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En las últimas audiencias declararon tres de los cuatro socios propietarios del Instituto Privado de Pediatría. Al igual que en el Hospital Militar, algunas enfermeras aportaron datos relevantes sobre la estadía de Sabrina y su hermano en aquel sitio, confirmando la atención a un paciente que provenía del nosocomio castrense e inscripto como NN. Las contradicciones en los testimonios llevaron a un careo entre Vainstub y Schroeder.
Martín Gerlo

La hipótesis de que el hijo varón de Raquel Negro sufría una cardiopatía congénita severa que le habría costado la vida fue seriamente cuestionada por las personas que tuvieron contacto con él en marzo de 1978: las profesionales del Instituto Privado de Pediatría (IPP) ratificaron que el niño estuvo en una de las “seis u ocho” incubadoras que poseía el lugar –número escaso como para no percatarse de la presencia de un paciente, como argumentaron los médicos- y que su estado de salud distaba mucho de ser el sospechado hasta el momento. Una enfermera negó taxativamente que el chico haya tenido esa patología: “No, para nada” respondió consultada por el Tribunal, sosteniendo que de haber sido así hubiese estado “encima de la criatura», cuando en realidad se le dio una atención normal. A su vez, de todos los testimonios no surge un solo indicio de que el hermano se Sabrina haya sido sometido a una cirugía, la cual –según Alfredo Berduc, quien habló con lujo de detalles sobre el cuadro clínico del niño- es indispensable para evitar su prematura muerte. Por si fuera poco, los mismos socios propietarios del IPP –que poco y nada aportaron a la investigación- afirmaron que si el niño egresó del Instituto, tiene que haberlo hecho con vida. En medio de la confusión, van surgiendo algunos elementos esclarecedores: el silencio, la omisión, el ocultamiento, las contradicciones y la lisa y llana mentira. Todos ellos también quieren decir algo.

El dueño de la vida y la muerte

La mujer trabajaba en el laboratorio del nosocomio castrense de la capital provincial hacía casi dos décadas, pero ese no sería un día más: iba a ver algo que la marcó de por vida. Fue llamada desde el quirófano, donde operaban de urgencia a un paciente NN.

Cumpliendo con su deber, comenzó a buscar un frasco con sangre 0+ y los demás elementos para clasificar a esa persona que se hallaba tendida en una camilla, y de la cual no se olvidaría jamás. Había llegado al hospital con muchas heridas y bañado en sangre, síntomas inconfundibles de un deliberado ataque. Mientras se disponía a consignar los datos del paciente, escuchó detrás suyo una voz que la dejó helada: “No es necesario, si ya se va a morir…”, le dijeron. “No importa, es mi trabajo”, alcanzó a responderle.

“¿Puede decirme quién es la persona que le dijo eso”? le preguntó el presidente del Tribunal, Roberto López Arango. “Sí -respondió nerviosa-: el último que Ud. nombró hoy”, afirmó, moviendo la cabeza hacia su derecha. “¿A quién se refiere?”, insistieron, para que no quedaran dudas. “Al doctor (Juan Antonio) Zaccaría”, manifestó al fin.

“Esa persona murió antes de finalizar la cirugía; lo habían traído como de urgencia. Esa situación me provocó tanta angustia que pensé: ‘¡qué vida desperdiciada!’”, confesó.

Luego de la traumática escena se dirigió a la Sala I del nosocomio castrense. Tomó el teléfono, pero fue inútil: no podía hablar. Nunca más pudo contarlo. Hasta el momento en que le tocó declarar…

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)

Es inútil: ninguna amplificación mediática volverá tema de interés masivo el juicio por sustracción de menores y sustitución de identidad que se sustancia en los tribunales federales de Paraná. No será motivo de conversación familiar o de tertulias de café. El atento seguimiento del proceso permanecerá reducido a círculos politizados, a quienes fueron actores en la década de los 70 y a grupos comprometidos con los derechos humanos. Será decepcionante, penoso, lo que se quiera. Pero es irremediable y en modo alguno sorprendente.

Antonio Tardelli

Foto: Gustavo Vaccalluzzo

Hay razones añejas y recientes que explican una apatía que extraña, extrañamente, a ciertos observadores. Pero es que la causa de los derechos humanos, concebida como pretensión de verdad y exigencia de enjuiciamiento a los sujetos que fueron engranajes del Terrorismo de Estado, nunca fue socialmente masiva por más que en determinado momento haya aglutinado a la militancia política en, por caso, las movilizaciones de los 24 de Marzo, ocasión susceptible de alumbrar acuerdos por sobre las naturales diferencias. Pero una cuestión de urgencias, contrapuesta a la distancia temporal que media con los hechos que se investigan, y una inocultable especulación política que anida en el kirchnerismo, se asocian para mofarse de la necesidad de reparación integral que reclaman los crímenes de la dictadura. Ajustar cuentas con el pasado, exigencia histórica si las hay, puede ser un camino relativamente solitario.

Allí radica, precisamente, el mérito de los Kirchner. Retomaron la revisión de la represión ilegal a sabiendas de que no era una demanda mayoritaria de la sociedad pero sí concientes de que una política decidida en tal sentido comportaba una necesidad ligada a sucesos más cercanos. El intolerable espectáculo de las Madres de Plaza de Mayo siendo reprimidas durante los instantes finales del gobierno de la Alianza llevó incluso a Adolfo Rodríguez Saá, si se recuerda, a recibir a Hebe de Bonafini en el despacho presidencial que por pocos días lo albergó. Si hasta Adolfo el Breve, que según los cánones oficiales integra hoy el detestable tren fantasma de la oposición, pudo advertir lo que el momento pedía, cómo no iba a hacerlo un gobierno que alardea de mantener con los 70 un estrecho vínculo. El gobierno adquirió así un capital valioso. No es novedad que los Kirchner, de nula relación con las organizaciones de derechos humanos hasta 2003, se legitimaron con la causa más indiscutible de la democracia argentina. Desde ese lugar, como enamorados de un juguete nuevo, pasaron a una sobreactuación incalificable pero efectiva, tanto como que sedujo a prestigiosos exponentes del sector. El pañuelo de las Madres sobre el féretro de Néstor Kirchner, expresión máxima de adhesión a la política estatal, fue la shockeante estampa del nuevo tiempo.

Convertida nuevamente en política de Estado, recuperando la jerarquía alcanzada con la decisión inaugural de Raúl Alfonsín, la defensa de los derechos humanos y el impulso a los juicios contra los represores perdió el componente de rebeldía y de denuncia que arrastró durante los 90, cuando el partido entonces en el poder, el mismo que gobierna hoy, llevó adelante, con otras complicidades sociales y políticas –de las que no son ajenos algunos de los hombres más encumbrados de esta era políticamente correcta–, la más impactante operación de absolución del pasado. Tiempo de contrasentidos: el avance institucional que supone un Estado que no perdona las atrocidades cometidas por ese mismo Estado en tiempos de facto le pasa la cuenta, en términos de imagen pública, a algunas emblemáticas organizaciones del sector, desdibujadas en un seguidismo innecesario cuando no, se sabe, en concretas sospechas de corrupción. Los recién llegados se cuelgan las medallas. Los de siempre –algunos, por lo menos– se sumen en el descrédito.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)