Día 2: Zaccaría demostró que no está demente y reveló detalles del robo de bebés

El médico militar, que según su defensa no podía ser juzgado por incapacidad mental, sorprendió con su declaración en el juicio por la causa Hospital Militar. Dijo que vio y atendió a la desaparecida Raquel Negro y que a los bebés los “hicieron desaparecer”. Pero buscó desligare de su responsabilidad en los hechos. En la primera parte de la audiencia, el Tribunal rechazó todos los planteos de los represores.

por Alfredo Hoffman (especial para la Mesa Juicio y Castigo)

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Fotos: Gustavo Vaccalluzzo

En el segundo día del juicio por la causa Hospital Militar, el Tribunal Oral Federal de Paraná rechazó los planteos de las defensas de los represores, que pretendían suspender el debate por recursos pendientes de resolución y por supuesta incompetencia del organismo judicial. Además, resolvió que el imputado Juan Antonio Zaccaría, jefe de Terapia Intensiva del nosocomio castrense durante la dictadura, continúe siendo juzgado, a pesar de que su abogado pidió la suspensión del proceso penal en su contra por problemas de salud físicos y psíquicos. Y Zaccaría no sólo continuó en el juicio, sino que aceptó declarar y, contradiciendo a su propio abogado, reveló sin mucho esfuerzo mental los detalles del entramado del robo de bebés: dijo que atendió a la hoy desaparecida Raquel Negro en 1978, que estaba custodiada por militares, y que a sus niños los “hicieron desaparecer”, entre otras revelaciones.

El primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad en Entre Ríos, en el que se juzga a los responsables de sustracción de menores durante la dictadura, continuó así este jueves con más planteos de los imputados que fueron rechazados por el Tribunal que integran Roberto López Arango, Lilia Carnero y Juan Carlos Vallejos. El miércoles tampoco habían sido tenido en cuenta los pedidos de unificación de las querellas y de traslado de los detenidos en la cárcel de Paraná a dependencias de fuerzas federales.

Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Waltar Salvador Pagano, Marino González (integrantes del Destacamento de Inteligencia 121, dependiente del Segundo Cuerpo de Ejército) y Juan Antonio Zaccaría, médico militar, están acusados de los delitos de sustracción y sustitución de identidad de los hijos mellizos de los detenidos-desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela, nacidos en marzo de 1978 en la maternidad clandestina del Hospital Militar. La beba mujer fue abandonada en un orfanato rosarino y dada en adopción legalmente a una familia que la llamó Sabrina Gullino. Recuperó su verdadera identidad en diciembre de 2008. El bebé varón todavía continúa desaparecido.

Al inicio de la audiencia, un detalle hacía prever la estrategia de Humberto Franchi, el defensor de Zaccaría: el acusado ingresó a la sala en silla de ruedas, acompañado de su esposa, a pesar de que el miércoles lo había hecho por sus propios medios y había permanecido sin problemas aparentes en su silla durante las casi ocho horas que duró esa primera jornada. Franchi insistió con su planteo de los últimos meses de que el anestesista posee una incapacidad que lo convierte en inimputable. Sin embargo, después de analizar los argumentos de las partes, el Tribunal decidió que Zaccaría está en condiciones de ser juzgado y de estar presente en el debate.

“El Tribunal entiende que, por el cocimiento ‘de visu’ durante el desarrollo de la audiencia de ayer (por el miércoles) y hoy (por el jueves), se encuentra apto, en condiciones para estar presente y ejercer su defensa material en las presentes audiencias”, sostuvo Roberto López Arango, presidente del organismo judicia, sin perjuicio de las medidas que se puedan adoptar oportunamente.

Cuando los jueces le consultaron sus datos personales, Zaccaría no tuvo problemas en responder la mayoría de las preguntas. “¿Entiende usted por qué está en esta audiencia?, interrogó López Arango: “Supongo que sí”, contestó. Sólo manifestó cierta confusión sobre su ciudad de residencia –primero dijo Buenos Aires y luego, correctamente, Paraná– y no recordó su número de documento.

De la misma manera se rechazaron los planteos de incompetencia territorial, de nulidad de la audiencia de debate por pruebas y recursos pendientes y de nulidad de la resolución de Cámara que declaró desiertos los recursos de apelación de González y Fariña a los autos de procesamiento.

También se rechazó el planteo de Amelong –ejerciendo su autodefensa– por “incompetencia material”. El represor pretendía que lo juzgara un Tribunal Militar. Sin embargo, no se tuvo en cuenta el pedido de la querella para que se oficie al Colegio de Abogados de Rosario a fin de que confirme si se le anuló la matrícula. Se argumentó que no necesita ser profesional del Derecho para ejercer una autodefensa.

Planteos Preliminares

En las cuestiones preliminares, al inicio de la jornada, el defensor oficial Mario Franchi pidió la suspensión del juicio. En primer lugar, hizo un planteo de incompetencia, por entender que se trata de delitos que ya fueron tratados y juzgados en la causa Guerrieri. “Se están superponiendo hechos que han sido objetos de valoración por el Tribunal Oral Federal de Rosario. Además en ese juicio prestaron declaración médicos, parteras, testigos que parecieron exceder el objeto procesal de aquella causa”, sostuvo, antes de afirmar que la competencia no le corresponde al Tribunal de Paraná sino al de la ciudad santafesina.

Franchi pidió también la nulidad de la apertura del debate porque existen pruebas y recursos pendientes de resolución, hay medidas que no han sido completadas y no se cuenta con todos los elementos probatorios, aseguró. Asimismo anticipó que asesoraría a sus defendidos para que no declaren hasta poder contar todas las pruebas, porque “el ejercicio de defensa se ve claramente limitado”.

Dijo que hay un recurso de casación de Amelong pendiente, que fue rechazado por el Tribunal y que el imputado insistió con recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia recusando a uno de sus miembros. En ese sentido, el defensor pidió que se anulara la apertura del debate a la espera de la resolución del recurso ante la Corte.

En representación de González y Fariña, en tanto, hizo un planteo porque la Cámara los tuvo por desistidos del recurso de apelación del auto de procesamiento y prisión preventiva por un error judicial de notificación, según afirmó, cuando los dos represores habían revocado a sus defensores particulares.

La fiscal Marina Herbel contestó el planteo de incompetencia diciendo que es improcedente su determinación en esta etapa y pidió que se lo rechace. Aseguró además que el Tribunal paranaense tiene la competencia territorial por el lugar donde se cometió el delito. Aceptar este planteo “implicaría un grave retardo del juicio” en perjuicio de las víctimas, sostuvo. Argumentó también que por la procedencia de la mayoría de los testigos claves es conveniente que el juicio se realice en la capital entrerriana.

El fiscal José Ignacio Candioti rechazó la solicitud de nulidad por los recursos y pruebas pendientes. De éstas últimas dijo que se trata de los legajos militares de los imputados, los cuales están reservados en secretaría, y demás pruebas que en todo caso su falta afectaría a las partes acusadoras y por ende no se violaría el derecho de defensa. Acotó también que no es imperativo suspender el debate ante esas circunstancias, sino que es facultativo del Tribunal.

Asimismo indicó que el recurso pendiente de Amelong es de prescripción de la acción, que ya fue resuelto en forma negativa en esta jurisdicción y por la Corte Suprema, que ya tiene una postura fijada al respecto, como así también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Finalmente, Herbel adherió a lo resuelto por la Cámara sobre los desestimientos de las apelaciones de González y Fariña, en cuanto fueron debidamente notificados.

Alvaro Baella, representante de la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, adhirió en todos sus términos a lo planteado por el Ministerio Público Fiscal. Sobre la cuestión de la competencia agregó que el defensor no dijo qué testigos que declararon en Rosario no eran pertinentes ni precisó cuál es el perjuicio que se le ocasionaría a los imputados, y remarcó que son delitos distintos los que se cometieron y juzgaron en Rosario y en Paraná.

Abogado sin matrícula

En un tramo de las cuestiones preliminares tomó la palabra Amelong, en ejercicio de su autodefensa como abogado. Lo hizo para introducir un planteo de incompetencia en razon de la materia y reclamar que se lo juzgue con el Código de Justicia Militar. Además, criticó la aplicación del articulo 118 de las Constitución. Acto seguido pretendió hablar sobre la prescripción, pero el presidente del Tribunal lo reprendió porque no le estaba permitido exponer sobre planteos ya realizados. López Arango también lo retó diciéndole que no entendía por dónde iba su planteo.

Una vez que habló Amelong, Baella pidió al Tribunal que oficie al Colegio de Abogados de Rosario para que informe sobre la clausura de la matrícula de abogado del represor, lo que se conoció por los medios recientemente. “Hasta tanto el Colegio responda este oficio entendemos que Amelong ya no goza más de la matrícula de abogado”, sostuvo. El fiscal Candioti no puso objeciones a la medida solicitada, y el propio Amelong se defendió diciendo que el Colegio no lo había notificado de la medida y que “ni siquiera hace falta ser abogado para defenderse”.

Antes de que el Tribunal pasara a un cuarto intermedio de una hora para para resolver los planteos preliminares, Herbel rechazó la solicitud de Amelong de que lo juzgue un tribunal militar. “La Corte en 2007 resolvió la inconstitucionalidad de la aplicación del Código de Justicia Militiar para los militares que cometieron delitos en el ejercicio de su cargo”, señaló, al tiempo que distinguió el derecho disciplinario y el derecho penal militar. “Los tribunales militares se integran con funcionarios con dependencias jerárquicas correspondientes al Poder Ejecutivo, por lo tanto tienen prohibido el ejercicio de funciones judiciales”, dijo la fiscal.

La estrategia del defensor de Zaccaría

Humberto Franchi, al insistir con su planteo de suspensión del proceso respecto a Zaccaría, sostuvo que lo hacía “por cuestiones que ya anteriormente solicitara, que impiden el desarrollo del proceso respecto de su persona, ya que no se encuentra en condiciones físicas y psíquicas de participar de este debate”.

“Los estudios determinaron sus problemas piscológicos, psiquiátricos y físicos. El 2 de junio se hizo el último examen médico con profesionales del Cuerpo Médico Forense, quienes concluyeron que Zaccaría presenta hipertensión arterial, diabetes tipo 2, enfermedad cerebro vascular y deterioro cognitivo en niveles de demencia. La realización de actos procesales pueden llevar a un nivel de estrés que se hace evidente para cualquier persona y más en el caso de gerontes, que puede llevar perjuicios y complicaciones cardio o cerebrovascular”, acotó.

Recordó que en base a ese dictamen el tribunal decidió no hacer lugar “por el momento”, o sea que a su entender no se resolvió la cuestión, y disponer antes de la audiencia de debate la realización de una nueva evaluación. Luego, el 20 de julio se decidió que no era imprescindible una nueva pericia, sin perjuicio que una vez iniciada la audiencia se resuelvan las medidas pertinentes.

Argumentando “inimputabilidad sobreviniente”, Franchi solicitó que, en caso de ser necesario, se realice un nuevo estudio a través de los mismos peritos de la Corte.

Tanto la Fiscalía como la parte querellante desestimaron lo pedido por el abogado de Zaccaría. Herbel remarcó que el médico represor aceptó acudir ante el Tribunal, a pesar de que se le ofreció participar por videoconferencia, y consideró que se lo veía en condiciones de asistir al debate. Sostuvo asimismo que el dictamen de los peritos no era determinante para el Tribunal y que además los profesionales propuestos por la querella no opinaron los mismo que los forenses de la Corte.

“Hemos observado que desde ayer Zaccaría está presente en la sala. Está en condiciones físicas y psíquicas; las físicas las pudimos observar todas las partes, las psíquicas ya las resolvió el Tribunal. Sabemos que la demencia senil no se presenta con actitudes como las presentes”, subrayó.

Candioti acotó que “no es la postura del Ministerio Público Fiscal que una persona esté sometida a proceso por el simple hecho de estarlo” y citó el ejemplo de Juan Carlos Ricardo Trimarco, a quien se le corroboró su deterioro cognitivo y se lo declaró inimputable. “Acá, con Zaccaría, el MPF estima que las circunstancias establecidas para la suspensión del proceso no se encuentran comprobadas y por ende el juicio debe continuar”, dijo.

Florencia Amore, abogada de HIJOS Paraná, apuntó que los problemas de salud no son relevantes como para suspender el proceso y marcó la posibilidad de que el imputado esté simulando sus problemas de salud, dado que es un profesional de la Medicina. “En este momento es interesante analizar que la incapacidad debe ser de una entidad tal que excluya la actitud defensiva de querer no entender. Esta querella entiende que el imputado padece un deterioro cognitivo mínimo y esto ha quedado demostrado en la etapa de instrucción y en la reciente audiencia oral”, dijo.

En cuanto a la última evaluación mencionó que “existieron dos dictámenes periciales contradictorios”, uno de los integrantes del Cuerpo Médico Forense y otro de los profesionales propuestos por las querellas, y destacó que una, vez designados, los peritos tienen la característica de ser imparciales, independientemente de ser ofrecidos por la parte o ser el perito oficial. “La valoración debe hacerse respetando las reglas de las sana crítica. Deben considerarse otros elementos de prueba, como el antecedente de la conducta de Zaccaría en el desarrollo de este proceso”, dijo en referencia a que en su momento se autoprovocó una hiperglucemia. “Debemos tener en cuenta que es médico y sumar la magnitud de los delitos que se le imputan. Esto hace posible pensar que está pretendiendo algún beneficio excarcelatorio”, indicó.

“Advertimos que Zaccaría pudo presenciar la audiencia y ha aceptado venir y estar, por lo cual no nos cabe ninguna duda de que sabe y de que comprende que está siendo sometido a un proceso penal y cuales son las consecuencias de ello”, finalizó Amore.

Después de analizar los argumentos de las partes, el Tribunal decidió que Zaccaría está en condiciones de ser juzgado y de estar presente en el debate.

“El Tribunal entiende que, por el cocimiento ‘de visu’ durante el desarrollo de la audiencia ayer (por el miércoles) y hoy (por el jueves), se encuentra apto, en condiciones para estar presente y ejercer su defensa material en las presentes audiencias”, sostuvo López Arango, sin perjuicio de las medidas que se puedan adoptar oportunamente.

De la misma manera se rechazaron los planteos de incompetencia territorial, de nulidad de la audiencia de debate por pruebas y recursos pendientes y de nulidad de la resolución de Cámara Federal de Apelaciones que declaró desiertos los recursos de apelación de González y Fariña a los autos de procesamiento.

También se rechazó el planteo de Amelong –ejerciendo su autodefensa– por “incompetencia material”. El represor pretendía que lo juzgara un Tribunal Militar. Sin embargo, no se tuvo en cuenta el pedido de la querella para que se oficie al Colegio de Abogados de Rosario a fin de que confirme si se le anuló la matrícula. Se argumentó que no necesita ser profesional del derecho para ejercer su autodefensa.

El robo de bebés en boca de un imputado

En el tramo final de la audiencia, Juan Antonio Zaccaría, el imputado que según su defensor sufría una incapacidad mental que le imposibilitaba ser juzgado, terminó aportando datos claves sobre el robo de bebés durante la última dictadura: no sólo reconoció los hechos que se investigan, sino que al relatarlos utilizó la misma terminología que las partes acusatorias al hablar de situaciones “irregulares” en el alojamiento de parturientas y recién nacidos en el Hospital Militar de Paraná y hasta afirmar que a los bebés “los hicieron desaparecer”.

El anestesista, comprendiendo plenamente lo que sucedía a su alrededor, contestó las preguntas que en su mayoría provinieron del fiscal José Ignacio Candioti y admitió la internación de Negro custodiada por militares, el nacimiento de un niño con complicaciones de salud y una niña en buenas condiciones, la inscripción “irregular” de los bebés y la posterior “desaparición” de los mismos. Fue lo suficientemente cuidadoso como para desligarse de las responsabilidades y decir que sólo “recibía órdenes” de sus superiores, los jefes de la guarnición y del hospital, de quienes dijo no recordar sus apellidos, y mencionar a colegas suyos ya fallecidos como quienes tenían poder de decisión en el caso, como los encargados de Ginecología Jorge Mario Cantaberta y Miguel Bottero Brollo. También nombró a los médicos civiles terapistas Juan Alfredo Berduc y Juan Ferrarotti.

En cierto momento, cuando lo interrogaban por la secuestrada embarazada, utilizó el plural. Quedó flotando en el aire la posibilidad de que se estuviera refiriendo a más de una mujer en esas condiciones, lo que avalaría la teoría de que el establecimiento sanitario funcionaba como una maternidad clandestina durante la dictadura.

Zaccaría recordó claramente que en 1978 era jefe de Terapia Intensiva del hospital y el nombre de una de sus enfermeras. Sobre los bebés dijo que llegaron a su área luego del alumbramiento, según dijo creer, al día siguiente, y manifestó desconocer si habían nacido en el mismo nosocomio. Sobre el hecho de que estuvieran en terapia dijo que era algo “excepcional”, pero sostuvo que no pudo hacer nada al respecto porque “no era obstetra, ni pediatra ni nada por el estilo” y que nadie le contestaba a sus preguntas por esa situación.

“Los niños estaban en una incubadora o una cuna chica, no recuerdo bien”, dijo. Y agregó: “Los hicieron desaparecer. Se los llevaron a otra parte, no recuerda quién (…) Fui a dar la novedad a la jefatura, la mar en coche, y cuando volví no estaban más. Después me enteré que se los habían llevado a un sanatorio (…) Se los llevaron porque estaban en forma irregular depositados en el servicio. No procedieron correctamente”.

Cuando le preguntaron qué pasó con la madre, indicó que la vio en terapia, que estaba acostada y que su aspecto era bueno. Incluso dijo que conversó con ella “en forma muy parcial, superficial”, que había militares custodiándola y que no sabe qué pasó con ella.

Le consultaron si tenía contacto con militares de Rosario y respondió: “Muy poco, venían a veces a controlar, a mirar y nada más; quién estaba y si se cumplían las ordenes impartidas”. Y sobre cómo fueron registrados los bebés acotó: “No sé si estaban inscriptos en el libro de registro, supongo que había cosas que no registraban correctamente. Supongo que estaban internados en forma ilegal, no correcta, en una palabra”.