La causa

21/03/2011 

Debate. Será el primer caso de lesa humanidad en ir a juicio oral y público

La causa por apropiación de bebés
quedó a un paso del juicio

El juez federal de Paraná cerró la investigación por el robo de la hija de la desaparecida Raquel Negro.

Alfredo Hoffman De la Redacción de UNO

El robo de bebés en el hospital Militar de Paraná durante la última dictadura llegará a juicio oral y público en el corto plazo. Tal es la consecuencia del decreto emitido el miércoles por el juez federal Gustavo Zonis, que ordenó el cierre de la primera parte de la investigación, la que permitió el hallazgo de la “nieta 96”, Sabrina Gullino.

La intención del juez es poner punto final a la instrucción de la apropiación de la hija de los desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela, y la sustitución de su identidad, y en adelante poner el ojo en la búsqueda de su hermano mellizo, que como Sabrina nació en el hospital Militar de avenida Ejército entre febrero y marzo de 1978, y su destino sigue siendo una incógnita.
De la misma manera, la Justicia pretende empezar a seguir las huellas de otros dos mellizos apropiados, los hijos de la pareja que integraban los también desaparecidos Graciela Susana Capocetti y Guillermo Ángel López Torres. Se presume que estos bebés también nacieron en el nosocomio castrense, que así se convierte en una auténtica maternidad clandestina al servicio de las autoridades militares de la época.

Con la disposición del juez Zonis, la causa llamada “Trimarco, Juan Carlos Ricardo y otros s/supuesta infracción a los artículos 139 inciso 2º y 145 siguientes y concordantes del Código Penal de la Nación (Ley Nº 11.179)” se convertirá en los próximos meses –de no mediar contratiempos– en la primera por delitos de lesa humanidad en llegar a juicio oral y público en Entre Ríos. Es por esto que los querellantes, como así también la propia Fiscalía, están “plenamente satisfechos” con la determinación, según confiaron a UNO fuentes de la investigación.

Puntualmente, el magistrado entendió que la investigación instructoria está “en un estado muy avanzado” con relación a los delitos enrostrados a Walter Pagano, Juan Daniel Amelong, Pascual Oscar Guerrieri, Marino González, Jorge Alberto Fariña (todos ex integrantes del Destacamento de Inteligencia del Ejército 121 con asiento en Rosario) y el médico militar Jorge Antonio Zaccaría. Pero sólo en cuanto a la hija de Negro y Valenzuela, encontrada en diciembre de 2008.

Además, después de interminables idas y venidas, el juez cree que hay un avance en la evaluación de la imputabilidad del máximo responsable de este y el resto de los delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia durante la última dictadura, Juan Carlos Ricardo Trimarco, y “se estaría definiendo en lo próximo su situación procesal”. El ex interventor de la provincia, comandante de la II Brigada de Caballería Blindada con asiento en Paraná y comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, que viene eludiendo a la Justicia con el argumento de padecer Alzheimer, finalmente fue examinado por los peritos de parte y el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia, y el 31 de marzo se realizará la junta médica que hará la evaluación de la pericia y elevará su dictamen al juez. En el decreto –al que tuvo acceso este medio– Zonis considera una “obligación” en esta instancia “proseguir con la instrucción correspondiente para dar con el paradero del otro menor denunciado como desaparecido”, en referencia al hermano mellizo del querellante Sebastián Álvarez –hijo mayor de Negro y querellante en la causa– y de quien creció con el nombre de Sabrina Gullino. De esta forma, según mencionó, se lograría “el total esclarecimiento de los delitos cometidos” y el “debido enjuiciamiento de quienes aparezcan como responsables de su comisión”.

Así, dispuso “formar nueva causa”, para evitar “el mayor dispendio de tiempo que impida, en lo próximo, la conclusión de esta investigación sumaria y su consecuente elevación a juicio oral y público”.

Para el 12 de abril está prevista la última audiencia para tratar las apelaciones de los represores a sus procesamientos.

El origen

La causa conocida como hospital Militar se inició en 2005 con la denuncia del coordinador del Registro Único de la Verdad, el ya fallecido Guillermo Germano. De hecho, las actuaciones estuvieron caratuladas durante mucho tiempo como “Germano, Guillermo A. s/su denuncia”.

Así, el funcionario llevó a la Justicia federal lo que hasta entonces estaba apenas mencionado en el libro de Miguel Bonasso Recuerdo de la muerte, a partir del relato del sobreviviente del terrorismo de Estado Jaime Dri: Raquel Negro había sido trasladada desde un centro clandestino de detención de Rosario al Hospital Militar de Paraná, donde habría sido ingresada como sobrina del jefe máximo del Segundo Cuerpo del Ejército, Leopoldo Galtieri, y habría dado a luz mellizos. Luego esta hipótesis se reforzó con la declaración de un testigo de identidad reservada que aseguró haber visto a una mujer embarazada encapuchada en el hospital, y después con los valientes testimonios de enfermeras que rompieron el terror y el silencio de 30 años para relatar el nacimiento de los mellizos durante el cautiverio de quien se comentaba que era “una subversiva”. Más tarde se agregó el testimonio del represor Eduardo Costanzo –procesado en la causa Guerrieri, de Rosario– y se fue reuniendo prueba que conformó un robusto expediente.

La reconstrucción de los hechos, 30 años después

Los bebés mellizos de Raquel Negro nacieron una madrugada a finales de febrero o principios de marzo de 1978 en el hospital Militar de Paraná. De acuerdo con la prueba reunida en la causa, las enfermeras que tomaron el primer turno de la mañana los encontraron en la sala de Terapia Intensiva, cuando debían estar en Neonatología. Cuentan que, como carecían de identidad, los llamaron Soledad y Facundo y que el varón tenía problemas respiratorios.

Se reconstruyó que los médicos Juan Ferrarotti y Alfredo Berduc habrían discutido con el jefe del servicio de Terapia Intensiva, el ahora procesado Juan Antonio Zaccaría, por esta situación, y los dos profesionales terminaron arreglando la derivación de los niños al Instituto Privado de Pediatría ubicado en calle España. Este relato coincide con los registros de la clínica privada, donde figuran provenientes del Hospital Militar una “Soledad López” y un “NN López” en fechas coincidentes con este episodio.

Hay testimonios que indican que el niño habría fallecido, pero esto aún está lejos de ser comprobado. Soledad, en tanto, fue trasladada a Rosario –se sostiene que por Amelong y Pagano– y abandonada en la puerta de un convento para niños expósitos, que en verdad había sido el Hogar de Huérfano. Desde allí, fue dada en adopción legal. Siguiendo esta pista, la jueza federal de Paraná Myriam Galizzi logró encontrar a la beba, ya con 30 años cumplidos, en diciembre de 2008.