Crónicas
Guerrieri se extendió durante una hora y señaló a Galtieri y Navone
Pascual Oscar Guerrieri, coronel retirado ex jefe de la central de operaciones del Batallón de Inteligencia 601, comenzó a declarar a las 10.40 y lo hizo por casi una hora.
Contó cómo fue su ingreso al Ejército Argentino: «Entré a los 12 años. Tengo 77 y todavía no me pude ir», indicó.
Luego, se justificó calificándose de «militar profesional» y diciendo: «Nos tocó por razones biológicas vivir esa época. Si hubiéramos nacido en otro momento, no estaríamos acá».
Tras expresar que la única bandera que respeta es «la bandera verde oliva del Ejército Argentino», Guerrieri resaltó su rol como director de Planeamiento de la SIDE durante el gobierno de Carlos Menem, entre 1989 y 1999. «Para un cargo así se piden antecedentes y se analiza todo. Algún mérito debo haber tenido», expresó, con intención de mostrarse como «un militar no del Proceso, sino también de la democracia».
«Vengo acá después de estar 10 años preso. Estamos sufrieron mucho, nosotros y nuestras familias. Quiero que esto termine, pero sé que no voy a salir. No puedo salir. No me van a dejar. Tengo cinco hijos y ocho nietos», expuso.
En otro tramo de sus dichos, expresó: «Acá se habla de patotas, pero yo nunca instruí patotas. La Triple A habrá sido una patota, pero el Ejército no. Es lo mismo que yo dijera que los sacerdotes preparan monjas para ser prostitutas», comparó.
Tras señalar que, a su criterio, «el flagelo terrorista en Argentina no es de 1976, sino que empezó en 1960», Guerrieri dijo tener «fe» en el tribunal. «No somos el Ejército del Proceso», reiteró. «Soy soldado del Ejército de San Martín. No del Ché Guevara», agregó. Y completó: «Nosotros también conseguimos la libertad y la democracia de la que hoy gozan ustedes. Mucha gente se hace la distraída, pero nos pedían por la calle que viniera la revolución».
Munido de una carpeta con la testimonial del represor Eduardo Constanzo, también miembro de Inteligencia del Ejército, que declaró en un juicio en su contra en la ciudad de Rosario, Guerrieri aseguró que fue el represor Paul Navone, que apareció muerto en febrero de 2008, antes de declarar, «el que trajo al chico ese que hizo el trabajo en el Hospital Militar». Específicamente, leyó: «Raquel Negro fue llevada al Hospital Militar, ya que había sido torturada y estaba embarazada de mellizos. Luego del parto, Paul Navone fue quien la ejecutó de un tiro en la cabeza» y explicó que se trataba de documental de abril de 2011. Solicitó que se incorporara al expediente, pero su pedido fue rechazado.
Exhortó a «recurrir a la historia, no solamente a la memoria» y pidió: «Yo también quiero el nunca más para mí. Déjenme morir en paz, con mi familia a mi lado y con mis camaradas que me conocen». Luego, contó: «Un señor el otro día me tocó el hombro y me dijo ‘gracias coronel por haber peleado'».
Después, con ayuda de un gráfico, explicó que era segundo jefe del Destacamento 121 en Rosario, con grado de teniente coronel. Describió la estructura militar que tenía por encima: «Arriba mío tenía al comandante del II Cuerpo, Leopoldo Galtieri», indicó.
Destacó que «Inteligencia es una tropa técnica, no operativa. Es como ser meteorólogo», intentó graficar. Y aseguró que «no se podía dejar de cumplir órdenes» porque «no existe eso en el Ejército».
Aseguró que sólo visitó Paraná dos veces en su vida «por razones sociales» y dijo que no conoce el Hospital Militar. «Yo no di ninguna orden a nadie para que viniera para acá. Fueron órdenes de Galtieri», finalizó.
Fuente: LT14
26 Ago
Zaccaría dijo que le metieron “de prepo” a los hijos de Raquel Negro
El jefe de terapia intensiva del Hospital Militar reconoció por primera vez el parto de los mellizos y la presencia de ambos en el nosocomio. Inclusive dijo haber hablado con Raquel Negro, que estaba privada de su libertad, luego del alumbramiento. También dio a entender que pudieron haber ocurrido otros nacimientos de mujeres secuestradas.
El médico procesado Juan A. Zaccaria . Foto Sergio Ruiz
Quien fuera jefe de terapia intensiva del Hospital Militar llegó a la sala a bordo de un sillón de ruedas, empujado por uno de los agentes del Servicio Penitenciario que tiene a cargo su custodia, y con su esposa caminando al lado. Tenía un pantalón de vestir gris, camisa blanca, corbata, pulóver gris, saco, una campera de gabardina color caqui y una bufanda marrón que le cubría el cuello. Ya en la sala, se apoyó del brazo de su mujer para sentarse en el asiento, en la segunda fila, del lado del pasillo.
Escuchó con atención la primera parte de la audiencia, en la que se plantearon las cuestiones preliminares y también a su abogado, Humberto Franchi, cuando pidió la suspensión del proceso en su contra por inimputabilidad.
Juan Antonio Zaccaría tiene 70 años. Nació en Capital Federal el 14 de octubre de 1940, pero desde hace años reside en Paraná, donde fue médico militar. Está casado y tiene dos hijos. “Supongo que sí”, dijo en tono bajo y con la voz temblorosa cuando le preguntaron si comprendía los hechos que se le imputan. Está detenido desde 2008, pero el año pasado sufrió un accidente cerebrovascular mientras estaba alojado en la cárcel.
El memorioso. En el cierre de la jornada, y luego de que los militares imputados pidieran declarar al día siguiente, el médico aceptó responder preguntas. Zaccaría era jefe de terapia intensiva del Hospital Militar de Paraná en 1978 y contó que se enteró de la presencia de Raquel Negro y sus hijos mellizos al día siguiente de que la mujer diera a luz, por lo que dijo desconocer si el parto se había producido allí.
“Era un caso excepcional. Los pusieron ahí y después los sacaron”, dijo en referencia a la presencia de los bebés en incubadoras en la unidad de terapia intensiva. “Nadie decía nada y cuando di la novedad a la superioridad, los hicieron desaparecer, los llevaron a otra parte”, aseveró sin precisar quién dio la orden ni adónde fueron a parar. De todas maneras hoy se sabe que fueron trasladados al Instituto Privado de Pediatría, según los registros de ese nosocomio, en los que constan el ingreso y egreso de ambos.
Zaccaría dijo no recordar los nombres de sus superiores ni de las enfermeras que trabajaban en el Hospital Militar en ese momento, aunque mencionó a Miguel Bottero Brollo y Jorge Cantaberta, quienes se desempeñaban en el área de ginecología del Hospital Militar. Ambos están fallecidos, pero Cantaberta alcanzó a declarar como imputado en la causa y negó haber tomado conocimiento de los hechos.
Además, Zacaría referenció que Alfredo Berduc y Juan Ferrarotti –que deben declarar como testigos en este juicio– eran médicos de terapia intensiva y que ellos debieron estar de guardia en el momento en que se produjo el alumbramiento. Inclusive señaló que ni él tenía facultades para darles órdenes ni ellos podían tomar decisiones por sí solos, pero que en el caso de los mellizos se encontró “ante un hecho consumado” y acotó que ante esa situación “no se puede tirar a un enfermo a la calle”.
De todas maneras, Zaccaría precisó que “la nena estaba bien, pero el varoncito estaba más o menos, tirando a mal; y la madre quedó en terapia, pero estaba sana”. Más aún, el médico dijo haberse entrevistado con Raquel Negro: “La vi cinco minutos, fue una charla superficial. Ella estaba acostada, pero tenía buen aspecto”, aseguró. “A pesar de que no era amigo de eso, me dijeron que los tenga ahí, en terapia”, acotó en referencia a los bebés y su madre. Y admitió que todo el procedimiento fue “irregular”.
Asimismo, Zaccaría negó haber visto los libros de novedades de la terapia intensiva, pero dijo que “a veces había cosas que no se registraban”. De todas maneras insistió en despegarse de la acusación que enfrenta: “No tenía nada que ver, a los chicos me los metieron de prepo en la sala de terapia intensiva”, expresó.
Inclusive, en varios tramos de su declaración, Zaccaría dejó entrever que en el Hospital Militar pudieron haberse producido otros partos de mujeres secuestradas.
Preliminares
En el inicio de la segunda audiencia del juicio los abogados de los represores imputados solicitaron la suspensión del juicio. El defensor oficial Mario Franchi planteó la incompetencia territorial del tribunal para juzgar la sustracción de menores y sustitución de identidad e inclusive apuntó que estos hechos se superponen con los que ya fueron juzgados en Rosario y por los que resultaron condenados a prisión perpetua los ex militares Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong y Walter Salvador Dionisio Pagano.
Franchi señaló también que Marino Héctor González y Fariña fueron afectados en su derecho de defensa ya que la Cámara Federal de Apelaciones no notificó correctamente a sus abogados para que pudieran apelar el auto de procesamiento y prisión preventiva.
En tanto, Amelong, en ejercicio de su propia defensa, planteó que los delitos cometidos “durante el conflicto armado” deberían ser juzgados por la Justicia Militar y señaló además que el robo de bebés no puede ser considerado un delito de lesa humanidad, pero que si así fuera, debería ser juzgado por la Corte Penal Internacional de La Haya.
Por su parte, Humberto Franchi solicitó la suspensión del proceso contra Zaccaría y que se declare su inimputabilidad, a partir de lo establecido por los peritos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dictaminaron que padece hipertensión arterial, diabetes grado dos y un deterioro cerebral cognitivo de patrón mixto (córtico subcortical). En términos coloquiales significa que está disminuido en sus capacidades físicas y psíquicas por un problema circulatorio que hace que no tenga buena irrigación al cerebro, por lo que “no está en condiciones de hacer su defensa material y contestar los hechos que se le imputan”, dijo Franchi. No obstante, pidió que Zaccaría vuelva a ser examinado para determinar su estado actual, ya que la pericia anterior data del 3 de junio pasado.
Después de deliberar por casi dos horas, el tribunal integrado por Roberto López Arango, Lilia Carnero, Juan Carlos Vallejos y María Ivón Vella (jueza sustituta) resolvió rechazar todos los planteos y abrir formalmente el debate. Así, el juicio continuará hoy, a partir de las 10, con los testimonios de los ex militares imputados, que pidieron un tiempo con su abogado para definir la estrategia defensiva. De todas maneras, Mario Franchi adelantó la intención de que presten declaración.
25 Ago
Día 2: Zaccaría demostró que no está demente y reveló detalles del robo de bebés
El médico militar, que según su defensa no podía ser juzgado por incapacidad mental, sorprendió con su declaración en el juicio por la causa Hospital Militar. Dijo que vio y atendió a la desaparecida Raquel Negro y que a los bebés los “hicieron desaparecer”. Pero buscó desligare de su responsabilidad en los hechos. En la primera parte de la audiencia, el Tribunal rechazó todos los planteos de los represores.
por Alfredo Hoffman (especial para la Mesa Juicio y Castigo)
Fotos: Gustavo Vaccalluzzo
En el segundo día del juicio por la causa Hospital Militar, el Tribunal Oral Federal de Paraná rechazó los planteos de las defensas de los represores, que pretendían suspender el debate por recursos pendientes de resolución y por supuesta incompetencia del organismo judicial. Además, resolvió que el imputado Juan Antonio Zaccaría, jefe de Terapia Intensiva del nosocomio castrense durante la dictadura, continúe siendo juzgado, a pesar de que su abogado pidió la suspensión del proceso penal en su contra por problemas de salud físicos y psíquicos. Y Zaccaría no sólo continuó en el juicio, sino que aceptó declarar y, contradiciendo a su propio abogado, reveló sin mucho esfuerzo mental los detalles del entramado del robo de bebés: dijo que atendió a la hoy desaparecida Raquel Negro en 1978, que estaba custodiada por militares, y que a sus niños los “hicieron desaparecer”, entre otras revelaciones.
El primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad en Entre Ríos, en el que se juzga a los responsables de sustracción de menores durante la dictadura, continuó así este jueves con más planteos de los imputados que fueron rechazados por el Tribunal que integran Roberto López Arango, Lilia Carnero y Juan Carlos Vallejos. El miércoles tampoco habían sido tenido en cuenta los pedidos de unificación de las querellas y de traslado de los detenidos en la cárcel de Paraná a dependencias de fuerzas federales.
Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Waltar Salvador Pagano, Marino González (integrantes del Destacamento de Inteligencia 121, dependiente del Segundo Cuerpo de Ejército) y Juan Antonio Zaccaría, médico militar, están acusados de los delitos de sustracción y sustitución de identidad de los hijos mellizos de los detenidos-desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela, nacidos en marzo de 1978 en la maternidad clandestina del Hospital Militar. La beba mujer fue abandonada en un orfanato rosarino y dada en adopción legalmente a una familia que la llamó Sabrina Gullino. Recuperó su verdadera identidad en diciembre de 2008. El bebé varón todavía continúa desaparecido.
Al inicio de la audiencia, un detalle hacía prever la estrategia de Humberto Franchi, el defensor de Zaccaría: el acusado ingresó a la sala en silla de ruedas, acompañado de su esposa, a pesar de que el miércoles lo había hecho por sus propios medios y había permanecido sin problemas aparentes en su silla durante las casi ocho horas que duró esa primera jornada. Franchi insistió con su planteo de los últimos meses de que el anestesista posee una incapacidad que lo convierte en inimputable. Sin embargo, después de analizar los argumentos de las partes, el Tribunal decidió que Zaccaría está en condiciones de ser juzgado y de estar presente en el debate.
“El Tribunal entiende que, por el cocimiento ‘de visu’ durante el desarrollo de la audiencia de ayer (por el miércoles) y hoy (por el jueves), se encuentra apto, en condiciones para estar presente y ejercer su defensa material en las presentes audiencias”, sostuvo Roberto López Arango, presidente del organismo judicia, sin perjuicio de las medidas que se puedan adoptar oportunamente.
Cuando los jueces le consultaron sus datos personales, Zaccaría no tuvo problemas en responder la mayoría de las preguntas. “¿Entiende usted por qué está en esta audiencia?, interrogó López Arango: “Supongo que sí”, contestó. Sólo manifestó cierta confusión sobre su ciudad de residencia –primero dijo Buenos Aires y luego, correctamente, Paraná– y no recordó su número de documento.
De la misma manera se rechazaron los planteos de incompetencia territorial, de nulidad de la audiencia de debate por pruebas y recursos pendientes y de nulidad de la resolución de Cámara que declaró desiertos los recursos de apelación de González y Fariña a los autos de procesamiento.
También se rechazó el planteo de Amelong –ejerciendo su autodefensa– por “incompetencia material”. El represor pretendía que lo juzgara un Tribunal Militar. Sin embargo, no se tuvo en cuenta el pedido de la querella para que se oficie al Colegio de Abogados de Rosario a fin de que confirme si se le anuló la matrícula. Se argumentó que no necesita ser profesional del Derecho para ejercer una autodefensa.
Planteos Preliminares
En las cuestiones preliminares, al inicio de la jornada, el defensor oficial Mario Franchi pidió la suspensión del juicio. En primer lugar, hizo un planteo de incompetencia, por entender que se trata de delitos que ya fueron tratados y juzgados en la causa Guerrieri. “Se están superponiendo hechos que han sido objetos de valoración por el Tribunal Oral Federal de Rosario. Además en ese juicio prestaron declaración médicos, parteras, testigos que parecieron exceder el objeto procesal de aquella causa”, sostuvo, antes de afirmar que la competencia no le corresponde al Tribunal de Paraná sino al de la ciudad santafesina.
Franchi pidió también la nulidad de la apertura del debate porque existen pruebas y recursos pendientes de resolución, hay medidas que no han sido completadas y no se cuenta con todos los elementos probatorios, aseguró. Asimismo anticipó que asesoraría a sus defendidos para que no declaren hasta poder contar todas las pruebas, porque “el ejercicio de defensa se ve claramente limitado”.
Dijo que hay un recurso de casación de Amelong pendiente, que fue rechazado por el Tribunal y que el imputado insistió con recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia recusando a uno de sus miembros. En ese sentido, el defensor pidió que se anulara la apertura del debate a la espera de la resolución del recurso ante la Corte.
En representación de González y Fariña, en tanto, hizo un planteo porque la Cámara los tuvo por desistidos del recurso de apelación del auto de procesamiento y prisión preventiva por un error judicial de notificación, según afirmó, cuando los dos represores habían revocado a sus defensores particulares.
La fiscal Marina Herbel contestó el planteo de incompetencia diciendo que es improcedente su determinación en esta etapa y pidió que se lo rechace. Aseguró además que el Tribunal paranaense tiene la competencia territorial por el lugar donde se cometió el delito. Aceptar este planteo “implicaría un grave retardo del juicio” en perjuicio de las víctimas, sostuvo. Argumentó también que por la procedencia de la mayoría de los testigos claves es conveniente que el juicio se realice en la capital entrerriana.
El fiscal José Ignacio Candioti rechazó la solicitud de nulidad por los recursos y pruebas pendientes. De éstas últimas dijo que se trata de los legajos militares de los imputados, los cuales están reservados en secretaría, y demás pruebas que en todo caso su falta afectaría a las partes acusadoras y por ende no se violaría el derecho de defensa. Acotó también que no es imperativo suspender el debate ante esas circunstancias, sino que es facultativo del Tribunal.
Asimismo indicó que el recurso pendiente de Amelong es de prescripción de la acción, que ya fue resuelto en forma negativa en esta jurisdicción y por la Corte Suprema, que ya tiene una postura fijada al respecto, como así también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Finalmente, Herbel adherió a lo resuelto por la Cámara sobre los desestimientos de las apelaciones de González y Fariña, en cuanto fueron debidamente notificados.
Alvaro Baella, representante de la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, adhirió en todos sus términos a lo planteado por el Ministerio Público Fiscal. Sobre la cuestión de la competencia agregó que el defensor no dijo qué testigos que declararon en Rosario no eran pertinentes ni precisó cuál es el perjuicio que se le ocasionaría a los imputados, y remarcó que son delitos distintos los que se cometieron y juzgaron en Rosario y en Paraná.
Abogado sin matrícula
En un tramo de las cuestiones preliminares tomó la palabra Amelong, en ejercicio de su autodefensa como abogado. Lo hizo para introducir un planteo de incompetencia en razon de la materia y reclamar que se lo juzgue con el Código de Justicia Militar. Además, criticó la aplicación del articulo 118 de las Constitución. Acto seguido pretendió hablar sobre la prescripción, pero el presidente del Tribunal lo reprendió porque no le estaba permitido exponer sobre planteos ya realizados. López Arango también lo retó diciéndole que no entendía por dónde iba su planteo.
Una vez que habló Amelong, Baella pidió al Tribunal que oficie al Colegio de Abogados de Rosario para que informe sobre la clausura de la matrícula de abogado del represor, lo que se conoció por los medios recientemente. “Hasta tanto el Colegio responda este oficio entendemos que Amelong ya no goza más de la matrícula de abogado”, sostuvo. El fiscal Candioti no puso objeciones a la medida solicitada, y el propio Amelong se defendió diciendo que el Colegio no lo había notificado de la medida y que “ni siquiera hace falta ser abogado para defenderse”.
Antes de que el Tribunal pasara a un cuarto intermedio de una hora para para resolver los planteos preliminares, Herbel rechazó la solicitud de Amelong de que lo juzgue un tribunal militar. “La Corte en 2007 resolvió la inconstitucionalidad de la aplicación del Código de Justicia Militiar para los militares que cometieron delitos en el ejercicio de su cargo”, señaló, al tiempo que distinguió el derecho disciplinario y el derecho penal militar. “Los tribunales militares se integran con funcionarios con dependencias jerárquicas correspondientes al Poder Ejecutivo, por lo tanto tienen prohibido el ejercicio de funciones judiciales”, dijo la fiscal.
La estrategia del defensor de Zaccaría
Humberto Franchi, al insistir con su planteo de suspensión del proceso respecto a Zaccaría, sostuvo que lo hacía “por cuestiones que ya anteriormente solicitara, que impiden el desarrollo del proceso respecto de su persona, ya que no se encuentra en condiciones físicas y psíquicas de participar de este debate”.
“Los estudios determinaron sus problemas piscológicos, psiquiátricos y físicos. El 2 de junio se hizo el último examen médico con profesionales del Cuerpo Médico Forense, quienes concluyeron que Zaccaría presenta hipertensión arterial, diabetes tipo 2, enfermedad cerebro vascular y deterioro cognitivo en niveles de demencia. La realización de actos procesales pueden llevar a un nivel de estrés que se hace evidente para cualquier persona y más en el caso de gerontes, que puede llevar perjuicios y complicaciones cardio o cerebrovascular”, acotó.
Recordó que en base a ese dictamen el tribunal decidió no hacer lugar “por el momento”, o sea que a su entender no se resolvió la cuestión, y disponer antes de la audiencia de debate la realización de una nueva evaluación. Luego, el 20 de julio se decidió que no era imprescindible una nueva pericia, sin perjuicio que una vez iniciada la audiencia se resuelvan las medidas pertinentes.
Argumentando “inimputabilidad sobreviniente”, Franchi solicitó que, en caso de ser necesario, se realice un nuevo estudio a través de los mismos peritos de la Corte.
Tanto la Fiscalía como la parte querellante desestimaron lo pedido por el abogado de Zaccaría. Herbel remarcó que el médico represor aceptó acudir ante el Tribunal, a pesar de que se le ofreció participar por videoconferencia, y consideró que se lo veía en condiciones de asistir al debate. Sostuvo asimismo que el dictamen de los peritos no era determinante para el Tribunal y que además los profesionales propuestos por la querella no opinaron los mismo que los forenses de la Corte.
“Hemos observado que desde ayer Zaccaría está presente en la sala. Está en condiciones físicas y psíquicas; las físicas las pudimos observar todas las partes, las psíquicas ya las resolvió el Tribunal. Sabemos que la demencia senil no se presenta con actitudes como las presentes”, subrayó.
Candioti acotó que “no es la postura del Ministerio Público Fiscal que una persona esté sometida a proceso por el simple hecho de estarlo” y citó el ejemplo de Juan Carlos Ricardo Trimarco, a quien se le corroboró su deterioro cognitivo y se lo declaró inimputable. “Acá, con Zaccaría, el MPF estima que las circunstancias establecidas para la suspensión del proceso no se encuentran comprobadas y por ende el juicio debe continuar”, dijo.
Florencia Amore, abogada de HIJOS Paraná, apuntó que los problemas de salud no son relevantes como para suspender el proceso y marcó la posibilidad de que el imputado esté simulando sus problemas de salud, dado que es un profesional de la Medicina. “En este momento es interesante analizar que la incapacidad debe ser de una entidad tal que excluya la actitud defensiva de querer no entender. Esta querella entiende que el imputado padece un deterioro cognitivo mínimo y esto ha quedado demostrado en la etapa de instrucción y en la reciente audiencia oral”, dijo.
En cuanto a la última evaluación mencionó que “existieron dos dictámenes periciales contradictorios”, uno de los integrantes del Cuerpo Médico Forense y otro de los profesionales propuestos por las querellas, y destacó que una, vez designados, los peritos tienen la característica de ser imparciales, independientemente de ser ofrecidos por la parte o ser el perito oficial. “La valoración debe hacerse respetando las reglas de las sana crítica. Deben considerarse otros elementos de prueba, como el antecedente de la conducta de Zaccaría en el desarrollo de este proceso”, dijo en referencia a que en su momento se autoprovocó una hiperglucemia. “Debemos tener en cuenta que es médico y sumar la magnitud de los delitos que se le imputan. Esto hace posible pensar que está pretendiendo algún beneficio excarcelatorio”, indicó.
“Advertimos que Zaccaría pudo presenciar la audiencia y ha aceptado venir y estar, por lo cual no nos cabe ninguna duda de que sabe y de que comprende que está siendo sometido a un proceso penal y cuales son las consecuencias de ello”, finalizó Amore.
Después de analizar los argumentos de las partes, el Tribunal decidió que Zaccaría está en condiciones de ser juzgado y de estar presente en el debate.
“El Tribunal entiende que, por el cocimiento ‘de visu’ durante el desarrollo de la audiencia ayer (por el miércoles) y hoy (por el jueves), se encuentra apto, en condiciones para estar presente y ejercer su defensa material en las presentes audiencias”, sostuvo López Arango, sin perjuicio de las medidas que se puedan adoptar oportunamente.
De la misma manera se rechazaron los planteos de incompetencia territorial, de nulidad de la audiencia de debate por pruebas y recursos pendientes y de nulidad de la resolución de Cámara Federal de Apelaciones que declaró desiertos los recursos de apelación de González y Fariña a los autos de procesamiento.
También se rechazó el planteo de Amelong –ejerciendo su autodefensa– por “incompetencia material”. El represor pretendía que lo juzgara un Tribunal Militar. Sin embargo, no se tuvo en cuenta el pedido de la querella para que se oficie al Colegio de Abogados de Rosario a fin de que confirme si se le anuló la matrícula. Se argumentó que no necesita ser profesional del derecho para ejercer su autodefensa.
El robo de bebés en boca de un imputado
En el tramo final de la audiencia, Juan Antonio Zaccaría, el imputado que según su defensor sufría una incapacidad mental que le imposibilitaba ser juzgado, terminó aportando datos claves sobre el robo de bebés durante la última dictadura: no sólo reconoció los hechos que se investigan, sino que al relatarlos utilizó la misma terminología que las partes acusatorias al hablar de situaciones “irregulares” en el alojamiento de parturientas y recién nacidos en el Hospital Militar de Paraná y hasta afirmar que a los bebés “los hicieron desaparecer”.
El anestesista, comprendiendo plenamente lo que sucedía a su alrededor, contestó las preguntas que en su mayoría provinieron del fiscal José Ignacio Candioti y admitió la internación de Negro custodiada por militares, el nacimiento de un niño con complicaciones de salud y una niña en buenas condiciones, la inscripción “irregular” de los bebés y la posterior “desaparición” de los mismos. Fue lo suficientemente cuidadoso como para desligarse de las responsabilidades y decir que sólo “recibía órdenes” de sus superiores, los jefes de la guarnición y del hospital, de quienes dijo no recordar sus apellidos, y mencionar a colegas suyos ya fallecidos como quienes tenían poder de decisión en el caso, como los encargados de Ginecología Jorge Mario Cantaberta y Miguel Bottero Brollo. También nombró a los médicos civiles terapistas Juan Alfredo Berduc y Juan Ferrarotti.
En cierto momento, cuando lo interrogaban por la secuestrada embarazada, utilizó el plural. Quedó flotando en el aire la posibilidad de que se estuviera refiriendo a más de una mujer en esas condiciones, lo que avalaría la teoría de que el establecimiento sanitario funcionaba como una maternidad clandestina durante la dictadura.
Zaccaría recordó claramente que en 1978 era jefe de Terapia Intensiva del hospital y el nombre de una de sus enfermeras. Sobre los bebés dijo que llegaron a su área luego del alumbramiento, según dijo creer, al día siguiente, y manifestó desconocer si habían nacido en el mismo nosocomio. Sobre el hecho de que estuvieran en terapia dijo que era algo “excepcional”, pero sostuvo que no pudo hacer nada al respecto porque “no era obstetra, ni pediatra ni nada por el estilo” y que nadie le contestaba a sus preguntas por esa situación.
“Los niños estaban en una incubadora o una cuna chica, no recuerdo bien”, dijo. Y agregó: “Los hicieron desaparecer. Se los llevaron a otra parte, no recuerda quién (…) Fui a dar la novedad a la jefatura, la mar en coche, y cuando volví no estaban más. Después me enteré que se los habían llevado a un sanatorio (…) Se los llevaron porque estaban en forma irregular depositados en el servicio. No procedieron correctamente”.
Cuando le preguntaron qué pasó con la madre, indicó que la vio en terapia, que estaba acostada y que su aspecto era bueno. Incluso dijo que conversó con ella “en forma muy parcial, superficial”, que había militares custodiándola y que no sabe qué pasó con ella.
Le consultaron si tenía contacto con militares de Rosario y respondió: “Muy poco, venían a veces a controlar, a mirar y nada más; quién estaba y si se cumplían las ordenes impartidas”. Y sobre cómo fueron registrados los bebés acotó: “No sé si estaban inscriptos en el libro de registro, supongo que había cosas que no registraban correctamente. Supongo que estaban internados en forma ilegal, no correcta, en una palabra”.
25 Ago
Dia 1: Empezó el juicio por la causa Hospital Militar con dos planteos rechazados a los represores
En un día histórico para Entre Ríos, se inició el primer juicio por delitos de lesa humanidad. Las defensas reclamaron la unificación de las querellas y dejar la cárcel de Paraná, pero el Tribunal rechazó los dos planteos. Se leyeron las requisitorias de elevación a juicio.
Por: Alfredo Hoffman (especial para Mesa Juicio y Castigo)
Fotos: Gustavo Vaccaluzzo
Entre Ríos vivió este miércoles 24 de agosto un día histórico, por el inicio del primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad. Organismos de derechos humanos, militantes políticos y sindicales y la comunidad en general se movilizaron para acompañar a las víctimas y familiares en las inmediaciones de la sede de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, donde se constituyó el Tribunal Oral Federal. Por la tarde se desarrolló el Festival del Juicio calle 25 de Mayo, con la presencia de los payasos Autoconvocados de Rosario, la murga «La Memoriosa», el trío Martinez-Centurión-Calvi, el Cuarteto Furtivo y Murga «La Malparida».
En esa primera audiencia del juicio por la causa Hospital Militar, el que se juzga el robo de bebés durante la última dictadura cívico-militar, las defensas de los genocidas Pascual Oscar Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Dionisio Pagano, Jorge Alberto Fariña y Marino Héctor González, quienes integraban el Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario; y del jefe de Terapia Intensiva del hospital, Juan Antonio Zaccaría; pidieron la unificación de las querellas, lo cual fue rechazado por los jueces.
Además, uno de los defensores pidió que los cuatro represores que se encuentran detenidos en la cárcel de Paraná sean alojados en otras dependencias, disconformes con la condiciones de la reclusión. Pero los magistrados Roberto López Arango, Lilia Carnero y Juan Carlos Vallejos anticiparon su oposición también a este planteo.
Los seis imputados están acusados de los delitos de sus “Sustracción, retención y ocultamiento de menores de 10 años” y la “Alteración y supresión del estado civil de menores de 10 años”, por el robo de los hijos mellizos de los desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela. Uno de esos mellizos, Sabrina Gullino, recuperó su identidad en diciembre de 2008, pero aún se busca su hermano varón.
El defensor oficial Mario Franchi criticó la “multiplicidad de querellas” que a su juicio impide que el juicio se realice con “igualdad para las partes”. Pero el fiscal José Ignacio Candioti y los querellantes –la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Abuelas de Plaza de Mayo, Sabrina y su hermano mayor, Sebastián Álvarez– rechazaron el planteo de unificación argumentando que era un pedido fuera de término y que existen multiplicidad de intereses las diferencian entre sí.
“Esta cuestión está expresamente regulada. Cada ofendido tiene derecho a constituirse como parte”, dijo Candioti, y citó precedentes de la Corte Suprema y el precepto constitucional del artículo 18. “Acá no se puede decir que hay identidad de intereses entre los querellantes, esto es obvio y así se dejó establecido en la etapa de instrucción”, remarcó el fiscal.
Los abogados Ana Oberlin, de Abuelas; Lucas Ciarnello, de la Secretaría de Derechos Humanos; y Álvaro Piérola (HIJOS Paraná, Sabrina Gullino y Sebastián Álvarez) mantuvieron la misma posición y plantearon que el pedido estaba realizado fuera de término. Ciarnello, puntualmente, criticó el argumento de la defensa de que la querella del organismo que representa se superpone con la Fiscalía. “Eso es desconocer la Ley del Ministerio Público Fiscal”, remarcó.
Tras un breve cuarto intermedio el Tribunal resolvió denegar el pedido por considerar que “los defensores no han planteado cuál es el perjuicio concreto”. En tanto se agregó que “el planteo se debió realizar oportunamente, ya que resulta extemporáneo”. De todas maneras, por una cuestión de orden y de «igualdad de armas», se resolvió que actúen sólo dos representantes por cada parte querellante.
Ante este revés, la defensa dejó planteada la reserva de recurrir en casación, del caso federal, y de recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En otro tramo de la audiencia, el defensor oficial Mario Franchi transmitió la queja de cuatro de sus representados, Pagano, Amelong, González y Fariña, quienes aseguran que no poseen ideales condiciones de detención en la Unidad Penal Nº 1. Los otros dos imputados poseen prisión domiciliaria.
Franchi dijo que «no poseen calefacción» y que son hombres de avanzada edad. Ante esto pidió que sean alojados en dependencias de fuerzas federales o bien que se mejoren las condiciones de detención. El Tribunal rechazó en principio el primer pedido, ya que va contra las disposiciones legales vigentes, y se comprometió a verificar cómo se encuentran en la cárcel, a fin de solucionar las deficiencias, si las hubieran.
Requerimientos
La mayor parte de la primera jornada estuvo ocupada por la lectura de las requisitorias de elevación a juicio, tanto de la Fiscalía como de las querellas. Todas tienen puntos de coincidencia en la descripción de los los hechos, desde la internación de la hoy desaparecida Raquel Negro en el Hospital Militar de Paraná, el parto, el alojamiento de los bebés mellizos en terapia intensiva, su traslado al Instituto Privado de Pediatría, hasta el posterior abandono de la niña en la puerta del Hogar del Huérfano de Rosario, desde donde fue otorgada en adopción a la familia Gullino. Se destacó también que no existen datos del paradero del otro mellizo.
Asimismo en los escrito se remarcó la intervención de cada imputado en los delitos investigados, dejando en claro que el traslado y el parto clandestino de Negro fue planeado por la “patota” que integraban los imputados, como así también la sustracción de los bebés y la sustitución de sus identidades.
En este marco, adjudicaron a Zaccaría, «haber prestado colaboración y participación directa en los hechos», ya que ordenó anotar a los bebés como NN y no como hijos de la detenida Raquel Negro.
Las únicas diferencias estuvieron en la determinación de las autorías, ya que para la Secretaría de Derechos Humanos y Abuelas de Plaza de Mayo Pagano, Amelong y Zaccaría fueron autores directos de los crímenes, y el resto fue coautor mediato; mientras que para el resto de las querellas y para la Fiscalía todos fueron coautores mediatos.
En medio de la audiencia el imputado Jorge Alberto Fariña se retiró de la sala por una indisposición. Fue atendido por un servicio médico y retornó a la sala una hora y media después. Por su parte, el médico Zaccaría, quien había argumentado problemas de salud para no comparecer ante el Tribunal, se mostró en óptimas condiciones, y ubicado en espacio y tiempo.
Para el jueves
Para este jueves se espera que las defensas efectúen planteos preliminares sobre cuestiones que deben ser resueltas antes del inicio del debate. No se descarta , que el representante de Zaccaría, Humberto Franchi, renueve su pedido de suspensión del proceso penal por problemas de salud. También pueden hacer planteos las querellas.
En lo sucesivo, jueves o viernes, se abrirá la instancia de declaración de los imputados, o bien la lectura de las indagatorias en caso de que resuelvan abstenerse. La semana próxima comenzarán los testimonios, con Sabrina, Sebastián y el represor Eduardo Costanzo.
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PAGINA/12 – EL PAIS › AYER COMENZO UN JUICIO POR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD COMETIDOS DURANTE LA DICTADURA
La primera vez para Entre Ríos
Seis represores están acusados por el secuestro y la sustitución de la identidad de los hijos de Raquel Negro, nacidos en el Hospital Militar de Paraná en 1978. El juicio durará cerca de dos meses.
Por Juan Cruz Varela desde Paraná
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-175279-2011-08-25.html
TELAM – POLITICA
Comenzó el primer juicio por delitos de lesa humanidad durante la dictadura en Entre Ríos
Cinco militares y un ex médico comenzaron a ser juzgados ayer en la capital entrerriana, en el marco de la causa Hospital Militar, que investiga el funcionamiento de una maternidad clandestina en ese nosocomio durante la última dictadura.
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=235032&id=443888&dis=1&sec=2
24 Ago
«El juicio es una bisagra para encontrar a mi hermano mellizo»
Este miércoles se inicia el juicio por robo de bebés en el Hospital Militar de Paraná durante la última dictadura. Sabrina Gullino, una de las víctimas, espera que quienes saben qué pasó con su hermano, se resuelvan a hablar.
Sabrina Gullino, la hija de los detenidos-desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela, cuya identidad le fue restituida en diciembre de 2008, espera que el juicio que comienza este miércoles en Paraná sirva para despertar la conciencia de aquellos que conocen datos sobre el destino de su hermano mellizo, pero que han preferido callar durante más de 30 años.
Sabrina nació en marzo de 1978 en el Hospital Militar de Paraná, donde se encontraba internada su madre –traída desde el centro clandestino de detención La Intermedia, de las afueras de Rosario– a la espera del parto. Luego del alumbramiento, ella y su hermano mellizo varón pasaron a la sala de Terapia Intensiva y luego fueron derivados al Instituto Privado de Pediatría (IPP). Desde allí fueron retirados ambos el mismo día, según consta en los registros de la clínica. A ella los represores la dejaron en la puerta del Hogar del Huérfano de Rosario y días después fue adoptada legalmente, mientras que el otro bebé –con presuntos problemas respiratorios– continúa desaparecido desde entonces.
El Tribunal Oral en lo Correccional Federal de Paraná juzgará desde este miércoles a las 10 a Pascual Oscar Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Dionisio Pagano, Jorge Alberto Fariña, Marino Hector González y Juan Antonio Zaccaría. Los cinco primeros integraban el Destacamento de Inteligencia 121, que organizó el operativo para el nacimiento y el robo de los bebés. Zaccaría era el jefe de Terapia Intensiva y se lo acusa de haber co-organizando el parto, conociendo la procedencia y la situación de Raquel Negro, y haber dispuesto medios materiales y humanos para garantizar el éxito del operativo.
En el requerimiento de elevación a juicio efectuado por los abogados de las querellas de Sabrina, su hermano mayor Sebastián Álvarez y la organización Hijos, se imputa a los represores “haber participado, todos ellos, en calidad de coautores mediatos de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de menores de 10 años (Art. 146 C.P.según ley 24.410) y la consecuente supresión y alteración del estado civil (Art. 139, inc. 2 según ley 11.179) de ambos neonatos”. Estos delitos se cometieron en el marco del plan sistemático de represión clandestina e ilegal y ya fueron considerados de lesa humanidad durante la etapa de instrucción de la causa.
La bisagra
Además de la expectativa por el inminente inicio del juicio en la causa por su apropiación, Gullino remarcó su esperanza en que esta instancia resulte beneficiosa para la búsqueda de su hermano. “Este juicio es una bisagra para reforzar la investigación de ‘Sumario’, que es el expediente donde se investiga lo que pasó con el melli, para que los paranaenses que tengan algún conocimiento y sean protagonistas de la historia, se atrevan a contar lo que saben, que la justicia y la historia misma se lo van a reconocer”, afirmó en diálogo con UNO.
“Nosotros estamos apostando a encontrarlo y rastrear cualquier dato que nos ayude a dar con su paradero”, acotó, y apuntó específicamente a que aquellos que tuvieron contacto con la internación y el parto de su mamá, hagan memoria. Hizo referencia a los médicos y trabajadores de la salud del Hospital Militar, del Instituto Privado de Pediatría y del hospital San Roque, que se desempeñaban en esos sitios hace 30 años.
Acerca de quienes eran autoridades de esos nosocomios, sostuvo: “Si bien no son responsables directos, sí lo son de haber permitido que por sus instituciones pasaran dos mellizos nacidos en cautiverio, sin padre o tutor. Y lo que conozcan lo tienen que aportar a la Justicia, sobre todo los cuatro médicos dueños del IPP”.
Esos cuatro profesionales son Ángel Schroeder, David Vainstub, Jorge Eduardo Rossi y Miguel Torrealday. “No creemos que en aquel momento hayan desconocido que permitieron el ingreso de dos bebés mellizos sin padres. No creo que Torrealday ni los otros médicos hayan desconocido de dónde proveían esos chicos. Es la oportunidad que tienen de aportar a la reconstrucción no sólo de nuestra familia sino de la historia a nivel nacional”, subrayó.
Últimamente hubo algunos nuevos testigos que aportaron información para la búsqueda del mellizo, sobre todo a partir del allanamiento que se realizó a fines de junio en el San Roque. En esa oportunidad la Justicia Federal secuestró libros de internación de bebés, entre los que se encuentran los correspondientes a 1978. Existe una línea de investigación según la cual el bebé desaparecido habría pasado por la sala de Neonatología del hospital de niños.
Finalmente, Sabrina expresó su deseo de que “se haga justicia, que los responsables, militares y civiles, tengan la pena que se merecen” y reivindicó “la labor de los organismos de derechos humanos; de las Abuelas, de las Madres, que sostuvieron las banderas durante todo este tiempo” y de sus “hermanos” de los organismos de Paraná.
24 Ago
Carlotto podría declarar en la causa Hospital Militar
La titular de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto fue citada, pero aún no está confirmada su declaración en calidad de testigo en la causa que arranca el miércoles einvestiga el funcionamiento de una maternidad clandestina en el nosocomio castrense la capital entrerriana.
La titular de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, podría declarar en la causa Hospital Militar que arranca el miércoles próximo. La dirigente fue citada, pero aún no está confirmada su declaración en calidad de testigo, según indicó Florencia Amore, abogada querellante.
A pesar de la citación, se desconoce si la titular de Abuelas podrá presentarse, pues al parecer para la fecha en que ha sido convocada no estaría en el país, comentó la abogada a APF.
Ayer se supo el cronograma de las testimoniales del juicio que arrancará el miércoles que viene 24 de agosto, en la Cámara del Tribunal Oral y Federal de Paraná, ubicado en calle 25 de Mayo.
Las audiencias fueron fijadas para los días miércoles, jueves y viernes a las 10. En tanto las testimoniales, arrancarán el 31. Antes, la semana que viene, se efectuará la introducción al juicio y cuestiones preliminares, añadió Amore.
Cabe señalar que medio centenar de testigos prestará declaración en el marco del juicio oral y público por la denominada causa Hospital Militar contra el ex interventor militar en la provincia de Entre Ríos, Juan Carlos Trimarco, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
Además están imputados Pascual Oscar Guerrieri, Walter Salvador Dionisio Pagano, Marino Héctor González, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong y Juan Antonio Zaccaría, quienes se encuentran procesados y con prisión preventiva desde 2008.
La causa investiga el funcionamiento de una maternidad clandestina en el nosocomio castrense la capital entrerriana.
19 Ago
Cuenta regresiva para los acusados por robo de bebés
A una semana del comienzo del juicio por sustracción de menores y sustitución de identidad, EL DIARIO presenta un informe con las imputaciones que enfrentan los acusados Pascual Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Walter Pagano, Jorge Fariña, Marino González y el médico anestesista Juan Antonio Zaccaría.
Juan Cruz Varela (El Diario de Paraná)
El miércoles 24 de agosto comenzará el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Entre Ríos. Cinco militares y un médico anestesista serán juzgados por robo de bebés nacidos en cautiverio en el Hospital Militar de Paraná durante la última dictadura.
En el banquillo de los acusados estarán sentados los ex militares Pascual Oscar Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Pagano, Jorge Alberto Fariña y Marino Héctor González; junto con el médico anestesista Juan Antonio Zaccaría, quien se desempeñaba como jefe de Terapia intensiva del Hospital Militar en momentos en que Raquel Negro fue trasladada desde el centro clandestino de detención Quinta de Funes, en las afueras de Rosario, para dar a luz, en marzo de 1978.
Los represores están detenidos y acusados por los delitos de sustracción de menores de 10 años de edad, que establece una pena de tres a diez años de prisión, y supresión de sus estados civiles, con pena de uno a cuatro años, en calidad de autores mediatos.
La investigación se inició en 2005 a partir de una denuncia en la que se consignó que en marzo de 1978 Raquel Negro fue trasladada desde el centro clandestino de detención Quinta de Funes, en las afueras de Rosario, para dar a luz en el Hospital Militar de Paraná, en un operativo coordinado por personal del Destacamento de Inteligencia 121. La mujer fue internada como sobrina del entonces jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, Leopoldo Fortunato Galtieri, y tuvo mellizos, un varón y una nena.
Horas después de nacer los mellizos fueron derivados al Instituto Privado de Pediatría, por complicaciones en su salud y, una vez dada de alta, la nena fue dejada en el Hogar del Huérfano de Rosario, desde allí entregada a la Justicia de Menores y dada en adopción legal. Recién en diciembre de 2008 se logró restituir la identidad a Sabrina Gullino; pero hasta el momento nada se sabe del otro bebé que dio a luz Raquel Negro.
LA PATOTA. Raquel Negro y Edgar Tulio Valenzuela fueron secuestrados el 2 de enero de 1978 en el centro de Mar del Plata. Con ellos estaba Sebastián, el hijo de la mujer, que tenía un año y medio en ese momento. El mismo día fueron trasladados a la Quinta de Funes, donde estaba casi toda la cúpula regional de Montoneros.
Entre fines de febrero y principios de marzo los integrantes de la patota idearon un plan para el traslado en forma clandestina de Raquel Negro para dar a luz.
El operativo estuvo a cargo de un grupo de operaciones especiales creado en 1975, bajo la órbita del Segundo Cuerpo de Ejército, para combatir el accionar de la organización Montoneros. El grupo estaba a cargo del teniente coronel Pascual Oscar Guerrieri, que era segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército, con sede en Rosario. A su vez, Guerrieri dirigía las detenciones de personas en la Quinta de Funes y otros centros clandestinos de detención que funcionaban en la zona, como La Calamita, la Escuela Magnasco y La Intermedia, que era una quinta de la familia Amelong.
Por debajo suyo en la línea de mando estaba el mayor Jorge Alberto Fariña, que se desempeñaba como jefe de operaciones especiales de inteligencia. Como tal tuvo a su cargo la organización y coordinación del plan para el traslado de Raquel Negro.
En el operativo intervinieron también el teniente Juan Daniel Amelong, que era jefe de sección y segundo jefe de Operaciones especiales de inteligencia, y Walter Salvador Dionisio Pagano, un civil que revistaba como agente secreto del Destacamento de Inteligencia 121 bajo el seudónimo de Sergio Paz. Ellos fueron los que abandonaron a la nena en un convento en Rosario –luego se supo que era el Hogar del Huérfano–, dejaron el timbre conectado con un escarbadientes y salieron corriendo. Precisamente esta fue la pista que permitió localizar y restituir la identidad de Sabrina Gullino, ya que la beba fue entregada a un Juzgado de Menores y luego dada en adopción legal.
El capitán Marino Héctor González, como jefe GT-1 del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército, fue quien ordenó todos los trámites para la internación de Raquel Negro en Paraná, dado que en la capital entrerriana estaba el único hospital militar de la zona; y también coordinó las guardias para la custodia de la mujer mientras duró su convalecencia.
COMPLICIDAD. En el operativo intervino también personal civil. Juan Antonio Zaccaría era el médico que estaba a cargo de la unidad de terapia intensiva del Hospital Militar de Paraná cuando se produjo el parto. De la investigación surge que se desempeñó como nexo con los militares que ejecutaron la operación.
El médico anestesista dijo que un día, al inicio de su tarea habitual, se encontró sorpresivamente con un bebé en una incubadora en la sala a su cargo. Sin embargo, una enfermera del hospital contó en sede judicial que fue convocada por Zaccaría para asistir el parto de una mujer que se encontraba en la Sala de Ginecología del nosocomio y que luego el propio profesional le ordenó que en el libro de enfermería de la terapia intensiva, tanto Raquel Negro como sus hijos, quedaran registrados como NN.
Inclusive, esta situación habría generado agrias discusiones entre Zaccaría y otros profesionales del nosocomio, dada la precariedad con la que fueron asistidos los recién nacidos y la gravedad en el estado de salud de varón, lo que motivó su traslado al Instituto Privado de Pediatría, donde se perdió su rastro.
Impunes
Raquel Ángela Carolina Negro fue trasladada a dar a luz en el Hospital Militar de Paraná en un operativo coordinado por personal del Destacamento de Inteligencia 121, e internada como sobrina del entonces jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, Leopoldo Fortunato Galtieri, bajo el nombre de María Amarilla.
La mujer estuvo alojada en la Sala I del Hospital Militar de Paraná, bajo la custodia de personal de las Fuerzas Armadas, hasta que dio a luz.
Allí, las guardias eran coordinadas por Marino González y este, a su vez, estaba secundado por el mayor Paul Alberto Navone, un agente del Destacamento de Inteligencia 122, con asiento en Santa Fe, pero que operaba también en la capital entrerriana. El militar apareció muerto el 25 de febrero de 2008 con un balazo en la cabeza. Ese mismo día debía presentarse a declarar como imputado en la causa.
También estaba imputado Juan Carlos Ricardo Trimarco, ex interventor militar de la provincia y principal responsable de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Entre Ríos durante la dictadura, pero fue declarado inimputable a raíz de un problema circulatorio que le genera una disminución en sus capacidades físicas y psíquicas.
17 Ago
Pascual Guerrieri deberá ir a la cárcel o pagarse un alquiler en Paraná
El Tribunal le rechazó al represor su pedido de alojarse en el Hospital Militar por el tiempo que dure el juicio por robo de bebés durante la dictadura, que empieza el miércoles 24.
GUERRIERI PRETENDÍA ELUDIR LA PRISIÓN EN LA CÁRCEL. (FOTO: TÉLAM)
El Tribunal Oral Federal de Paraná desestimó el pedido de Pascual Oscar Guerrieri de hospedarse en el Hospital Militar de Paraná mientras se sustancie el juicio en su contra y en contra de otros cinco represores, por los delitos de sustracción de bebés y sustitución de identidades durante la última dictadura.
El Tribunal, además, fue claro en afirmar que Guerrieri debe alojarse en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, junto al resto de los enjuiciados, o en su defecto costarse de su propio bolsillo el alquiler de una vivienda en esta ciudad, se informó a UNO.
Quien fuera segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 durante la época de los hechos, goza desde hace años del beneficio de la prisión domiciliaria, que no le fue revocado al ser condenado por un Tribunal Federal de Rosario por delitos de lesa humanidad cometidos en esa jurisdicción. Por ese motivo, el represor solicitó mantener ese privilegio y eludir la posibilidad de ir a la cárcel mientras se desarrolle el juicio por la causa conocida como Hospital Militar, desde el 24 de agosto próximo.
Como argumentos, la defensa mencionó ciertos problemas de salud que no resultaron convincentes y, además, una supuesta incapacidad económica para alquilarse al menos un monoambiente en la capital entrerriana. Sin embargo, en contradicción con esa afirmación, el ex militar reside actualmente en la localidad de Martínez, partido de San Isidro, una de las zonas más caras y exclusivas de la zona norte del Gran Buenos Aires.
El Tribunal –compuesto por Roberto López Arango y Lilia Carnero– no tuvo contemplaciones y le dio dos opciones: hacerse de los pesos necesarios para rentar un sitio donde pernoctar, o ir a un calabozo de la UP 1. Para esto tuvo en cuenta los argumentos que sostuvo la Fiscalía al oponerse al beneficio buscado y a los que luego planteó la querella al afirmar la misma posición.
Además de la imposibilidad de que un procesado o condenado por delitos de lesa humanidad sea alojado en dependencias militares –por resolución del Ministerio de Defensa– que mencionaron los fiscales, entre otros argumentos, los querellantes subrayaron “la paradoja de que Guerrieri hubiera estado hospedado en el mismo sitio donde se cometieron los delitos por los cuales se realizará el juicio”, señaló el abogado Álvaro Piérola.
El 24 de agosto se inicia el juicio oral y público por el robo de los hijos mellizos de los desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela, que nacieron en el nosocomio castrense paranaense entre febrero y marzo de 1978. Además de Guerrieri serán juzgados Juan Daniel Amelong, Walter Pagano, Marino González, Jorge Fariña y el médico militar Juan Antonio Zaccaría.
Fuente: DIARIO UNO
11 Ago
Desde el 24 de agosto desfilarán casi 50 testigos en el juicio por robo de bebés
El debate por la causa Hospital Militar se extenderá como mínimo por tres meses. Entre los juzgados estará el médico Zaccaría, quien pretendía la suspensión del proceso en su contra por problemas de salud. Algunos testigos serán Estela de Carlotto, Miguel Bonasso y Jaime Dri.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná comunicó este lunes su decisión de habilitar la feria judicial y fijar el inicio del debate por la causa Hospital Militar para el 24 de agosto a las 10. Desde ese momento, y por un lapso de tiempo estimado en tres meses como mínimo, se presentarán en el juicio medio centenar de testigos que fueron admitidos por el Tribunal. La fijación de la fecha se tomó en simultáneo con la postergación del debate por la causa Harguindeguy, que iba a iniciarse ese mismo día, debido a que es inminente el ingreso de la cusa “Área Gualeguaychú” con los mismos imputados. Además, uno de los procesados, Ramón Genaro Díaz Bessone, continúa siendo juzgado en Rosario.
En la causa conocida como Hospital Militar se investiga la apropiación de los hijos mellizos de la detenida-desaparecida Raquel Negro. Uno de los bebés, Sabrina Gullino, recuperó su identidad en diciembre de 2008. Están procesados por robo de bebés y sustitución de identidad durante la última dictadura –delitos considerados de lesa humanidad– los ex miembros del Destacamento de Inteligencia 121 Juan Daniel Amelong, Jorge Alberto Fariña, Marino Héctor González, Pascual Óscar Guerrieri y Walter Salvador Dionisio Pagano, y el médico Juan Antonio Zaccaría.
Álvaro Piérola, abogado por los querellantes H.I.J.O.S. y Sabrina Gullino, destacó a UNO que el Tribunal haya resuelto enviar a juicio a Zaccaría, quien tiempo atrás pidió la suspensión del proceso en su contra por problemas de salud. “Se decidió no realizar en lo inmediato una nueva evaluación de su estado de salud, ya que es muy reciente el anterior examen” que se le realizó el 3 de junio, dijo.
En cuanto a Guerrieri, quien tiene prisión domiciliaria en Colón 222 de localidad de Martínez, partido de San Isidro (Buenos Aires), deberá denunciar a la mayor brevedad una dirección en Paraná a la que será trasladado para las audiencias de debate y donde permanecerá alojado durante al menos tres meses. El resto de los imputados, excepto Zaccaría, quien también tiene prisión domiciliaria, serán trasladados a la Unidad Penal Nº 1 de la capital provincial desde sus actuales lugares de detención.
Testigos
En una resolución del 5 de julio, el Tribunal admitió la prueba ofrecida, donde se incluyen 49 testimoniales a realizarse en el curso del debate. Se trata de testigos vinculados al Hospital Militar, al Instituto Privado de Pediatría y a otras circunstancias. Por ejemplo, está previsto que declare la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, el periodista y diputado nacional Miguel Bonasso –autor del libro “Recuerdo de la Muerte” donde se relatan parte de los hechos investigados– y Jaime Dri, único sobreviviente del centro clandestino de detención Quinta de Funes, en las afueras de Rosario.
De acuerdo a lo previsto en la resolución, el Tribunal integrado por Roberto López Arango y Lilia Carnero, se completará con Juan Carlos Vallejos como juez de Cámara subrogante y María Ivón Vella como juez de Cámara sustituta.
El juicio se desarrollará en la sede de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná (25 de Mayo 256), con transmisión en vivo a efectivizarse en la sala de audiencias del Tribunal Oral, ubicada en Urquiza 872. Las audiencias serán los miércoles, jueves y viernes, siempre desde las 10.
Se mantienen las medidas ordenadas oportunamente sobre la cobertura periodística del debate. Se dispuso que los medios de comunicación que requieran el acceso a la sala, deberán previamente solicitar su acreditación, desde el 8 al 18 de agosto, en el horario de 8 a 12.
Los hechos
La agrupación H.I.J.O.S. Regional Paraná recordó mediante un comunicado que “Zaccaría era jefe del servicio de Terapia Intensiva del Hospital Militar de Paraná durante 1978, en donde funcionó una maternidad clandestina. En marzo de ese año, en la unidad a su cargo, médicos y enfermeras encontraron una mañana a dos bebés mellizos recién nacidos en delicado estado de salud, que luego fueron derivados al Instituto Privado de Pediatría. Hoy está confirmado que se trataba de los hijos de la detenida-desaparecida Raquel Negro, nacidos en cautiverio y robados por los integrantes del destacamento de Inteligencia del Segundo Cuerpo del Ejército, con sede en Rosario. Uno de ellos, Sabrina, recuperó su verdadera identidad a fines de 2008 y el destino del otro continúa sin aclararse”.
Alfredo Hoffman
De la Redacción de UNO
25 Jul
