del recinto

En la causa por robo de bebés, Francisco Gullino contó cómo fue la adopción de la hija de Raquel Negro. Jorge Negro contó sobre la búsqueda de Raquel y de los mellizos. Guerrieri se burló de las víctimas del genocidio.

por Alfredo Hoffman (especial para Mesa Juicio y Castigo)

La undécima audiencia del juicio por la causa Hospital Militar contó con los conmovedores testimonios de Raúl Francisco Gullino, el padre adoptivo de Sabrina; y del hermano de Raquel Negro, Jorge Rogelio. También se destacaron las declaraciones de el coronel retirado Horacio Pantaleón Ballester, del Centro de Militares para la Democracia Argentina (Cemida), y de la directora del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), María Belén Rodríguez Cardozo. La reivindicación del genocidio tuvo su capítulo con la sobreactuada intervención del acusado Pascual Oscar Guerrieri, quien llegó a bromear con el Tribunal y a burlarse del dolor de las víctimas y familiares.

En otra parte de la audiencia de este jueves el presidente del Tribunal no admitió las quejas de los querellantes por las preguntas del represor Juan Daniel Amelong al testigo Ballester. A entender de los abogados, el acusado que ejerce su autodefensa estaba “alegando” en lugar de hacer preguntas. No sólo que no se hizo lugar al planteo, sino que el presidente del Tribunal, Roberto López Arango, amenazó con expulsar de la sala al representante de Abuelas de Plaza de Mayo, Álvaro Baella. Cuando al final de la audiencia Baella quiso manifestar su oposición a esa advertencia, porque expulsarlo no es facultad del presidente solo sino del Tribunal, se la rechazó por extemporánea.

“Creíamos que era otro el mecanismo”

“Nunca nos imaginamos que Sabrina era hija de desaparecidos. Siempre pensamos que el mecanismo era otro: que los militares se quedaban con los hijos de los desaparecidos o que se los entregaban a los conocidos”, contó este jueves ante el Tribunal Oral Federal el bioquímico jubilado Raúl Francisco Gullino, padre adoptivo de la hija de los desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela. En su declaración en el juicio por la causa Hospital Militar, confirmó que los primeros días de abril fue con su esposa a retirar a la beba por orden de la Justicia de Menores al Hogar del Huérfano de Rosario, donde había sido abandonada por los represores en el marco del plan para la sustracción de Sabrina y su hermano mellizo por el cual se juzga a Pascual Oscar Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Jorge Fariña, Walter Pagano, Marino González y Juan Antonio Zaccaría.

“Con mi esposa nos casamos en marzo de 1973 y la intención era tener un bebé. Lo estuvimos buscando un tiempo prolongado y el bebé no aparecía. Entonces decidimos empezar a hacer tratamientos de fertilidad, que en ese momento no eran como hoy en día en cuanto a la eficacia; y estuvimos tres años aproximadamente y no conseguimos el embarazo. En ese momento decidimos adoptar un bebé”, relató Gullino.

«Nos anotamos en un listado del Juzgado de Menores de los Tribunales de Rosario; tuvimos un periodo de espera en el cual nos hicieron entrevistas. Quedamos a mal espera de recibir noticias y un día estábamos almorzando con mi señora y en Canal de 3 de Rosario aparece un movilero que va a hacer una nota al Hogar del Huérfano, porque habían dejado abandonado un bebé. Hicimos el comentario: ‘A ver si es para nosotros esta beba’”, continuó.

Tres o cuatro días después, el matrimonio recibió un llamado de la Justicia avisándoles que había una niña que le correspondía a ellos por el orden del listado. Una vez en Tribunales, les confirmaron que se trataba de la misma criatura que había sido abandonada; les dieron la opción de ir a retirarla ellos al hogar y aceptaron.

“En el Hogar del Huérfano nos hicieron pasar, la madre superiora nos mostró a Sabrina y nos dijo que la habían dejado abandonada en la puerta; pero no vieron nada, no escucharon nada. Alguien que salía o que entraba se encontró con la bebé y la tuvieron a su cuidado. Estuvimos un rato con Sabrina, hicimos la parte legal y ya la llevamos”, recordó. Eso fue el 3 de abril del 78, una semana después del abandono.

En el juzgado les dijeron que la niña podía tener en ese momento entre 35 y 40 días. En base a ese dato sacaron como fecha probable de nacimiento el 27 de febrero. Después un médico les dijo que podía tener menos días, 30, y ese cálculo coincide con la fecha real de nacimiento en el Hospital Militar de Paraná, que sería el 3 o 4 de marzo. “El estado de salud era bueno. La misma tarde que la retiramos la llevamos a un pediatra, pesaba 2,400 kilos y lo único que tenía era la cola muy paspada, pero en dos o tres días se solucionó el problema”. Nunca tuvieron conocimiento ni sospecharon que fuera melliza.

Sabrina nunca desconoció su condición de adoptada, ya que sus padres se lo fueron haciendo saber desde muy chica. Pero nunca se imaginaban ellos que era hija de desaparecidos: “Siempre pensábamos que el mecanismo era otro”, acotó.

Emocionado, Gullino dijo que lo único que le ocultaron a su hija fue que había sido abandonada, como forma de protegerla. Recién se lo contaron días antes de que se realizara el análisis de ADN, cuando ya los habían llamado desde el Juzgado Federal de Paraná y tenían la firme sospecha, por la información que habían leído en la prensa, de que era la hija melliza de Raquel Negro y Tulio Valenzuela.

Finalmente, Francisco hizo un agradecimiento a “todos los que han ayudado a Sabrina en todo este proceso, llámese la organización HIJOS, Abuelas de Plaza de Mayo, Secretaría de Derechos Humanos, a sus hermano Sebastián y Matías, a toda la gente que nos ha tocado conocer acá en el Juzgado Federal de Paraná que nos han tratado en forma tan amable”.

El mensaje del hermano de Raquel

«Quisiera hacer un pedido y un deseo: que con todo esto haya alguna persona que se mueva, que le llegue, que le toque, y que diga algo sobre mi sobrino; que dé una noticia», dijo Jorge Rogelio Negro, hermano de la desaparecida Raquel Negro, al declarar en el juicio por la apropiación de niños en el Hospital Militar de Paraná. “Porque sería bárbaro, como fue hermoso encontrar a Sabrina, llegar a concretar esto con la llegada de mi sobrino. Por eso pido a quien sea que aporte algún dato para poder llegar al final de todo esto”, agregó ante el Tribunal.

“Y también quiero decir que yo a Tulio Valenzuela, el papá de Sabrina, lo vi una sola vez en mi vida, no puedo decir que lo conocí, pero si conocí bien a Marcelino Álvarez y a Raquel Negro: estoy seguro que los tres relamente estarían orgullosos de sus hijos, muy orgullosos, de haber llevado adelante todo esto y también el haberse conocido, haberse querido tanto y llevarse tan bien”, remarcó.

Jorge Rogelio Negro recordó que en enero de 1978 una persona dejó a Sebastián –el hijo mayor de Raquel– en su casa, con una carta de la madre que decía que se iba a tener que quedar allí por un tiempo prolongado.

En ese momento Raquel estaba detenida en la Quinta de Funes. Luego, un mes y medio después, él y su familia recibieron una carta de Tulio Valenzuela donde les contaba que los tres habían sido secuestrados en Mar del Plata el 2 de enero y detallaba la Operación México, de la cual él participó simulando complicidad con los represores para luego denunciarlos internacionalmente.

El testigo también remarcó que, luego de enterarse por esa carta del secuestro de Raquel, él y su padre fueron en reiteradas oportunidades a Rosario a intentar obtener información, pero nunca los recibieron. “Nos hacían quedar afuera sentados en un banco tipo plaza y nunca nos atendían. No recuerdo dónde era”, mencionó. También presentaron recursos de hábeas córpus que no tuvieron eco.

“Después, particularmente yo concurrí a muchas reuniones de familiares de desaparecidos, en casas particulares, tratando de saber algo, tratando de averiguar. Terminaban en siendo reuniones para sufrir, porque terminábamos todos mal. Entonces nos fuimos dejando de ver”, dijo.

La búsqueda llevó a la familia a realizar la denuncia ante la Conadep y luego a dar sus muestras de sangre para un eventual cotejo de ADN, que terminó sirviendo para la restitución de la identidad de Sabrina Gullino.

“Yo quisiera hacer un reconocimiento o una especie de homenaje a Emelina Paoletti y Jorge Negro, son mis padres, que al haberles pasado esto con todo su sufrimiento –yo en ese momento lo sufrí como hermano y por ahí no dimensionaba, o sí, pero no como ahora que soy padre, el sufrimiento que pueden haber tenido ellos– nunca vi que bajaran los brazos”,destacó, emocionado.

“Por más que el sufrimiento fue mucho, porque se notaba, nunca los vi dejar de luchar y tratar de salir siempre adelante.Nunca me demostraron que estaban destruidos como estuvieron, siempre trataron de salir adelante. Si por ahí hubo cosas que se podían haber hecho y no se hicieron, no puedo reclamarles nada, al contrario. Todo mi reconocimiento y amor hacia mis padres que han llevado esto de la mejor manera que han podido”, concluyó.

“Nadie está obligado a cumplir órdenes ilegales»

El coronel retirado Horacio Ballester, titular del Centro de Militares para la Democracia Argentina (Cemida), aseguró que “nadie está obligado a cumplir órdenes ilegales”, contradiciendo así la habitual estrategia defensiva de los represores de que cumplían órdenes de sus superiores. “El bien de servicio no es la tortura, ni la violación, ni el robo de bebés ni todas esas cosas que hemos visto”, aseguró.

Además manifestó que todo aquel que tenía una postura contraria al terrorismo de Estado, como en su caso, eran expulsados de las Fuerzas Armadas, detenidos o asesinados.

En cuanto al robo de bebés, dijo que la dictadura argentina siguió “el ejemplo de (Francisco) Franco en España, en la post guerra civil”, cuando “también se apropiaron de los hijos de los comunistas”.

Luego arrojó una hipótesis sobre el destino de los niños robados: “Las Abuelas de Plaza de Mayo están haciendo una tarea muy meritoria localizando gente. Creo que van a encontrar los chicos que les entregaron a los represores o a los que dejaron en algún orfanato, pero se deben haber vendido algunos o bastantes al comercio de bebés. A los rubios de ojos claros creo que no los van a encontrar nunca, estarán viviendo en Alemania, en Estados Unidos y no tienen la más mínima idea de quiénes son. Esta es una opinión muy personal”.

En un momento de esta testimonial, el imputado Amelong comenzó a realizar preguntas a Ballester en ejercicio de su autodefensa. Sus interrogaciones apuntaban a artículos de reglamentos militares, en lo que se parecía más a un examen que a un juicio. La situación irritó a la querella, que objetó la intervención del represor, porque en vez de preguntar estaba «alegando».

Sin embargo, el presidente del Tribunal, Roberto López Arango, permitió que el militar ya condenado por gravísimos delitos de lesa humanidad continuara con sus disresiones que nada tenían que ver con los delitos investigados, mientras que amenazó con hacer retirar de la sala al abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Álvaro Baella, por manifestar su disconformidad con la decisión del magistrado.

El militar democrático puso énfasis en la posibilidad de desobedecer las órdenes ilegales: “El militar no es un cumplidor de órdenes robótico, si cumple o no es un problema de conciencia”, afirmó. En otro pasaje citó ejemplos de órdenes a todas luces ilegales que se impartían durante la dictadura: “Un día asaltar una estación de servicio, otro día ir a violar a las detenidas en Ezieza”. La respuesta mereció un extenso aplauso de la sala y provocó la ira de los represores.

Finalmente, María Belén Rodríguez Cardozo, directora del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) con sede en el Hospital Durand, confirmó en el juicio el correcto procedimiento que se llevó a cabo para confirmar la pertenencia de Sabrina Gullino al grupo familiar Valenzuela-Negro. Dijo que “se arribó a lo que se llama probabilidad de parentalidad” con un 99,9999% de precisión, y aclaró que “el 100% nunca se puede obtener matemáticamente”.

La furia de Guerrieri

Pascual Oscar Guerrieri, el militar retirado de más alto rango de los enjuiciados por robo de bebés en Paraná, pidió ampliar su declaración indagatoria este jueves, irritado por las expresiones de su camarada democrático Horacio Ballester.

La furia de Guerrieri –ex segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario– alcanzó su clímax cuando, con una alta dosis de teatralidad, pidió al Tribunal que lo fusile. “Hoy todavía sigue la guerra contra nosotros, ha tomado el camino jurídico. En todos lados están juzgando militares por esto. En primera línea de la guerra jurídica están los jueces federales. Cuando cambiaron la ley de Obediencia Debida, ¿por qué no pusieron la ley de fusilamiento? Estaría contento de estar frente a un pelotón de fusilamiento. Si es posible que nos fusilen, le peticiono a las autoridades”.

En algunos pasajes de su declaración jugueteó con el dolor de las víctimas y familiares. Por ejemplo cuando dijo: “Jamás me hubiera puesto a ordenar robo de bebés. No lo hubiera aceptado nunca por formación moral. Tengo cinco hijos y ocho nietos, ¿para qué quiero un bebé más?¿Para venderlo a Alemania?”.

El represor intentó desligarse de la Doctrina de la Seguridad Nacional –sobre la que se había explayado Ballester– diciendo que como “soldado” no era “responsable de la política nacional que adoptan los gobiernos de turno”. Y agregó: “¿Qué podíamos hacer nosotros cuando el país adoptó una posición ideológica, política, en el bloque de naciones al que se adhirió?”.

Sin embargo, más adelante se refirió a esa Doctrina como una “mentira” y dijo: “Jamás he tenido en la mano ningún manual de la Doctrina de Seguridad Nacional, ni ningún norteamericano me vino a decir que hiciera esto. Lo hicimos en Argentina o lo hicieron los que lo tenían que hacer” .

Los socios del Instituto de Pediatría siguen manifestando su desconocimiento sobre quién atendió y dio de alta a los hijos de Raquel Negro. Admitieron que “cualquiera podía retirar” a un paciente sin acreditar que era familiar. Luego de un careo entre Vainstub y Schroeder, y de una ampliación testimonial de Torrealday, quedó claro que éste último cumplía el rol de encargado de Neonatología.

por Alfredo Hoffman (especial para Mesa Juicio y Castigo)

En la novena jornada del juicio por el robo de los hijos de la detenida-desaparecida Raquel Negro, los socios del Instituto Privado de Peditaría (IPP) hicieron hincapié en la falta de control sobre lo que hacía cada médico que internaba niños en la sala de Neonatología e incluso sobre la entrega de los bebés dados de alta.

Los pediatras David Vainstub y Ángel Schroeder no aportaron datos sobre la internación en el IPP de los niños, registrados como NN López y Soledad López en marzo de 1978, sino que se mantuvieron firmes en su postura de que no vieron ni escucharon lo que sí conocieron enfermeras del lugar: la internación de hijos de una “guerrillera” a los que nadie iba a visitar y que estaban en cunas rotuladas con carteles donde se leía “NN”.

La audiencia tuvo como particularidad el careo al que sometieron a Vainstub y Schroeder, a pedido de las querellas y con la adhesión de los fiscales. El objetivo era dilucidar si Miguel Torrealday era o no el jefe del servicio de Neonatología, como había mencionado el primero y rechazado el segundo. Finalmente, luego de un intercambio, se pusieron de acuerdo en que cumplía ese rol en la práctica durante la época de los hechos. Entonces, el Tribunal dispuso que fueran a buscar a ese profesional a su domicilio para que ampliara su testimonial. Media hora después, Torrealday dijo que si bien «no había una figura de encargado», sus colegas lo consultaban porque era quien «tenía más experiencia y más conocimiento».

El interés radicaba en conocer quién tomaba las decisiones en la unidad del IPP donde estuvieron internados los niños y desde donde fueron entregados a una pareja que supuestamente se los llevaba en adopción, según el relato de una enfermera de la clínica. Se supone que el encargado pudo haber tenido contacto con los niños y haber tenido conocimiento del alta, pero Torrealday insistió con que no sabe nada.

“Cuando se inició, el IPP era una institución abierta, los médicos de todo Paraná venían con el chico, lo internaban, lo seguían, los medicaban y hasta le daban el alta. Cualquier médico de la ciudad podía internar sin que nosotros intervengamos. Era el médico de cabecera, al que se le daba mucha importancia. El IPP no hacía ningún seguimiento”, sostuvo Vainstub, argumentando su ignorancia sobre lo que pasó en la clínica con los niños, de lo cual “se desayunó” cuando vio los libros con los registros de NN, muchos años después.

Además de no controlar a los profesionales, tampoco lo hacían con los registros de ingreso y egreso a Neonatología: “Los hacían en la enfermería y la chica administradora que había en ese momento (ya fallecida). Yo nunca intervine en el asentamiento de ningún dato en ningún libro. No me consta si alguno de los socios efectuaba un control sobre los libros”, dijo el mismo testigo.

El caos puesto de manifiesto era tal que “el alta lo ordenaba el médico de cabecera” y “no había control de quién retiraba el bebé, cualquier persona podía ir y decir que iba a retirar el bebé”.

Schroeder, por su parte, señaló que a los niños internados “los controlaba el médico de cabecera, que podía ser cualquier médico de Paraná” y los dueños no ejercían control sobre eso “salvo urgencias”. Además en la parte administrativa ni él ni sus socios “veían los registros que ahí se llevaban” y “el alta se hacía (en la oficina) donde estaban las enfermeras” de modo informal: “No se le pedía ninguna documentación a quien retiraba los niños, nada, desgraciadamente no. Podía ir cualquiera”.

Torrealday, en la ampliación de su testimonial, insistió con ese concepto: “Modificarle la conducta de los colegas era dificílisimo y se enojaban cuando uno les revisaba las historias clínicas”.

Quién era el jefe

Entre Vainstub y Schoreder surgió una contradicción referida a quién era el jefe o encargado del servicio de Neonatología en 1978. El primero señaló que Torrealday era “el encargado” de la unidad y “posiblemente” cumplía el rol de médico de cabecera cuando un paciente no lo tenía, como habría sido el caso de los mellizos. Precisó que tenía la función de “entrar a la institución a ver que todo funcionara, que no faltaran elementos, si los pacientes estaban atendidos, con medicación, si iban los médicos de cabecera”.

En tanto, Schroeder afirmó que “no había jefe del servicio de Neonatología”, pero “generalmente Torrealday era el que comandaba”. Luego se rectificó y dijo que sólo atendía a sus pacientes, pero igualmente admitió que “controlaba los honorarios, lo que le correspondía a cada uno”, compraba los materiales y los medicamentos, y fue quien “organizó” el servicio.

Cuando los carearon, Schroeder aceptó que, si bien no existía la figura de jefe, Torrealday cumplía ese rol en la práctica. Vainstub, en tanto, se corrigió y dijo que el control del servicio que hacía ese médico era sobre los insumos y no sobre los pacientes.

Finalmente le preguntaron a Torrealday y dijo que él “no se sentía el encargado” pero por ser el jefe de Neonatología del hospital San Roque “tenía más experiencia y más conocimiento” y lo consultaban cuando había algún problema. Además dijo que fue él quien “ideó” el servicio en el IPP.

La ambulancia y la discordancia

Vainstub manifestó que en 1978 el IPP no tenía ambulancia, sino que recién adquirieron una –marca Rambler– después de ese año. La jueza Lilia Carnero le llamó la atención: “Usted dice taxativamente que en esa época no tenían ambulancia pero no se acuerda de otra situación más importante como la internación de dos chicos durante 20 días”. Y le remarcó “las discordancias de su memoria, sobre hechos nimios y hechos importantes”.

“Lo que estoy diciendo es la verdad que tengo y mi verdad es bastante limitada porque en Neonatología yo prácticamente no participaba. Pueden haber hecho el traslado en un vehículo particular, era muy precarios los traslados, con una incubadora y un tubito de oxígeno”, respondió.

Schroeder también afirmó que “a ambulancia se compró “después del 78”. Sin embargo, durante la jornada también se escuchó el testimonio de una ex empleada de administración de los consultorios externos del IPP, quien aseguró que en 1978 la clínica tenía una ambulancia que “buscaba a los prematuros”, la cual “era como ranchera que la habían adaptado”. Allí iba el médico de guardia de Neonatología, que era el mismo que estaba de guardia en los consultorios.

El dato resulta clave para determinar quién era el médico que estaba de guardia cuando fueron a buscar los hijos de Raquel Negro en el Hospital Militar, según una enfermera de este nosocomio, en una ambulancia del IPP con un pediatra de la misma institución.

“Descabellado”

Vainstub contradijo a una enfermera que había manifestado que su esposa iba a ver por curiosidad a un bebé que “era hijo de una extremista”. Lo explicó así: “Es una cosa inverosímil. Yo personalmente trabajaba todo el día y vivo a una cuadra del Instituto; mi mujer iba con los chicos para que jugara un ratito. Eso sí, puede ser. Pero que vaya directamente a ver un chico, me parece una cosa descabellada”.

En el inicio de la tercera semana del juicio por el robo de los bebés de Raquel Negro, un técnico de laboratorio del Hospital Militar recibió una advertencia por sus respuestas poco convincentes y su falta de memoria. Otros testigos reconocieron haber escuchado los comentarios sobre el caso. Otros dijeron no haberse enterado de nada. Un médico del IPP describió detalles del funcionamiento de la Institución adonde fueron derivados los niños.

por Alfredo Hoffman (especial para Mesa Juicio y Castigo)

El Presidente del Tribunal Oral, Dr. Roberto López Arango. Foto: Gustavo vaccalluzzo

En la séptima jornada del juicio por robo de bebés que se desarrolla en Paraná, este miércoles declararon seis testigos que no aportaron datos precisos sobre los delitos que se investigan: la sustracción y sustitución de identidad de los hijos mellizos de los detenidos-desparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela, nacidos en el Hospital Militar de esta ciudad en marzo de 1978. Uno de esos testigos fue un militar que durante la dictadura se desempeñaba como preparador de laboratorio en el nosocomio de avenida Ejército, quien reconoció haber escuchado el comentario sobre aquellos acontecimientos, pero dijo no haber visto nada. Su insistencia en remarcar su desconocimiento de los hechos, su alusión a la falta de memoria y sus respuestas evasivas y poco convincentes, motivaron que la abogada querellante Ana Oberlin –representante de Abuelas de Plaza de Mayo– le preguntara si fue amenazado antes de la audiencia. Su respuesta fue negativa. Además, le llamaron la atención porque podría estar incurriendo en el delito de falso testimonio.

Además, otros dos testigos dijeron que escucharon comentarios sobre el parto de una mujer detenida que había tenido mellizos en el Hospital Militar; mientras que otros tres aseguraron que desconocían por completo esos hechos, salvo por lo que se enteraron ahora por los medios.

La primera en declarar fue una instrumentadora quirúrgica del Hospital Militar, quien aseguró que sigue el caso “por televisión” y que le da “mucha lástima esa chica que anda buscando al hermanito”. Sin embargo dijo que no tiene conocimiento del nacimiento de los bebés en ese nosocomio ni de su internación en Terapia Intensiva.

Además declaró un médico pediatra que detalló cómo era el funcionamiento del área de Neonatología del Instituto Privado de Pediatría (IPP), donde se desempeñó desde mayo de 1978. Dijo desconocer la internación de los hijos de Raquel Negro en esa institución –derivados del Hospital Militar– en marzo de ese año.

Luego fue el turno de una empleada –los nombres se preservan por razones de seguridad– que se desempeñaba en el consultorio externo de Ginecología del hospital y que negó haberse enterado del parto de Raquel Negro, ni directamente ni por intermedio de terceros. La mujer defendió a la institución del Ejército: «Nunca vi nada, ningún movimiento raro de custodia, nunca», dijo. Y agregó: «Todos los internados, que yo sepa, estaban bien registrados, bien atendidos, tenían una atención muy buena».

Le siguió una enfermera de Terapia Intensiva del nosocomio, que aseguró no haber tenido contacto con los bebés cuando fueron internados en ese servicio, pero sí que algunos de sus compañeros le contaron sobre lo sucedido: «Recuerdo por comentarios que habían dicho que nacieron dos mellizos que estaban delicados de salud y que estuvieron unas horas y que fueron derivados al Sanatorio del Niño. Eran un varón y una mujer, todo por comentarios». No supo decir quiénes los atendieron, ni quién los recibió, ni quién los derivó.

Finalmente, otra ex empleada que al momento de los hechos trabajaba en consultorios externos del noscomio, también manifestó escuetamente haberse enterado, sólo por lo dicho de boca en boca, de una mujer detenida que tuvo familia en marzo de 1978.

“No sabía si eran embarazadas u obesas”

El militar retirado que declaró como testigo relató que se desempeñó en el laboratorio del Hospital Militar en 1978 y que sacar sangre a los pacientes internados era una de sus funciones. Aseguró que nunca tomó conocimiento de que estuvieran internadas personas a las que la dictadura llamaba “subversivas” y que tampoco tuvo contacto con embarazadas. “Nunca supe si la paciente era embarazada u obesa. A mí no se me notificaba si era un embarazo, era la paciente o el paciente”, indicó.

Afirmó que no se enteró ni se acuerda de un operativo militar de custodia de un paciente que le haya llamado la atención por involucrar a un personal de tropa más numeroso que lo habitual y se cuidó de no dar a entender que le pudo haber sacado sangre a alguien que estuviera secuestrado: aseguró que nunca vio a una persona encapuchada, atada o esposada; que “los pacientes se tapaban la cara porque le tenían miedo a la aguja”; que “estaban tapados con la frazada” y que él “únicamente descubría el brazo para la extracción”.

Sin embargo, reconoció que se enteró por lo que se decía “de boca en boca” del caso de los bebés: “No lo puedo negar. Escuché que habían nacido unos mellizos, nada más (…) Fue un hecho novedoso por ser mellizos. Que había fallecido uno de ellos, eso también llamó la atención, también de boca en boca. Era algo fuera de lugar, digamos, para un Hospital Militar”. Dijo no recordar qué se decía acerca de cómo había sido la supuesta muerte de ese niño, que no sabe qué pasó con el cuerpo, ni con el niño que quedó vivo, ni con la madre; ni qué nombre le pusieron las enfermeras a los recién nacidos por carecer de identidad. Sólo admitió que aquello “fue como un shock a nivel hospitalario”.

Fue entonces cuando, ante tantas respuestas negativas, la abogada Ana Oberlin –representante de la querella de Abuelas de Plaza de Mayo– le preguntó si había recibido amenazas antes de la audiencia. La respuesta fue negativa. A pedido de la letrada, el Tribunal le recordó que estaba declarando bajo juramento de decir la verdad. “Son muchos años, son 33 años”, se defendió.

El IPP

Un pediatra que se desempeñó en Neonatología del IPP pero, según dijo, a partir de dos meses después de la internación de los hijos de Raquel, dejó en claro que aquellos acontecimientos debieron ser lo suficientemente extraordinarios como para que sean recordados por quienes los vivieron.

El profesional dijo que los registros de pacientes sin identidad o con identidad ficticia era algo completamente anormal, y consideró “raro” que estuvieran internados pacientes que no recibieran la visita de sus familiares.

Por otra parte, aseguró que una cardiopatía congénita severa, como la que supuestamente padecía el varón –según dijo el médico que lo atendió en el Hospital Militar, Alfredo Berduc– generalmente merecía una derivación al hospital Gutiérrez de Buenos Aires o algún otro de alta complejidad que en esa época existían en La Plata y en Córdoba, no al IPP.

Volverán a revisar a Constanzo

El Tribunal dispuso que el médico del fuero federal de Rosario corrobore nuevamente el estado de salud del represor Eduardo Costanzo, a fin de determinar si está en condiciones de prestar declaración testimonial. De ser así, se fijará una nueva fecha.

Ex integrante de la patota de Rosario, Costano dio detalles sobre el operativo de traslado de Raquel Negro hasta el Hospital Militar de Paraná, y señaló a los imputados Walter Pagano y Juan Amelong como los encargados de dejar a Sabrina en la puerta del Hogar del Huérfano en Rosario.

Costanzo tiene una diverticulitis aguda que le impidió declarar en la segunda semana del juicio.

El testimonio de una ex enfermera del Hospital Militar de Paraná reveló detalles del nacimiento de los hijos de Raquel Negro y de la intervención en el parto de médicos traídos de otro lugar para ejecutar el plan de robo de los bebés. Otros testigos recordaron la estadía de los mellizos en la Terapia Intensiva donde mandaba Zaccaría, inscriptos como NN. Berduc admitió que intervino en la atención de los niños, pero cuando le pidieron detalles adujo no recordar.

por Alfredo Hoffmann (especial para Mesa Juicio y Castigo)

Foto: Gustavo Vaccalluzzo

Una ex enfermera de Maternidad, que hoy porta con ternura sus 86 años y su lento andar, vivió desde adentro el parto clandestino al que sometieron a Raquel Negro en el Hospital Militar de Paraná, una día del final del verano de 1978. Recibió a los mellizos: primero al varón, lo vistió y lo puso en los brazos de Raquel. Los hombres que estaban en la sala de partos, desconocidos, seguramente traídos desde otro lugar, se llevaron al niño. Dijeron que no estaba bien de salud y lo arrancaron de los brazos maternos. Después nació la nena, que quedó allí, acurrucada junto a su mamá secuestrada, secuestrada con ella durante algunas horas, o tal vez sólo algunos minutos. Al día siguiente ya no estaban.

Con tranquilidad y por momentos emocionada hasta las lágrimas, esa enfermera jubilada, que trabajó 25 años en el Hospital Militar de Paraná, aportó este jueves ante el Tribunal Oral Federal un testimonio revelador de la metodología empleada por los apropiadores de niños que operaron en el la capital entrerriana durante la última dictadura cívico-militar, en la quinta jornada del juicio por delitos de lesa humanidad. Rememoró con facilidad los momentos que pasó junto a Raquel en una celda improvisada en la guardia médica, lo que conversó con ella, las heridas que le dejaron los genocidas por el maltrato que le ejercieron durante el traslado desde la Quinta de Funes, sin importarles su embarazo avanzado. “La chica es igual a ella”, murmuró. Todos entendieron que hablaba de Sabrina, la beba que conoció su verdara identidad hace dos años y medio.

Antes de esa declaración se habían escuchado los testimonios de otras tres trabajadoras del hospital y del médico Alfredo Berduc. Casi relataron fragmentos de la estadía de los bebés en el servicio de Terapia Intensiva en marzo de 1978 y de cómo fueron derivados al Instituto Privado de Pediatría; aunque a Berduc –como el miércoles al doctor Juan Ferraroti– le resultó casi imposible contestar a muchas de las preguntas, con el argumento de que no podía recordar.

Además, una obstetra que recordó haber instruido sobre los síntomas de trabajo de parto a una embarazada aparentemente detenida cuyas características no coinciden con las de Raquel, dado que aseguró que gestaba un solo bebé en su vientre y que era madre primeriza. Esto avalaría la hipótesis de más embarazadas secuestradas llevadas a parir al hospital, es decir, la teoría de una maternidad clandestina sostenida por los organismos de derechos humanos.

En el juicio por la causa Hospital Militar se juzga a los represores Juan Amelong, Jorge Fariña, Héctor González, Pascual Guerrieri y Walter Dionisio Pagano, y al médico anestesista Juan Antonio Zaccaría; por la sustracción y sustitución de identidad de los hijos de los detenidos desaparecidos Tulio Valenzuela y Raquel Negro.

El parto desde adentro

La enfermera de Maternidad –cuya identidad se preserva por razones de seguridad– aseguró que fue la propia Raquel Negro quien le dijo su nombre, que le contó que venía “del cautiverio de Funes” (por el centro clandestino de detención Quinta de Funes, en las afueras de Rosario), que tenía un hijo mayor de unos dos años y que había sido “maltratada” y “arrastrada” cuando la trasladaron a Paraná. “Y cuando la bañé, era cierto, tenía lesiones, en la cola”, certificó.

“Cuando nacieron los chicos, al varoncito yo lo vestí, se lo puse a la madre, lo tocó, lo abrazó”, contó la testigo entre lágrimas. “Después lo sacaron al chico, dos personas que yo no conocía, dijeron que no estaba bien. Y ella estaba muy preocupada, me preguntaba: ‘qué será de mi bebé, cómo estará’. Yo le decía que iba a tener que preguntarle al médico de niños, pero yo en ningún momento vi un médico de niños ahí. Después nació la nena, que se quedó con la madre. Al otro día, cuando fui, pregunté qué fue de la parturienta y me dijeron que la llevaron los familiares”. Nunca más supo del caso hasta que fue contactada para atestiguar en la causa y se enteró de que aquella joven había sido asesinada y desaparecida y los niños sustraídos.

También aportó que el parto fue realizado por médicos que no eran del nosocomio: “Personal de la sala de partos no eran, eran de afuera. Había dos que estaban en la puerta y uno sacó al chico”. Según lo que pudo observar, no se hizo ningún registro del nacimiento en la sala de partos.

Dijo también que “a veces llegaba al hospital de mañana y encontraba que habían usado la sala de partos” y en una ocasión le comentaron que “había sido un aborto en curso”. Deslizó que esos casos tampoco eran atendidos por personal del nosocomio, sino por profesionales que “eran de afuera”. En este punto, la hipótesis de la maternidad clandestina volvió a tomar forma, aunque no se profundizó sobre el tema.

Además de estar en el parto, ella asistió a Raquel Negro durante alrededor de 15 días, cuando estuvo alojada en una habitación de la guardia médica, con un custodio permanente en la cama de al lado y con una “reja precaria” en la ventana.

“A la chica Raquel Negro la pusieron en una habitación que estaba en la guardia medica y entonces ella me contó que venía del cautiverio de Funes y que tenía un nenito de dos años que lo habían llevado con la buela. Tenía mucha preocupación porque venía sabiendo que iba a tener mellizos. Venía con los estudios hechos de Rosario. Me mandó el suboficial Juan Vergara a que la atendiera, le hiciera el aseo, la llevara al baño. Pero lo único que me llamó la atención fue que Vergara me dijo no hablara con ella”, rememoró. “Ella estaba bien, era una chica linda, muy bien arreglada, buena ropa. Traía ropa para sus mellizos. Dijo que era la primera vez que estaba en el Hospital Militar.

Internación y derivación

Dos enfermeras de Terapia Intensiva del hospital ratificaron la internación de bebés como NN en ese servicio. Además afirmaron que el jefe del área, el imputado Zaccaría, tuvo participación en ese hecho.

Una de esas enfermeras, la primera que declaró este jueves como testigo en el juicio, ratificó la presencia de dos bebés mellizos en Terapia, a quienes llamaron Soledad y Facundo, que luego fueron derivados al Instituto Privado de Pediatría. Dijo que los médicos Alfredo Berduc y Juan Ferraroti intervinieron en el traslado de los mellizos y que Zaccaría le informó que los niños serían entregados a los familiares, cuando en realidad fueron apropiados.

Esa trabajadora de la salud, que declaró durante una hora, dijo que ella estaba de guardia en el turno de la mañana –de 6 a 12– y que al llegar, la mañana posterior al nacimiento, se encontró con los dos niños en una misma incubadora. “Yo no sabía qué hacer, porque no era un lugar adecuado para atender esos bebés”, aseguró, y agregó que en ese momento Berduc entregó la guardia a Ferraroti, quien se encargó de derivar a los niños. El miércoles este médico dijo que no recordaba ese acontecimiento.

Además aseveró que la Planilla de Enfermería que le entregó su compañera los chicos estaban registrados como NN y que quien controlaba la confección de esa planilla era el jefe del servicio, o sea Zaccaría.

La testigo que delaró en segundo término relató lo sucedido en Terapia la tarde del nacimiento. Dijo que hacía guardia pasiva de 12 a 18 y que un día la llamaron del hospital porque había pacientes que atender. Cuando llegó, a las 16, estaba Zaccaría esperándola en el pasillo y le dijo que “había una parturienta que iba a tener mellizos y que iban a venir al servicio”. Ella recordó que atendió a un bebé que tenía problemas respiratorios, que no pudo identificar si era varón o mujer porque no lo desvistió. Aseguró que fue Berduc quien estaba a cargo del tratamiento y le daba las indicaciones sobre cómo antender a la criatura, al tiempo que trataba de comunicarse con el hospital San Roque y el IPP pidiendo cama.

Esta mujer detalló que en la Hoja de Enfermería que tenían en Terapia, donde debía estar el nombre del bebé ya decía NN. “Eso seguramente lo ha escrito el doctor Zaccaría o no sé qué otra persona podría ser. Creería que era el doctor Zaccaría”, afirmó.

Cuando salió de Terapia para ir a su casa, a las 18, pasó por delante de la habitación 5, donde se decía que estaba internada la madre. Se encontró con una gran cantidad de efectivos del Ejército, mucho mayor a la habitual, armados y vestidos de uniforme. Eran unos 20, cuando lo común era que no hubiera nadie, para no molestar a los pacientes. Entonces intentó “pasar ligero” por ese pasillo.

Berduc: “Ojalá pudiera recordar”

El médico Alfredo Berduc recordó que asistió al mellizo varón con una cardiopatía congénita severa, y a la nena con «un poquito de arritmia». Dijo que como en Terapia no había elementos para atenderlos, habló con el director del establecimiento, Marcelo Beret, y lo persuadió para que se derivara a los niños a un centro apto, que en ese momento eran el hospital San Roque o el Instituto Pediatría. «A cuál de los dos los derivaron, no me acuerdo», indicó.

«De la mamá no supe nada. No averigüé, en ese momento no se podía averiguar mucho. Sabía que era una detenida y nada más. Esto me lo dijeron, no me acuerdo quién», manifestó.

Berduc dijo no saber quién dispuso la internación de los bebés en Terapia Intensiva y no tener «ni idea» dónde se produjo el parto, y en varias oportunidades se excusó de dar mayores detalles por no recordarlos dado que “pasaron ya 30 años”. Por ejemplo, dijo no acordarse si los niños estaban registrados como NN, si su intervención fue por la mañana o por la tarde y si había custodia militar mayor a la habitual. “No recuerdo, lamentablemente. Ojalá pudiera recordar y ayudarlos”, señaló.

Sobre el estado de salud del varón, indicó que “se estaba muriendo” y que sólo hubiera evolucionado favorablemente con una cirugía en un centro asistencial de mayor complejidad que en aquel momento sólo existía en Buenos Aires y La Plata. Le preguntaron, entonces, por qué lo derivaron a una clínica de Paraná. Respondió que se debió a que primero debían estabilizar el paciente y precisar el diagnóstico, algo que no podía hacerse en el Hospital Militar por carecer de Neonatología.

Berduc dijo que creía haber escuchado que el nene murió en el IPP y se sorprendió cuando le informaron que la búsqueda prosigue y que hay documentos que indican que fue dado de alta de ese instituto el 27 de marzo de 1978.

Finalmente, admitió que no se consultó la historia clínica de la madre ni se pidió su consentimiento para la derivación de sus hijos. “Cuando hablé con Beret me dijo que no se podía hacer mucho hincapié. Estábamos muy coartados en estas cosas. No era una situación normal y no se podía interrogar, decían que no podían tener contacto con esas personas (por los secuestrados), por lo que estas personas podrían decirle a uno. Esas cosas en ese momento no se permitían”, se justificó.

El imputado que interroga a los testigos

Amelong, de espaldas, despeinado y mal teñido, junto a Guerrieri conversan con el defensor oficial. Foto: Gustavo Vaccalluzzo

La querella se opuso categóricamente a que el imputado Juan Daniel Amelong realizara preguntas a los testigos, ya que por la calidad de los delitos que se investigan esa acción puede ser una forma de presión. “No estamos pidiendo que no se autodefienda, eso ya ha sido resuelto por el Tribunal, sino que las preguntas las haga a través de su representante”, expuso la abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, Ana Oberlin. Agregó que si una persona acusada de crímenes de lesa humanidad interroga a uno de los testigos, eso implica una revictimización, y citó jurisprudencia para fundamentar su pedido. “Cualquier tipo de presión va a ir en detrimento del desarrollo de este proceso”, añadió.

Sin embargo, el Tribunal decidió admitir que el represor formule preguntas, con la salvedad de valorar en cada caso si la interrogación es apropiada o no.

Pagano ausente y Guerrieri con dolor de muela

Desde el inicio de la audiencia estuvo ausente el represor Walter Pagano, quien prefirió quedarse en la dependencia de Tribunales que se ha previsto para que permanezcan los acusados.

Por su parte, Pascual Guerrieri, otro de los reos, debe hacerse un control médico y tiene dolor de muela. La defensa propuso que lo atiendan en el Hospital Militar, ya que es el único lugar donde se le acepta la obra social Iose. El tribunal lo va a resolver oportunamente.