Exmilitantes de la UES contaron cómo fueron torturados por policías
Víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico militar brindaron sus primeros testimonios en el juicio al represor Albano Harguindeguy. Alfredo Hoffman / Redacción de UNO
Crescenzo fue señalado como el interrogador de la federal.
Tres exmilitantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de Concepción del Uruguay, que fueron víctimas de secuestros y salvajes torturas durante las vacaciones de julio de 1976, aportaron ayer el relato de las atrocidades de las que fueron víctimas a manos de la patota de la Policía Federal local. Sus testimonios abundaron en coincidencias sobre la metodología aplicada por los represores para que escarmentaran por haber osado manifestarse en contra de la dictadura: allanaron sus casas llevándose libros y pósters y rompiendo pertenencias, los mantuvieron cautivos en condiciones inhumanas en la dependencia policial, los sometieron a tormentos que les dejaron secuelas físicas y psicológicas y los liberaron luego de varios días, tras aleccionarlos a ellos y sus padres sobre la prohibición de desempeñar actividades políticas.
El grupo de tareas que integraban los acusados Francisco Crescenzo y Julio César Moscardón Verde Rodríguez, el prófugo José Darío Mazzaferri y otros no imputados en la causa, interrogaban en todo momento por el mimeógrafo con el que los estudiantes imprimían volantes denunciando a la dictadura, que repartían en los boliches bailables de la ciudad. Esto hizo que aquellos sucesos sean ahora recordados como la Noche del Mimeógrafo.
César Manuel Román Yáñez, Roque Edmundo Minatta y Juan Carlos Romero fueron, en ese orden, los que abrieron la etapa de testimoniales en el juicio por delitos de lesa humanidad que tiene como principal acusado al exministro del Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy. Los tres fueron aplaudidos por el público, que esta vez colmó la sala de 25 de Mayo 256 de Paraná. Los tres observaron y reconocieron personalmente a Crescenzo (también en una foto de la época) y a Rodríguez. Los tres, además, aportaron datos importantes para que se investigue a otro represor responsable de esos crímenes, que actualmente vive y trabaja en Concepción del Uruguay.
El horror
César Román, hoy con 53 años, profesor de Historia, fue quien radicó la denuncia en febrero de 2006, luego de la caída de las leyes de impunidad, que posibilitó la investigación. Ubicó el inicio de su relato en los primeros meses de 1974, cuando siendo un adolescente experimentó su “despertar político” y comenzó a vincularse con los centros de estudiantes. En 1975, con 16 años, lo expulsaron del Colegio Justo José de Urquiza luego de un permanente hostigamiento por actividades. En 1976 ingresó al turno tarde de la escuela Normal y allí se encontró con Minatta, presidente del Centro de Estudiantes. Cuando se perpetró el golpe de Estado, se eliminaron todas las conquistas: el medio boleto estudiantil, talleres literarios, el cineclub. Ante esto, decidieron expresarse a través de los volantes que imprimían con el famoso mimeógrafo. Pero la protesta duró hasta las vacaciones de invierno, cuando comenzó lo que él llamó “el horror”.
A Román lo secuestraron la noche del lunes 19 de julio a una cuadra de su casa materna, ubicada en 8 de Junio 216. Dos hombres de civil que se identificaron como de la Policía Federal lo tomaron de los brazos y del pelo, lo introdujeron en un Dodge 1.500 negro y lo encañonaron con un arma al grito de: “Quedate quieto, pendejo de mierda”. Los secuestradores se sentaron uno a cada lado; eran un morocho de bigotes al que llamaban El Cordobés y otro que se caracterizaba por una mancha en el rostro. Mientras tanto, la casa era allanada ilegalmente por un grupo que comandaban Crescenzo y Rodríguez, alias El Moscardón Verde, que se llevaron libros y los pósters del Che Guevara y Jimi Hendrix. A Rodríguez lo conocía porque vivía cerca de su casa y había concurrido a la escuela con sus hijos. El pseudónimo era vox pópuli en el pueblo.
Rodríguez y Crescenzo subieron a un Falcon verde. Detrás iba un Fiat 125 celeste. Los tres vehículos marcharon hacia la Policía Federal y en el trayecto abundaron los golpes, insultos y amenazas. Al llegar a destino lo ubicaron en el Casino de Oficiales y poco después, en una habitación contigua, fue víctima de una cruel golpiza. El Moscardón le propinó una patada en los testículos, que años después derivó en una intervención en la cual le extirparon uno. En el Casino de Oficiales, junto a otros estudiantes que iban llegando, permanecían sentados mirando a la pared; comían muy poco de lo que llevaban los familiares, no podían bañarse ni dormir. Si se dormían le pegaban con las manos abiertas en los oídos, forma de tortura que se conoce como “el teléfono”. Todas las tardes, luego de que terminaba la actividad habitual de la delegación policial, llegaba la patota y comenzaban las sesiones de tortura. Nunca fueron asistidos por médico alguno.
En una oportunidad estaba siendo interrogado por quien se hacía llamar “el inspector Crescenzo”, quien siempre vestía de traje, era bien hablado y parecía culto. “¿Así que vos sos el existencialista?”, ironizó. Entre los libros que le habían secuestrado estaba La náusea, de Jean Paul Sartre. Como no decía nada sobre el renombrado mimeógrafo, Mazzaferri se puso de pie, le colocó el arma en la cabeza y la hizo martillar en repetidas ocasiones. Todos los represores presentes en la habitación se rieron a carcajadas. Después le rompieron los pósters de Guevara y Hendrix, pensando que este era un referente de izquierda e ignorando que se trataba de un músico. “Todo se orientaba a destruir mi identidad más que a sacarme información”, recordó ayer la víctima.
Lo más terrible fue cuando lo llevaron hasta una dependencia en el piso superior a presenciar la tortura con picana eléctrica de que era víctima un compañero. Cuando lo vio atado al elástico de una cama, pálido y mojado, pensó que estaba muerto. Pero cuando le pasaron la picana se arqueó y dio un alarido que hizo que Román se descompusiera y comenzara a vomitar. “Soñé muchas veces con eso”, dijo ante el tribunal.
Días después Crescenzo le hizo firmar una declaración que no pudo leer. Sólo alcanzó a observar la frase “delincuente subversivo”. Finalmente, los llevaron a los estudiantes a una reunión en la oficina del jefe de la Delegación, Jorge Vera, que encabezó el entonces, jefe del Batallón de Ingenieros de Combate 121 con asiento en Concepción del Uruguay, teniente coronel Raúl Federico Schirmer. Allí estaban también el intendente de facto Gerardo Genuario, autoridades de otras fuerzas de seguridad y los padres de cada uno de los estudiantes secuestrados. Luego de que Schirmer (hoy fallecido) les hiciera un sermón sobre la subversión, todos fueron quedando en una suerte de libertad vigilada.
Una vez afuera, por consejo del subjefe de la Policía Federal Alfonso Cevallos (fallecido) dejó la ciudad. Durante unos años fue casi “un fantasma”, todo el tiempo preocupado por que no lo encontraran. De todos modos, cada vez que regresaba por algún acontecimiento familiar solía encontrarse con sus torturadores. Una vez vio a Rodríguez, quien desde su Falcon le apuntó con el dedo haciendo como que disparaba un arma. Cuando Argentina ganó el Mundial 78, en la Plaza Ramírez, vio al Dodge 1500 con Mazzaferri y otros de los represores en su interior, festejando. En ese momento interrumpió la celebración por la victoria deportiva y se volvió a su casa.
El mismo sufrimiento
Minatta y Romero, que también se desempeñaban en los centros de estudiantes, relataron los sufrimientos de que fueron víctimas en aquellas vacaciones de invierno, con los mismos detalles contados por Román y también reconociendo a los imputados. Minatta, quien fue hasta diciembre subsecretario de Derechos Humanos de Entre Ríos, estaba de vacaciones en Trelew cuando el grupo de tareas irrumpió violentamente en su casa en busca del mimeógrafo. Como no lo encontraron, amenazaron a su padre: le dijeron que sería “boleta” si él no aparecía. Fue entonces cuando regresó del sur en avión, con 18 años, vestido de traje y peinado a la gomina, para despistar. Cuando llegó a Concepción su papá lo esperaba junto al subcomisario Ceballos, que era vecino del barrio, que lo llevó a la Policía Federal. Allí comenzaron los tormentos físicos, a cargo de Mazzaferri, el Moscardón Verde Rodríguez y El Cordobés. Las torturas psicológicas estaban a cargo de Crescenzo, quien le hacía saber que conocía los movimientos de sus familiares, incluso que tenía una sobrina de 1 año. Lo más terrible fue un simulacro de fusilamiento que presenció en el patio de la delegación, del que fueron víctimas tres compañeros que no podían mantenerse en pie por la tortura.
Los familiares de Minatta presentaron un hábeas corpus ante el juez federal Héctor Neyra, quien se negó a recibirlo. Neyra fue luego juez de la democracia. Finalmente fue liberado por orden del teniente coronel Schirmer. Meses después, en noviembre de 1976, volvió a ver a Crescenzo: el interrogador se presentó en el acto de colación de 5° año de la Escuela Normal y fotografió a todos los egresados. También siguió viendo al Moscardón y a otros miembros de la patota. A Mazzaferri lo veía en los boliches, dijo que hacía sacar chicas para violarlas.
Romero, quien hacía el Secundario en el nocturno del Colegio Urquiza, tenía 19 años y fue sacado de su casa de madrugada, con los mismos métodos violentos ejecutados por Rodríguez y Mazzaferri. Antes de ingresar a la delegación la patota secuestró también a otro dirigente, Carlos El Negro Zenit. También debió atravesar la experiencia de torturas y maltratos físicos y psicológicos a manos de los mismos represores, y siempre interrogado por el artefacto para imprimir volantes. Dos semanas después de liberado fue nuevamente secuestrado por Mazzaferri y golpeado, para luego ser arrojado a la ruta 39. Entonces se vio obligado a dejar la ciudad.
“Desde que salí hasta la fecha, tengo miedo”, mencionó Romero. “No puedo dormir, porque tengo miedo. Mazzaferri, el más importante, está prófugo. Sentí miedo para venir a declarar, pero lo hago sobre todo por mis compañeros que ya fallecieron: El Negro Zenit, Darío Morend, Carlos Valente y Hugo Maffei”, finalizó.
El caso de El Manchado
Los tres testigos que declararon ayer mencionaron a un integrante de la patota de Concepción que no está entre los imputados, que tenía una importante mancha en la cara y al que llamaban El Manchado. No conocen su nombre, pero todavía se lo suele ver en la ciudad, trabaja en la concesionaria de autos León Banchik SA, situada en 9 de Julio 1616, y entrega cédulas de la Policía Federal. Román lo vio en la delegación de la institución cuando, años atrás, se realizó una inspección judicial. Los abogados querellantes solicitaron que se envíen copias de las declaraciones a la Fiscalía federal para que proceda en consecuencia. El Tribunal federal hizo lugar.
19 Abr
Comenzaron las testimoniales.
La audiencia comenzó a las 10.30, con la declaración de César Román, uno de los secuestrados y torturados en Concepción del Uruguay. El testigo reconoció a Julio César Moscardón Verde Rodríguez como uno de sus torturadores. Luego declararon Roque Minatta y Juan Carlos Romero. Pedirán a la Fiscalía de La Histórica que investigue a otro represor mencionado en los testimonios.
Durante casi seis horas se desarrolló la primera jornada de testimoniales de la etapa probatoria del juicio por la causa Harguindeguy, en la sala de calle 25 de Mayo 256 de la capital entrerriana.
Declararon tres testigos-víctimas pertenecientes a la Causa Nº 1.960/10, en la que están procesados los imputados en juicio: Albano Harguindeguy, Francisco Crescenzo, Julio César Rodríguez, y Juan Miguel Valentino, quienes actualmente se hallan cumpliendo prisión domiciliaria por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Concepción del Uruguay.
Es precisamente en esa última localidad donde tuvieron lugar los delitos que en este tramo del juicio se investigan, los cuales se encuentran penalmente encuadrados en Asociación ilícita, Violación de domicilio, Privación ilegal de la libertad y Torturas.
El primero en declarar de los tres testigos previstos para hoy, fue César Manuel Román. Previo a su declaración, la querella solicitó que se incluyan como prueba las declaraciones del represor Jorge Rafael Videla quien, en una entrevista al periodista y escritor Ceferino Reato, dio detalles sobre el plan sistemático de desaparición de personas durante la última dictadura. El pedido fue acompañado por la Fiscalía y la defensa no puso objeción.
Por su parte, el defensor técnico de Harguindeguy, Rodríguez y Crescenzo, solicitó que este último acusado se retirara de la sala sin ser visto por el testigo, argumentando el pedido en una estrategia que no quedó del todo clara.
Luego de que el Tribunal integrado por Lilia Carnero (presidenta), Roberto López Arango, y Noemí Berros, hiciera lugar al pedido de la defensa, se procedió a llamar al testigo.
El relato de Román Cabe destacar que Román fue detenido en la noche del 19 de julio de 1976, a una cuadra de su domicilio, cuando tenía 17 años y participaba activamente en el centro de estudiantes de la Escuela Normal de Concepción del Uruguay.
Al comienzo de su declaración, el testigo dio detalles sobre su despertar político durante la adolescencia y su militancia en el centro de estudiantes junto a Roque Minatta -otro de los testigos citados para hoy-, un espacio desde donde habían conseguido varios logros para el estudiantado (boleto estudiantil, talleres literarios, campeonatos de fútbol), los cuales fueron anulados cuando la dictadura cívico – militar asaltó el poder.
“Por este motivo, nosotros comenzamos a elaborar volantes, para denunciar lo que estaba ocurriendo, y a repartirlos en boliches. Cuando empezaron las vacaciones de invierno, fuimos detenidos. Nuestro error fue pensar que esta dictadura era similar a la de 1966”, señaló.
Román narró que aproximadamente a la hora 21 del 19 de julio de 1976, cuando se encontraba a una cuadra de su domicilio materno, dos hombres vestidos de civil se acercaron hacia él y le preguntaron si era César Román. Al responder afirmativamente, ambos comenzaron a insultarlo, lo agarraron del pelo y lo obligaron a introducirse en un Dodge 1500 negro, donde lo esperaban dos personas más.
A uno de los que lo detuvieron lo identificó como “El Cordobés”, mientras que al otro -cuyo apodo ni nombre pudo precisar- lo describió como corpulento, de unos 35 años y con una mancha en el rostro. Más adelante, en su declaración, Román señalaría que hace 5 años volvió a ver a este último en la delegación de la Policía Federal en Concepción del Uruguay, cuando fue a realizar un reconocimiento del lugar, en el marco de la causa que ahora está en proceso penal. Señaló que, según sus propias averiguaciones, el “hombre de la mancha” trabaja en una concesionaria de autos de esa ciudad y que, aparentemente, sigue teniendo conexiones en la Policía Federal.
Esta declaración resultó uno de los aportes más novedosos a la causa. Los testigos que lo sucedieron –Minatta y Juan Carlos Romero– también mencionaron a «El Manchado» como miembro de la patota. Ante esto, la querella solicitó que se enviara copia de las tres declaraciones a la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, para que tome las medidas que crea pertinente respecto de este represor. La Fiscalía acompañó y el tribunal hizo lugar.
Prosiguiendo con el relato de los hechos, el testigo señaló que en el coche en el que lo trasladaron comenzaron los primeros interrogatorios sobre un mimeógrafo con el que los estudiantes habrían confeccionado los volantes que repartieron en distintos puntos de la ciudad.
Asimismo, señaló que mientras a él lo detenían, otras dos personas -Francisco Crescenzo y El Moscardón Verde– allanaban su casa, donde se encontraba su madre. De allí sustrajeron libros y posters que Román tenía en su habitación.
Luego, Rodríguez y Crescenzo se subieron a un Falcon verde que estaba estacionado delante del Dodge 1500, y desde allí partieron hacia la delegación de la Policía Federal, seguidos por un Fiat 125.
Cuando llegaron al lugar, lo introdujeron en una dependencia a la que el testigo se refería como el Casino de Oficiales. Minutos después, el subcomisario Zeballos -que conocía a Román a través de su padre- ingresó al lugar y le dijo que “cante lo que sepa”, porque de lo contrario lo “iban a matar”. Acto seguido, El Moscardón ingresó al lugar y le dio un brutal golpe en el rostro al detenido.
Minutos más tarde, el represor José María Mazzaferri (actualmente prófugo de la Justicia) ingresó y lo llevó a una habitación contigua. En ese lugar, Román fue interrogado nuevamente por el mimeógrafo y sometido a una brutal paliza. Según su versión, El Moscardón Rodríguez le dió un fuerte puntapié en un testículo lo cual originó que, años después, tuvieran que extirparle uno.
Los tormentos continuaron durante los cuatro días siguientes, ya que diariamente era sometido a palizas, interrogatorios y tortura psicológica. Entre los maltratos, Román mencionó que Mazzaferri le gatilló un revólver en la cabeza y que una noche fría lo dejaron en el patio, bajo la lluvia y sin ropa. Por otra parte, relató que en una oportunidad lo llevaron encapuchado a una habitación, donde vio a otro detenido -de apellido Martínez Paiva-, siendo torturado con picana eléctrica, y que a él lo amenazaron con hacerle lo mismo “si no cantaba”.
El testigo relató que en el lugar se encontró con otros detenidos: Roque Edmundo Minatta, Juan Carlos Rodríguez, Juan Carlos Romero, Víctor Hugo Baldunciel, Mario Hugo Maffei, y José Pedro Peluffo, quienes fueron sometidos a maltratos similares.
Román precisó que no los dejaban dormir, señalando que “cada vez que atinábamos a dormirnos, nos golpeaban en los oídos, dejándonos aturdidos”. Tampoco los alimentaban lo suficiente, “lo poco que comíamos era lo que nos mandaban nuestros familiares, pero siempre nos llegaba menos de lo que nos enviaban”.
El testigo manifestó que las cosas comenzaron a “tranquilizarse” a partir del viernes 23 de julio. Y que el domingo mantuvo una charla con Crescenzo, quien le hizo firmar una falsa declaración, titulada “César Román, delincuente subversivo”.
Al día siguiente, al cumplirse una semana de la detención, él y los demás detenidos pudieron ver a sus padres en una reunión mantenida con el Teniente Coronel Schimer, perteneciente al Regimiento de Ingenieros de Combate del Ejército, quien “sermoneó” a los padres de los detenidos, por el “accionar subversivo” de sus hijos. Más tarde, varios de ellos fueron liberados. Al día siguiente, liberaron a los restantes.
Al finalizar su testimonio y responder a algunos detalles precisados por la querella, a pedido del Tribunal, Román reconoció a Julio César El Moscardón Rodríguez en el banquillo de los acusados.
Luego, el tribunal ordenó un cuarto intermedio de 10 minutos, al cabo del cual Román reconoció a Crescenzo una fotografía de aquella época, que le fue exhibida junto a las de otras dos personas.
Más tarde declararon Minatta y Romero, quienes detallaron los padecimientos que sufrieron a manos de los mismos represores en la Delegación de la Policía Federal. Ambos reconocieron a Rodríguez y Crescenzo y aportaron datos sobre «El Manchado».
La causa En este expediente –acumulado a otros dos, de Concordia y Gualeguaychú– se registran 18 víctimas: César Manuel Román Yánez, Carlos Atilio Martínez Paiva, Roque Edmundo Minatta, Juan Carlos Rodríguez, Juan Carlos Romero, Carlos Horacio Valente, Víctor Hugo Baldunciel, Mario Hugo Maffei, José Pedro Peluffo, Hugo Emilio Angerosa, Jorge Orlando Felguer, Juan Domingo Santamaría, Carlos María Urquiza, Héctor Manuel Respaud, Juan Eduardo Cassaretto, Carlos Julián Cáceres, Jorge Guillermo Aldaz, y César Rubén Árrigo (ahora fallecido), informó la Vocería del Tribunal Oral Federal.
Cinco de esas víctimas se han presentado como querellantes, representados por la abogada María Caccióppoli y –según cada caso-, también por Marcelo Baridón, Álvaro Piérola, Guillermo Mulet y Marcelo Boeykens.
Prestarán declaración un total de 43 testigos que actualmente residen en distintas localidades, como entre otras: Concepción del Uruguay, Colón, Gualeguaychú, Paraná, Buenos Aires, Mar del Plata y Posadas.
Ejercen la defensa técnica de Harguindeguy, Crescenzo y Rodríguez: Mario Franchi y Noelia Quiroga (por el Ministerio Público de la Defensa), y Gerardo Ibáñez, como abogado particular de Valentino.
De estos cuatro procesados, Crescenzo se ha abstenido de declarar en este debate, en tanto que Harguindeguy lo hizo remitiéndose a dichos anteriores, y el resto, ha reservado sus derechos a prestar declaración en otro momento procesal, si así lo estimare pertinente.
En las audiencias de esta causa, estarán presentes además, todos los abogados defensores y querellantes; en tanto que en lo que respecta a los imputados, Harguindeguy seguirá presenciando el juicio por videoconferencia, desde el Consejo de la Magistratura de Buenos Aires, y los procesados Juan Carlos Mondragón, Marcelo Pérez, Naldo Dasso y Santiago Kelly del Moral estarán ausentes, por así haberlo autorizado el Tribunal, en virtud de que los mismos carecen de imputación en estos actuados.
Finalmente, cabe consignar que la cobertura periodística podrá efectuarse mediante la toma de notas por parte de los periodistas que se encuentren presentes, debiendo éstos abstenerse de transmitir en vivo y efectuar registros fono, foto, y/o videográficos, tanto en la sala donde se llevan a cabo las audiencias, como en aquellas en donde se las transmite por circuito cerrado, se indicó.
Dicha medida rige por imperio del Acuerdo Nº 05/12 del TOF-Paraná, que así lo dispuso el pasado 7 de marzo, con el objeto de resguardar la prueba a colectar.
18 Abr
Comienzan las testimoniales
La audiencia comenzará a la hora 10.30 este miércoles. Hasta el 10 de mayo declararán víctimas y testigos de delitos de lesa humanidad cometidos en Concepción del Uruguay.
Este miércoles 18 dará comienzo a las 10.30 la etapa probatoria del juicio por la causa Harguindeguy. El debate continuará llevándose a cabo en la sala de calle 25 de Mayo 256 de la capital entrerriana, y como es de práctica, se retransmitirá por circuito cerrado en tiempo real, en el salón ubicado en Urquiza 872 de esta ciudad, y en Galarza 614 de Concepción del Uruguay.
Es precisamente en esa última localidad donde se cometieron los delitos de lesa humanidad que en este tramo del juicio se investigan, los cuales se encuentran penalmente encuadrados en: Asociación ilícita, Violación de domicilio, Privación ilegal de la libertad y Torturas.
Se trata de la Causa Nº 1.960/10, en la que están procesados los imputados en juicio: Albano Harguindeguy, Francisco Crescenzo, Julio César Rodríguez, y Juan Miguel Valentino, quienes actualmente se hallan cumpliendo prisión domiciliaria.
En este expediente –acumulado a otros dos, de Concordia y Gualeguaychú– se registran 18 víctimas: César Manuel Román Yánez, Carlos Atilio Martínez , Roque Edmundo Minatta, Juan Carlos Rodríguez, Juan Carlos Romero, Carlos Horacio Valente, Víctor Hugo Baldunciel, Mario Hugo Maffei, José Pedro Peluffo, Hugo Emilio Angerosa, Jorge Orlando Felguer, Juan Domingo Santamaría, Carlos María Urquiza, Héctor Manuel Respaud, Juan Eduardo Cassaretto, Carlos Julián Cáceres, Jorge Guillermo Aldaz, y César Rubén Árrigo (ahora fallecido), informó la Vocería del Tribunal Oral Federal.
Cinco de esas víctimas se han presentado como querellantes, representados por la abogada María Caccióppoli y –según cada caso-, también por Marcelo Baridón, Álvaro Piérola, Guillermo Mulet y Marcelo Boeykens.
Prestarán declaración un total de 43 testigos que actualmente residen en distintas localidades, como entre otras: Concepción del Uruguay, Colón, Gualeguaychú, Paraná, Buenos Aires, Mar del Plata y Posadas.
Ejercen la defensa técnica de Harguindeguy, Crescenzo y Rodríguez: Mario Franchi y Noelia Quiroga (por el Ministerio Público de la Defensa), y Gerardo Ibáñez, como abogado particular de Valentino.
De estos cuatro procesados, Crescenzo se ha abstenido de declarar en este debate, en tanto que Harguindeguy lo hizo remitiéndose a dichos anteriores, y el resto, ha reservado sus derechos a prestar declaración en otro momento procesal, si así lo estimare pertinente.
El Tribunal Oral Federal de Paraná que sustancia este juicio, está integrado por Lilia Carnero, Roberto López Arango, y Noemí Berros, como así también por el juez sustituto, Mateo Busaniche. Y, por el Ministerio Público Fiscal, actúan Marina Herbel y José Ignacio Candioti.
En las audiencias de esta causa, estarán presentes además, todos los abogados defensores y querellantes; en tanto que en lo que respecta a los imputados, Harguindeguy seguirá presenciando el juicio por videoconferencia, desde el Consejo de la Magistratura de Buenos Aires, y los procesados Juan Carlos Mondragón, Marcelo Pérez, Naldo Dasso y Santiago Kelly del Moral estarán ausentes, por así haberlo autorizado el Tribunal, en virtud de que los mismos carecen de imputación en estos actuados.
Finalmente, cabe consignar que la cobertura periodística podrá efectuarse mediante la toma de notas por parte de los periodistas que se encuentren presentes, debiendo éstos abstenerse de transmitir en vivo y efectuar registros fono, foto, y/o videográficos, tanto en la sala donde se llevan a cabo las audiencias, como en aquellas en donde se las transmite por circuito cerrado, se indicó.
Dicha medida rige por imperio del Acuerdo Nº 05/12 del TOF-Paraná, que así lo dispuso el pasado 7 de marzo, con el objeto de resguardar la prueba a colectar
17 Abr
Guerra, negación y silencios, presentes en las declaraciones indagatorias
Los imputados por crímenes de lesa humanidad volvieron a preferir no declarar; pero ayer se leyeron sus manifestaciones en la instrucción, donde Harguindeguy justificó la represión
Alfredo Hoffman / De la redacción de UNO
foto Ignacio Pereyra (diario UNO)
El juicio por la causa Harguideguy tuvo ayer la última jornada correspondiente a las indagatorias. Como lo hicieron el miércoles y luego de hablar con sus defensores, todos los represores decidieron no declarar, al menos en esta instancia, pero a través de la lectura de sus manifestaciones en la etapa de instrucción ante el Juzgado federal de Concepción del Uruguay, se pudieron conocer sus versiones de los hechos. Allí aparecen la referencia a una guerra contra la subversión y la negación de los delitos de lesa humanidad que se investigan, que van desde secuestros y torturas a desapariciones forzadas de persona en la costa este de la provincia.
La lectura de las indagatorias permitió escuchar los argumentos de Albano Harguindeguy, quien enfrenta por primera vez a un tribunal en juicio. El exjerarca de la dictadura, en una primera oportunidad, buscó desligarse de los hechos asegurando que su cargo de ministro del Interior no tenía injerencia en las zonas, subzonas y áreas de defensa en las que las Fuerzas Armadas habían dividido y subdividido el país para llevar adelante la represión ilegal con el pretexto de combatir la subversión. “No tenía que impartir órdenes porque no eran de competencia de mi Ministerio”, afirmó.
Luego se leyó un escrito que presentó quien es el principal acusado de las tres causas acumuladas que están en juicio, y que pidió que se agregara como parte integrante de su indagatoria. Allí se explaya ampliamente en las referencias a las normas emitidas por el llamado Proceso de Reorganización Nacional con el propósito de “erradicar la subversión” y se preocupó por aclarar que todo lo relacionado con ese fin “dependía de la Junta Militar”.
También aludió a la idea de la existencia de una “guerra” en el país, que se daba “en el marco de la guerra fría”, y relató acciones guerrilleras que, según indicó, habrían sido motivo para el accionar represivo. Justificó el terrorismo de Estado mencionando el indulto de presos políticos el 25 de mayo de 1973, por parte del gobierno de Héctor Cámpora, y por la llegada al país de guerrilleros chilenos y uruguayos, los primeros como consecuencia del golpe de Estado contra Salvador Allende, y los segundos por la “efectiva” lucha contra la subversión en el país oriental.
Ese discurso finaliza con la pretendida justificación del plan sistemático de represión ilegal instrumentado desde el 24 de marzo de 1976, por los decretos de “aniquilamiento” emitidos por el gobierno peronista de 1975. Según dijo, las sucesivas juntas militares “no se apartaron en nada” de esos decretos.
Francisco Crescenzo, exjefe de la Delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal, en su declaración en instrucción negó “la multiplicidad de mendacidades” que lo señalan como autor de allanamientos ilegales, secuestros y torturas. Dijo que solo era un “subalterno” en la época de los hechos y que su tarea se limitaba a “quehaceres administrativos” y atención al público”.
Julio César Rodríguez, exsargento de la Policía Federal de Concepción, utilizó similares recursos. Dijo que trabajaba en una “oficina técnica” y que “no tenía contacto con los detenidos”. Aseguró que no torturó ni cometió “ninguna clase de delito” y que no recuerda ni vio nada sobre las violaciones a los derechos humanos denunciadas. Ni siquiera reconoció que le decían Moscardón Verde; dijo que a otro policía llamaban Moscardón y que a él le decían Polilla, Boquita y Tijereta.
Juan Carlos Mondragón (exjefe de Seguridad y Operaciones de la Departamental Gualeguaychú de la Policía de Entre Ríos) y cantautor folclórico, declaró que le llamaban “poderosamente” la atención las imputaciones, a las que calificó de “horrendas y vejatorias”. Señaló que tiene “relación de amistad” con los hermanos Emilio y Jaime Martínez Garbino, a quienes está acusado de secuestrar. Y se quejó porque la acusación en su contra hizo que su nombre como artista fuera “arrastrado por todas las comarcas del país”, que su familia lo abandonara y que ya no tuviera amigos.
Juan Miguel Valentino, exjefe del Escuadrón de Caballería Blindada II de Gualeguaychú, negó haber cometido delitos y haber recibido órdenes ilegales. No se dio lectura a indagatorias de Naldo Miguel Dasso (exjefe del Regimiento de Caballería de Tanques VI Blandengues, de Concordia) y de Marcelo Alfredo Pérez (exjefe de la Departamental Gualeguaychú de la Policía de Entre Ríos).
13 Abr
Leyeron las indagatorias de los acusados
En la séptima jornada de debate en el juicio por crímenes de lesa humanidad, los siete acusados se abstuvieron de ampliar sus declaraciones, por lo que se procedió a leer los descargos realizados durante la etapa de Instrucción. El miércoles comenzarán las testimoniales.
Juan Mondragón, conocido como "Juan del Gualeyán" (Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira)
En la séptima jornada del juicio por los crímenes de lesa humanidad reunidos en la Causa Harguindeguy se procedió a la lectura de las declaraciones de seis de los acusados, aportadas durante la etapa de instrucción, ya que se negaron a ampliar las indagatorias.
Cabe recordar que ayer, la Presidenta del Tribunal -doctora Lilia Carnero- brindó a los imputados la posibilidad de prestar declaración indagatoria. En esa oportunidad, Francisco Crescenzo, Julio César Rodríguez, Juan Carlos Mondragón y Marcelo Alfredo Pérez señalaron que no declararían; mientras que Albano Harguindeguy, Naldo Miguel Dasso y Juan Miguel Valentino manifestaron que lo consultarían con la defensa, pero esta mañana expresaron que no prestarían declaración, reservándose el derecho de hacerlo en instancias posteriores del juicio. Por su parte, sólo Santiago Kelly Del Moral anticipó que declarará cuando se lo requieran en las próximas jornadas de debate.
Fue entonces que se procedió a la lectura de las declaraciones y descargos brindados por los imputados durante la instancia de instrucción. Todos ellos negaron las acusaciones que se les imputaron y negaron conocer a sus acusadores.
Crescenzo señaló que en 1976, mientras estuvo designado en la delegación de la Policía Federal en Concepción del Uruguay, se desempeñó como subalterno y oficial sumariante, negando rotundamente haber interrogado y torturado a quienes se encontraban detenidos allí.
Por su parte, Mondragón negó haber sido quien detuvo a los hermanos Martínez Garbino, y hasta señaló que tenía una relación de amistad con ambos.
En tanto, Harguindeguy había manifestado en su declaración que la acusación hacia su persona queda invalidada por un error, señalando que durante el período en el que ejerció como ministro del Interior, su gabinete no tenía competencia para impartir órdenes a las áreas y subáreas del Ejército.
Asimismo, se leyó un informe en el que el represor niega la existencia de desaparecidos y justifica el golpe de Estado porque en ese momento el país “estaba en guerra”, y las fuerzas armadas tomaron el poder para luchar contra el “flagelo de la subversión”.
Rodríguez dijo no conocer a su acusador -César Román- y que nunca participó de allanamientos, torturas ni interrogaciones, ya que su desempeño como suboficial se limitaba a lo administrativo y a la capacitación del personal de la Policía Federal.
Valentino se limitó a negar los hechos de los que se le acusa a él y a sus subalternos.
En su declaración, Kelly Del Moral manifestó que jamás participó de la “lucha contra la subversión”, destacando que era el oficial de menor jerarquía del Regimiento de Gualeguaychú. Señaló que nunca participó de una operación encubierta y que nunca conoció a los hermanos Martínez Garbino. Reconoció que en el lugar había detenidos, pero que él nunca tuvo contacto con ellos, sino que supo de su existencia por los familiares que iban a llevarles comida y ropa limpia.
No se leyeron declaraciones de Dasso ni de Pérez. Al final de las lecturas, la defensa solicitó que Modragón, Pérez, Kelly Del Moral y Dasso no estén presentes en la sala mientras se extiendan las testimoniales sobre los crímenes comentidos en Concepción del Uruguay -que comenzarán el miércoles próximo- ya que no correspondan a las causas en las que están imputados. El Tribunal hizo lugar a la solicitud.
La Megacausa
En la Causa Harguindeguy, que comenzó el mes pasado, se juzgan crímenes de lesa humanidad ocurridos en Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay durante la última dictadura militar.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná inició el juicio oral y público por tres expedientes acumulados: Nº 1960/10: “Harguindeguy, Albano Eduardo y otros s/inf. art. 151 y otros del C.P.” (por hechos cometidos en Concepción del Uruguay); Nº 1991/10 “Díaz Bessone, Ramón Genaro y otros s/ inf. art. 141 y otros del C.P.” (por hechos cometidos en Concordia) y Nº 2138/11 “Valentino, Juan Miguel y otros s/ inf. art. 141 y otros del C.P.” (por hechos cometidos en Gualeguaychú).
Albano Harguindeguy, ex ministro del Interior de la dictadura, es uno de los imputados y afrontará por primera vez un juicio en su contra. Los otros son Ramón Genaro Díaz Bessone –separado del juicio la semana pasada por «incapacidad psíquica»–, Naldo Miguel Dasso, Juan Miguel Valentino, Santiago Carlos Hector Kelly Del Moral (los cuatro del Ejército); Francisco Crescenzo, Julio Cesar Rodríguez (ambos de la Policía Federal); Juan Carlos Mondragón y Marcelo Alfredo Perez (Policía de Entre Ríos).
12 Abr
Los acusados se abstuvieron de declarar este miércoles
El inicio del debate se demoró una hora y media porque el Servicio Penitenciario se había olvidado de buscar y trasladar desde Concepción del Uruguay hasta Paraná a uno de los acusados. Mañana se tomará declaración indagatoria a Harguindeguy, en caso de que acceda a declarar.
Kelly del Moral es el único excarcelado. (Foto: UNO-Juan Ignacio Pereira)
En la sexta jornada del juicio por la causa Harguindeguy, siete de los imputados se abstuvieron de prestar declaración. El reinicio del juicio por la causa Harguindeguy programado para las 10.30 comenzó con una hora y media de retraso por la ausencia de uno de los imputados -Julio César Moscardón Verde Rodríguez- a quien el Servicio Penitenciari, olvidó de trasladar desde la ciudad de Concepción del Uruguay.
Tras la interrogación de datos personales a cada uno de los acusados, la presidenta del Tribunal, doctora Lilia Carnero, procedió a leerles en detalle las imputaciones que a cada uno se le adjudican.
De los ocho imputados, sólo Harguindeguy dio cuenta de tener varios procesos penales en trámite, destacando dos expedientes abiertos en La Rioja; uno por la muerte del obispo Enrique Angelelli, y otro por desaparición forzada de personas. Asimismo, está imputado en una causa en el marco de la Operación Cóndor.
Cabe mencionar que el juicio por la Causa Harguindeguy constituye la primera instancia en la que el represor comparece ante un tribunal oral.
Por último, la Presidenta del Tribunal brindó a los imputados la posibilidad de prestar declaración indagatoria. Harguindeguy, Naldo Miguel Dasso y Juan Miguel Valentino señalaron que lo consultarán con la defensa, por lo que mañana confirmarán si prestarán o no declaración en instancias posteriores del juicio. Por su parte, Francisco Crescenzo, Rodríguez, Juan Carlos Mondragón y Marcelo Alfredo Pérez señalaron que no declararán. Sólo Santiago Kelly Del Moral anticipó que declarará cuando se lo requieran en las próximas jornadas de debate.
La Megacausa
En la Causa Harguindeguy, que comenzó el mes pasado, se juzgan crímenes de lesa humanidad ocurridos en Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay durante la última dictadura militar.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná inició el juicio oral y público por tres expedientes acumulados: Nº 1960/10: “Harguindeguy, Albano Eduardo y otros s/inf. art. 151 y otros del C.P.” (por hechos cometidos en Concepción del Uruguay); Nº 1991/10 “Díaz Bessone, Ramón Genaro y otros s/ inf. art. 141 y otros del C.P.” (por hechos cometidos en Concordia) y Nº 2138/11 “Valentino, Juan Miguel y otros s/ inf. art. 141 y otros del C.P.” (por hechos cometidos en Gualeguaychú).
Albano Harguindeguy, ex ministro del Interior de la dictadura, es uno de los imputados y afrontará por primera vez un juicio en su contra. Los otros son Ramón Genaro Díaz Bessone –separado del juicio la semana pasada por «incapacidad psíquica»–, Naldo Miguel Dasso, Juan Miguel Valentino, Santiago Carlos Hector Kelly Del Moral (los cuatro del Ejército); Francisco Crescenzo, Julio Cesar Rodríguez (ambos de la Policía Federal); Juan Carlos Mondragón y Marcelo Alfredo Perez (Policía de Entre Ríos).
Víctimas y testigos
Las víctimas son 29 varones y una mujer. De las 30, cuatro están desaparecidas: Julio Alberto Solaga, Sixto Francisco Salazar, Norma Beatriz González y Oscar Alfredo Dezorzi.
En la primera causa declararán en el debate 43 testigos; en la segunda 66 y en la tercera, 90; sumando un total de 199 declarantes.
Marina Herbel de Pajares y José Ignacio Candioti actuarán como fiscales. María Isabel Caccioppoli se desempeñará representando al querellante César Román (junto a Marcelo Baridón), a Juan Carlos Romero (en forma conjunta con Guillermo Mulet), a Estela Solaga de Moreno (quien también estará representada por Arturo Goldstraj) y a Sandra Daniela Salazar (junto a Rubén Pagliotto). Y en representación de Carlos Martínez Paiva, actuarán Marcelo Baridón y Álvaro Piérola.
Las defensas de Harguindeguy, Rodríguez, Crescenzo, Valentino y Dasso son ejercidas por el defensor oficial Mario Roberto Franchi y por la codefensora Noelia Quiroga. Defienden a Kelly del Moral Ricardo Alberto Saint Jean y Guillermo Morales; a Mondragón y Pérez, Rubén Alfredo Gallardo.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal que sustancia el debate está integrado por Lilia Carnero, en su carácter de presidenta de la causa, Roberto López Arango y Noemí Berros, y como juez sustituto Mateo José Busaniche, miembro titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.
11 Abr
A Díaz Bessone «se lo ve como una persona entera», dijo uno de los querellantes
«Más allá del estado de ánimo, está en condiciones de presenciar el juicio desde el Consejo de la Magistratura junto con Albano Harguindeguy», dijo a Elonce TV Guillermo Mulet sobre el estado de salud de Díaz Bessone
29 Mar
El juicio a Harguindeguy se inició con un imputado ausente
En la primera audiencia de debate, Díaz Bessone no compareció porque lo fueron a buscar a un domicilio equivocado. Mañana evaluarán su estado de salud por videoconferencia. La militancia se movilizó al Juzgado.
Alfredo Hoffman
De la Redacción de UNO
La incertidumbre de las últimas horas sobre si Ramón Genaro Díaz Bessone será juzgado o no en la causa Harguindeguy, debido a sus alegados problemas de salud, no se disipó en la jornada inaugural del juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad cometidos en la costa del Uruguay. Recién mañana, mediante videoconferencia y con la intervención de peritos de parte, el Tribunal Oral Federal de Paraná resolverá al respecto. A esto se sumó ayer un confuso episodio basado en un error en la dirección donde el excomandante del Segundo Cuerpo de Ejército cumple arresto domiciliario, lo que hizo que no se lo pudiera ubicar hasta el final de la audiencia.
Díaz Bessone no estaba en el departamento de Buenos Aires donde lo fue a buscar el Servicio Penitenciario Federal para trasladarlo a la sede del Consejo de la Magistratura, donde compartiría con el exminsitro del interior de la dictadura, Albano Harguindeguy, el privilegio de seguir las alternativas del debate a través de una comunicación a distancia. Por este motivo el Tribunal que preside Lilia Carnero ordenó el allanamiento de la vivienda y la detención del represor. Horas después se corroboró que, en realidad, ahora reside en Rosario, donde está finalizando el juicio por la causa Feced que también lo tiene como imputado. Desde la Justicia Federal de esa ciudad se informó que su estado de salud es “precario”, por lo cual se decidió evaluarlo mediante videconferencia este viernes a las 10. Según dijo Carnero, la confusión se originó en que el abogado Eligio Abel González, quien representó a Díaz Bessone hasta hace pocas horas, informó mal el domicilio.
22 Mar
Causa Harguindeguy: en el inicio del juicio no compareció Díaz Bessone
El represor fue buscado en un domicilio de Buenos Aires, pero estaba en Rosario. El Tribunal evaluará su estado de salud el viernes, por videoconferencia. Este miércoles comenzó la lectura de las requisitorias de elevación a juicio, que continuará este jueves. Se investigan crímenes de lesa humanidad cometidos en Concepción del Uruguay, Concordia y Gualeguaychú durante la última dictadura cívico militar.
Fuente: Diario UNO
El juicio por la Causa Harguindeguy comenzó este miércoles por la mañana en Paraná aunque con demoras, ya que no compareció Ramón Genaro Díaz Bessone, uno de los imputados por crímenes de lesa humanidad en Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. El represor debía ser llevado desde su casa de Buenos Aires hasta el Consejo de la Magistratura, desde donde seguiría el juicio por videoconferencia, pero el Servicio Penitenciario Federal no lo encontró en el domicilio. Finalmente se supo que en realidad está residiendo en Rosario y que por ese motivo no lo habían encontrado. El viernes evaluarán su estado de salud.
Según se explicó, el imputado, quien tiene prisión domiciliaria, no se encontraba en su domicilio porteño y el encargado del edificio que habita habría señalado que había viajado a Paraná. Ante esa situación, la querella pidió su detención; mientras que el defensor oficial Mario Franchi solicitó la suspensión momentánea de la audiencia.
Tras un cuarto intermedio, el Tribunal ordenó un allanamiento en el domicilio de Díaz Bessone y su inmediata detención, y dio inicio a la lectura de los requerimientos de elevación a juicio.
Finalmente se informó que el abogado Eligio Abel González, quien representaba al ex militar hasta hace pocas horas, fue quien informó mal la dirección. Díaz Bessone no se encontraba en Capital Federal sino en Rosario. Entonces se dejó sin efecto la orden de allanamiento y detención.
Como la salud de Díaz Bessone se encuentra desmejorada, se decidió que el viernes a las 10 se realice una videconferencia con Rosario, duarante la cual los jueces evaluarán cuáles son sus condiciones con la intervención de peritos médicos de parte.
Albano Harguindeguy, por su parte, siguió la primera audiencia desde una pantalla instalada en la sede del Consejo de la Magistratura, en Buenos Aires.
En esta primera jornada se realizó la lectura de la requisitoria fiscal de elevación a juicio por los delitos cometidos en Concepción del Uruguay. Este jueves continuará la querella, para luego continuar por los crímenes de Concordia y Gualeguaychú.
Militantes, familiares y allegados a las víctimas de la última dictadura cívico militar se acercaron desde las tres ciudades para presenciar el juicio, al que calificaron como «histórico».
La megacausa
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná inició así el juicio oral y público por tres expedientes acumulados: Nº 1960/10: “Harguindeguy, Albano Eduardo y otros s/inf. art. 151 y otros del C.P.” (por hechos cometidos en Concepción del Uruguay); Nº 1991/10 “Díaz Bessone, Ramón Genaro y otros s/ inf. art. 141 y otros del C.P.” (por hechos cometidos en Concordia) y Nº 2138/11 “Valentino, Juan Miguel y otros s/ inf. art. 141 y otros del C.P.” (por hechos cometidos en Gualeguaychú).
Albano Harguindeguy, ex ministro del Interior de la dictadura, es uno de los imputados y afrontará por primera vez un juicio en su contra. Los otros son Ramón Genaro Díaz Bessone –el único con condena hasta el momento–, Naldo Miguel Dasso, Juan Miguel Valentino, Santiago Carlos Hector Kelly Del Moral (los cuatro del Ejército); Francisco Crescenzo, Julio Cesar Rodríguez (ambos de la Policía Federal); Juan Carlos Mondragón y Marcelo Alfredo Perez (Policía de Entre Ríos).
Además el Tribunal indicó que de los nueve imputados, cuatro son octogenarios (Harguindeguy, Díaz Bessone, Crescenzo y Dasso); cuatro, septuagenarios (Rodríguez, Valentino, Mondragón, y Perez), y que el más joven, con 57 años de edad, es Kelly del Moral.
Han prestado declaración a lo largo del proceso: Harguindeguy, Díaz Bessone, Rodríguez, Mondragón y Kelly del Moral. Los encausados restantes, hicieron uso del derecho de abstenerse de hacerlo.
Víctimas y testigos
Las víctimas son 29 varones y una mujer. De las 30, cuatro están desaparecidas: Julio Alberto Solaga, Sixto Francisco Salazar, Norma Beatriz González y Oscar Alfredo Dezorzi.
En la primera causa declararán en el debate 43 testigos; en la segunda 66 y en la tercera, 90; sumando un total de 199 declarantes.
Marina Herbel de Pajares y José Ignacio Candioti actuarán como fiscales. María Isabel Caccioppoli se desempeñará representando al querellante César Román (junto a Marcelo Baridón), a Juan Carlos Romero (en forma conjunta con Guillermo Mulet), a Estela Solaga de Moreno (quien también estará representada por Arturo Goldstraj) y a Sandra Daniela Salazar (junto a Rubén Pagliotto). Y en representación de Carlos Martínez Paiva, actuarán Marcelo Baridón y Álvaro Piérola.
Las defensas de Harguindeguy, Rodríguez, Crescenzo y Dasso serán ejercidas por el defensor oficial Mario Roberto Franchi y por la codefensora Noelia Quiroga. Defenderán a Kelly del Moral Ricardo Alberto Saint Jean y Guillermo Morales; a Mondragón y Pérez, Rubén Alfredo Gallardo; a Valentino, Gerardo Ibáñez y a Díaz Bessone, Eligio Abel González y Gonzalo Pablo Miño.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal que sustanciará el debate está integrado por Lilia Carnero, en su carácter de presidenta de la causa, Roberto López Arango y Noemí Berros, y como juez sustituto Mateo José Busaniche, miembro titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.
Las audiencias se llevarán a cabo en la sede judicial de calle 25 de Mayo 256 de la Capital entrerriana, de miércoles a viernes, exceptuándose los feriados y el 4 de abril.
21 Mar
