provinciales
Zaccaría dijo que le metieron “de prepo” a los hijos de Raquel Negro
El jefe de terapia intensiva del Hospital Militar reconoció por primera vez el parto de los mellizos y la presencia de ambos en el nosocomio. Inclusive dijo haber hablado con Raquel Negro, que estaba privada de su libertad, luego del alumbramiento. También dio a entender que pudieron haber ocurrido otros nacimientos de mujeres secuestradas.
El médico procesado Juan A. Zaccaria . Foto Sergio Ruiz
Quien fuera jefe de terapia intensiva del Hospital Militar llegó a la sala a bordo de un sillón de ruedas, empujado por uno de los agentes del Servicio Penitenciario que tiene a cargo su custodia, y con su esposa caminando al lado. Tenía un pantalón de vestir gris, camisa blanca, corbata, pulóver gris, saco, una campera de gabardina color caqui y una bufanda marrón que le cubría el cuello. Ya en la sala, se apoyó del brazo de su mujer para sentarse en el asiento, en la segunda fila, del lado del pasillo.
Escuchó con atención la primera parte de la audiencia, en la que se plantearon las cuestiones preliminares y también a su abogado, Humberto Franchi, cuando pidió la suspensión del proceso en su contra por inimputabilidad.
Juan Antonio Zaccaría tiene 70 años. Nació en Capital Federal el 14 de octubre de 1940, pero desde hace años reside en Paraná, donde fue médico militar. Está casado y tiene dos hijos. “Supongo que sí”, dijo en tono bajo y con la voz temblorosa cuando le preguntaron si comprendía los hechos que se le imputan. Está detenido desde 2008, pero el año pasado sufrió un accidente cerebrovascular mientras estaba alojado en la cárcel.
El memorioso. En el cierre de la jornada, y luego de que los militares imputados pidieran declarar al día siguiente, el médico aceptó responder preguntas. Zaccaría era jefe de terapia intensiva del Hospital Militar de Paraná en 1978 y contó que se enteró de la presencia de Raquel Negro y sus hijos mellizos al día siguiente de que la mujer diera a luz, por lo que dijo desconocer si el parto se había producido allí.
“Era un caso excepcional. Los pusieron ahí y después los sacaron”, dijo en referencia a la presencia de los bebés en incubadoras en la unidad de terapia intensiva. “Nadie decía nada y cuando di la novedad a la superioridad, los hicieron desaparecer, los llevaron a otra parte”, aseveró sin precisar quién dio la orden ni adónde fueron a parar. De todas maneras hoy se sabe que fueron trasladados al Instituto Privado de Pediatría, según los registros de ese nosocomio, en los que constan el ingreso y egreso de ambos.
Zaccaría dijo no recordar los nombres de sus superiores ni de las enfermeras que trabajaban en el Hospital Militar en ese momento, aunque mencionó a Miguel Bottero Brollo y Jorge Cantaberta, quienes se desempeñaban en el área de ginecología del Hospital Militar. Ambos están fallecidos, pero Cantaberta alcanzó a declarar como imputado en la causa y negó haber tomado conocimiento de los hechos.
Además, Zacaría referenció que Alfredo Berduc y Juan Ferrarotti –que deben declarar como testigos en este juicio– eran médicos de terapia intensiva y que ellos debieron estar de guardia en el momento en que se produjo el alumbramiento. Inclusive señaló que ni él tenía facultades para darles órdenes ni ellos podían tomar decisiones por sí solos, pero que en el caso de los mellizos se encontró “ante un hecho consumado” y acotó que ante esa situación “no se puede tirar a un enfermo a la calle”.
De todas maneras, Zaccaría precisó que “la nena estaba bien, pero el varoncito estaba más o menos, tirando a mal; y la madre quedó en terapia, pero estaba sana”. Más aún, el médico dijo haberse entrevistado con Raquel Negro: “La vi cinco minutos, fue una charla superficial. Ella estaba acostada, pero tenía buen aspecto”, aseguró. “A pesar de que no era amigo de eso, me dijeron que los tenga ahí, en terapia”, acotó en referencia a los bebés y su madre. Y admitió que todo el procedimiento fue “irregular”.
Asimismo, Zaccaría negó haber visto los libros de novedades de la terapia intensiva, pero dijo que “a veces había cosas que no se registraban”. De todas maneras insistió en despegarse de la acusación que enfrenta: “No tenía nada que ver, a los chicos me los metieron de prepo en la sala de terapia intensiva”, expresó.
Inclusive, en varios tramos de su declaración, Zaccaría dejó entrever que en el Hospital Militar pudieron haberse producido otros partos de mujeres secuestradas.
Preliminares
En el inicio de la segunda audiencia del juicio los abogados de los represores imputados solicitaron la suspensión del juicio. El defensor oficial Mario Franchi planteó la incompetencia territorial del tribunal para juzgar la sustracción de menores y sustitución de identidad e inclusive apuntó que estos hechos se superponen con los que ya fueron juzgados en Rosario y por los que resultaron condenados a prisión perpetua los ex militares Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong y Walter Salvador Dionisio Pagano.
Franchi señaló también que Marino Héctor González y Fariña fueron afectados en su derecho de defensa ya que la Cámara Federal de Apelaciones no notificó correctamente a sus abogados para que pudieran apelar el auto de procesamiento y prisión preventiva.
En tanto, Amelong, en ejercicio de su propia defensa, planteó que los delitos cometidos “durante el conflicto armado” deberían ser juzgados por la Justicia Militar y señaló además que el robo de bebés no puede ser considerado un delito de lesa humanidad, pero que si así fuera, debería ser juzgado por la Corte Penal Internacional de La Haya.
Por su parte, Humberto Franchi solicitó la suspensión del proceso contra Zaccaría y que se declare su inimputabilidad, a partir de lo establecido por los peritos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dictaminaron que padece hipertensión arterial, diabetes grado dos y un deterioro cerebral cognitivo de patrón mixto (córtico subcortical). En términos coloquiales significa que está disminuido en sus capacidades físicas y psíquicas por un problema circulatorio que hace que no tenga buena irrigación al cerebro, por lo que “no está en condiciones de hacer su defensa material y contestar los hechos que se le imputan”, dijo Franchi. No obstante, pidió que Zaccaría vuelva a ser examinado para determinar su estado actual, ya que la pericia anterior data del 3 de junio pasado.
Después de deliberar por casi dos horas, el tribunal integrado por Roberto López Arango, Lilia Carnero, Juan Carlos Vallejos y María Ivón Vella (jueza sustituta) resolvió rechazar todos los planteos y abrir formalmente el debate. Así, el juicio continuará hoy, a partir de las 10, con los testimonios de los ex militares imputados, que pidieron un tiempo con su abogado para definir la estrategia defensiva. De todas maneras, Mario Franchi adelantó la intención de que presten declaración.
25 Ago
«El juicio es una bisagra para encontrar a mi hermano mellizo»
Este miércoles se inicia el juicio por robo de bebés en el Hospital Militar de Paraná durante la última dictadura. Sabrina Gullino, una de las víctimas, espera que quienes saben qué pasó con su hermano, se resuelvan a hablar.
Sabrina Gullino, la hija de los detenidos-desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela, cuya identidad le fue restituida en diciembre de 2008, espera que el juicio que comienza este miércoles en Paraná sirva para despertar la conciencia de aquellos que conocen datos sobre el destino de su hermano mellizo, pero que han preferido callar durante más de 30 años.
Sabrina nació en marzo de 1978 en el Hospital Militar de Paraná, donde se encontraba internada su madre –traída desde el centro clandestino de detención La Intermedia, de las afueras de Rosario– a la espera del parto. Luego del alumbramiento, ella y su hermano mellizo varón pasaron a la sala de Terapia Intensiva y luego fueron derivados al Instituto Privado de Pediatría (IPP). Desde allí fueron retirados ambos el mismo día, según consta en los registros de la clínica. A ella los represores la dejaron en la puerta del Hogar del Huérfano de Rosario y días después fue adoptada legalmente, mientras que el otro bebé –con presuntos problemas respiratorios– continúa desaparecido desde entonces.
El Tribunal Oral en lo Correccional Federal de Paraná juzgará desde este miércoles a las 10 a Pascual Oscar Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Dionisio Pagano, Jorge Alberto Fariña, Marino Hector González y Juan Antonio Zaccaría. Los cinco primeros integraban el Destacamento de Inteligencia 121, que organizó el operativo para el nacimiento y el robo de los bebés. Zaccaría era el jefe de Terapia Intensiva y se lo acusa de haber co-organizando el parto, conociendo la procedencia y la situación de Raquel Negro, y haber dispuesto medios materiales y humanos para garantizar el éxito del operativo.
En el requerimiento de elevación a juicio efectuado por los abogados de las querellas de Sabrina, su hermano mayor Sebastián Álvarez y la organización Hijos, se imputa a los represores “haber participado, todos ellos, en calidad de coautores mediatos de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de menores de 10 años (Art. 146 C.P.según ley 24.410) y la consecuente supresión y alteración del estado civil (Art. 139, inc. 2 según ley 11.179) de ambos neonatos”. Estos delitos se cometieron en el marco del plan sistemático de represión clandestina e ilegal y ya fueron considerados de lesa humanidad durante la etapa de instrucción de la causa.
La bisagra
Además de la expectativa por el inminente inicio del juicio en la causa por su apropiación, Gullino remarcó su esperanza en que esta instancia resulte beneficiosa para la búsqueda de su hermano. “Este juicio es una bisagra para reforzar la investigación de ‘Sumario’, que es el expediente donde se investiga lo que pasó con el melli, para que los paranaenses que tengan algún conocimiento y sean protagonistas de la historia, se atrevan a contar lo que saben, que la justicia y la historia misma se lo van a reconocer”, afirmó en diálogo con UNO.
“Nosotros estamos apostando a encontrarlo y rastrear cualquier dato que nos ayude a dar con su paradero”, acotó, y apuntó específicamente a que aquellos que tuvieron contacto con la internación y el parto de su mamá, hagan memoria. Hizo referencia a los médicos y trabajadores de la salud del Hospital Militar, del Instituto Privado de Pediatría y del hospital San Roque, que se desempeñaban en esos sitios hace 30 años.
Acerca de quienes eran autoridades de esos nosocomios, sostuvo: “Si bien no son responsables directos, sí lo son de haber permitido que por sus instituciones pasaran dos mellizos nacidos en cautiverio, sin padre o tutor. Y lo que conozcan lo tienen que aportar a la Justicia, sobre todo los cuatro médicos dueños del IPP”.
Esos cuatro profesionales son Ángel Schroeder, David Vainstub, Jorge Eduardo Rossi y Miguel Torrealday. “No creemos que en aquel momento hayan desconocido que permitieron el ingreso de dos bebés mellizos sin padres. No creo que Torrealday ni los otros médicos hayan desconocido de dónde proveían esos chicos. Es la oportunidad que tienen de aportar a la reconstrucción no sólo de nuestra familia sino de la historia a nivel nacional”, subrayó.
Últimamente hubo algunos nuevos testigos que aportaron información para la búsqueda del mellizo, sobre todo a partir del allanamiento que se realizó a fines de junio en el San Roque. En esa oportunidad la Justicia Federal secuestró libros de internación de bebés, entre los que se encuentran los correspondientes a 1978. Existe una línea de investigación según la cual el bebé desaparecido habría pasado por la sala de Neonatología del hospital de niños.
Finalmente, Sabrina expresó su deseo de que “se haga justicia, que los responsables, militares y civiles, tengan la pena que se merecen” y reivindicó “la labor de los organismos de derechos humanos; de las Abuelas, de las Madres, que sostuvieron las banderas durante todo este tiempo” y de sus “hermanos” de los organismos de Paraná.
24 Ago
Carlotto podría declarar en la causa Hospital Militar
La titular de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto fue citada, pero aún no está confirmada su declaración en calidad de testigo en la causa que arranca el miércoles einvestiga el funcionamiento de una maternidad clandestina en el nosocomio castrense la capital entrerriana.
La titular de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, podría declarar en la causa Hospital Militar que arranca el miércoles próximo. La dirigente fue citada, pero aún no está confirmada su declaración en calidad de testigo, según indicó Florencia Amore, abogada querellante.
A pesar de la citación, se desconoce si la titular de Abuelas podrá presentarse, pues al parecer para la fecha en que ha sido convocada no estaría en el país, comentó la abogada a APF.
Ayer se supo el cronograma de las testimoniales del juicio que arrancará el miércoles que viene 24 de agosto, en la Cámara del Tribunal Oral y Federal de Paraná, ubicado en calle 25 de Mayo.
Las audiencias fueron fijadas para los días miércoles, jueves y viernes a las 10. En tanto las testimoniales, arrancarán el 31. Antes, la semana que viene, se efectuará la introducción al juicio y cuestiones preliminares, añadió Amore.
Cabe señalar que medio centenar de testigos prestará declaración en el marco del juicio oral y público por la denominada causa Hospital Militar contra el ex interventor militar en la provincia de Entre Ríos, Juan Carlos Trimarco, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
Además están imputados Pascual Oscar Guerrieri, Walter Salvador Dionisio Pagano, Marino Héctor González, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong y Juan Antonio Zaccaría, quienes se encuentran procesados y con prisión preventiva desde 2008.
La causa investiga el funcionamiento de una maternidad clandestina en el nosocomio castrense la capital entrerriana.
19 Ago
Cuenta regresiva para los acusados por robo de bebés
A una semana del comienzo del juicio por sustracción de menores y sustitución de identidad, EL DIARIO presenta un informe con las imputaciones que enfrentan los acusados Pascual Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Walter Pagano, Jorge Fariña, Marino González y el médico anestesista Juan Antonio Zaccaría.
Juan Cruz Varela (El Diario de Paraná)
El miércoles 24 de agosto comenzará el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Entre Ríos. Cinco militares y un médico anestesista serán juzgados por robo de bebés nacidos en cautiverio en el Hospital Militar de Paraná durante la última dictadura.
En el banquillo de los acusados estarán sentados los ex militares Pascual Oscar Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Pagano, Jorge Alberto Fariña y Marino Héctor González; junto con el médico anestesista Juan Antonio Zaccaría, quien se desempeñaba como jefe de Terapia intensiva del Hospital Militar en momentos en que Raquel Negro fue trasladada desde el centro clandestino de detención Quinta de Funes, en las afueras de Rosario, para dar a luz, en marzo de 1978.
Los represores están detenidos y acusados por los delitos de sustracción de menores de 10 años de edad, que establece una pena de tres a diez años de prisión, y supresión de sus estados civiles, con pena de uno a cuatro años, en calidad de autores mediatos.
La investigación se inició en 2005 a partir de una denuncia en la que se consignó que en marzo de 1978 Raquel Negro fue trasladada desde el centro clandestino de detención Quinta de Funes, en las afueras de Rosario, para dar a luz en el Hospital Militar de Paraná, en un operativo coordinado por personal del Destacamento de Inteligencia 121. La mujer fue internada como sobrina del entonces jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, Leopoldo Fortunato Galtieri, y tuvo mellizos, un varón y una nena.
Horas después de nacer los mellizos fueron derivados al Instituto Privado de Pediatría, por complicaciones en su salud y, una vez dada de alta, la nena fue dejada en el Hogar del Huérfano de Rosario, desde allí entregada a la Justicia de Menores y dada en adopción legal. Recién en diciembre de 2008 se logró restituir la identidad a Sabrina Gullino; pero hasta el momento nada se sabe del otro bebé que dio a luz Raquel Negro.
LA PATOTA. Raquel Negro y Edgar Tulio Valenzuela fueron secuestrados el 2 de enero de 1978 en el centro de Mar del Plata. Con ellos estaba Sebastián, el hijo de la mujer, que tenía un año y medio en ese momento. El mismo día fueron trasladados a la Quinta de Funes, donde estaba casi toda la cúpula regional de Montoneros.
Entre fines de febrero y principios de marzo los integrantes de la patota idearon un plan para el traslado en forma clandestina de Raquel Negro para dar a luz.
El operativo estuvo a cargo de un grupo de operaciones especiales creado en 1975, bajo la órbita del Segundo Cuerpo de Ejército, para combatir el accionar de la organización Montoneros. El grupo estaba a cargo del teniente coronel Pascual Oscar Guerrieri, que era segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército, con sede en Rosario. A su vez, Guerrieri dirigía las detenciones de personas en la Quinta de Funes y otros centros clandestinos de detención que funcionaban en la zona, como La Calamita, la Escuela Magnasco y La Intermedia, que era una quinta de la familia Amelong.
Por debajo suyo en la línea de mando estaba el mayor Jorge Alberto Fariña, que se desempeñaba como jefe de operaciones especiales de inteligencia. Como tal tuvo a su cargo la organización y coordinación del plan para el traslado de Raquel Negro.
En el operativo intervinieron también el teniente Juan Daniel Amelong, que era jefe de sección y segundo jefe de Operaciones especiales de inteligencia, y Walter Salvador Dionisio Pagano, un civil que revistaba como agente secreto del Destacamento de Inteligencia 121 bajo el seudónimo de Sergio Paz. Ellos fueron los que abandonaron a la nena en un convento en Rosario –luego se supo que era el Hogar del Huérfano–, dejaron el timbre conectado con un escarbadientes y salieron corriendo. Precisamente esta fue la pista que permitió localizar y restituir la identidad de Sabrina Gullino, ya que la beba fue entregada a un Juzgado de Menores y luego dada en adopción legal.
El capitán Marino Héctor González, como jefe GT-1 del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército, fue quien ordenó todos los trámites para la internación de Raquel Negro en Paraná, dado que en la capital entrerriana estaba el único hospital militar de la zona; y también coordinó las guardias para la custodia de la mujer mientras duró su convalecencia.
COMPLICIDAD. En el operativo intervino también personal civil. Juan Antonio Zaccaría era el médico que estaba a cargo de la unidad de terapia intensiva del Hospital Militar de Paraná cuando se produjo el parto. De la investigación surge que se desempeñó como nexo con los militares que ejecutaron la operación.
El médico anestesista dijo que un día, al inicio de su tarea habitual, se encontró sorpresivamente con un bebé en una incubadora en la sala a su cargo. Sin embargo, una enfermera del hospital contó en sede judicial que fue convocada por Zaccaría para asistir el parto de una mujer que se encontraba en la Sala de Ginecología del nosocomio y que luego el propio profesional le ordenó que en el libro de enfermería de la terapia intensiva, tanto Raquel Negro como sus hijos, quedaran registrados como NN.
Inclusive, esta situación habría generado agrias discusiones entre Zaccaría y otros profesionales del nosocomio, dada la precariedad con la que fueron asistidos los recién nacidos y la gravedad en el estado de salud de varón, lo que motivó su traslado al Instituto Privado de Pediatría, donde se perdió su rastro.
Impunes
Raquel Ángela Carolina Negro fue trasladada a dar a luz en el Hospital Militar de Paraná en un operativo coordinado por personal del Destacamento de Inteligencia 121, e internada como sobrina del entonces jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, Leopoldo Fortunato Galtieri, bajo el nombre de María Amarilla.
La mujer estuvo alojada en la Sala I del Hospital Militar de Paraná, bajo la custodia de personal de las Fuerzas Armadas, hasta que dio a luz.
Allí, las guardias eran coordinadas por Marino González y este, a su vez, estaba secundado por el mayor Paul Alberto Navone, un agente del Destacamento de Inteligencia 122, con asiento en Santa Fe, pero que operaba también en la capital entrerriana. El militar apareció muerto el 25 de febrero de 2008 con un balazo en la cabeza. Ese mismo día debía presentarse a declarar como imputado en la causa.
También estaba imputado Juan Carlos Ricardo Trimarco, ex interventor militar de la provincia y principal responsable de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Entre Ríos durante la dictadura, pero fue declarado inimputable a raíz de un problema circulatorio que le genera una disminución en sus capacidades físicas y psíquicas.
17 Ago
Pascual Guerrieri deberá ir a la cárcel o pagarse un alquiler en Paraná
El Tribunal le rechazó al represor su pedido de alojarse en el Hospital Militar por el tiempo que dure el juicio por robo de bebés durante la dictadura, que empieza el miércoles 24.
GUERRIERI PRETENDÍA ELUDIR LA PRISIÓN EN LA CÁRCEL. (FOTO: TÉLAM)
El Tribunal Oral Federal de Paraná desestimó el pedido de Pascual Oscar Guerrieri de hospedarse en el Hospital Militar de Paraná mientras se sustancie el juicio en su contra y en contra de otros cinco represores, por los delitos de sustracción de bebés y sustitución de identidades durante la última dictadura.
El Tribunal, además, fue claro en afirmar que Guerrieri debe alojarse en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, junto al resto de los enjuiciados, o en su defecto costarse de su propio bolsillo el alquiler de una vivienda en esta ciudad, se informó a UNO.
Quien fuera segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 durante la época de los hechos, goza desde hace años del beneficio de la prisión domiciliaria, que no le fue revocado al ser condenado por un Tribunal Federal de Rosario por delitos de lesa humanidad cometidos en esa jurisdicción. Por ese motivo, el represor solicitó mantener ese privilegio y eludir la posibilidad de ir a la cárcel mientras se desarrolle el juicio por la causa conocida como Hospital Militar, desde el 24 de agosto próximo.
Como argumentos, la defensa mencionó ciertos problemas de salud que no resultaron convincentes y, además, una supuesta incapacidad económica para alquilarse al menos un monoambiente en la capital entrerriana. Sin embargo, en contradicción con esa afirmación, el ex militar reside actualmente en la localidad de Martínez, partido de San Isidro, una de las zonas más caras y exclusivas de la zona norte del Gran Buenos Aires.
El Tribunal –compuesto por Roberto López Arango y Lilia Carnero– no tuvo contemplaciones y le dio dos opciones: hacerse de los pesos necesarios para rentar un sitio donde pernoctar, o ir a un calabozo de la UP 1. Para esto tuvo en cuenta los argumentos que sostuvo la Fiscalía al oponerse al beneficio buscado y a los que luego planteó la querella al afirmar la misma posición.
Además de la imposibilidad de que un procesado o condenado por delitos de lesa humanidad sea alojado en dependencias militares –por resolución del Ministerio de Defensa– que mencionaron los fiscales, entre otros argumentos, los querellantes subrayaron “la paradoja de que Guerrieri hubiera estado hospedado en el mismo sitio donde se cometieron los delitos por los cuales se realizará el juicio”, señaló el abogado Álvaro Piérola.
El 24 de agosto se inicia el juicio oral y público por el robo de los hijos mellizos de los desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela, que nacieron en el nosocomio castrense paranaense entre febrero y marzo de 1978. Además de Guerrieri serán juzgados Juan Daniel Amelong, Walter Pagano, Marino González, Jorge Fariña y el médico militar Juan Antonio Zaccaría.
Fuente: DIARIO UNO
11 Ago
Desde el 24 de agosto desfilarán casi 50 testigos en el juicio por robo de bebés
El debate por la causa Hospital Militar se extenderá como mínimo por tres meses. Entre los juzgados estará el médico Zaccaría, quien pretendía la suspensión del proceso en su contra por problemas de salud. Algunos testigos serán Estela de Carlotto, Miguel Bonasso y Jaime Dri.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná comunicó este lunes su decisión de habilitar la feria judicial y fijar el inicio del debate por la causa Hospital Militar para el 24 de agosto a las 10. Desde ese momento, y por un lapso de tiempo estimado en tres meses como mínimo, se presentarán en el juicio medio centenar de testigos que fueron admitidos por el Tribunal. La fijación de la fecha se tomó en simultáneo con la postergación del debate por la causa Harguindeguy, que iba a iniciarse ese mismo día, debido a que es inminente el ingreso de la cusa “Área Gualeguaychú” con los mismos imputados. Además, uno de los procesados, Ramón Genaro Díaz Bessone, continúa siendo juzgado en Rosario.
En la causa conocida como Hospital Militar se investiga la apropiación de los hijos mellizos de la detenida-desaparecida Raquel Negro. Uno de los bebés, Sabrina Gullino, recuperó su identidad en diciembre de 2008. Están procesados por robo de bebés y sustitución de identidad durante la última dictadura –delitos considerados de lesa humanidad– los ex miembros del Destacamento de Inteligencia 121 Juan Daniel Amelong, Jorge Alberto Fariña, Marino Héctor González, Pascual Óscar Guerrieri y Walter Salvador Dionisio Pagano, y el médico Juan Antonio Zaccaría.
Álvaro Piérola, abogado por los querellantes H.I.J.O.S. y Sabrina Gullino, destacó a UNO que el Tribunal haya resuelto enviar a juicio a Zaccaría, quien tiempo atrás pidió la suspensión del proceso en su contra por problemas de salud. “Se decidió no realizar en lo inmediato una nueva evaluación de su estado de salud, ya que es muy reciente el anterior examen” que se le realizó el 3 de junio, dijo.
En cuanto a Guerrieri, quien tiene prisión domiciliaria en Colón 222 de localidad de Martínez, partido de San Isidro (Buenos Aires), deberá denunciar a la mayor brevedad una dirección en Paraná a la que será trasladado para las audiencias de debate y donde permanecerá alojado durante al menos tres meses. El resto de los imputados, excepto Zaccaría, quien también tiene prisión domiciliaria, serán trasladados a la Unidad Penal Nº 1 de la capital provincial desde sus actuales lugares de detención.
Testigos
En una resolución del 5 de julio, el Tribunal admitió la prueba ofrecida, donde se incluyen 49 testimoniales a realizarse en el curso del debate. Se trata de testigos vinculados al Hospital Militar, al Instituto Privado de Pediatría y a otras circunstancias. Por ejemplo, está previsto que declare la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, el periodista y diputado nacional Miguel Bonasso –autor del libro “Recuerdo de la Muerte” donde se relatan parte de los hechos investigados– y Jaime Dri, único sobreviviente del centro clandestino de detención Quinta de Funes, en las afueras de Rosario.
De acuerdo a lo previsto en la resolución, el Tribunal integrado por Roberto López Arango y Lilia Carnero, se completará con Juan Carlos Vallejos como juez de Cámara subrogante y María Ivón Vella como juez de Cámara sustituta.
El juicio se desarrollará en la sede de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná (25 de Mayo 256), con transmisión en vivo a efectivizarse en la sala de audiencias del Tribunal Oral, ubicada en Urquiza 872. Las audiencias serán los miércoles, jueves y viernes, siempre desde las 10.
Se mantienen las medidas ordenadas oportunamente sobre la cobertura periodística del debate. Se dispuso que los medios de comunicación que requieran el acceso a la sala, deberán previamente solicitar su acreditación, desde el 8 al 18 de agosto, en el horario de 8 a 12.
Los hechos
La agrupación H.I.J.O.S. Regional Paraná recordó mediante un comunicado que “Zaccaría era jefe del servicio de Terapia Intensiva del Hospital Militar de Paraná durante 1978, en donde funcionó una maternidad clandestina. En marzo de ese año, en la unidad a su cargo, médicos y enfermeras encontraron una mañana a dos bebés mellizos recién nacidos en delicado estado de salud, que luego fueron derivados al Instituto Privado de Pediatría. Hoy está confirmado que se trataba de los hijos de la detenida-desaparecida Raquel Negro, nacidos en cautiverio y robados por los integrantes del destacamento de Inteligencia del Segundo Cuerpo del Ejército, con sede en Rosario. Uno de ellos, Sabrina, recuperó su verdadera identidad a fines de 2008 y el destino del otro continúa sin aclararse”.
Alfredo Hoffman
De la Redacción de UNO
25 Jul
