El tribunal anunció que el viernes 21 a las 17 dará a conocer su veredicto en el juicio por la causa Hospital Militar. Los represores tuvieron oportunidad de decir sus últimas palabras y de hacerse una vez más los desentendidos. Se escucharon las réplicas y contrarréplicas a los planteos de prescripción y de nulidad de las acusaciones que hicieron las defensas.

por Alfredo Hoffman (especial para Mesa Juicio y Castigo)

 

El Dr. Lopez Arango (centro) y la Dra. Lilia Carnero, integrantes del Tribunal. Foto: Pablo Churruarín

Al finalizar la audiencia de este viernes el presidente del Tribunal Oral Federal de Paraná, Roberto López Arango, declaró la clausura del debate y anunció que los jueces se retiraban a deliberar. Dentro de una semana, el viernes 21 a las 17, se conocerá la sentencia y una síntesis de los fundamentos en el juicio por el robo de los hijos mellizos de Raquel Negro nacidos en el Hospital Militar en 1978, una proceso que se inició en mayo de 2005 con la denuncia del coordinador del Registro Único de la Verdad, Guillermo Antonio Germano. Por primera vez se hará justicia y comenzará a borrarse la impunidad de los autores de los delitos de lesa humanidad cometidos en Entre Ríos durante la última dictadura cívico-militar.

Al inicio de la audiencia, la fiscalía y las querellas contestaron los planteos que efectuaron el jueves las defensas. La fiscal Marina Herel rechazó la solicitud de prescripción de los delitos argumentando que “el tema ya fue planteado en la instrucción de la causa y resuelto el 17 de noviembre de 2011 en un planteo del imputado Juan Daniel Amelong”. Además mencionó que estos crímenes “ofenden a la dignidad humana, a la vida y a la moral pública” y no prescriben por ser de lesa humanidad, tal como fueron enunciados desde la causa 13/84 –el Juicio a las Juntas– y como fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales internacionales.

El fiscal José Ignacio Candioti rechazó los planteos de nulidad de las acusaciones, que la defensa había realizado por la alegada violación al “principio de congruencia” –porque se habría variado la plataforma fáctica y las calificaciones legales y las responsabilidades– y por una supuesta inconsistencia porque no se habría establecido concretamente los roles de los imputados para la atribución de responsabilidades.

“El principio de congruencia exige que los hechos que les han sido endilgados a los encartados y se les ha hecho conocer como imputación sean los mismos por los cuales se los somete a juzgamiento (…) Los hechos no han variado desde que empezó esta causa. Siempre la plataforma fáctica fue la misma”, dijo Candioti.

Sobre la calificación legal dijo que “el Ministerio Público Fiscal siempre consideró que la normativa aplicable era la misma” y que, en todo caso, “si se hubiese variado tampoco se afecta el principio de congruencia porque no hay una variación en los hechos”.

También indicó que la variación en la atribución de las responsabilidades, de autoría mediata para todos a autoría mediata para cuatro y participación necesaria para dos, se realizó “fundadamente” y por lo acaecido durante el curso del debate.

Sobre la supuesta inconsistencia de la acusación dijo que “se explicó por qué los cuatro autores mediatos (Guerrieri, Amelong, Fariña y González) formaban parte de un aparato organizado de poder que ideó y dio las órdenes para que se ejecutara el plan de traslado de Raquel Negro secuestrada, se realizara el parto clandestino y la sustracción de los bebés y sustitución de sus identidades. También se explicó por qué Pagano y Zaccaría fueron partícipes necesarios”.

Desde la querella unificada, Álvaro Pierola adhirió a lo dicho por la fiscalía sobre la prescripción, en cuanto a la calificación de los hechos como constitutivos de delitos de lesa humanidad. “Todas las valoraciones de los defensores ya fueron tratadas por la Corte en los fallos Arancibia Clavel y Simón”, dijo el abogado, por lo cual los jueces no podrían apartarse de la imprescriptibilidad. “Declarar prescriptibles estos delitos a esta altura del partido es una tesitura aventurada”, sostuvo.

Florencia Amore también compartió lo manifestado por la fiscalía sobre el planteo por la supuesta vulneración del principio de congruencia procesal. “Ha existido identidad fáctica en los hechos por los cuales se los indagó, procesó, se requirió a juicio y se los acusó. No se ha visto menoscabado el derecho de defensa en juicio”, dijo la representante de HIJOS Paraná. Además dijo que la defensa debe demostrar que los imputados no cometieron los hechos, no en qué calidad de autores. El cambio se hizo, de autores mediatos a coautores, se efectuó luego de evaluar la prueba producida en el debate, que se realizó bajo las reglas del debido proceso, remarcó.

En las contrarréplicas los defensores oficiales Mario Franchi y Noelia Quiroga y el defensor particular Humberto Franchi insistieron con el pedido de prescripción y con las nulidades.

 

Últimas palabras de los genocidas

Este viernes cinco de los seis represores acusados aprovecharon la oportunidad para expresar sus últimas palabras. Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Pascual Oscar Guerrieri, Marino González y Walter Pagano se declararon inocentes y dijeron desconocer los crímenes por los cuales fueron responsabilizados. El médico y también militar Juan Antonio Zaccaría prefirió mantenerse en silencio.

El primero en declarar fue Fariña. “Yo también quisiera saber qué ha pasado con los mellizos de Raquel Negro”, manifestó. “Nunca impartí ordenes ilegales ni recibí de mis superiores ninguna orden ilegal. Costanzo es un delincuente y yo un hombre de bien”. Para defenderse, curiosamente, eligió una frase de Juan Domingo Perón: “La única verdad es la realidad y la realidad y la verdad es que en el momento de los hechos estaba de vacaciones en Mar del Plata y después fui afectado a tareas del mundial del fútbol en la subsede Rosario”.

“Es en este momento cuando uno más se siente el reo”, dijo Amelong, pretendiendo dar un marco de emotividad a sus últimas palabras. Luego cuestionó los juicios contra los represores de la dictadura citando al abogado y académico y ex funcionario de Mauricio Macri, Daniel Pastor, un conocido crítico de los organismos de derechos humanos y defensor de la prescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad: “Pareciera que los derechos humanos son la octava maravilla del mundo, cualquier cosa que se pueda contraponer es condenable y no tiene que ser atendida con las normas del derecho penal”.

Amelong criticó al Ministerio Público Fiscal porque “más que nadie es el que ha demostrado que respeta a pie juntillas la política de Estado que ha implementado este gobierno” y porque a su juicio no cumplió con su función de controlar la legalidad del juicio. Según dijo, hubo sólo una “apariencia de legalidad”.

Por otra parte, acusó al tribunal de no ser imparcial: “Se está procurando un momento político para producir el fallo y eso es dolo eventual. Están apurando el fallo, que salvo sorpresa va a ser condenatorio. No desconozco las presiones que tienen ustedes para fallar en este juicio histórico”.

De la misma manera cuestionó a los medios de comunicación locales y a los que tuvo acceso de alcance nacional: “Ninguno vino a verme para hacer una nota, porque lo que no quieren escuchar es la otra parte de la verdad, algo que sea diferente a la historia oficial: se está engañando a la población (…) Solamente esta resolución va a ser justa si es legal, de lo contrario no será justa y sí seguramente va a ser elogiada por esos medios oficialistas, o presionados, o por interés o por el cobro de la pauta; pero la historia no va a valorar un fallo no justo”.

El represor, que también es abogado, dijo que quiso ejercer su autodefensa en esta causa porque notaba poca predisposición de parte de quien era su defensor oficial en aquel momento, Juan Carlos Ferrari, en quien “no podía confiar”. Por el contrario, destacó “la lealtad y el profesionalismo del doctor Franchi”, quien “tiró por tierra todo lo mal que se venía haciendo antes”.

Guerrieri, en tanto, buscó desligarse de los hechos responsabilizando a su jefe en el Segundo Cuerpo de Ejército, Leopoldo Fortunato Galtieri, y nuevamente al militar que se suicidó en 2008, Paul Navone: “Yo era un teniente coronel, jamás podía interceder en la subsistencia de cualquier persona en el ámbito de Rosario. Galtieri tenía la potestad de ordenar lo que quisiera. Es muy claro que él puede haber ordenado directamente a un elemento dependiente como Navone que cumpliera esa misión. ¿Por qué iba a tocar elementos del 121? No nos tocó porque si yo tuviera que haber hecho ese plan, como un plan se hace de atrás para adelante, al primer tipo que tendría que haberle dicho lo que tenía que hacer es al señor Zaccaria, y a Zaccaría lo conocí acá”.

“Señor juez, basta del pasado, mientras estos juicios se prolonguen en el tiempo va a haber dolor, no de los que perdieron sus familiares, sino de todos. Si estos juicios siguen van a provocar heridas”, finalizó.

Marino González también dijo ser inocente. “No delinquí, no ordené delinquir, nadie que estuviera a mis órdenes delinquió. El personal que estaba a mis órdenes no vino en ningún momento a Paraná”, se defendió. “La privación de la libertad está relacionada con la posibilidad de que el Estado le permita al preso rehabilitarse e insertar nuevamente a la sociedad. En 30 años habré cometido alguna infracción de tránsito, ¿a mí me tienen que reinsertar?¿Por qué estoy acá?¿Será por venganza?”, subrayó.

Pagano, el ex agente civil de Inteligencia que eligió estar ausente durante la mayor parte del juicio, en su única declaración en dos meses, se acordó de Eduardo Costanzo, su ex compañero de patota que denunció a los procesados como intervinientes en el plan de robo de los bebés. “Soy inocente y con respecto a la denuncia de Costanzo es totalmente falsa. Nada más”, dijo.