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Cuenta regresiva para los acusados por robo de bebés
A una semana del comienzo del juicio por sustracción de menores y sustitución de identidad, EL DIARIO presenta un informe con las imputaciones que enfrentan los acusados Pascual Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Walter Pagano, Jorge Fariña, Marino González y el médico anestesista Juan Antonio Zaccaría.
Juan Cruz Varela (El Diario de Paraná)
El miércoles 24 de agosto comenzará el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Entre Ríos. Cinco militares y un médico anestesista serán juzgados por robo de bebés nacidos en cautiverio en el Hospital Militar de Paraná durante la última dictadura.
En el banquillo de los acusados estarán sentados los ex militares Pascual Oscar Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Pagano, Jorge Alberto Fariña y Marino Héctor González; junto con el médico anestesista Juan Antonio Zaccaría, quien se desempeñaba como jefe de Terapia intensiva del Hospital Militar en momentos en que Raquel Negro fue trasladada desde el centro clandestino de detención Quinta de Funes, en las afueras de Rosario, para dar a luz, en marzo de 1978.
Los represores están detenidos y acusados por los delitos de sustracción de menores de 10 años de edad, que establece una pena de tres a diez años de prisión, y supresión de sus estados civiles, con pena de uno a cuatro años, en calidad de autores mediatos.
La investigación se inició en 2005 a partir de una denuncia en la que se consignó que en marzo de 1978 Raquel Negro fue trasladada desde el centro clandestino de detención Quinta de Funes, en las afueras de Rosario, para dar a luz en el Hospital Militar de Paraná, en un operativo coordinado por personal del Destacamento de Inteligencia 121. La mujer fue internada como sobrina del entonces jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, Leopoldo Fortunato Galtieri, y tuvo mellizos, un varón y una nena.
Horas después de nacer los mellizos fueron derivados al Instituto Privado de Pediatría, por complicaciones en su salud y, una vez dada de alta, la nena fue dejada en el Hogar del Huérfano de Rosario, desde allí entregada a la Justicia de Menores y dada en adopción legal. Recién en diciembre de 2008 se logró restituir la identidad a Sabrina Gullino; pero hasta el momento nada se sabe del otro bebé que dio a luz Raquel Negro.
LA PATOTA. Raquel Negro y Edgar Tulio Valenzuela fueron secuestrados el 2 de enero de 1978 en el centro de Mar del Plata. Con ellos estaba Sebastián, el hijo de la mujer, que tenía un año y medio en ese momento. El mismo día fueron trasladados a la Quinta de Funes, donde estaba casi toda la cúpula regional de Montoneros.
Entre fines de febrero y principios de marzo los integrantes de la patota idearon un plan para el traslado en forma clandestina de Raquel Negro para dar a luz.
El operativo estuvo a cargo de un grupo de operaciones especiales creado en 1975, bajo la órbita del Segundo Cuerpo de Ejército, para combatir el accionar de la organización Montoneros. El grupo estaba a cargo del teniente coronel Pascual Oscar Guerrieri, que era segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército, con sede en Rosario. A su vez, Guerrieri dirigía las detenciones de personas en la Quinta de Funes y otros centros clandestinos de detención que funcionaban en la zona, como La Calamita, la Escuela Magnasco y La Intermedia, que era una quinta de la familia Amelong.
Por debajo suyo en la línea de mando estaba el mayor Jorge Alberto Fariña, que se desempeñaba como jefe de operaciones especiales de inteligencia. Como tal tuvo a su cargo la organización y coordinación del plan para el traslado de Raquel Negro.
En el operativo intervinieron también el teniente Juan Daniel Amelong, que era jefe de sección y segundo jefe de Operaciones especiales de inteligencia, y Walter Salvador Dionisio Pagano, un civil que revistaba como agente secreto del Destacamento de Inteligencia 121 bajo el seudónimo de Sergio Paz. Ellos fueron los que abandonaron a la nena en un convento en Rosario –luego se supo que era el Hogar del Huérfano–, dejaron el timbre conectado con un escarbadientes y salieron corriendo. Precisamente esta fue la pista que permitió localizar y restituir la identidad de Sabrina Gullino, ya que la beba fue entregada a un Juzgado de Menores y luego dada en adopción legal.
El capitán Marino Héctor González, como jefe GT-1 del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército, fue quien ordenó todos los trámites para la internación de Raquel Negro en Paraná, dado que en la capital entrerriana estaba el único hospital militar de la zona; y también coordinó las guardias para la custodia de la mujer mientras duró su convalecencia.
COMPLICIDAD. En el operativo intervino también personal civil. Juan Antonio Zaccaría era el médico que estaba a cargo de la unidad de terapia intensiva del Hospital Militar de Paraná cuando se produjo el parto. De la investigación surge que se desempeñó como nexo con los militares que ejecutaron la operación.
El médico anestesista dijo que un día, al inicio de su tarea habitual, se encontró sorpresivamente con un bebé en una incubadora en la sala a su cargo. Sin embargo, una enfermera del hospital contó en sede judicial que fue convocada por Zaccaría para asistir el parto de una mujer que se encontraba en la Sala de Ginecología del nosocomio y que luego el propio profesional le ordenó que en el libro de enfermería de la terapia intensiva, tanto Raquel Negro como sus hijos, quedaran registrados como NN.
Inclusive, esta situación habría generado agrias discusiones entre Zaccaría y otros profesionales del nosocomio, dada la precariedad con la que fueron asistidos los recién nacidos y la gravedad en el estado de salud de varón, lo que motivó su traslado al Instituto Privado de Pediatría, donde se perdió su rastro.
Impunes
Raquel Ángela Carolina Negro fue trasladada a dar a luz en el Hospital Militar de Paraná en un operativo coordinado por personal del Destacamento de Inteligencia 121, e internada como sobrina del entonces jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, Leopoldo Fortunato Galtieri, bajo el nombre de María Amarilla.
La mujer estuvo alojada en la Sala I del Hospital Militar de Paraná, bajo la custodia de personal de las Fuerzas Armadas, hasta que dio a luz.
Allí, las guardias eran coordinadas por Marino González y este, a su vez, estaba secundado por el mayor Paul Alberto Navone, un agente del Destacamento de Inteligencia 122, con asiento en Santa Fe, pero que operaba también en la capital entrerriana. El militar apareció muerto el 25 de febrero de 2008 con un balazo en la cabeza. Ese mismo día debía presentarse a declarar como imputado en la causa.
También estaba imputado Juan Carlos Ricardo Trimarco, ex interventor militar de la provincia y principal responsable de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Entre Ríos durante la dictadura, pero fue declarado inimputable a raíz de un problema circulatorio que le genera una disminución en sus capacidades físicas y psíquicas.
17 Ago
Pascual Guerrieri deberá ir a la cárcel o pagarse un alquiler en Paraná
El Tribunal le rechazó al represor su pedido de alojarse en el Hospital Militar por el tiempo que dure el juicio por robo de bebés durante la dictadura, que empieza el miércoles 24.
GUERRIERI PRETENDÍA ELUDIR LA PRISIÓN EN LA CÁRCEL. (FOTO: TÉLAM)
El Tribunal Oral Federal de Paraná desestimó el pedido de Pascual Oscar Guerrieri de hospedarse en el Hospital Militar de Paraná mientras se sustancie el juicio en su contra y en contra de otros cinco represores, por los delitos de sustracción de bebés y sustitución de identidades durante la última dictadura.
El Tribunal, además, fue claro en afirmar que Guerrieri debe alojarse en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, junto al resto de los enjuiciados, o en su defecto costarse de su propio bolsillo el alquiler de una vivienda en esta ciudad, se informó a UNO.
Quien fuera segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 durante la época de los hechos, goza desde hace años del beneficio de la prisión domiciliaria, que no le fue revocado al ser condenado por un Tribunal Federal de Rosario por delitos de lesa humanidad cometidos en esa jurisdicción. Por ese motivo, el represor solicitó mantener ese privilegio y eludir la posibilidad de ir a la cárcel mientras se desarrolle el juicio por la causa conocida como Hospital Militar, desde el 24 de agosto próximo.
Como argumentos, la defensa mencionó ciertos problemas de salud que no resultaron convincentes y, además, una supuesta incapacidad económica para alquilarse al menos un monoambiente en la capital entrerriana. Sin embargo, en contradicción con esa afirmación, el ex militar reside actualmente en la localidad de Martínez, partido de San Isidro, una de las zonas más caras y exclusivas de la zona norte del Gran Buenos Aires.
El Tribunal –compuesto por Roberto López Arango y Lilia Carnero– no tuvo contemplaciones y le dio dos opciones: hacerse de los pesos necesarios para rentar un sitio donde pernoctar, o ir a un calabozo de la UP 1. Para esto tuvo en cuenta los argumentos que sostuvo la Fiscalía al oponerse al beneficio buscado y a los que luego planteó la querella al afirmar la misma posición.
Además de la imposibilidad de que un procesado o condenado por delitos de lesa humanidad sea alojado en dependencias militares –por resolución del Ministerio de Defensa– que mencionaron los fiscales, entre otros argumentos, los querellantes subrayaron “la paradoja de que Guerrieri hubiera estado hospedado en el mismo sitio donde se cometieron los delitos por los cuales se realizará el juicio”, señaló el abogado Álvaro Piérola.
El 24 de agosto se inicia el juicio oral y público por el robo de los hijos mellizos de los desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela, que nacieron en el nosocomio castrense paranaense entre febrero y marzo de 1978. Además de Guerrieri serán juzgados Juan Daniel Amelong, Walter Pagano, Marino González, Jorge Fariña y el médico militar Juan Antonio Zaccaría.
Fuente: DIARIO UNO
11 Ago
