establecido concretamente los roles de los imputados para la atribución de responsabilidades.

“El principio de congruencia exige que los hechos que les han sido endilgados a los encartados y se les ha hecho conocer como imputación sean los mismos por los cuales se los somete a juzgamiento (…) Los hechos no han variado desde que empezó esta causa. Siempre la plataforma fáctica fue la misma”, dijo Candioti.

Sobre la calificación legal dijo que “el Ministerio Público Fiscal siempre consideró que la normativa aplicable era la misma” y que, en todo caso, “si se hubiese variado tampoco se afecta el principio de congruencia porque no hay una variación en los hechos”.

También indicó que la variación en la atribución de las responsabilidades, de autoría mediata para todos a autoría mediata para cuatro y participación necesaria para dos, se realizó “fundadamente” y por lo acaecido durante el curso del debate.

Sobre la supuesta inconsistencia de la acusación dijo que “se explicó por qué los cuatro autores mediatos (Guerrieri, Amelong, Fariña y González) formaban parte de un aparato organizado de poder que ideó y dio las órdenes para que se ejecutara el plan de traslado de Raquel Negro secuestrada, se realizara el parto clandestino y la sustracción de los bebés y sustitución de sus identidades. También se explicó por qué Pagano y Zaccaría fueron partícipes necesarios”.

Desde la querella unificada, Álvaro Pierola adhirió a lo dicho por la fiscalía sobre la prescripción, en cuanto a la calificación de los hechos como constitutivos de delitos de lesa humanidad. “Todas las valoraciones de los defensores ya fueron tratadas por la Corte en los fallos Arancibia Clavel y Simón”, dijo el abogado, por lo cual los jueces no podrían apartarse de la imprescriptibilidad. “Declarar prescriptibles estos delitos a esta altura del partido es una tesitura aventurada”, sostuvo.

Florencia Amore también compartió lo manifestado por la fiscalía sobre el planteo por la supuesta vulneración del principio de congruencia procesal. “Ha existido identidad fáctica en los hechos por los cuales se los indagó, procesó, se requirió a juicio y se los acusó. No se ha visto menoscabado el derecho de defensa en juicio”, dijo la representante de HIJOS Paraná. Además dijo que la defensa debe demostrar que los imputados no cometieron los hechos, no en qué calidad de autores. El cambio se hizo, de autores mediatos a coautores, se efectuó luego de evaluar la prueba producida en el debate, que se realizó bajo las reglas del debido proceso, remarcó.

En las contrarréplicas los defensores oficiales Mario Franchi y Noelia Quiroga y el defensor particular Humberto Franchi insistieron con el pedido de prescripción y con las nulidades.

Últimas palabras de los genocidas

Este viernes cinco de los seis represores acusados aprovecharon la oportunidad para expresar sus últimas palabras. Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Pascual Oscar Guerrieri, Marino González y Walter Pagano se declararon inocentes y dijeron desconocer los crímenes por los cuales fueron responsabilizados. El médico y también militar Juan Antonio Zaccaría prefirió mantenerse en silencio.

El primero en declarar fue Fariña. “Yo también quisiera saber qué ha pasado con los mellizos de Raquel Negro”, manifestó. “Nunca impartí ordenes ilegales ni recibí de mis superiores ninguna orden ilegal. Costanzo es un delincuente y yo un hombre de bien”. Para defenderse, curiosamente, eligió una frase de Juan Domingo Perón: “La única verdad es la realidad y la realidad y la verdad es que en el momento de los hechos estaba de vacaciones en Mar del Plata y después fui afectado a tareas del mundial del fútbol en la subsede Rosario”.

“Es en este momento cuando uno más se siente el reo”, dijo Amelong, pretendiendo dar un marco de emotividad a sus últimas palabras. Luego cuestionó los juicios contra los represores de la dictadura citando al abogado y académico y ex funcionario de Mauricio Macri, Daniel Pastor, un conocido crítico de los organismos de derechos humanos y defensor de la prescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad: “Pareciera que los derechos humanos son la octava maravilla del mundo, cualquier cosa que se pueda contraponer es condenable y no tiene que ser atendida con las normas del derecho penal”.

Amelong criticó al Ministerio Público Fiscal porque “más que nadie es el que ha demostrado que respeta a pie juntillas la política de Estado que ha implementado este gobierno” y porque a su juicio no cumplió con su función de controlar la legalidad del juicio. Según dijo, hubo sólo una “apariencia de legalidad”.

Por otra parte, acusó al tribunal de no ser imparcial: “Se está procurando un momento político para producir el fallo y eso es dolo eventual. Están apurando el fallo, que salvo sorpresa va a ser condenatorio. No desconozco las presiones que tienen ustedes para fallar en este juicio histórico”.

De la misma manera cuestionó a los medios de comunicación locales y a los que tuvo acceso de alcance nacional: “Ninguno vino a verme para hacer una nota, porque lo que no quieren escuchar es la otra parte de la verdad, algo que sea diferente a la historia oficial: se está engañando a la población (…) Solamente esta resolución va a ser justa si es legal, de lo contrario no será justa y sí seguramente va a ser elogiada por esos medios oficialistas, o presionados, o por interés o por el cobro de la pauta; pero la historia no va a valorar un fallo no justo”.

El represor, que también es abogado, dijo que quiso ejercer su autodefensa en esta causa porque notaba poca predisposición de parte de quien era su defensor oficial en aquel momento, Juan Carlos Ferrari, en quien “no podía confiar”. Por el contrario, destacó “la lealtad y el profesionalismo del doctor Franchi”, quien “tiró por tierra todo lo mal que se venía haciendo antes”.

Guerrieri, en tanto, buscó desligarse de los hechos responsabilizando a su jefe en el Segundo Cuerpo de Ejército, Leopoldo Fortunato Galtieri, y nuevamente al militar que se suicidó en 2008, Paul Navone: “Yo era un teniente coronel, jamás podía interceder en la subsistencia de cualquier persona en el ámbito de Rosario. Galtieri tenía la potestad de ordenar lo que quisiera. Es muy claro que él puede haber ordenado directamente a un elemento dependiente como Navone que cumpliera esa misión. ¿Por qué iba a tocar elementos del 121? No nos tocó porque si yo tuviera que haber hecho ese plan, como un plan se hace de atrás para adelante, al primer tipo que tendría que haberle dicho lo que tenía que hacer es al señor Zaccaria, y a Zaccaría lo conocí acá”.

“Señor juez, basta del pasado, mientras estos juicios se prolonguen en el tiempo va a haber dolor, no de los que perdieron sus familiares, sino de todos. Si estos juicios siguen van a provocar heridas”, finalizó.

Marino González también dijo ser inocente. “No delinquí, no ordené delinquir, nadie que estuviera a mis órdenes delinquió. El personal que estaba a mis órdenes no vino en ningún momento a Paraná”, se defendió. “La privación de la libertad está relacionada con la posibilidad de que el Estado le permita al preso rehabilitarse e insertar nuevamente a la sociedad. En 30 años habré cometido alguna infracción de tránsito, ¿a mí me tienen que reinsertar?¿Por qué estoy acá?¿Será por venganza?”, subrayó.

Pagano, el ex agente civil de Inteligencia que eligió estar ausente durante la mayor parte del juicio, en su única declaración en dos meses, se acordó de Eduardo Costanzo, su ex compañero de patota que denunció a los procesados como intervinientes en el plan de robo de los bebés. “Soy inocente y con respecto a la denuncia de Costanzo es totalmente falsa. Nada más”, dijo.

Los abogados pidieron una fuerte condena como coautores para Guerrieri, Fariña, Amelong, Pagano y González y como partícipe necesario para Zaccaría, por los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de los hijos de Raquel Negro y de desaparición forzada del bebé varón. Además exigieron que vayan a cárcel común. La fiscalía solicitó 14 años para Guerrieri, 13 para Fariña, Amelong y González y 11 para Pagano y Zaccaría.

Por Alfredo Hoffman (especial para Mesa Juicio y Castigo)

Los abogados de las partes querellantes pidieron este miércoles una condena de prisión perpetua de cumplimiento efectivo en cárcel común para todos los acusados en el juicio por la causa Hospital Militar, por los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de los hijos de Raquel Negro, la supresión de sus identidades y la desaparición forzada del mellizo varón. Se consideró partícipe necesario al médico militar Juan Antonio Zaccaría y coautores a Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Marino González y Walter Pagano. De la misma manera, solicitaron la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y tareas de seguridad privada; y que se revoque la prisión domiciliaria de la cual goza actualmente Guerrieri.

Subsidiariamente, para el caso que el Tribunal Oral Federal de Paraná no acepte la calificación del delito de desaparición forzada, se pidió una pena de prisión de 25 años e inhabilitación de cumplimiento efectivo.

Álvaro Baella, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, concluyó el extenso alegato de cuatro horas de las partes querellantes, calificando a los delitos de que fue víctima el bebé varón de Raquel Negro de “desaparición forzada” agravada por ser la victima una persona nacida durante la desaparición forzada de su madre, en concurso ideal con el delito de “supresión de estad civil de un menor de diez años”; todo esto en concurso real con la sustracción, retención y ocultación de un menor de diez años en concurso ideal con el delito de supresión de estado civil de un menor de diez años que tuvieron por víctima a Sabrina Gullino, la hija mujer de Negro.

Esos crímenes fueron considerados por los letrados como de lesa humanidad, que “repugnan a la humanidad en su conjunto”. El alegato tuvo varias referencias a las palabras de Sabrina y de su hermano mayor, Sebastián Álvarez, quienes al declarar en el juicio describieron de qué modo esos delitos los han perjudicado a ellos y a su familia a lo largo de más de 30 años. Al finalizar su exposición, Baella recordó cuando Sabrina interpeló a los acusados diciéndoles que debían estar arrepentidos de no haberla tirado al río, porque ahora, tanto tiempo después, un tribunal los estaba juzgando.

Además, el abogado Álvaro Piérola, representante de la organización HIJOS, hizo mención especial a la lucha de cuatro madres de desaparecidos de Paraná, Amanda Mayor, Pepita Goyeneche, Carmen Germano y Clara Fink, a quienes brindó un reconocimiento que fue seguido, como en muchas otras intervenciones de los querellantes, por un cerrado aplauso de la sala.

Al comienzo de los alegatos, Ana Oberlin, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, dijo: «Tenemos la certeza de que hemos llegado a probar de forma total y completa todos los elementos que habìamos puesto en nuestras acusaciones».

La letrada hizo una precisa descripción del contexto del terrorismo de Estado en el cual se cometieron los delitos. En ese sentido destacó que «el objetivo de la dictadura cívico militar era transformar totalmente la estructura económica y social del país, reprimir a los opositores políticos y disciplinar al resto de la sociedad, y esto sólo se podía lograr a través de la implantación del terrorismo de Estado, porque se necesitaban poseer todos los resortes del gobierno para poder garantizar la impunidad».

«Esos objetivos tenían algunos contornos difusos, por ejemplo qué hacer con los niños nacidos en cautiverio o de muy pequeña edad que eran secuestrados con sus padres. Esto surgió de forma casi inmediata y fue absorbido como parte de los objetivos a desarrollar en este plan criminal», sostuvo.

Oberlín detalló que durante la dictadura se organizaban los partos de las mujeres secuestradas embarazadas «de dos formas generales: una era organizar en los centros clandestinos de detención verdaderas maternidades clandestinas, donde se llevaba a parir a las mujeres que estaban en ese y otros CCD. La otra era usar infraestructura que ya existía y tenían a mano, que son los Hospitales Militares, como en el caso abordado en este juicio». Agregó que durante el debate quedó claro que Raquel Negro “no fue la única mujer que fue traída a parir ilegalmente aquí”.

«Esa práctica represiva –destacó la abogada– tenía tres objetivos centrales: el primero era que los menores no crecieran con sus familias biológicas, como se hiciera en España durante el franquismo con los hijos de los republicanos. En Argentina algunos niños fueron apropiados, otros asesinados y otros dejados en orfanatos y entregados de buena fe a familias que los criaron, como el caso de Sabrina Gullino. El segundo objetivo de este plan sistemático fue efectuar un castigo adicional a las familias de los desaparecidos. Cuesta mucho imaginar efectos más perversos y más actuales que este; se reactualiza cotidianamente el dolor de esa búsqueda que no termina”, aseguró Oberlin. El tercero de los objetivos era que consistía en una forma más de disciplinamiento para la sociedad. “No creo que exista un terror asimilable a pensar que te pueden llegar a robar a tus hijos, eso sin duda era paralizante para el resto de la sociedad”, aseveró.

Luego la abogada de HIJOS, Florencia Amore, hizo un desmenuzamiento de los pruebas que acreditan los delitos investigados: sobre todo los testimonios de Eduardo Costanzo, Jaime Dri, los periodistas Miguel Bonasso, Carlos del Frade y Reinaldo Sietecase, las enfermeras del Hospital Militar y del Instituto Privado de Pediatrpia, la declaración del imputado Juan Antonio Zaccaría y de los médicos de ambos centros asistenciales, entre otros.

Amore y los representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Lucas Ciarnello, y de Abuelas, Álvaro Baella, detallaron cada una de las pruebas que incriminan a Guerrieri, Amelong, Fariña, Pagano, González y Zaccaría. En ese sentido se explicó:

* Guerrieri: era conocido con el alias de Jorge o Mayor Jorge, se ha probado con certeza para condenar que formaba parte del grupo operativo de represión que realizó y llevó adelante los hechos investigados en esta causa. El alias era utilizado para procurar la impunidad encubriendo su verdadera identidad. La prueba está dada por el testimonio de Jaime Dri. Jorge era uno de los de más alta jerarquía en cada uno de los centros clandestinos de detención. En su legajo figura que su grado a la fecha de los hechos era el de teniente coronel y prestaba servicios en el Destacamento de Inteligencia 121, donde era segundo jefe. Fue uno de los responsables del traslado de Raquel Negro a parir a Paraná. Costanzo lo sindicó como quien conducía operativamente la Quinta de Funes. En su legajo también aparece un informe médico por un cuadro depresivo tratado en 1982, que le diagnosticaba neurosis represiva ansiosa con componentes fóbicos, que se atribuía a la actuación que le cupo en el área de Inteligencia durante la lucha contra la denominada subversión en el país y en el extranjero. Guerrieri mismo reconoció sus delitos al resaltar que lo sucedido “estuvo en el contexto de una guerra revolucionaria en todo el planeta” y que “a Tulio se lo va a buscar porque era un guerrillero”. Sin embargo, no hay registro de una búsqueda legal de Tulio Valenzuela. También dijo que el tema de los chicos se desarrolló “en el contexto de una guerra revolucionaria” y a él “por edad biológica” le tocó estar. Es decir que reconoció su participación en los hechos y su participación en el grupo que cometió los delitos de lesa humanidad que investigados en esta causa.

* Fariña: usaba el alias Sebastián, se ha probado con certeza para condenar que integraba el grupo que llevaba adelante los hechos investigados en este juicio. No podía desconocer los hechos porque era el jefe de Operaciones Especiales, o sea de la patota. Además fue uno de los que viajó a México para llevar adelante la Operación México.

* Amelong. Alias Daniel. Se ha probado con el grado de certeza para condenar que integraba el grupo que llevaba adelante los hechos descriptos en el juicio. De la declaración de Jaime Dri surge que era uno de los integrantes de los centros clandestinos de detención. Fue también uno de los que viaja a México. A la época de los hechos tenía 26 años y el grado de teniente. Costanzo acreditó que fue uno de los que trasladó a Sabrina Gullino desde el Instituto Privado de Pediatría al Hogar del Huérfano de Rosario. Su familia era propietaria y lo sigue siendo del inmueble donde funcionó el CCD La Intermedia. En el momento de los hechos era segundo jefe de la sección Operaciones Especiales de Inteligencia. Reconoció en una nota de 1987 haber participado concientemente del aniquilamiento de la subversión ejecutando las órdenes que les fueron impartidas.

* Pagano. Alias Sergio paz o Sergio II. Se ha probado con el grado de certeza para condenar que integraba el grupo que llevaba adelante los hechos descriptos en este juicio. El testimonio de Jaime Dri lo señala como uno de los que lo tuvo cautivo. En el libro de Bonasso Recuerdo de la muerte se dice que fue uno de los que secuestró a Valenzuela y Negro. Fue además uno de los que trasladó a Sabrina al Hogar del Huérfano de Rosario.

* Marino González. Alias Pepe. Se ha probado con el grado de certeza para condenar que integraba el grupo que llevaba adelante los hechos descriptos en este juicio. Estuvo encargado de los trámites para la estadía de Raquel Negro en el Hospital Militar de Paraná y quien organizaba las guardias, según los dichos de Costanzo. En 1977/78 era capitán, era segundo jefe de la sección Inteligencia Especial del DI 121

* Juan Antonio Zaccaría. Ha quedado acreditado con certeza positiva para condenar que se desempeñaba como jefe de Terapia Intensiva y participó de los delitos descriptos. Los testigos manifestaron que era el jefe de Terapia Intensiva, que convocó a su lugar de trabajo a una de las enfermeras para recibir a los mellizos y que fue quien puso los datos de NN en las planillas de identificación de los pacientes. Era quien coordinaba todo y tenía conocimiento de los ingresos. Tenía el grado de capitán.

El abogado Ciarnello explicó que Guerrieri, Amelong, Pagano, Fariña y González deben ser condenados en calidad de couatores, por haber tenido el dominio funcional del hecho. “Los acusados en conjunto realizaron la apropiación de los hijos de Raquel Negro, con un plan en el cual armaron un dispositivo clandestino de detención en el interior mismo del Hospital Militar. Existió necesariamente entre los acusados una comunión de voluntades para ejecutar en forma conjunta y coordinada los delitos. Todos hicieron aportes indispensables para poder llevar a cabo el plan para la sustracción, ocultamiento de los bebés, la sustitución de sus identidades y la desaparición forzada del varón. Los acusados formaron parte de una organización criminal”, remarcó. Además, Ciarnello dejó en claro que Guerrieri y Fariña fueron quienes ordenaron las acciones.

“Lamentablemente no estamos juzgando a Juan Carlos Ricardo Trimarco (el jefe militar de la jurisdicción Paraná), quien podemos acordar que sería autor mediato. Lamentablemente va a morir impune. Aquí estamos juzgando a una de las tantas bandas de delincuentes del terrorismo de Estado”, remarcó.

En cuanto a Zaccaría, dijo que debía ser condenado en calidad de participe necesario o cómplice primario, ya que realizó “aportes esenciales” para la ejecución del plan. “También tenía el dominio del hecho, si retirara su aporte el delito no se habría llevado a cabo como se ejecutó. Debido a su posición jerárquica no sólo no desconocía la procedencia de los mellizos, sino que hubiese podido intervenir de modo diferente”, indicó.

También recordó que al declarar en el juicio “Zaccaria reconoció la ilegalidad de los hechos, pero no realizó ninguna conducta tendiente a evitar al menos la sustitución de identidad de Sabrina y su hermano, sino que prestó la colaboración imprescindible para la ejecución de los delitos”.

Alegato de la Fiscalía

La fiscal Marina Herbel manifestó que los delitos ocurrieron dentro de un plan sistemático clandestino estructurado desde el poder, bajo la jurisdicción del segundo cuerpo de Ejército y en el Hospital Militar de Paraná que dependía de aquel. El “eje” del operativo fue el Destacamento de Inteligencia 121, que ejecutó la sustracción de los menores y la sustitución de sus identidades, delitos de lesa humanidad que ocurrieron en el marco del terrorismo de Estado, aseguró la fiscal.

Herbel expuso los fundamentos de su acusación citando las pruebas testimoniales en coincidencia con lo manifestado previamente por la querella y repasando cómo se produjeron los hechos desde el traslado de Raquel Negro a Paraná y su internación en el nosocomio, hasta el nacimiento de los mellizos y su posterior derivación al IPP.

Además hizo una “exhortación a la gente de esta ciudad” que tenga algún conocimiento del paradero del mellizo varón, a que lo acerque al Ministerio Público Fiscal o al Juzgado federal de primera instancia de Paraná.

Luego el fiscal José Ignacio Candioti adelantó que mantendrían la postura sustentada en el requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía, es decir que consideran que las figuras aplicables son las establecidas en los artículos 139 inciso 2 del Código Penal en concurso real con la establecida en el 146 del CP, es decir la “supresión de estado civil” y la “sustracción de menores”.

Asimismo dijo que mantenían la postura de considerar autores mediatos a Guerrieri, Fariña, Amelong y González, pero entendieron que en el curso del debate quedó acreditado que la responsabilidad de Pagano y Zaccaría debe ser encuadrada dentro de la participación necesaria.

“Queda demostrado que estos cuatro imputados fueron autores mediatos, porque actuaron en el marco de un aparato organizado de poder. Ellos tenían la capacidad de dar las órdenes. En su carácter de integrantes y conductores del DI 121 y principales responsables del centro clandestino de detención donde estaba Raquel Negro privada de su libertad, idearon, planificaron y dieron las órdenes para que Raquel Negro sea traída a Paraná a efectos de su parto clandestino y para que luego de ese parto sus bebés les sean sustraídos y les sean suprimidas sus identidades”, sostuvo Candioti.

“Lo que los convierte en los responsables es que en el carácter de agentes estatales se valieron de todo los recursos humanos y de los bienes que ese Destacamento de Inteligencia para perpetrar los delitos aquí investigados: vehículos, gente para custodia, centros clandestinos de detención y hospitales militares”, remarcó.

Además contaron con la participación de Pagano y Zaccaría y por eso deben responder en carácter de partícipes necesarios: Pagano llevó a la beba al Hogar del Huérfano, mientras que Zaccaría posibilitó que los niños salieran del hospital sin que lo supieran sus familiares y sin la correcta identificación, continuó el fiscal.

Para el representante del Ministerio Público los represores “actuaron a gusto”, porque “había un componente ideológico en su accionar, como lo reconoció el propio Guerrieri”.

Asimismo defendió el testimonio del testigo Eduardo Costanzo ante las críticas de los imputados: “A Costanzo se le cree porque todos los datos que aportó se verificaron: que Raquel Negro fue trasladada al hospital de Paraná, que aquí nacieron mellizos, que eran un varón y una mujer y que la nena fue dejada en la puerta de un convento por Pagano y por Amelong”.

Luego Candioti solicitó la pena para Guerrieri, considerado autor mediato de los delitos investigados, teniendo en cuenta su elevado grado de instrucción, su grado de teniente coronel y otros aspectos. Para él pidió la condena de 14 años de prisión, accesorias legales y costas.

Para Fariña, también considerado autor mediato y teniendo en cuenta las mismas circunstancias, pidió 13 años de prisión, accesorias legales y costas.

Para Amelong, como autor mediato y considerando la modalidad de su intervención en la comisión de los delitos, pidió 13 años de prisión, accesorias legales y costas.

Para González, autor mediato, tuvo en cuenta la modalidad de su intervención en los hechos y reclamó 13 años de prisión, accesorias legales y costas.

Para Pagano, como partícipe necesario, y teniendo en cuenta el silencio que guarda sobre el destino del hijo varón de Raquel Negro, solicitó 11 años de prisión, accesorias legales y costas.

Finalmente, para Zaccaría, como partícipe necesario y teniendo en cuenta que era médico, pidió 11 años de prisión, accesorias legales y costas.

Los alegatos de los defensores se realizarán el jueves 13.

Este jueves Estela de Carlotto contradijo a Torrealday: dijo que sabía de la internación de los hijos de Raquel Negro en su clínica. Bonasso responsabilizó a los acusados. Se realizaron las inspecciones en el Hospital Militar y el IPP. Guerrieri reconoció la existencia de campos de concentración.

por Alfredo Hoffman (especial para Mesa Juicio y Castigo)

En la décimo cuarta jornada del juicio oral y público por robo de bebés, finalizó este jueves la etapa probatoria con las declaraciones testimoniales de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y del periodista Miguel Bonasso, una nueva ampliación de indagatoria del represor Pascual Guerrieri y las inspecciones oculares en el Hospital Militar y el Instituto Privado de Pediatría. El debate se retomará el 4 de octubre con el inicio de los alegatos.

En su testimonio, Carlotto recordó su reunión con uno de los socios del IPP, Miguel Torrealday, hace 11 años. Dijo que el pediatra le manifestó conocimiento sobre la internación de los bebés mellizos de Raquel Negro en esa clínica en marzo de 1978, algo que Torrealday dice no recordar.

“Él suponía que como la niña que había ingresado primero lloraba mucho, trajeron su mellizo para que la acompañara, siendo que pareciera que el chiquito no estaba muy bien de salud, por eso su ingreso fue posterior al de la hermanita”, relató Carlotto mediante videoconferencia. Dijo no recordar si Torrealday tuvo conocimiento directo o si le comentaron ese acontecimiento.

El encuentro entre Carlotto y Torrealday se produjo en el año 2000 y el médico se mostraba preocupado por haber supuestamente descubierto la anotación de bebés NN en el libro de ingresos del IPP, provenientes del Hospital Militar, lo que podría tratarse de casos de bebés apropiados a personas desaparecidas, como luego se comprobó. El propio Torrealday declaró que había detectado esas inscripciones muchos años antes, en 1989, por lo cual su entiende que su preocupación le surgió recién 11 años después.

“Él no me dijo cuándo fue que encontró el libro. Dijo que eran datos que no podían estar reservados, no dijo que él lo sabía desde determinado momento. Sí estaba preocupado porque estos datos podían servir para la búsqueda de la identidad de estos dos chiquitos”, dijo Estela. “Él lo que quería era sacarse el peso de encima de saber algo que estaba reservado en un instituto al que él pertenecía”.

“Torrealday dijo que el pago (de la internación) estuvo a cargo de quien los retiró”, agregó. “Dijo que los retiraron unas personas pero que no las conocía, no las identificó; dijo no saber quiénes eran. No recuerdo que haya dicho si él estaba presente”, sostuvo la dirigente de Derechos Humanos.

“Simplemente dijo los trajeron, está asentado el origen de quiénes los trajeron; los retiraron y está asentado el origen de quienes los retiraron y el pago por parte de esas personas que no dijo saber quiénes eran”, indicó.

Durante la reunión el médico no hizo mención al episodio en el cual las historias clínicas se habrían inutilizado durante la inundación de un depósito, algo que contó durante el juicio. “No se refirió a historias clínicas. Fue realmente hace ya 11 años. No se me hubiera escapado de todas formas el agregado que pudiera haber hecho este hombre de datos importantes. Ignoraba que habían desaparecido las historias clínicas, es muy sospechoso que desaparezca esa documentación”, reflexionó.

“Supongo que el médico dio el alta cuando ya estaban fuera de peligro. Tampoco se consigna que el niño (varón) salió fallecido. Él dice que el niño salió con vida. En este momento estamos ilusionados por estar cerca del encuentro de este mellizo con vida, quizá apropiado”, indicó.

La palabra de Bonasso

El periodista y diputado nacional Bonasso ratificó lo publicado en su libro “Recuerdo de la muerte”, en base a los testimonios del sobreviviente Jaime Dri y de la pareja de Raquel Negro, Tulio Valenzuela.
Bonasso, al igual que Dri la semana pasada, responsabilizó a los imputados en la causa por el cautiverio de Raquel Negro en los centros clandestinos de detención de Rosario y su traslado al Hospital Militar de Paraná para dar a luz.

“La referencia que tuve con posterioridad, en el año 81 cuando comencé a hacer la investigación para el libro, Jaime me contó que la habían llevado dos veces al hospital de Paraná y después la llevaron defintivamente; que había tenido mellizos y a ella habían trasladado, usando el eufemismo para decir que la habían matado”, manifestó Bonasso.

Por otra parte, relató cómo Tulio Valenzuela desbarató la Operación México para asesinar a la cúpula de Montoneros en tierra azteca y recordó la conferencia de prensa que Tulio dio en la casa de ese movimiento en Alabama 17 de Colonia Nápoles, en el DF. Recordó la preocupación que expresaba Tucho porque Raquel había quedado como rehén en la Quinta de Funes, embarazada, y temía por su vida y por el destino de los bebés.

Valenzuela no sabía que su mujer iba a tener mellizos, pero igual le dijo a Bonasso que estaba ilusionado con tenerlos, porque tenía antecedentes en su familia de nacimientos múltiples.
“Hay una extensísima carta de Tucho Valenzuela a Galtieri, que muestra la altura moral de Tucho y la bajeza de Galtieri de haber asesinado a su compañera. Le explicaba cómo había hecho para engañarlos, había hecho esa maniobra de contrainteligencia”, sostuvo el legislador.

En otro tramo se refirió al juicio revolucionario que Montoneros le aplicó a Valenzuela, mediante el cual lo degradó: “El juicio a Valenzuela fue un acto totalmente injusto que motivó mi crítica a la cúpula montonera, porque fue un acto stalinista y llevó a mi ruptura con la cúpula. La de Tucho fue una actitud heroica, como cuando lo mandaron de nuevo al país en una cita envenenada y se tomó la pastilla de cianuro y murió. Es dable suponer lo que le podían hacer si lo detenían vivo. La conducta de Valenzuela era coherente. Lo degradaron a subteniente. Cuando tuve un diálogo con Roberto Perdía, el número dos de Montoneros, le pregunté si a Dri le habían hecho también un juicio revolucionario y me dijo: ‘no cometimos el mismo error que con Tucho. Valenzuela tuvo una enorme grandeza en el juicio revolucionario, dijo que lo aceptaba pero les advirtió que si estaban vivos era porque él los había salvado”.
Sabrina conoció el lugar donde nació

Luego de las declaraciones de Bonasso y Carlotto, este jueves se realizaron las inspecciones judiciales en el Hospital Militar de Paraná y el Instituto Privado de Pediatría, con la participación de testigos que colaboraron aportando datos a la causa sobre lo sucedido en ambos centros de atención de la salud.
En el Hospital Militar, la propia Sabrina Gullino, la joven que recuperó su identidad en 2008, pudo asistir a la guardia médica donde estuvo detenida su madre Raquel Negro, a la sala de partos donde nacieron ella y su hermano mellizo y a la sala de Terapia Intensiva donde ambos estuvieron internados luego del nacimiento.

En el IPP, posteriormente, la comitiva judicial inspeccionó la sala de Neonatología, donde los hijos de Negro permanecieron internados durante poco menos de un mes en marzo de 1978. El guía en esta oportunidad fue uno de los propietarios de la clínica, Miguel Torrealday. También estuvieron presentes dos de sus socios, David Vainstub y Ángel Schroeder.

De ambas medidas de prueba también participaron los imputados Guerrieri, Fariña y Amelong. Este último, por su condición de abogado que ejerce su autodefensa, inclusive se permitió hacer preguntas a los testigos.

Guerrieri reconoció la existencia de campos de concentración

La extensa audiencia de este jueves continuó luego con una ampliación de la indagatoria de Guerrieri, quien solicitó hablar por tercera vez en lo que va del juicio para contestar las acusaciones del testigo clave Eduardo Costanzo y para asegurar que no tiene “ningún pacto de silencio con nadie, excepto con Dios”, en contestación a la interpelación que le hicieran Sabrina y Jaime Dri.

El represor acusó a su ex subordinado el Tucu Costanzo de ser “un hombre que tiene una vida irregular”, se quejó porque los “insultó” durante su testimonio del miércoles y sostuvo que se expresó con “animosidad” hacia los imputados.

Sobre el final, terminó admitiendo la existencia de centros clandestinos de detención durante la dictadura, ante una pregunta de uno de los integrantes del tribunal. “A un ladrón común se lo pone en una cárcel común. En todas las guerras que hubo en el planeta siempre existieron los campos de concentración”, dijo; aunque luego intentó desvincularse: “Aquí puede haber habido, yo no los conocí, no estaba en esa tarea. Estuve afectado al campeonato mundial del 78”.

El sobreviviente de la dictadura reconoció a los represores por sus nombres de guerra y los señaló como los encargados de los centros clandestinos de detención de Rosario. Confirmó que Raquel fue traída al Hospital Militar de Paraná para dar a luz y que los dos bebés estaban vivos.

por Alfredo Hoffmann (especial para Mesa Juicio y Castigo)

Desde Panamá, por videoconferencia, Jaime Dri declaró este viernes ante el Tribunal Oral Federal de Paraná e involucró a los acusados Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong y Walter Salvador Dionisio Pagano con el cautiverio de Raquel Negro embarazada y su traslado al Hospital Militar de Paraná para dar a luz. Además, un ex fisioterapeuta del nosocomio castrense declaró haber visto allí a una mujer detenida y custodiada entre 1977 y 1978; mientras que el periodista Reynaldo Sietecase recordó las revelaciones que le hiciera el represor Eduardo Costanzo durante una entrevista.

Dri les hizo una exigencia a los imputados que fue en la misma línea que la lanzada por los hermanos Sabrina Gullino y Sebastián Álvarez cuando les tocó dar su testimonio: “Les digo a Sebastián, Jorge, Daniel y Sergio II que hagan un acto histórico y digan dónde está el hermano de Sabrina y el Sebas. Rompan el pacto de silencio”. Sebastián era el apodo de Jorge Alberto Fariña, Jorge era Pascual Oscar Guerrieri, Daniel era Juan Daniel Amelong y Sergio II era Walter Salvador Dionisio Pagano. Dri los volvió a reconocer este viernes sentados junto a los otros dos acusados Juan Antonio Zaccaría y Marino Héctor González.

También hizo una reflexión: “Después de San Martín y Bolivar, siguen los mismos que detentan el poder contra los que levantan las banderas para dejar de ser esclavos y ser un pueblo libre y justo. La clase dominante argentina decidió mediante un método salvaje desaparecer a toda una generación. A 35 años, esos compañeros míos que fueron tirados al fondo del mar son esa juventud que no se resigna a ser esclavos y a que haya miles en la pobreza. Pongamos todos nuestro esfuerzo para construir una sociedad donde no nos enfrentemos más”.

El ex diputado justicialista dijo que María –apodo con el que conoció a Raquel Negro– fue secuestrada en Mar del Plata el 1 de enero de 1978 junto a su hijo Sebastián, que tenía un año y medio, y su pareja Tucho Valenzuela. Al día siguiente los tres llegaron a la Quinta de Funes, donde él estaba desde fines de 1977. Cuando el fiscal José Ignacio Candioti le preguntó, quién la tenía detenida a Raquel, dijo que “el de mayor rango era Jorge”, por Guerrieri, y quien comandaba el grupo operativo era Sebastián, por Fariña.

Un domingo por la tarde, cuando Tucho acababa de aceptar participar de la llamada Operación México para asesinar a la cúpula de Montoneros, que luego desbarataría, Raquel salió de la Quinta de Funes acompañada de miembros de la patota. Fue a Santa Fe a dejar a su hijo mayor con los abuelos maternos. Luego de la fuga de Tucho y de su denuncia internacional de las violaciones a los derechos humanos, todos los detenidos fueron trasladados a la escuela Magnasco, en Rosario, y de allí a La Intermedia, en la autopista que une esa ciudad y Santa Fe. Desde ahí Raquel fue “sacada en dos oportunidades: la llevaron a Paraná a los efectos de un chequeo médico”. No la llevaban por la autopista, sino que la retiraban por un camino de tierra que pasaba por debajo de un puente, que Dri reconoció durante una inspección que se realizó en el marco del juicio en Rosario.

Sobre la Operación México, el militante nacido en Chajarí relató: “A partir de la detención y secuestro, Tucho aceptó colaborar. Se redactaron informes en la oficina central de la Quinta de Funes, porque él supuestamente iba a una reunión de la conducción nacional de la organización. Se fue a las dos de la tarde, lo abracé y le dije ‘¡fuerza Tucho!’. Yo tenía mucha esperanza de que se iba a fugar”. A México iban, junto con Valenzuela, Amelong, Fariña, Jorge Cabrera y el montonero arrepentido Carlos Laluf. Luego agregó que “María sabía que Tucho se iba a fugar”, que ambos lo había acordado así.

Cuando regresó del segundo chequeo, Raquel le comentó que quienes la atendieron le habían dicho que todavía faltaba un tiempo para el parto. Por eso sorprendió lo que sucedió algunos días después: “Jorge reunió a todos. A mí me dijo que si querían me mataban y a María le comunicaron que nuevamente la llevaban a Paraná. Era de suponer que pudiera haber un desenlace peor”.

“La llevaron una mañana temprano. Al poco tiempo llegó la noticia de que había tenido mellizos, que estaba bien y en pocos días la iban a traer a la Intermedia”, dijo Dri. Inclusive recordó que alguien dijo: “Este hijo de puta de Tucho encima tuvo mellizos”. Era claro que ambos bebés estaban vivos, pese a que luego se echó a circular la versión de que el varón falleció. También que la habían llevado al Hospital Militar de la capital entrerriana. Luego a él lo trasladaron a la ESMA y ya no volvió a ver a Raquel, que hoy continúa desaparecida.

Dri describió aspectos de cómo funcionaban los centros clandestinos de detención: “Nunca vi personal uniformado en la Quinta de Funes y en La Intermedia. En Funes, para el vecindario se trataba de una quinta de descanso de los militares, por eso estaban siempre de civil y también los gendarmes que hacían la custodia, con los fusiles Fal escondidos para que no los vieran”. Pese a eso, internamente los militares se llamaban entre ellos por sus rangos: el mayor Jorge, el capitánSebastián y el teniente Daniel.

Todos los secuestradores tenían un compromiso ideológico con la llamada lucha antisubversiva. El testigo recordó especialmente que Sergio II (Pagano) era “un cuadro”, que incluso le regaló libros.

También recordó que al despedirse en una de las oportunidades que traían a Raquel a Paraná se abrazaron y ella le dijo: “Esperame, que después del parto nos fugamos juntos”.

Una detenida en el Hospital Militar

Luego de Dri declaró un testigo que se desempeñaba como fisioterapeuta en el Hospital Militar mientras hacía la conscripción. Contó que en una oportunidad lo enviaron a realizar una refuerzo de guardia a la sala de Enfermería del nosocomio, donde se encontraba una mujer detenida, atada de pies y manos.

Esto sucedió entre abril de 1977 y abril de 1978, que fue el periodo durante el cual realizó la conscripción. Raquel Negro estuvo cautiva allí durante la parte final de ese lapso de tiempo. De todos modos, el hombre no supo precisar si esa mujer se encontraba embarazada o si había tenido familia.

En esa habitación se realizaban tareas de enfermería. Había entre cuatro y seis camas y no tenía ningún cerramiento especial. Esa mujer no fue atendida por nadie durante el tiempo que el testigo estuvo de custodia.

Las revelaciones de Costanzo

Reynaldo Sietecase expuso ante el Tribunal sobre la entrevista que realizó al represor Eduardo Tucu Costanzo en junio de 1992. Durante las tres horas que duró aquel encuentro, el hombre que había llegado a la redacción del diario Rosario 12vistiendo un largo sobretodo negro, hizo una serie de revelaciones sobre la represión ilegal que el periodista rememoró ayer.

Sietecase recordó que Costanzo le habló de la “ejecución de 14 o 16 presos políticos” en lo que luego se confirmó que era el centro clandestino de detención La Intermedia. Entre esas víctimas el entrevistado nombró a María, seudónimo de Raquel Negro.

Entre los represores que estuvieron a cargo de aquella matanza, el ex servicio de inteligencia mencionó –entre otros– a Fariña y a Guerrieri, dos de los acusados en el juicio. En tanto, Costanzo aseguró que no intervino en los asesinatos, pero sí en la preparación de los cuerpos, a los que envolvieron con frazadas y ataron con alambres antes de que se los llevaran para ser arrojados desde un avión al mar.

“Después no pudimos encontrar más a Costanzo. Tiempo más tarde habló con otros periodistas, con Carlos Del Frade y José Maggi”, comentó el periodista. Y destacó que en esas posteriores declaraciones fue “abundando en más detalles”.

Además remarcó que lo que había dicho El Tucu en 1992 “empezó a cerrar” y a demostrarse como cierto. “Nunca nadie desmintió la nota”, dijo Sietecase, con excepción de Rodolfo Rieggé, quien en aquel entonces era flamante subsecretario de Seguridad del gobernador santafesino Carlos Reutemann y en otro reportaje negó haber tenido la participación en aquellos hechos que le había adjudicado Costanzo.

“Debe ser mi nota más importante en cuanto a lo que significó para la sociedad”, reflexionó sobre el final de su testimonio.

El Tribunal tendrá oportunidad de averiguar más sobre lo que sabe Constanzo cuando le tome declaración testimonial la semana que viene.

En el juicio por la causa Hospital Militar, Del Frade contó la versión de Costanzo de que Fariña se llevó a la hija mujer de Raquel Negro. El hermano de Coco Erbetta dio detalles de la impunidad de que gozaban los represores. Una testigo dijo que Miguel Torrealday le dio una explicación “medio confusa” cuando le preguntó por qué había un niño sin identidad en el IPP, proveniente del Hospital Militar, en 1978.

Por Alfredo Hoffman (especial para Mesa Juicio y Castigo)

El periodista rosario Carlos del Frade

En la décima jornada de debate del juicio oral y público por robo de bebés durante la dictadura se escucharon tres testimonios de peso: el del hermano del desaparecido Victorio Erbetta y militar retirado, que dio cuenta de la internación de embarazadas detenidas para dar a luz en el Hospital Militar de Paraná, lo que refuerza la hipótesis del funcionamiento de una maternidad clandestina; el de una enfermera del Instituto Privado de Pediatría que declaró haber atendido a un bebé NN proveniente del nosocomio castrense al que atendía el médico Miguel Torrealday; y el del periodista rosarino Carlos Del Frade, quien aseguró que durante, una entrevista, el represor Eduardo Costanzo le dijo que el imputado Jorge Fariña se había llevado a la hija mujer de Raquel Negro después del parto.

Por el robo de los mellizos de Negro –nacidos en el Hospital Militar entre febrero y marzo de 1978– y la sustitución de sus identidades, el Tribunal Oral Federal de Paraná juzga a seis represores: Fariña, Pascual Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Marino Héctor González, Walter Salvador Pagano y Juan Antonio Zaccaría.

Del Frade brindó un testimonio basado en las revelaciones que le hiciera Costanzo –miembro de uno de los grupos de tareas rosarinos– acerca del parto de Raquel Negro. Durante entrevistas periodísticas, el ex servicio de inteligencia que es testigo en la causa le contó que la detenida había tenido mellizos en Paraná, un varón y una mujer, y que el varón murió en el parto por estrangulamiento con el cordón umbilical. Esto se lo dijo Costanzo durante las entrevistas realizadas en la década del 90, cuando sólo se sabía que Raquel había sido traída a la capital entrerriana para el parto –por el libro de Miguel Bonasso, “Recuerdo de la muerte”– pero no se sabía nada sobre los niños. También Costanzo le dijo que “Fariña se la llevó” a la bebé mujer.

Asimismo, Del Frade dijo que entrevistó en dos ocasiones a Amelong en Rosario y en ninguna de las dos oportunidades el imputado quiso hablar sobre el caso de los hijos de Negro.

“He realizado entrevistas a Costanzo, en tres o cuatro oportunidades, sin grabación de por medio. Y he hablado con él sobre el tema de Raquel Negro. Las primeras entrevistas se dieron en 1997, las otras en 1998 y contactos informales a posteriori, probablemente en 1999 y 2000”, recordó.

“Recuerdo especialmente una nota con Costanzo porque la escribí en el libro ‘Matar para robar, luchar para vivir’, de 2004, y también en ‘El Rosario de Galtieri y de Feced’, del año 2000. Esa entrevista fue el 15 de diciembre de 1997. Particularmente la recuerdo porque fue en el domicilio del propio Costanzo en Pueyrredon al 2900 de Rosario; muy cerca de un lugar tristemente célebre que fue la Casita de los Ciegos, que fue un hecho de secuestro de personas de 1977. La entrevista fue al mediodía, Costanzo estaba con un traje marrón y exhibía una corbata con dibujos de Pluto, Mickey, Tribilín, esos dibujos clásicos de Walt Disney. Era contrastante la figura”, rememoró Del Frade ante el Tribunal.

“Costanzo me ratificaba la necesidad que tenía de hablar de lo que había pasado en la Quinta de Funes, porque en las entrevistas en la calle o en los bares cercanos a las radios donde yo trabajaba ya me había dicho su intención de contar mucho más que lo que había contado Bonasso en ‘Recuerdo de la muerte’. Siempre me decía si podía conseguir dinero de por medio y le dije que no. Después se dio cuenta de que dinero no tenía pero sí ganas de contar su versión”, continuó.

Durante aquella conversación el represor “hizo especial hincapié en las figuras de Guerrieri, Amelong y especialmente Fariña como los principales responsables de lo que sucedió en la Quinta de Funes y en La Intermedia”. Añadió que allí hablaron de los mellizos nacidos en Paraná y Costanzo le reveló que habían nacido un nene y una nena. “Pero él había creído, o por lo menos recordó y lo escribí así en los dos libros, que uno de ellos había nacido muerto como estrangulado por el cordón umbilical. Allí profundizó en la idea de que los responsables eran Amelong pero especialmente Fariña, de quien además me decía que había hecho mucho dinero con una agencia de seguridad que trabajaba o que tenía su oficina en frente del diario La Capital, en Sarmiento entre Santa Fe y Córdoba”.

«En aquel momento me dijo que nos íbamos a volver a ver después de las fiestas, que me iba a entregar un documento que quería que hiciera público en la prensa nacional. Después de navidad me entrega la fotocopia de una carta documento que le había enviado al entonces vicegobernador de Tucumán Vicente Topa, diciéndole que tenía las manos manchadas de sangre por defender la patria y que necesitaba ayuda económica. Eso lo publiqué en ‘El Rosario de Galtieri y de Feced’ con un facsímil y se lo envié a Miguel Bonasso para que lo publicara en Pagina 12, en los primeros meses de 1998. Es allí cuando tengo el encuentro más desagradable con Costanzo, después de la publicación, en Dorrego y Montevideo de Rosario: para el auto, porque trabajaba como remisero, se baja y me dice ‘te voy a cortar los huevos por lo que hiciste’. Le respondo: ‘querías que se publicara nacionalmente y se publicó’. Después sigue en el auto con la promesa de que iban a seguir las charlas”, relató.

El periodista subrayó que la mayoría de los hechos denunciados por Costanzo “a la larga se demostraba que si no eran químicamente precisos, terminaban siendo cercanos a la verdad” que expresaban sus fuentes. “Y eso se demostraba cuando uno comenzaba a revisar por distintos testimonios sobre el presente de Fariña, en aquel momento, de Amelong”, agregó.

“Las investigaciones nos llevaron a un documento que sugiero que se tenga muy en cuenta, que es el elaborado por el entonces coronel Alfredo Sotera, que en noviembre de 1976, según la causa ‘Agustín Feced y Otros’, habla de los procedimientos por izquierda que hacia el Ejército argentino en el área de jurisdicción del Segundo Cuerpo. En aquel momento Sotera era el jefe del Destacamento de Inteligencia del Segundo Cuerpo del Ejército y allí se habla de procedimientos altamente irregulares, entre los cuales se habla de lo que se hacían con los menores de los BDTS (Banda de Delincuentes Terroristas Subversivos). Tiene un sello que es estrictamente secreto y confidencial”, aportó.

También habló de la intervención en la represión ilegal del ex comandante del Ejército en Entre Ríos, Juan Carlos Ricardo Trimarco, declarado inimputable en la causa Hospital Militar: “El 12 de octubre del 76 hubo cambio de comandante, se había ido el que había organizado todo esto, Ramón Genaro Díaz Bessone, y había asumido Leopoldo Fortunato Galtieri; y aquí asumía Trimarco. Digo esto por un detalle de una investigación a posteriori, cuando secuestran al hijito de la familia Ayastuy, de Gualeguaychú, en Buenos Aires; cuando van a recuperar al chiquito se encuentran que está en una casa de menores en Capital Federal, pero las llaves del auto del matrimonio se la entrega Trimarco en Paraná a la familia de la mamá. Con esto quiero decir que estos hechos tienen una conexión, que sabía Trimarco perfectamente qué pasaba con lo que se llamaba el botín de guerra, tanto un chico como bienes materiales”.

Ante una pregunta de Fiscalía sobre el destino de alguno de los bebés de Negro, sostuvo: “Costanzo hacía especial hincapié en la figura de Fariña y, por el tono de la voz, lo ubicaba al lado de Fariña a Amelong”. Además recalcó que Costnazo dijo “se la llevó Fariña” en referencia a la nena Raquel, o sea Sabrina Gullino.

También el represor le contó sobre quiénes integraban el grupo de tareas: “A la cabeza Fariña; Amelong, Walter Pagano, los hermanos Isach, Costanzo como uno de los guardias, otro policía de apellido Torres. Con el tiempo percibí que formaban parte directamente del área de Inteligencia del Segundo Cuerpo. Le dijo también que Fariña era “uno de los principales responsables” de la Quinta de Funes, pero “habitualmente llegaban oficiales de más alto rango, como Guerrieri o en algún momento Galtieri”.

“A mí no me cabía duda de que Costanzo tenía vinculación con los hechos que manifestaba”, dijo, pero agregó: “Lo que aportaba tenía verosimilitud. Veníamos de haber leído la obra de Bonasso, donde lo ubicaba a Costanzo como uno de los guardias de la Quinta de Funes y también tenía conocimiento de La Intermedia, de la escuela Magnasco. Incluso me dice que jugaban al fútbol con los que estaban detenidos. A mí me producía una sensación muy perversa”.

“Sobre Raquel Negro dijo que tuvo mellizos y nada más. Porque en aquel momento mi búsqueda era que me dijeran el destino de los cuerpos de los desaparecidos y de los chicos secuestrados. Y hasta el día de hoy sigo con esos dos objetivos”, destacó. “A mí me dio la sensación que Costanzo sabía perfectamente lo que había ocurrido, en ningún momento me daba la sensación que fabulaba”, agregó.

Amelong, en cambio, no quiso hablar sobre los bebés de Raquel Negro: “Me dijo que había hecho lo que había hecho porque lo que él entendía como la subversión había matado al padre. No se abundó más”.

“Y… era el doctor Torrealday”.

Una enfermera que declaró este miércoles mencionó el nombre de Torrealday ante preguntas relacionadas con quién era su jefe y quién atendía a un niño derivado del nosocomio de avenida Ejército que ella vio en el servicio en 1978. “Me parece que sí, que había un bebé derivado del Hospital Militar, un niño, que estuvo internado un día y medio o dos”, dijo la testigo ante una de las primeras preguntas. Sobre quién le prestaba atención, indicó: “Y… era el doctor Torrealday”.

La mujer habló de un varón y no de mellizos, y según sus cálculos pesaba alrededor de 3 kilos, por lo cual no pensaba que hubiera nacido en un parto múltiple. Estaba bien de salud, pero de todos modos estaba alojado un sector reservado para casos complicados. “Lo recuerdo porque lo habían separado, lo tenían aislado en otro sector de neonatología, no sé por qué. Es como que me quedó grabado eso”.

El Tribunal insistió en preguntarle por qué recordaba el caso. “A mí me llamó la atención porque lo tenían separado”, sostuvo. Pero un poco más adelante, ante otra interrogación, surgió otra explicación: dijo que había visto en algunas ocasiones que en la tarjeta donde se identificaba a los pacientes decía “NN”, y deslizó: “Ese niñito tenía NN”.

“Se le ponía NN porque no habían dado con la familia, no había ningún familiar. En esa época no se podía preguntar mucho tampoco, porque no le informaban demasiado. Si una preguntaba no le informaban”, continuó. “¿A quién le preguntó?”, inquirió el presidente del Tribunal, Roberto López Arango. “Al doctor Torrealday, y me respondió que la familia, que iban a ver… que estaba la familia viendo lo que hacían con el niñito. No sabía bien el apellido, si iba a llevar el apellido de la mamá o del papá. Y el nombre todavía no lo habían confirmado”, dijo desordendamente. “Fue algo medio confuso, como que me quiso conformar y bueno, me dijo… Como queriendo decir eso”, siguió.

De todas maneras, ese niño permaneció identificado como NN hasta que abandonó la clínica: “No sé quién lo llevó ni cuándo. Se fue de alta, según me dijeron”. Esta afirmación se contrapone con el testimonio del neonatólogo paranaense, quien aseguró que tomó conocimiento de la internación de criaturas sin identidad recién en 1989, mientras revisaba el libro administrativo y leyó los registros de dos NN en julio de 1978 y de Soledad López y NN López en marzo.

Otra enfermera de neonatología que declaró ayer no aportó datos. Mientras tanto, el testimonio del socio del IPP que aún no compareció por problemas de salud, Jorge Eduardo Rossi, se fijó para el miércoles 21 a las 10.

La maternidad clandestina

Joe Erbetta declaró que quien era su jefe en el Distrito Militar Entre Ríos, Ulises Chort, le reveló sobre le traslado de detenidas al hospital para dar a luz. “Hizo referencia a que las mujeres desaparecían y los hijos tenían un destino desconocido”, agregó. Incluso señaló que “se mencionó mucho un parto de mellizos en ese momento”, en probable alusión a los hijos de Negro.

Erbetta también dijo que cuando realizaba guardias en el ingreso a los cuarteles constató la entrada de hombres que pertenecían a los grupos de tarea, que se dirigían a los centros clandestinos de detención del Batallón de Comunicaciones y de La Escuelita, donde se vienen realizando excavaciones en busca de restos de desaparecidos.

Joe tiene un hermano desaparecido, Victorio ‘Coco’ Erbetta, que fue secuestrado el 16 de agosto de 1976 cuando era estudiante de Ingeniería de la UCA. “Estuvo detenido en el Batallón de Comunicaciones Blindado II”, afirmó.

En su testimonio, relató los detalles que averiguó sobre el terrorismo de Estado: “Los hombres que estaban detenidos allí no eran asistidos, las mujeres sí, según mi jefe en ese entonces, el teniente coronel Chort. Sobre todo las mujeres que ingresaban detenidas embarazadas en el Hospital Militar.

Con el teniente coronel Chort teníamos una afinidad dado que también había sido jefe de mi padre, ambos eran del arma de Comunicaciones. La vedad que era un hombre que detestaba lo que se estaba viviendo”.

En otro pasaje describió cómo Trimarco lo amenazó de muerte: “El 10 de setiembre de 1976 el general Trimarco me hace llamar a sus despacho a los efectos de que no buscara más a mi hermano, que no intentara averiguar dónde estaba detenido y qué pasaba con él. Me hace saber que era un subversivo, que no lo buscáramos más ni yo ni mi familia. Y me amenaza con un arma apuntándome a la cabeza. Cuando regreso al Distrito Militar a los pocos días, Chort me llama al despacho y me dice que a partir de ese momento no me retirara a ningún otro sitio de la zona cuartes o al comando sin su conocimiento, que todo movimiento que hiciera lo hiciera bajo su conocimiento”.

Su jefe tenía reuniones semanales en la Brigada con el general Trimarco y el resto de los jefes a los efectos de recibir órdenes o transmitir novedades. “En esos momentos se comentaba estos temas de las detenciones. Estaba el director del hospital también. Y estos casos de embarazadas se divulgaba y él me lo contaba cuando tenía ganas de decírmelo; que estaban pasando cosas muy raras”, subrayó.

Chort también hizo referencia a que “las mujeres desaparecían y los hijos tenían un destino desconocido”. Agregó que las mujeres las traían de centros clandestinos de detención de todo el litoral, donde el Segundo Cuerpo tenía jurisdicción. Sobre el caso de Raquel Negro, indicó: “Se mencionó mucho un parto de mellizos en ese momento. Los nombres no los disponía”.

“Yo hacía guardia en la barrera, en el ingreso a la zona de cuarteles. Reforzaban todo el cordón del ingreso a distintas unidades con personal, un suboficial con 12 soldados. Esa gente a la noche, por lo general los suboficiales, comentaban lo que estaba pasando principalmente en Comunicaciones y en el hospital”, rememoró.

Cuando hacía guardia en la barrera, constataba el ingreso de “los servicios de Inteligencia, que se llamaba en ese momento grupos de tarea; se identificaban como personal de Inteligencia, de Rosario, Santa fe y Paraná, por lo general de civil”.

En ese momento la Fiscalía, con adhesión de la querella, propuso que mirara a los imputados y dijera si reconocía a alguno. Luego de la oposición de la defensa, el Tribunal hizo lugar y mandó a llamara a Pagano, quien viene estando ausente en la sala. El represor ingresó riéndose y haciendo bromas con sus ex camaradas. Erbetta miró fijamente uno a uno a los acusados y reconoció a Zaccaría como “médico del Hospital Militar” y dijo tener dudas sobre Amelong.