La respuesta adeudada de un juicio que sumó ideología y revelaciones

La cuarta semana del juicio se fue sin la respuesta esperada: dónde está el hermano mellizo de Sabrina Gullino. Dónde está el segundo hijo varón de la militante Raquel Negro, desaparecida luego de que diera a luz en cautiverio militar en marzo de 1978.
“Qué será de la vida de mi chiquito”, se preguntó Raquel Negro –recordó una testigo presencial–, tras dar a luz, y a horas, o quizás días, de que entregara un efímero calor de madre a su bebé. La respuesta no la tuvo Raquel Negro en 1978, ni la tienen sus hijos sobrevivientes, 33 años después. No tiene esa respuesta la sociedad argentina, no la tienen los organismos de derechos humanos, no la tienen los militantes, ni los jueces, pese a la búsqueda empecinada en cada pregunta a testigos. Hay que decirlo claramente: los actores de este juicio que se desarrolla en Paraná –camaristas, fiscales, querellantes– buscan esa respuesta en cada interrogatorio y a cada testigo que se sienta en la sala de audiencia. Hay una suerte de saludable obcecación que se teñirá de impotencia si el proceso oral y público se agota sin la respuesta final.
Si los militares procesados tienen conocimiento del destino del hijo de Raquel Negro y Tulio Valenzuela; si lo tienen los médicos del Hospital Militar donde nacieron los mellizos y los del Instituto Privado de Pediatría (IPP), donde fueron derivados, no lo dicen. Una de las peores manifestaciones de la mentira es el silencio.

RATIFICACIÓN. Por fuera de esa circunstancia, esta cuarta semana sumó una serie de testimonios que refuerzan lo que se había escuchado en semanas anteriores y algo más.
Dos enfermeras del IPP dieron mayor precisión sobre la presencia de los niños Valenzuela Negro en ese instituto. Y señalaron a Miguel Torrealday como el médico que atendía a las criaturas. Torrealday declaró en su momento que halló un libro de registro de niños NN en el instituto que él cofundó y dirigió, y que lo entregó a la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo. Y si sus colegas y socios lo señalaron, la semana anterior, como el experto en neonatología que más ingerencia tenía en la sala de los recién nacidos con atención especial por donde pasaron los niños, esta semana que terminó los dos testimonios de enfermeras no hacen más que ratificar esa idea.
Torrealday declaró y amplió luego su declaración. La segunda vez arribó a los tribunales federales de Paraná caminando los cien metros sobre calle 25 de Mayo que separa la sede judicial del Ministerio de Salud, donde el hombre cumple funciones políticas en la cartera que conduce el ministro Angel Giano.
¿Tiene algún significado especial esa circunstancia para un gobierno provincial que no omitió enviar a funcionarios de primer nivel a presenciar algunos tramos de las audiencias, acaso como equilibrado mensaje de apoyo a los juicios?
En el bagaje de elementos que sumó la causa esta semana están también los testimonios que ratifican la acción represiva, la participación de personas sentadas en el banquillo, el funcionamiento de lo que el periodismo troqueló como “la patota”, con escenario de acción en Rosario, Santa Fe y Paraná, para el caso que se juzga.
Esta semana que pasó aportó, no obstante, información sobre los roles de los procesados en la patota. En ese sentido fue el aporte novedoso del periodista rosarino Carlos Del Frade, quien relató lo que le dijo ese personaje llamado Eduardo Tucu Costanzo, que por despecho, enojo o vaya a saber por qué, le contó en entrevista periodística cómo funcionaba la patota. Guerrieri, Amelong, Fariña y Pagano fueron señalados como los responsables del centro clandestino y la detención de Raquel Negro.
Reynaldo Sietecase complementó lo que había declarado su colega y conciudadano Del Frade. Relató detalles de la cocina de un reportaje que realizó en 1992 a Constanzo, donde éste daba la primera información sobre el accionar represivo y precisaba que una vez le tocó envolver y trasladar unos 15 cadáveres de dirigentes políticos ejecutados por los represores.
Sietecase insistió en que se tome en cuenta el contexto histórico en que se realizó la entrevista, cuando los represores no consideraban aún la posibilidad de terminar sentados frente a un tribunal dando cuenta de secuestros, muertes, robos, torturas.
Los testimonios de Del Frade y Sietecase resultaron una referencia concreta a la actividad periodística que –a diferencia de la propaganda, motivada en difusión sectorial– la motoriza la búsqueda de la verdad, el aporte a la sociedad sin detenerse en quiénes se enojan y quiénes no.
A Del Frade lo amenazaron con “cortarle los huevos”; a Sietecase –pese a que no lo dijo en el juicio– le habrá generado algún dolor de cabeza cuestionar a un hombre duro del, por entonces, poderoso gobernador santafesino Carlos Reutemann: el subsecretario Rodolfo Riegé, mencionado por Costanzo como parte de la patota.

IDEOLOGÍA. Las testimoniales dejaron también una serie de declaraciones de con una fuerte carga ideológica. “Nadie está obligado a cumplir órdenes ilegales. Las torturas, el latrocinio, las violaciones, el robo de bebés no tienen nada que ver con las funciones del Ejército”. La frase la dio un militar; un integrante del Centro de Militares para la Democracia Argentina (Cemida): Horacio Pantaleón Ballester. Para el caso, no sólo es ideología sino también legalidad.
Eso motivó la reacción del procesado Pascual Oscar Guerrieri, catalogado como el jefe de la patota. “Estaría contento de estar frente a un pelotón de fusilamiento, así sería posible que nos fusilen, como a Dorrego, porque entonces sería un héroe nacional; en cambio ahora soy un delincuente”, dijo.
Cuando fue depuesto por un golpe militar –148 años antes del golpe del que participaron los represores juzgados ahora en Paraná–, Manuel Dorrego era un valiente guerrero de la independencia que luchó contra un ejército imperial y no contra la población civil; fue uno de los padres del federalismo porteño; sólido en su ideología, su carácter, pero también en su intelecto. No secuestró, no torturó, no robó los hijos recién nacidos de nadie. Y murió con la serenidad de los grandes.
A Guerrieri le gusta hablar de fusilar. “Cómo le va Del Frade; no nos vaya a fusilar, eh”, le dijo al periodista antes de ingresar a la sala de audiencias.
El tercer testimonio con carga ideológica aportado esta semana, se escuchó por medio de una teleconferencia que desde Panamá brindó el testigo Jaime Dri, que compartió prisión con Raquel Negro y Tulio Valenzuela.
En general, fue un testimonio rico en datos y precisiones. En cuanto al mensaje político, el entrerriano Dri expresó, para cerrar su testimonio y dirigiéndose a los militares procesados por el nombre de guerra con que actuaron en la Quinta de Funes: “Los hechos son juzgados por la Historia y son evaluados. Los actores de años pasados, que participamos activamente en las luchas sociales y políticas, hemos producido hechos que hoy son parte de la Historia. Yo soy uno de los que habiendo hecho historia, les digo que hemos convivido en la Quinta de Funes, en la Escuela Magnasco y en La Intermedia, yo en calidad de prisionero y desaparecido. Habiendo sido actores de una etapa de la Historia argentina es que les solicito que tengan un acto histórico y digan dónde está el hermano de Sabrina y Sebastián. Rompan el pacto de silencio”.