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Los militares juzgados por robo de bebés permanecen en Paraná
Radiografía de los días en prisión de los genocidas
Cuatro represores se encuentran alojados en la unidad penal. Allí conviven en un pabellón especial con otros miembros de fuerzas de seguridad e imputados por violaciones a los derechos humanos. Solo Jorge Fariña, Marino González, Daniel Amelong y Walter Pagano son los que permanecen en la cárcel.
Por Juan Cruz Varela para EL DIARIO
El primer juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de Entre Ríos durante la última dictadura está pronto a ingresar en la etapa final y los seis represores imputados permanecen detenidos en la capital provincial, aunque solo cuatro de ellos se encuentran en prisión, uno está en su casa y otro en un geriátrico.
Los ex militares sometidos a juicio cumplieron hace pocos días un mes en los lugares de detención de la capital entrerriana. Jorge Alberto Fariña, Marino Héctor González, Juan Daniel Amelong y Walter Salvador Pagano permanecen en la Unidad Penal Nº 1; Pascual Oscar Guerrieri se encuentra en un geriátrico privado ubicado en las afueras de la ciudad, ya que goza del beneficio del arresto domiciliario; y el médico anestesista Juan Antonio Zaccaría se encuentra en su casa.
No están cómodos los militares alojados en la cárcel de Paraná. En el añejo edificio de calle Marcos Sastre conviven 291 internos y las condiciones de detención distan mucho de tener comodidades. En ese gran caserón antiguo, donde la privación de libertad es la herramienta punitiva para la reinserción de aquellos que cometen delitos, habitan en celdas pequeñas, frías, húmedas y superpobladas. Ese es el submundo carcelario.
Pabellón 5. Los represores fueron alojados en un pabellón al fondo de la unidad penal. Se trata de una construcción añeja, de techos muy altos, en la que se encuentran alojados exclusivamente ex agentes de las fuerzas de seguridad. Allí conviven 27 personas en ocho celdas y los cuatro imputados por la sustracción y sustitución de identidad de los hijos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela comparten una habitación, junto con otros tres procesados en la causa Área Paraná.
Los ex militares detenidos usan un patio interno techado y tienen total libertad para moverse dentro del pabellón durante todo el día, pero por cuestiones de seguridad no tienen contacto con el resto de la población carcelaria.
El pabellón tiene las puertas cerradas con candados y cuenta con un espacio común en el centro. Allí hay un teléfono público, televisor, servicio de Cablevideo y un sistema de video. En la cárcel hay servicio de Internet, pero el acceso está restringido a los talleres y la escuela y es controlado por los docentes; pero los pabellones no tienen conexión ni computadoras y tampoco los reos pueden llevar las suyas. No está permitido que tengan heladeras propias ni estufas eléctricas por el riesgo de que se generen cortocircuitos en todo el antiguo sistema; tampoco hay cocinas pero sí un anafe. El baño es compartido y tiene cuatro mingitorios, tres inodoros y tres duchas.
Las habitaciones no tienen puertas, sino que la intimidad la obtienen a través de cortinas que cuelgan de las rejas; en el interior de las celdas, las camas son individuales y de una plaza y cada interno tiene su colchón, un juego de sábanas y tres frazadas.
Un día cualquiera. Fariña, González, Amelong y Pagano cumplen la misma rutina que el resto de la población carcelaria: desayunan a las 7, se higienizan y hacen el aseo de las celdas; pero luego no trabajan ni realizan tareas educativas. En rigor, ninguno tiene horarios ni tareas específicas, aunque sí realizan actividades recreativas en el campo de deportes de la cárcel durante una hora por día, a la tarde.
Juan Daniel Amelong es abogado y ejerce su propia defensa en el juicio. Por ese motivo, el tribunal lo autorizó para que dispusiera de su computadora personal dentro de la cárcel. El uso está restringido a la sala de computación y allí puede revisar las declaraciones de los testigos y preparar su defensa.
De hecho, hace unos días, un grupo de voluntarias que trabaja en la unidad penal se sorprendieron con el hombre de la cabellera teñida de rubio, peinado desprolijo y un par de anteojos delante de otro, ensimismado delante de su computadora portátil.
Todos los internos reciben visitas los miércoles y domingos. En el mes que llevan alojados en la cárcel de Paraná los represores han recibido esporádicamente a ex compañeros de armas, militares retirados del Ejército residentes en Paraná, que les brindan apoyo a sus “camaradas presos políticos” o “militares encarcelados a raíz de su actuación en el transcurso de la guerra interna”, como les dicen.
El único que puede salir de la prisión es Marino González. Su esposa está atravesando una enfermedad y una vez por semana un vehículo oficial lo traslada hasta su casa, en un coqueto barrio santafesino, donde permanece durante dos horas. Las salidas fueron autorizadas por el tribunal en las primeras audiencias del juicio y se concretan de acuerdo a la disponibilidad de personal que tenga el Servicio Penitenciario.
A estas condiciones pretendían escapar los represores. Por eso pidieron su traslado a unidades de otras fuerzas federales. “Cuando vieron las condiciones que había se querían morir”, dijo un agente penitenciario en absoluta reserva a EL DIARIO. Llegaron desde Campo de Mayo y se encontraron con otra realidad: la cárcel.
Dos en casa
Dos de los seis imputados por robo de bebés gozan del beneficio del arresto domiciliario: Pascual Oscar Guerrieri y Juan Antonio Zaccaría. Guerrieri tiene 76 años y dos condenas a cuestas por crímenes de lesa humanidad. “Cuánto me queda, no tengo salida por ningún lado, la única salida que tengo es la Chacarita”, dijo la primera de las tres veces que declaró ante el tribunal.
Para este juicio, Guerrieri abandonó su casa en el barrio porteño de Olivos y, después que le rechazaran alojarse en el Hospital Militar, recaló en un geriátrico privado. Luego de las testimoniales, planteó la posibilidad de regresar a su domicilio hasta la fecha de los alegatos, por cuestiones económicas. Pero no tuvo suerte. Así que permanece en Paraná. Sin embargo, tuvo algunas salidas para realizarse una serie de tratamientos médicos en el Hospital Militar, donde, dijo, lo atendieron “muy bien”.
El médico Zaccaría está próximo a cumplir 71 años y tiene arresto domiciliario desde fines de 2009, por lo que permanece en su casa de calle Tucumán de la capital entrerriana. A poco de haber sido detenido intentó quitarse la vida: colgó una sábana de un parante de la cama cucheta de su celda y se dejó caer, pero el travesaño cedió y el hombre cayó al piso pero no tuvo lesiones de consideración. Sin embargo, tuvo una recaída en su estado general y luego, mientras estaba internado en el Hospital San Martín con un cuadro cardíaco y de diabetes, sufrió un accidente cerebro-vascular, por lo que ya no volvió a la unidad penal.
http://www.eldiario.com.ar/diario/interes-general/nota.php?id=21551
29 Sep
El eslabón perdido de una historia escalofriante
El juicio por el robo de bebés nacidos en cautiverio durante la dictadura en el Hospital Militar de Paraná quedó a un paso de la instancia del pronunciamiento de los alegatos. Al cerrar la etapa de audiencias, quedaron registrados testimonios de la tarea macabra de los represores, contada en primera persona por alguien que participó. Pero la historia juzgada tiene un tramo que se interrumpe, el que habla del destino de uno de los niños robados.
por Jorge Riani para El Diario
jriani@eldiario.com.ar
En la cadena de testimonios, hay un eslabón que se pierde. Justo aquel que refiere al momento en que un niño recién nacido es retirado de un instituto privado de medicina y lo llevan hacia un lugar del que no se sabe, precisamente, por el extravío de ese eslabón. Se pierden los nombres propios y los lugares. Dónde está el niño; quién lo llevó.
El niño es uno de los hijos mellizos, el varón, que nació en cautiverio de Raquel Negro, su madre, y en su propio cautiverio y de su hermana melliza, Sabrina Gullino. Tras haber nacido en los primeros días de marzo de 1978 en el Hospital Militar de Paraná, fue retirado del lado de su mamá y lo trasladaron al Instituto Privado de Pediatría (IPP).
Si algo se sabe de la historia es porque en cada tramo hubo algún testigo que aportó datos. Y datos sobre datos, se conformó el relato. Se reestableció la historia.
El rol de los testigos en esta historia real, dramática y conmovedora, evoca al cautivo-testigo de “El Entenado”, aquel único sobreviviente de un barco asaltado al que los integrantes de una tribu antropófaga dejan vivo, precisamente, para que mire y cuente. Habían matado a todos los otros en forma sanguinaria y cruda. En la lógica creada por Juan José Saer, parecería que la tribu necesitaba ser observada para existir. Como sea, el relato, que se basa en una leyenda concreta de esta zona Litoral en años de la conquista española, trascendió por ese testigo. Pero eso es literatura.
En esta historia que se ventiló en Paraná, en lo que se conoce como el juicio por el Caso Hospital Militar, hay protagonistas vivos; es el drama contemporáneo, con la continuidad de un delito, como la desaparición forzada de personas y la sustitución de identidad aún en ejecución.
Y los testigos que aportaron las piezas para reconstruir la historia son enfermeras, empleados, administrativos, periodistas con la puntual excepción de militares y médicos.
Los militares y los médicos coincidieron en algunas frases: “no me acuerdo” y “yo no estuve”. El eslabón se pierde allí, aunque el trabajo que queda por delante es establecer si lo que dijo un testigo –un ex colaborador de la dictadura que reveló ya en un juicio previo por el cual fueron condenados cinco de los seis procesados– conduce hacia ese eslabón, hacia la respuesta adeudada: dónde está el mellizo varón, hijo de los militantes desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela.
El testigo es Eduardo Costanzo, un oscuro personaje que habló. Su relato constituyó una pieza de terror narrada en primera persona, y la veracidad de sus dichos fue remarcada por él mismo cuando dijo que la prueba de que no mentía era que Sabrina Gullino pudo ser hallada porque él denunció que tras ser robada fue abandonada en el Hogar del Huérfano de Rosario. “Me siento orgulloso de que Sabrina haya recuperado su identidad por mí”, se jactó en plena audiencia.
Costanzo aseguró ahora que al hermano de Sabrina lo robó un militar llamado Paul Navone. Se trata de un represor que se quitó la vida de un disparo en la sien el mismo día que debía venir a declarar por esta causa en la instancia de instrucción, ante la jueza Myriam Galizzi.
“Háganle un ADN al hijo de Navone, que el día que se mató lo mandaron a España, y al hijo del hermano de Navone, que vive en Casilda. Allí era vox populi que Navone tenía un hijo de desaparecidos, o él o el hermano”, dijo en la audiencia.
BRUTALIDAD
La declaración de Costanzo constituyó, quizás, la primera oportunidad en que se habló públicamente en Entre Ríos sobre la dictadura de una manera tan cruda, con detalles de la obra siniestra. Fue el relato de la dictadura vista en sus recodos más oscuros y descriptos para el mundo entero.
El robo de los mellizos Negro Valenzuela fue contextualizado en una obra criminal de gran envergadura, como fue la matanza de 16 militantes en la quinta personal de otro de los procesados, el militar Juan Daniel Amelong.
Costanzo habló de “la patota” al referirse al equipo represivo que integraron los procesados Amelong, Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Walter Salvador Pagano y Marino Héctor González. “Estos no eran combatientes; eran delincuentes, ladrones”, comenzó definiendo el colaboracionista al que el Ejército le puso el nombre de “Castro”.
Contó cómo mataban y robaban. El testimonio da cuenta de un perturbador nivel de cinismo generalizado entre los represores.
Las crónicas del día, las de los diarios de la jornada siguiente, no registraron todo lo que dijo porque Costanzo se explayó por fuera de los límites del hecho juzgado. Cómo síntesis, superada la inmediatez de la noticia, vale dejar registrado esa descripción del accionar represivo que hizo el testigo.
Dio cuenta que los represores eran los dueños de la vida y de la muerte. Pero también de los bienes que tomaban con la más descarada impunidad. “Uno le hizo hasta de ladrón a ellos”, dijo el personaje, en su rol ahora de testigo, con traje formal y corbata multicolor estampada de personajes de Walt Disney.
Ilustró su afirmación con una oscura anécdota. Dijo que cuando el procesado Fariña iba a ser trasladado a Posadas, sabía que necesitaría una lancha para disfrutar del Río Paraná, una camioneta y un auto nuevo. Entonces la patota robó las tres cosas y el militar se las llevó como propias.
Sobre la matanza de los militantes en la quinta de Amelong contó que simularon que iban a liberar una presa y entonces organizaron un almuerzo. En torno a la mesa había represores y presos políticos. Comieron, tomaron, brindaron, charlaron. Para coronar el almuerzo pusieron dos botellas de whisky. Una para los militares y otra para los presos. Ésta última estaba envenenada. Los presos fueron cayendo uno a uno y los que peleaban contra la muerte estallaban en llanto. La mujer que iba a ser liberada fue una de las que lloró. Lloró hasta caer muerta y su cuerpo, como los otros quince, recibió un tiro de gracia. Ese testimonio se escuchó esta semana en Paraná.
VUELOS DE LA MUERTE
Acusó puntualmente a Marino González de ser quien tiraba los cuerpos de los presos muertos o sedados al mar. “Sebastián y Sabrina –dijo hablando para los hijos de Raquel Negro, el primogénito y la melliza encontrada, que presenciaron todo el juicio– miren bien a este hombre porque es el último que toca a su madre. Él es el que tiraba la gente desde los aviones”. “Sebastián –agregó–, ese la mató a tu madre; la tiró al mar para que la coman los tiburones”. Y agregó que el acusado le contaba “cómo flameaban en el aire los cadáveres que tiraba desde el avión, y cómo se manchaba de sangre el agua cuando golpeaban”.
Según el testimonio, Raquel Negro fue asesinada y arrojada al mar, como los otros militantes. Los cadáveres de los 16 habían sido cargados en un camión Mercedes Benz y se sumó el cuerpo de la militante que fue llevado a la quinta de Amelong –también llamada La Intermedia, porque está entre Rosario y Santa Fe– en el baúl de un Peugeot 504, atado de pies y manos.
Pascual Guerrieri está considerado como el mandamás de la patota, que actuaba con el nombre castrense de “Jorge Roca”. De él Costanzo dijo que se quedó con la plata de un retroactivo que debía cobrar y que mató, que robó, que fue el que mandaba a la tropa de represores.
Por eso, al día siguiente, ya sobre el final de la semana, Guerrieri quiso hablar. Si bien desmintió que haya estado él en los operativos represivos, se mostró verdaderamente indignado porque no se quedó, dijo, con el dinero de Costanzo. No, eso no.
Pero confirmó que en el marco de la represión ilegal, los militares tuvieron campos de concentración para los prisioneros y agregó, quizás en un lapsus linguae: “Costanzo también conoció, participó y ejecutó”.
“Esto fue una guerra, y en toda guerra hay campos de concentración”. Pascual Oscar Guerrieri tiene una singular opinión sobre la tarea represiva por la que ya fue condenado en Rosario. Lo demostró en la última audiencia del juicio oral y público que ahora quedó en instancias próximas a los alegatos en los tribunales federales de Paraná.
Fuente: http://www.eldiario.com.ar/diario/interes-general/nota.php?id=21048
25 Sep
La desmemoria que atenta contra la verdad y un relato estremecedor
Pese a la existencia de un registro administrativo donde se consigna la atención de NN, los médicos fundadores del Instituto Privado de Pediatría siguen mostrándose con una desmemoria que atenta contra la posibilidad de conocer el destino final de uno de los mellizos de la militante desaparecida Raquel Negro. Además, en el juicio por el robo de bebés durante la dictadura en Paraná, esta semana se escuchó el desgarrador testimonio de una muerte en el Hospital Militar, pero referido a otro caso que no se juzga en esta oportunidad.
Jorge Riani para EL DIARIO
El tribunal en pleno. Foto: Pablo Churruarín
Enhebrando testimonios, datos sueltos, coincidencias, se conforma un relato. La memoria y la desmemoria, pero también el compromiso y el desinterés modelan el resultado de ese relato: hay cosas que se toman y otras que se descartan. Igualmente queda un relato.
Si hay una instancia de la vida en sociedad donde la mentira muestra su rostro más cínico, esa instancia son los juicios orales y públicos donde desfilan muchos testigos. Algunos para hacer una afirmación y otros para hacer exactamente la contraria o desmentirla.
El juicio por el robo de bebés en el Hospital Militar de Paraná y la sustitución de sus identidades es un caso de esos. Y allí también se va conformando un relato que los jueces, fiscales, querellantes –menos obligadamente los defensores que no tienen el imperativo de imparcialidad de las otras partes– van armando esa historia. Con los jirones que dejan la memoria y la buena voluntad de un puñado de personas.
Y ese relato, con todo lo escuchado esta semana de audiencias, puede sintetizarse así: unos mellizos recién nacidos son internados en una clínica privada. En un establecimiento donde la atención se paga. En todas las incubadoras –ocho o nueve– hay tarjetas de identificación de niños con el nombre y algún otro dato. En las que ocupan los hermanitos en cuestión –una nena y un nene– también había tarjetas de identificación. En una de ellas, en lugar de nombre había una doble inicial: NN.
Las enfermeras sabían que venían derivados del Hospital Militar y que su madre era una detenida política, una “subversiva” o “terrorista”, como parte de la sociedad llamaba entonces a los militantes perseguidos por la dictadura.
Como todos los niños, estos mellizos son registrados al ingresar y egresar del centro asistencial privado. La nena fue anotada como “López, Soledad” el 4 de marzo de 1978 y el varón como “López, NN” el 10 de marzo de ese mismo año. El 27 de marzo fueron dados de alta.
Tienen apenas días de nacidos y alguien, entonces, se encargó de llevarlos de allí. La clínica se llama Instituto Privado de Pediatría (IPP). Las enfermeras saben muy bien todo esto que se cuenta aquí; de hecho, son ellas –las únicas– las que aportan los datos esenciales para arribar al relato.
Enfermeras que se jubilaron del Hospital Militar y colegas del instituto privado son las que saben de esta historia. Pero increíblemente los cuatro médicos dueños del instituto privado no conocen la historia –eso dicen ellos– o no la recuerdan.
ESO DICEN ELLOS.
En sus testimonios, los médicos no han podido ponerse de acuerdo, ni siquiera, en decir quiénes eran los responsables de dar de alta a los niños. “El médico de cabecera”, dicen. ¿Qué médico de cabecera? No saben –eso dicen ellos– puntualmente cuál de los que actuaban en la Paraná de 1978.
Frente a la elocuencia del libro administrativo, secuestrado en la clínica, donde precisamente se registraron los mellizos, hubo una aceptación por parte del médico Miguel Torrealday de que en su clínica había NN. En cambio, sus colegas y socios, David Vainstub y Ángel Schroeder, dijeron desconocer el libro y que estuvieran dando atención a hijos de una mujer detenida en el Hospital Militar. En cualquier caso, estos dos últimos se pusieron de acuerdo en señalar a Torrealday, actual funcionario del gobierno provincial en materia de Salud, como el responsable de Neonatología y por tanto el que más preeminencia tenía en el lugar.
Todos coincidieron en algo: las respuestas a los interrogantes están en las historias clínicas, pero como el depósito de esos documentos se inundó –eso dicen ellos– las pruebas que aportarían nombres y acortaría el camino hacia el verdadero destino del mellizo con paradero aún desconocido sencillamente desaparecieron.
Una periodista de la televisión abierta entrerriana que cubre el juicio hizo, entre salidas y salidas, una observación aguda: los tres médicos que declararon utilizaron expresiones calcadas para abrir el universo de médicos que pudo haber actuado en la atención y alta de los niños. Así el círculo no se limita a los apellidos Torrealday, Vainstub, Rossi y Schroeder.
La clínica “era una institución abierta” y al ampliar señalaron que –aquí sí, palabras más, palabras menos– cualquier médico podía internar a sus pacientes ahí y hacer el seguimiento.
Casi con la agudeza de un análisis de discurso, la periodista advirtió que la explicación sobre la destrucción accidental –eso dicen ellos– de las historias clínicas se dio con frases exactamente iguales por parte de los tres médicos que declararon. “Se mojaron y se estropearon”.
Hay que agregar que en el libro que sí rescató la Justicia, pese a que no apunta nombre de médico alguno, sí está la procedencia de los chicos: “Hospital Militar”. No dice IOSE, que es la obra social que corresponde al personal del Ejército, sino directamente Hospital Militar.
Se dijo ya la semana anterior que los médicos del nosocomio castrense sí admitieron que derivaron hacia el IPP a dos mellizos, hijos de una mujer detenida en el Hospital Militar.
En efecto, Juan Luis Ferrarotti y Alfredo Berduc hablaron de los niños NN. Pero nadie puede decir quiénes atendieron a esos chicos en el IPP y quién autorizó el alta.
A propósito del cardiólogo Berduc, que durante la segunda semana del juicio se mostró muy olvidadizo con nombres y circunstancias, pero no con el cuadro de salud que afectaba a uno de los niños, hay que decir que los testimonios de esta semana contradijeron severamente su afirmación respecto a que el mellizo varón habría muerto.
La enfermera del laboratorio del Hospital Militar que más datos aportó dijo taxativamente que el niño no estaba cianótico, como había afirmado Berduc, que estaba en buenas condiciones y que mucho menos parecía tener una cardiopatía congénita severa.
Pero el principal mazazo que recibió el testimonio de Berduc lo aplicó uno de los médicos del IPP, este viernes, ante una oportuna pregunta del fiscal José Ignacio Candioti. El médico Vainstub terminó aceptando que si hay una fecha de egreso de los mellizos es porque deben haber salido con vida.
El juicio contra los ex militares Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Pagano, Marino Héctor González y Juan Antonio Zaccaría, éste último además médico del Hospital Militar, sigue su curso.
El Tribunal Oral Federal de Paraná apunta dato sobre dato de esta historia, sin desconocer –a juzgar por las preguntas que formulan sus cuatro integrantes– el objetivo de hallar el destino del hijo mellizo que dio a luz Raquel Negro en cautiverio militar.
La niña aquella, la melliza, es Sabrina Gullino, y junto con su hermano mayor Sebastián Alvarez con el que se encontró en 2008 cuando recuperó su identidad, siguen de cerca el desarrollo de la historia, que es su historia.
Espeluznante
Hay muchos elementos que podrían apuntarse como saldo de lo que dejó la tercera semana del juicio. Pero no se puede omitir la alusión al testimonio que aportó la empleada del área de Laboratorio y Hemoterapia del Hospital Militar, que deja muy mal parado a uno de los procesados: el médico Juan Antonio Zaccaría, aunque no para el caso que se juzga en esta oportunidad.
Dijo la mujer –de la que se ha omitido publicar el nombre por una recomendación de la Mesa de Juicio y Castigo acogida por este medio– que “por orden de la Dirección” del Hospital Militar debió clasificar sangre extraída a detenidos políticos que llegaban con el rótulo de NN.
También dijo que los comentarios daban cuenta de que esos detenidos estaban encerrados en los batallones de Ingenieros y Comunicaciones, donde, hoy se sabe, funcionó el mayor centro clandestino de detención que hubo en la provincia de Entre Ríos.
“Tuve oportunidad de atender una cirugía a un NN”, dijo la testigo. Contó que buscó los elementos para extraer sangre y establecer el RH y grupo y que el médico le dijo que “no hay necesidad de eso porque dentro de un rato se muere”.
Ella igual hizo su trabajo. Cuando el juez Roberto López Arango le preguntó el nombre del médico, la mujer no dudó: “El doctor Juan Antonio Zaccaría”.
“Llegué a la Sala I –dijo en medio del llanto renovado– y tenía tanta angustia que tomé el teléfono para hablar con una amiga, a pesar de que no se podían hacer llamadas, y cuando mi amiga me atendió no pude hablar. Nunca más conté nada sobre el asunto, ni siquiera a mi familia”.
11 Sep
Sus socios señalaron a Torrealday como jefe de neonatología del IPP
Los médicos Vainstub y Schroeder no aportaron datos de relevancia para la investigación sobre el paradero del hijo varón que dio a luz Raquel Negro en el Hospital Militar en marzo de 1978. Sin embargo, apuntaron a que la preeminencia en las decisiones las tomaba Miguel Alberto Torrealday, otro de los socios del instituto privado.
por Juan Cruz Varela para EL DIARIO
Los códigos de silencio no se rompen. A veces aparecen hendijas por las cuales se cuelan responsabilidades. Pero la actitud corporativa se mantiene. Se escuchan frases hechas, algunas dudas, ambigüedades, raras amnesias, olvidos selectivos.
Dos médicos pasaron y otro fue traído nuevamente al debate. Se trata de David Vainstub, Ángel Luis Schroeder y Miguel Alberto Torrealday, los socios del Instituto Privado de Pediatría (IPP) –junto con Jorge Eduardo Rossi, quien no concurrió sino que presentó un certificado argumentando que se encuentra bajo tratamiento médico–.
Ninguno aportó datos de relevancia para tratar de establecer el paradero del mellizo varón que dio a luz Raquel Negro en el Hospital Militar, y fue necesario un careo entre Vainstub y Schroeder luego de que surgieran algunas contradicciones entre las declaraciones de ambos; pero lo más trascendente fue que los dos señalaron a otro de los socios como responsable del área de neonatología del IPP, a pesar de que no existía tal cargo en la estructura de organización. “El que tenía el rol de autoridad era Torrealday”, coincidieron en el careo que ordenó el tribunal. Antes, Schroeder había manifestado que “las decisiones se tomaban entre los cuatro, pero generalmente Torrealday era el que tenía más preeminencia”.
Sin embargo, no se pudo evacuar la duda de quién atendió a los mellizos hijos de Raquel Negro y quién firmó el alta del IPP, el 27 de marzo de 1978. De todas maneras, el médico Vainstub afirmó que si en los registros figura una fecha de egreso es porque el bebé fue retirado con vida del instituto.
Vainstub afirmó, como antes lo había hecho Torrealday y luego lo reafirmaría Schroeder, que el IPP era “una institución abierta”, es decir, “cualquier médico podía internar a sus pacientes ahí y hacer el seguimiento” sin intervención del instituto. En esos casos, el médico de cabecera era quien dejaba las instrucciones a las enfermeras, pero en el caso de pacientes que llegaran sin médico de cabecera “se hacía cargo el encargado de la sala de neonatología”, es decir, Torrealday.
JUSTIFICACIONES.
Vainstub y Schroeder dijeron no recordar el caso de los mellizos ni el ingreso de pacientes como NN. “Los chicos se identificaban con el nombre o con el apellido”, dijo el primero. Tampoco reconocieron que hubieran sido internados hijos de personas denominadas “guerrilleras” o “extremistas” y Vainstub rechazó la presencia de familiares o allegados de los médicos en la sala de neonatología, aunque admitió que a veces su esposa iba a visitarlo con sus hijos al instituto.
El médico Vainstub explicó que “cuando llegaban chicos con una derivación, traían una identificación” y en los casos de urgencia en los que no figuraran esos datos, se completaban luego. De todas maneras, aclaró que “en las historias clínicas constaban el ingreso, la procedencia, el nombre de los padres y el diagnóstico” y ante otra pregunta admitió que desde el punto de vista terapéutico era importante conocer si se trataba de mellizos y los antecedentes de los padres.
Sobre ese punto, Schroeder señaló que “en la sala de neonatología, a veces, había bebés que no tenían nombre; pero no podía ser que un chico estuviera sin nombre durante 17 días”, en referencia al varón, que tiene fecha de ingreso el 10 de marzo y egreso el 27 de marzo y en el libro de registros quedó anotado como “López, NN”, procedente del Hospital Militar. Sobre eso no pudo dar ninguna explicación y ensayó una excusa en la que pretendió apuntar contra la persona que elaboraba los registros: “Era un desastre”, dijo. Esa manifestación le valió una reprimenda del tribunal porque no pudo sostenerla.
En otro tramo de su declaración, Vainstub dudó sobre el momento en que el IPP adquirió una ambulancia. Si bien dijo que en marzo de 1978 no tenía vehículo de traslado, luego apuntó que “después de eso se adquirió una Rambler”, en un comentario que generó dudas sobre la referencia a la que aludía. Sobre eso, Schroeder acotó que “a veces los médicos buscaban chicos en sus autos particulares”.
OTRA VEZ.
El médico Torrealday fue nuevamente citado a comparecer ayer, a raíz de una serie de contradicciones que surgieron entre su declaración y la que brindaron sus socios. El profesional aclaró que “no era encargado” de la sala de neonatología, pero admitió que “era el más consultado porque tenía más experiencia”.
“Yo no cumplía en el IPP la función de jefe, no me sentía jefe, me sentía uno más, dispuesto a colaborar en lo que hiciera falta”, acotó el médico.
El juicio contra los ex militares Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Pagano y Marino Héctor González; y quien fuera jefe de terapia intensiva del Hospital Militar, Juan Antonio Zaccaría, continuará el próximo miércoles, ante el Tribunal Oral Federal de Paraná.
No reconocen libros de registro
En la jornada de ayer declaró también una secretaria administrativa de los consultorios externos del IPP. La mujer explicó que los dueños del instituto se rotaban en las tareas de mando y la relación con el personal administrativo y enfermeras.
Asimismo, apuntó que los médicos de guardia, que según dijo era el mismo que estaba a cargo de neonatología, confeccionaban las planillas de ingreso de pacientes, ya que era el mismo que iba en la ambulancia cuando se producía el traslado de un paciente.
Sin embargo, la mujer no reconoció el libro de registros en el que estaban anotados los hijos de Raquel Negro como “López, Soledad” y “López, NN”.
10 Sep
El juicio de las revelaciones y las amnesias selectivas
Lo que dejaron hasta ahora las audiencias
Sabrina Guillino y Sebastián Alvarez buscan a su hermano desaparecido
Los testimonios de algunas enfermeras permitieron confirmar que Raquel Negro, secuestrada y desaparecida por la dictadura militar, dio a luz a mellizos en el Hospital Militar. Que la mujer fue trasladada de Rosario con los estudios previos ya realizados y que estuvo unos 15 días internada en el nosocomio castrense de la capital entrerriana. Los médicos civiles, en cambio, demostraron una sugerente amnesia al momento de hablar de nombres propios. Uno de ellos insistió en que el mellizo varón debe haber muerto.
Por Jorge Riani para El Diario
Los mellizos son el sujeto de una historia. De una historia negra, que como en toda tiene villanos, pero también héroes, algunos de ellos anónimas personas, sencillas personas, que se animaron a decir lo que otros quieren acallar. Los mellizos están en boca de todos los testigos. Que se los llevaron, que no se supo qué destino tuvieron, que uno de ellos estaba enfermo y quizás no haya sobrevivido, que a la madre a la mataron. La historia conmociona y más cuando con un simple giro de cabeza se puede ver a aquella niña nacida en cautiverio, hoy de 33 años, escuchando este relato, con la mirada en otro lugar, pero la atención bien puesta en lo que se dice y en lo que se calla.
En la semana que terminó, Sabrina Gullino, una de esos mellizos, habló de su historia: del modo en que se enteró de que sus padres biológicos son dos de las miles de personas que la dictadura militar hicieron desaparecer; del modo en que ella se convirtió en Gullino y cómo luchó por restituir su identidad de origen sin negar ni contradecir la identidad edificada a partir de su familia adoptiva.
La semana abrió con el testimonio de Sabrina y continuó con el de su hermano Sebastián Álvarez –primogénito de la detenida y desaparecida Raquel Negro–. En la siguiente jornada la nota fue puesta por una enfermera viejita, casi sorda, que con lenguaje familiero y desacartonado conmocionó con su relato, como se verá más adelante.
Quedará para los sociólogos, acaso para los epistemólogos, el intríngulis que se da –al menos en este juicio– entre la verdad, la mentira, la valentía, la cobardía, en vinculación con el status social, con el prestigio que otorga en su singular escala de valores una sociedad.
Dicho de otro modo, en este juicio son algunas enfermeras de las de antes, hoy viejitas jubiladas, las que hablan sin pelos en la lengua.
Quizás no entienden cuando el juez les pregunta si están “comprendidas en las generales de la ley” y hasta haya que traducirles al lenguaje cotidiano cada frase de rigor.
Pero no se pierden cuando les preguntan por datos concretos, nombres, fechas, hechos. No tienen detrás de sí una corporación que defender. No son militares, ni médicos de institutos privados. Son viejitas que acuden con sus nietos al Juzgado y que dicen sin tapujos que vieron a Raquel Negro, que llegó en un auto, que le hicieron los estudios en Rosario, que dio a luz en el Hospital Militar, que estaba golpeada y que un día se llevaron a madre e hijos.
PALABRAS Y SILENCIOS.
“Raquel Negro llegó y la pusieron en una sala de guardia médica. Me contó que venía de Funes, que tenía un nenito que estaba con los abuelos y que venían dos más”. El relato corresponde a la enfermera Natalia Krunn, que aportó datos certeros.
Otras frases textuales de la testigo que merecen ser subrayadas:
“El suboficial Vergara me mandó a que la atendiera (en referencia a Raquel Negro), le hiciera el aseo y cambiara la ropa de cama. Pero me dijo que no hablara con ella”.
“Cuando nació el varoncito se lo pusieron a la madre, lo abrazó, lo tocó, pero después se lo sacaron porque dijeron que no estaba muy bien”.
“Al chico no le vi ningún problema; ahora, si se descompensó después, yo no lo vi”.
La defensa de los procesados preguntó por qué sabía que la detenida se llamaba Raquel Negro. Sin titubear, la mujer respondió: “Porque me lo dijo ella misma”. Además reveló un dato que no quedó inadvertido: que la parturienta estuvo en el Hospital Militar unos 15 días antes del alumbramiento. ¿Puede estar más de dos semanas una detenida, con el movimiento extraordinario de custodia que implicaba, sin que los jefes de servicio, los médicos, los militares de alto rango supieran nada? No se trató de un caso aislado; reinó la conmoción por esos días en el Hospital Militar. ¿Pueden olvidarse de una atención tan atípica que se prolongó durante unos 15 días?
Los médicos Juan Luis Ferrarotti y Alfredo Berduc coincidieron en una frase repetida en no pocos pasajes de sus declaraciones: “No me acuerdo”. Muy atentos, despiertos, de buen léxico, pero de memoria endeble, los profesionales de la salud no aportaron datos de relevancia.
Pero quedó la sensación de que, en el caso de Berduc, primó un llamativo interés en dejar en claro que probablemente el mellizo varón –el hermano que nació junto con Sabrina Gullino y que nunca apareció– no haya podido sobrevivir.
El instancias anteriores el médico no recordaba ni el caso, hasta que se le refrescó la memoria en un careo, justamente con una enfermera. Por eso llegó hasta este juicio recordando el nacimiento de los mellizos, pero con una sugestiva desmemoria para aportar nombres. Y eso se patentizó en una de sus frases: “Me acuerdo del caso, no de los nombres”.
También resulta llamativo que después de no recordar el caso, en tiempos de la instrucción, esta semana sí haya podido precisar que el mellizo varón estaba cianótico y que por el cuadro que presentaba posiblemente haya padecido de una cardiopatía congénita severa.
Dio una clase magistral de cardiología, con léxico científico y notable capacidad para explicar el funcionamiento del sistema respiratorio y circulatorio. Aventuró que el mellizo de Sabrina habría muerto, pero –vale insistir– olvidó pasajes clave que podrían recrear la historia y saber el destino del niño perdido.
Por eso la advertencia que la jueza Lilia Carnero formuló tanto a Berduc, como antes a Ferrarotti, cobra importancia: “Le informamos que la búsqueda de ese menor prosigue. De modo que le pedimos que haga memoria”.
Algunos textuales del cardiólogo Alfredo Berduc:
“Dios quiera que (el mellizo) haya sobrevivido, pero creo que me dijeron que había muerto”.
“No recuerdo”, en alusión a quién le dijo que el niño había muerto.
“Tratamos de darle condiciones de vida para el traslado, pero con una cardiopatía de ese tipo (el paciente, para el caso el niño) no pasa los cuatro días”.
“No recuerdo”; en alusión a quién dio el alta a los mellizos y a la madre.
“Sí, pudo haber sobrevivido, pero con cirugía mediante. Esas cirugías se hacían en Buenos Aires y La Plata”.
“No recuerdo”; en alusión cómo estaban registrados los niños en las planillas de rigor.
“El doctor (Juan Antonio) Zaccaría cumplía funciones más bien administrativas” y “el doctor (Juan) Ferrarotti poco tuvo que ver con el caso”.
“No recuerdo”; en alusión a si los niños fueron trasladados al Hospital San Roque o al Instituto Privado de Pediatría.
¿Por qué tanto interés en dejar la sensación de que el niño de Raquel Negro y Tulio Valenzuela había muerto?
Queda por delante un mes y medio, quizás dos, de audiencias. Y a las esperanzas de que se haga justicia apuntando a las responsabilidades de quienes participaron de la obra macabra, se suman las de encontrar con vida al hijo de Raquel Negro. Porque sólo así la justicia será completa.
4 Sep
Memoria y justicia en las luchas del presente
por Silvio Méndez para El Diario
Foto: Gustavo Vaccalluzzo
Colectivamente, las historias se pueden construir y desconstruir de distintos modos, con distintos “materiales” del sentido y el quehacer social a los que, precisamente, se eche mano. Es por esto que las interpelaciones a los hechos del pasado, no dejan de ser en cierto punto, interpelaciones a los acontecimientos y estado de la cuestión sobre el presente.
Los modos en que se narra la historia, las formas en que se elaboran los relatos, entonces, son también expresiones de las perspectivas sobre cómo encaramos el día a día.
Si hasta la memoria misma, este concepto que parece tan intangible, toma cuerpo en renovadas luchas y acciones de la vida cotidiana. Aunque la historia y los recuerdos no están exentos de quedar petrificados en evocaciones nostalgiosas y moralistas de un pasado mejor.
El juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura que se lleva adelante en la ciudad, forma parte de este campo de tensiones y disputa de cómo se cuenta la historia, de cómo se recrea la memoria. Ya pudimos comprobarlo en los lúcidos testimonios de enfermeras que trabajaron en el Hospital Militar de Paraná que cuentan el sufrimiento de una parturienta secuestrada y la sustracción de sus mellizos, frente a médicos olvidadizos que sostienen todavía al día de la fecha esa antigua complicidad con las atrocidades cometidas por los represores.
Por eso este juicio, a su vez, da cuenta de qué valores y prácticas sostenemos socialmente. Porque siendo uno de los espacios institucionalmente más importantes, con él no sólo se dirimen los alcances que puede alcanzar la justicia en esta democracia luego del último genocidio cometido en Argentina. También se dirime una disputa de la indiferencia, el autoritarismo y el desprecio por la vida humana, frente a la solidaridad, el compañerismo y el compromiso con la libertad.
El desenvolvimiento de esta causa no debería ser dimensionado solamente por sus consecuencias jurídicas, sino cómo un posicionamiento ante una aparente indiferencia de una mayoría que observa la escena como ajena, como si no estuviera involucrada en algún vértice, como si fuera algo foráneo.
La consecución de este juicio —al que le preceden ricas experiencias de reivindicaciones y de luchas, junto a decididas medidas políticas—, constituye ya un “material” con el cual se pueden asentar mojones para narrar y reconocer nuestra historia. De alguna manera, casi en una dimensión pedagógica, el juicio por robo de bebés en la última dictadura en Paraná se inscribe contemporáneamente en una disputa persistente por sostener los derechos humanos y, sobre todo, en una herramienta que puede ser clave para dimensionar qué podemos esperar de nosotros mismos, colectivamente, de aquí hacia un mañana.
4 Sep
“Quizás estén arrepentidos de no haberme tirado al río”
Declaró la hija de Raquel Negro y Tulio Valenzuela. Sabrina Gullino reclamó que la corporación médica “rompa el silencio”. También declaró su hermano Sebastián Álvarez y un médico del Hospital Militar que fue reprendido por su falta de memoria. Eduardo Costanzo no se presentó por problemas de salud.
http://www.eldiario.com.ar/diario/interes-general/nota.php?id=18425
1 Sep
Zaccaría dijo que le metieron “de prepo” a los hijos de Raquel Negro
El jefe de terapia intensiva del Hospital Militar reconoció por primera vez el parto de los mellizos y la presencia de ambos en el nosocomio. Inclusive dijo haber hablado con Raquel Negro, que estaba privada de su libertad, luego del alumbramiento. También dio a entender que pudieron haber ocurrido otros nacimientos de mujeres secuestradas.
El médico procesado Juan A. Zaccaria . Foto Sergio Ruiz
Quien fuera jefe de terapia intensiva del Hospital Militar llegó a la sala a bordo de un sillón de ruedas, empujado por uno de los agentes del Servicio Penitenciario que tiene a cargo su custodia, y con su esposa caminando al lado. Tenía un pantalón de vestir gris, camisa blanca, corbata, pulóver gris, saco, una campera de gabardina color caqui y una bufanda marrón que le cubría el cuello. Ya en la sala, se apoyó del brazo de su mujer para sentarse en el asiento, en la segunda fila, del lado del pasillo.
Escuchó con atención la primera parte de la audiencia, en la que se plantearon las cuestiones preliminares y también a su abogado, Humberto Franchi, cuando pidió la suspensión del proceso en su contra por inimputabilidad.
Juan Antonio Zaccaría tiene 70 años. Nació en Capital Federal el 14 de octubre de 1940, pero desde hace años reside en Paraná, donde fue médico militar. Está casado y tiene dos hijos. “Supongo que sí”, dijo en tono bajo y con la voz temblorosa cuando le preguntaron si comprendía los hechos que se le imputan. Está detenido desde 2008, pero el año pasado sufrió un accidente cerebrovascular mientras estaba alojado en la cárcel.
El memorioso. En el cierre de la jornada, y luego de que los militares imputados pidieran declarar al día siguiente, el médico aceptó responder preguntas. Zaccaría era jefe de terapia intensiva del Hospital Militar de Paraná en 1978 y contó que se enteró de la presencia de Raquel Negro y sus hijos mellizos al día siguiente de que la mujer diera a luz, por lo que dijo desconocer si el parto se había producido allí.
“Era un caso excepcional. Los pusieron ahí y después los sacaron”, dijo en referencia a la presencia de los bebés en incubadoras en la unidad de terapia intensiva. “Nadie decía nada y cuando di la novedad a la superioridad, los hicieron desaparecer, los llevaron a otra parte”, aseveró sin precisar quién dio la orden ni adónde fueron a parar. De todas maneras hoy se sabe que fueron trasladados al Instituto Privado de Pediatría, según los registros de ese nosocomio, en los que constan el ingreso y egreso de ambos.
Zaccaría dijo no recordar los nombres de sus superiores ni de las enfermeras que trabajaban en el Hospital Militar en ese momento, aunque mencionó a Miguel Bottero Brollo y Jorge Cantaberta, quienes se desempeñaban en el área de ginecología del Hospital Militar. Ambos están fallecidos, pero Cantaberta alcanzó a declarar como imputado en la causa y negó haber tomado conocimiento de los hechos.
Además, Zacaría referenció que Alfredo Berduc y Juan Ferrarotti –que deben declarar como testigos en este juicio– eran médicos de terapia intensiva y que ellos debieron estar de guardia en el momento en que se produjo el alumbramiento. Inclusive señaló que ni él tenía facultades para darles órdenes ni ellos podían tomar decisiones por sí solos, pero que en el caso de los mellizos se encontró “ante un hecho consumado” y acotó que ante esa situación “no se puede tirar a un enfermo a la calle”.
De todas maneras, Zaccaría precisó que “la nena estaba bien, pero el varoncito estaba más o menos, tirando a mal; y la madre quedó en terapia, pero estaba sana”. Más aún, el médico dijo haberse entrevistado con Raquel Negro: “La vi cinco minutos, fue una charla superficial. Ella estaba acostada, pero tenía buen aspecto”, aseguró. “A pesar de que no era amigo de eso, me dijeron que los tenga ahí, en terapia”, acotó en referencia a los bebés y su madre. Y admitió que todo el procedimiento fue “irregular”.
Asimismo, Zaccaría negó haber visto los libros de novedades de la terapia intensiva, pero dijo que “a veces había cosas que no se registraban”. De todas maneras insistió en despegarse de la acusación que enfrenta: “No tenía nada que ver, a los chicos me los metieron de prepo en la sala de terapia intensiva”, expresó.
Inclusive, en varios tramos de su declaración, Zaccaría dejó entrever que en el Hospital Militar pudieron haberse producido otros partos de mujeres secuestradas.
Preliminares
En el inicio de la segunda audiencia del juicio los abogados de los represores imputados solicitaron la suspensión del juicio. El defensor oficial Mario Franchi planteó la incompetencia territorial del tribunal para juzgar la sustracción de menores y sustitución de identidad e inclusive apuntó que estos hechos se superponen con los que ya fueron juzgados en Rosario y por los que resultaron condenados a prisión perpetua los ex militares Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong y Walter Salvador Dionisio Pagano.
Franchi señaló también que Marino Héctor González y Fariña fueron afectados en su derecho de defensa ya que la Cámara Federal de Apelaciones no notificó correctamente a sus abogados para que pudieran apelar el auto de procesamiento y prisión preventiva.
En tanto, Amelong, en ejercicio de su propia defensa, planteó que los delitos cometidos “durante el conflicto armado” deberían ser juzgados por la Justicia Militar y señaló además que el robo de bebés no puede ser considerado un delito de lesa humanidad, pero que si así fuera, debería ser juzgado por la Corte Penal Internacional de La Haya.
Por su parte, Humberto Franchi solicitó la suspensión del proceso contra Zaccaría y que se declare su inimputabilidad, a partir de lo establecido por los peritos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dictaminaron que padece hipertensión arterial, diabetes grado dos y un deterioro cerebral cognitivo de patrón mixto (córtico subcortical). En términos coloquiales significa que está disminuido en sus capacidades físicas y psíquicas por un problema circulatorio que hace que no tenga buena irrigación al cerebro, por lo que “no está en condiciones de hacer su defensa material y contestar los hechos que se le imputan”, dijo Franchi. No obstante, pidió que Zaccaría vuelva a ser examinado para determinar su estado actual, ya que la pericia anterior data del 3 de junio pasado.
Después de deliberar por casi dos horas, el tribunal integrado por Roberto López Arango, Lilia Carnero, Juan Carlos Vallejos y María Ivón Vella (jueza sustituta) resolvió rechazar todos los planteos y abrir formalmente el debate. Así, el juicio continuará hoy, a partir de las 10, con los testimonios de los ex militares imputados, que pidieron un tiempo con su abogado para definir la estrategia defensiva. De todas maneras, Mario Franchi adelantó la intención de que presten declaración.
25 Ago
Cuenta regresiva para los acusados por robo de bebés
A una semana del comienzo del juicio por sustracción de menores y sustitución de identidad, EL DIARIO presenta un informe con las imputaciones que enfrentan los acusados Pascual Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Walter Pagano, Jorge Fariña, Marino González y el médico anestesista Juan Antonio Zaccaría.
Juan Cruz Varela (El Diario de Paraná)
El miércoles 24 de agosto comenzará el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Entre Ríos. Cinco militares y un médico anestesista serán juzgados por robo de bebés nacidos en cautiverio en el Hospital Militar de Paraná durante la última dictadura.
En el banquillo de los acusados estarán sentados los ex militares Pascual Oscar Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Pagano, Jorge Alberto Fariña y Marino Héctor González; junto con el médico anestesista Juan Antonio Zaccaría, quien se desempeñaba como jefe de Terapia intensiva del Hospital Militar en momentos en que Raquel Negro fue trasladada desde el centro clandestino de detención Quinta de Funes, en las afueras de Rosario, para dar a luz, en marzo de 1978.
Los represores están detenidos y acusados por los delitos de sustracción de menores de 10 años de edad, que establece una pena de tres a diez años de prisión, y supresión de sus estados civiles, con pena de uno a cuatro años, en calidad de autores mediatos.
La investigación se inició en 2005 a partir de una denuncia en la que se consignó que en marzo de 1978 Raquel Negro fue trasladada desde el centro clandestino de detención Quinta de Funes, en las afueras de Rosario, para dar a luz en el Hospital Militar de Paraná, en un operativo coordinado por personal del Destacamento de Inteligencia 121. La mujer fue internada como sobrina del entonces jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, Leopoldo Fortunato Galtieri, y tuvo mellizos, un varón y una nena.
Horas después de nacer los mellizos fueron derivados al Instituto Privado de Pediatría, por complicaciones en su salud y, una vez dada de alta, la nena fue dejada en el Hogar del Huérfano de Rosario, desde allí entregada a la Justicia de Menores y dada en adopción legal. Recién en diciembre de 2008 se logró restituir la identidad a Sabrina Gullino; pero hasta el momento nada se sabe del otro bebé que dio a luz Raquel Negro.
LA PATOTA. Raquel Negro y Edgar Tulio Valenzuela fueron secuestrados el 2 de enero de 1978 en el centro de Mar del Plata. Con ellos estaba Sebastián, el hijo de la mujer, que tenía un año y medio en ese momento. El mismo día fueron trasladados a la Quinta de Funes, donde estaba casi toda la cúpula regional de Montoneros.
Entre fines de febrero y principios de marzo los integrantes de la patota idearon un plan para el traslado en forma clandestina de Raquel Negro para dar a luz.
El operativo estuvo a cargo de un grupo de operaciones especiales creado en 1975, bajo la órbita del Segundo Cuerpo de Ejército, para combatir el accionar de la organización Montoneros. El grupo estaba a cargo del teniente coronel Pascual Oscar Guerrieri, que era segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército, con sede en Rosario. A su vez, Guerrieri dirigía las detenciones de personas en la Quinta de Funes y otros centros clandestinos de detención que funcionaban en la zona, como La Calamita, la Escuela Magnasco y La Intermedia, que era una quinta de la familia Amelong.
Por debajo suyo en la línea de mando estaba el mayor Jorge Alberto Fariña, que se desempeñaba como jefe de operaciones especiales de inteligencia. Como tal tuvo a su cargo la organización y coordinación del plan para el traslado de Raquel Negro.
En el operativo intervinieron también el teniente Juan Daniel Amelong, que era jefe de sección y segundo jefe de Operaciones especiales de inteligencia, y Walter Salvador Dionisio Pagano, un civil que revistaba como agente secreto del Destacamento de Inteligencia 121 bajo el seudónimo de Sergio Paz. Ellos fueron los que abandonaron a la nena en un convento en Rosario –luego se supo que era el Hogar del Huérfano–, dejaron el timbre conectado con un escarbadientes y salieron corriendo. Precisamente esta fue la pista que permitió localizar y restituir la identidad de Sabrina Gullino, ya que la beba fue entregada a un Juzgado de Menores y luego dada en adopción legal.
El capitán Marino Héctor González, como jefe GT-1 del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército, fue quien ordenó todos los trámites para la internación de Raquel Negro en Paraná, dado que en la capital entrerriana estaba el único hospital militar de la zona; y también coordinó las guardias para la custodia de la mujer mientras duró su convalecencia.
COMPLICIDAD. En el operativo intervino también personal civil. Juan Antonio Zaccaría era el médico que estaba a cargo de la unidad de terapia intensiva del Hospital Militar de Paraná cuando se produjo el parto. De la investigación surge que se desempeñó como nexo con los militares que ejecutaron la operación.
El médico anestesista dijo que un día, al inicio de su tarea habitual, se encontró sorpresivamente con un bebé en una incubadora en la sala a su cargo. Sin embargo, una enfermera del hospital contó en sede judicial que fue convocada por Zaccaría para asistir el parto de una mujer que se encontraba en la Sala de Ginecología del nosocomio y que luego el propio profesional le ordenó que en el libro de enfermería de la terapia intensiva, tanto Raquel Negro como sus hijos, quedaran registrados como NN.
Inclusive, esta situación habría generado agrias discusiones entre Zaccaría y otros profesionales del nosocomio, dada la precariedad con la que fueron asistidos los recién nacidos y la gravedad en el estado de salud de varón, lo que motivó su traslado al Instituto Privado de Pediatría, donde se perdió su rastro.
Impunes
Raquel Ángela Carolina Negro fue trasladada a dar a luz en el Hospital Militar de Paraná en un operativo coordinado por personal del Destacamento de Inteligencia 121, e internada como sobrina del entonces jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, Leopoldo Fortunato Galtieri, bajo el nombre de María Amarilla.
La mujer estuvo alojada en la Sala I del Hospital Militar de Paraná, bajo la custodia de personal de las Fuerzas Armadas, hasta que dio a luz.
Allí, las guardias eran coordinadas por Marino González y este, a su vez, estaba secundado por el mayor Paul Alberto Navone, un agente del Destacamento de Inteligencia 122, con asiento en Santa Fe, pero que operaba también en la capital entrerriana. El militar apareció muerto el 25 de febrero de 2008 con un balazo en la cabeza. Ese mismo día debía presentarse a declarar como imputado en la causa.
También estaba imputado Juan Carlos Ricardo Trimarco, ex interventor militar de la provincia y principal responsable de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Entre Ríos durante la dictadura, pero fue declarado inimputable a raíz de un problema circulatorio que le genera una disminución en sus capacidades físicas y psíquicas.
17 Ago
