provinciales

Declararon los hermanos Jaime y Emilio Martínez Garbino.

Los testigos relataron las circunstancias en que fueron detenidos y torturados. Ambos señalaron al fallecido capitán Martínez Zuviría como “cerebro de la represión” en Gualeguaychú.                

Ayer, se reanudaron las audiencias de la Causa Harguindeguy que investiga delitos de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura cívico militar en Entre Ríos. En el marco de tercer tramo del juicio, denominado Área Gualeguaychú, brindaron su declaración testimonial los hermanos Jaime y Emilio Martínez Garbino, que fueron detenidos en octubre de 1976.

En esta parte del proceso están imputados el exministro de facto, Albano Harguindeguy; al mayor Juan Miguel Valentino -exjefe del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada II de Gualeguaychú-, el exjefe de Sección en esa unidad militar, Santiago Kelly del Moral; y los policías Juan Carlos Mondragón y Marcelo Alfredo Pérez.

Tras una demora de casi dos horas, la audiencia en el Tribunal Oral Federal de Paraná comenzó con el testimonio del exdiputado nacional del PJ y exministro de Salud, Jaime Martínez Garbino.

En el inicio de su testimonio, el exfuncionario relató su actividad previa a su detención, para contextualizar los hechos. De acuerdo a su testimonio, en 1975 vivió en Goya (Corrientes), donde se desempeñó como abogado del movimiento de Ligas Agrarias de esa provincia, que luchaba por la reivindicación de los derechos de los campesinos minifundistas. Ya en ese tiempo, Martínez Garbino comenzó a sufrir persecusiones, por lo que en 1976 volvió a Gualeguaychú, su ciudad de origen. Allí, era un activo militante de la izquierda peronista.

“El 24 de marzo del 76′ detuvieron a varias personas y me fueron a buscar a la casa de mi padre, donde yo vivía con mi mujer y los dos hijos que teníamos en ese entonces. Rodearon la casa y golpearon dos puertas. En una, los atendió mi padre, y habló con (Juan Carlos) Mondragón, al que conocía. Por la otra puerta, los atendió mi hermano Guillermo, que discutió con ellos. Yo estaba adentro, y creo que fue mi hermano Emilio el que me dijo ‘quedate adentro, escondete que te buscan’”, relató.

En esa oportunidad, no consiguieron detenerlo, por lo que su padre hizo contacto con amigos para que alojaran a Jaime durante un tiempo. Así se mantuvo aislado y en la clandestinidad durante dos meses y medio. Luego, el general Catussi -conocido de su padre-, a través de gestiones de su familia, le mandó a decir que “saliera, pero que hiciera ‘buena letra’”. Así fue que en agosto, Jaime volvió a su vida normal y comenzó a trabajar en el estudio jurídico familiar.

Pero, la noche del 27 de octubre, efectivos policiales acompañados por el segundo jefe del Regimiento de Gualeguaychú, capitán Gustavo Martínez Zuviría, llegaron a su domicilio para detenerlo. “Martínez Zuviría estaba de civil. Ese día, más temprano, yo lo había visto dando vueltas cerca de mi casa. Llegaron y nos llevaron detenidos a Emilio y a mi”, explicó.

Sin brindar explicaciones y sin orden de detención, los captores llevaron a los hermanos hasta la Jefatura Departamental de Gualeguaychú y, a la mañana siguiente, los trasladaron al Regimiento, donde quedaron alojados en celdas separadas, en la cuadra donde normalmente dormían los soldados. De acuerdo con el testimonio de Jaime, allí permanecieron 10 días, junto a otro detenido, Raúl Ingold.

“Una noche, nos sacaron de las habitaciones y nos picanearon, nos golpearon e hicieron un simulacro de fusilamiento. Luego nos volvieron a llevar a nuestras respectivas celdas. Al día siguiente, nos llevaron a la Unidad Penal de Gualeguaychú, donde había varios presos políticos”, entre los que mencionó al exgobernador Enrique Cresto, y al ex primer mandatario santafesino, Jorge Obeid, entre otros.

En el penal, ambos hermanos permanecieron detenidos hasta comienzos de 1977, apenas comunicados con su familia,con la que se contactaban a través del sacerdote Juan Fortunato. En enero de ese año, Jaime fue trasladado solo a una celda de aislamiento. A la noche, el jefe de Seguridad del servicio penitenciario -de apellido Queirolo y conocido de los Martínez Garbino- le avisó que lo iban a venir a buscar desde el Ejército. Lo vendaron, lo subieron a la parte trasera de un vehículo, y lo llevaron a un lugar desconocido.

“Por los sonidos, creo que era cerca del Aeroclub. Me pusieron en una cama de metal, los pies atados con alambres y las manos esposadas”, dijó, y agregó que lo torturaron con picanas, a la vez que lo interrogaban sobre su actividad con las Ligas Agrarias. “Me preguntaban cosas muy puntuales, así que creo que había gente de Corrientes a participar de las sesiones de tortura”.

Asimismo, señaló que en ese acto “estuvo involucrado Martínez Zuviría, que para nosotros era el cerebro de la represión en Gualeguaychú, si bien (Juan Miguel) Valentino era el Jefe del Ejército. Y, en el caso de (Santiago) Kelly Del Moral, por la forma en que lo nombraban, creo que era uno de los que me torturaban”. Jaime acotó que estuvo vendado todo el tiempo, por lo que no pudo ver a sus torturadores, pero conocía de vista a Kelly del Moral y, por su contextura física, intuía que fue el imputado quien en una oportunidad caminó sobre su cuerpo. Además, dijo que en una ocasión, lo amenazaron diciéndole “si te hacés el vivo, podemos hacer con vos lo que hicimos con Dezorzi”, en mención a Oscar Dezorzi, quien meses antes había sido detenido y desaparecido.

Luego de aproximadamente tres días de intensa tortura, lo llevaron de regreso a la Unidad Penal, donde estuvo alojado en una celda de castigo durante 20 días, tras lo cual lo llevaron al pabellón habitual. En ese tiempo, le permitieron recibir una breve visita de su esposa quien, un mes antes, había dado a luz a su hija Milagros, a la que Jaime todavía no había podido conocer.

En marzo, personal del Ejército llegó para llevarse en un colectivo a todos los presos políticos. En un colectivo, fueron trasladados hasta el Aeroclub, donde los hicieron abordar un Hércules que los llevaría hasta Resistencia, Chaco. Viajaron esposados, y no se les permitía levantar la vista. Tras una escala en Paraná, donde supuestamente buscaron a más detenidos, llegaron a destino.

El primer día, fueron a paral a la Alcaidía, donde fueron sometidos a fuertes golpizas, y luego los llevaron a la Unidad Penal de Resistencia, donde los alojaron en el Pabellón 4. “De ese tiempo, rescato el nivel de organización que teníamos los presos políticos. En forma clandestina, estudiábamos, organizábamos charlas sobre diversos temas, nos pasábamos información a través de la lengua de señas. A algunos compañeros tucumanos, se les enseñó a leer y escribir. Si no fuera por eso, nos habríamos vuelto loscos”, manifestó Jaime.

Luego de algunas anécdotas, prosiguió con el relato de los hechos. Señaló que a su hermano y a otros presos los liberaron unos meses después. Luego, el 28 de mayo de 1978, fue su turno y el de Víctor Ingold, que fueron llevados en avión a Paraná, y luego derivados al Comando de Comunicaciones, ahí lo dejaron en libertad bajo vigilancia, por lo que cada dos meses debía presentarse ante la Jefatura Departamental de Gualeguaychú.

Un relato paralelo
A su turno, el excandidato a intendente de Gualeguaychú, Emilio Martínez Garbino brindó un testoimonio que coincidió perfectamente con el de su hermano.

Sin embargo, relató que meses antes de su detención, había vuelto a la ciudad después de vivir diez años en Buenos Aires, donde era un activo militante peronista en la universidad. Además, se desempeñaba como como funcionario judicial, junto a la actual integrante de la Corte Suprema, Carmen Argibay. Esos serían los motivos por los que se ordenó su detención.

En su testimonio, relató que fue golpeado en una oportunidad cuando, estando alojado en la Unidad Penal de Gualeguaychú, fue retirado en auto por personal del Ejército. “Nos llevaron alo que -creo- era una casa. Yo estaba encapuchado en la parte de atrás de un Falcon En el baúl iba otra persona, calculo que era mi hermano o quizás Ingold. A llegar al lugar, lo sacan y me meten en el baúl a mi. Estuve así unas siete horas, el auto entraba y salía del lugar. Cuando me sacaron, me sentaron atrás, y el que iba al lado mío me golpeaba en distintas partes del cuerpo y me interrogaba sobre personajes y situaciones que ocurrían en Gualeguaychú. Yo no sabía nada, porque hacía poco que había vuelto”.

Por otra parte, recordó que cuando lo trasladaban desde Gualeguaychú a Chaco, pudo ver a Kelly Del Moral, ya que en un momento se le corrió la venda que le cubría los ojos y pudo ver al militar, a quien conocía del ambiente futbolístico de la ciudad.

En Chaco, estuvo detenido hasta el 24 de diciembre de 1977. Él y otros detenidos entrerrianos fueron dejado en libertad en esa ciudad, sin que nadie diera aviso a sus familias.

Gracias al obispo de esa ciudad, que les facilitó dinero, y a un guardia del Ejército que les ayudó a llegar a la Terminal de Ómnibus y abordar el colectivo sin documentos, pudieron regresar a la provincia.

Luciana Actis/ De la Redacción de UNO

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Expolicía reconoció que vio al desaparecido Zalasar en la Jefatura de Concordia.

En el marco del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la costa del Uruguay, que tiene como principal imputado al exministro del Interior, se realizó hoy la última audiencia  en el segmento del proceso dedicado al Área Concordia; que comenzó con la inspección al Regimiento 6. Hubo dos careos.

En el marco del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la costa del río Uruguay, que tiene como principal imputado al exministro del Interior Albano Harguindeguy, se realizó hoy la última audiencia  en el segmento del proceso dedicado al Área Concordia; que comenzó esta mañana con la inspección al Regimiento del Ejército en esa localidad.

En la oportunidad declararon el sacerdote Andrés Servín y el exmozo de la Policía, Alfredo Hermosid.

Luego de negar en reiteradas oportunidades sus anteriores declaraciones y de enfrentar dos careos, el expolicía Hermosid admitió que vio al desaparecido Sixto Zalasar en una celda de la Jefatura Departamental de Policía de Concordia, en 1976.

En momentos previos Hermosid había negado varias veces lo testificado ante la Justicia Federal en 1985, por lo que fue careado, en primer término, con la hermana del desaparecido, Graciela Zalasar, y con el delegado de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Concordia, Ruben Bonelli, en segundo término; a quienes les había manifestado la misma versión, en distintas oportunidades.

En el primer careo se mantuvo en sus dichos pero, en el segundo, Bonelli lo persuadió a reconocer que vio al militante desaparecido en la Jefatura de Concordia, tal como se lo había relatado. En ese momento Hermosid reconoció haberlo visto en una celda y luego, pudo reconocer su rostro en una remera que llevaba Graciela Zalasar, aunque admitió que “tenía otro peinado”.

En tanto, el sacerdote Servín, en su testimonio, relató haber tomado conocimiento de la detención de personas, desde el 24 de marzo de 1976, en la Jefatura concordiense, y haber ayudado a familiares en sus gestiones para concocer el paradero de las víctimas.

Asimismo señaló que conoció, por la confesión de una persona, que Zalasar estuvo detenido en la Policía. Luego manifestó que, por el apoyo brindado a estas familias estuvo amenazado e intentaron convencerlo de abandonar el país; lo que no hizo ya que prefirió quedarse “para apoyar a los familiares de los detenidos”, según su propias palabras.

Inspección 

Como estaba previsto, al mediodía se realizó una inspección ocular en el Regimiento de Caballería de Tiradores Blindados Nº 6 y en la Jefatura de Policía de Concordia.

En el regimiento, los familiares de las víctimas reconocieron el despacho donde los recibía el exjefe del cuartel, Naldo Miguel Dasso. Además, el testigo Felix Román, reconoció la cuadra donde estuvo detenido junto a otras persoans y donde hoy funciona un salón de usos multiples.

También se inspeccionó el Donovan Polo Club, dependiente del Ejército donde funcionó el centro de detención y torturas.

Una vez en la sede de la Policía, la delegación integrada por el tribunal, los querellantes, los fiscales y el defensor, recorrieron los calabozos.

 

Alfredo Hoffman/De la Redacción de UNO

 

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Este jueves continuará el juicio oral y público.

Peritos de la Corte Suprema de Justicia informarán este jueves por videoconferencia sobre los estudios médicos realizados al represor Díaz Bessone. Luego declararán dos exmilitares de Concordia.

El juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la costa del río Uruguay, que tiene como principal imputado al exministro del Interior Albano Harguindeguy, se reanudará este jueves y continuará el viernes. Se trata de las últimas audiencias del segmento del proceso dedicado al Área Concordia, que culminará el 5 de julio con la inspección al Regimiento de la Capital del Citrus. Luego será el turno del Área Gualeguaychú.

Este jueves la actividad comenzará a las 11 con una videoconferencia con Buenos Aires, en la cual integrantes del Cuerpo Médico Forense de la Nación brindarán un informe sobre los últimos estudios realizados al represor Ramón Genaro Díaz Bessone. Hay que recordar que el Tribunal Oral Federal de Paraná suspendió el juicio para quien fuera comandante del Segundo Cuerpo de Ejército durante la última dictadura cívico-militar por presuntos problemas de salud, medida que fue recurrida en casación por fiscales y querellantes.

Luego de esa videoconferencia será el turno de las declaraciones testimoniales de dos militares que se desempeñaban en el Regimiento concordiense en la época de los hechos: Dardo Parodi y Jorge Echeverría.

Por otra parte, el viernes será el turno de las testimoniales de Justo José Sabattini y Héctor Amarillo. Ambas audiencias se debían realizar la semana pasada, pero se reprogramaron debido al paro del transporte, publica Uno. Así concluirá la etapa de testimonios sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Concordia: las desapariciones forzadas de Julio Solaga y Sixto Zalasar y la privación ilegal de la libertad de Juan José Durantini. Para el 5 de julio está prevista la inspección en la unidad militar de esa ciudad.

El jueves pasado se realizó la audiencia indagatoria al expolicía federal de Concepción del Uruguay Miguel Ángel Contard, quien fue acusado de haber incurrido en el delito de falso testimonio durante su declaración testimonial en el juicio Harguindeguy, el 3 de mayo.

En aquella oportunidad, el testigo tuvo una actitud renuente a brindar información y abundó en respuestas como “no sé” o “no recuerdo”, lo que mereció que los miembros del tribunal le llamaran la atención y le recordaran que se encontraba bajo juramento de decir la verdad.

El juez Gustavo Zonis y el fiscal José Ignacio Candioti interrogaron a Contard, que tuvo como defensora oficial a Mariela Nardi. Quedaron medidas pendientes de resolución con relación a la situación judicial del expolicía.

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Reprograman las últimas testimoniales del área Concordia.

Debido a la falta de concurrencia de los testigos citados para hoy y las posibles consecuencias del paro nacional de camioneros, las últimasdeclaraciones fueron pospuestas hasta nuevo aviso.

 

El Tribunal Oral Federal resolvió posponer hasta nuevo aviso las declaraciones de los testigos que habían sido convocados para hoy y mañana en el marco de la causa Harguindeguy por el secuestro y desaparición de Sixto Zalasar y Julio Alberto Solaga, y la detención de Juan José Durantini el 24 de marzo de 1976, todos hechos ocurridos en Concordia.

En el marco de los juicios por delitos de lesa humanidad, para hoy habían sido convocados a declarar en Paraná los policías Justo José Sabattini y Héctor Amarillo; y el agente Alfredo Pascual Hermosid, sobre quien la querella tiene particular interés dado que es el único testigo que habría visto con vida a Sixto Zalasar en la jefatura de Policía de Concordia.

Sixto Francisco Zalasar era un obrero ferroviario que fue secuestrado por una patota de la Policía de Entre Ríos que vestida de civil lo detuvo en la puerta de su casa el 26 de mayo de 1976. Por entonces, el testigo Hermosid trabajaba como mozo en la jefatura de Concordia y según manifestó en la etapa instructoria vio a Zalasar con vida.

En este sentido, la abogada de la querella María Isabel Caccioppoli manifestó: “Hermosid es el único testigo que tenemos que declaró oportunamente en relación a la existencia de Sixto Zalasar en la sede de la Policía Departamental Concordia. Fue el único que lo vio a Zalasar detenido con vida por más de tres días. Esta declaración nos parece muy importante porque este hombre sufrió después una serie de problemas de salud y de amedrantamiento del mismo grupo policial”.

La abogada también resaltó la necesidad de contar con las testimoniales de los otros policías citados y destacó: “Sabattini es un integrante de la Policía de Entre ríos y (su testimonio) reviste muchísima relevancia porque perteneció al grupo de tareas al cual estamos investigando puntualmente la desaparición de Sixto Zalasar”

En cuanto a los testigos que en principio estaban previstos para mañana y que presentaron una especie de excusación, Jorge Echeverría y Dardo Parodi, en la audiencia de hoy el Ministerio Público Fiscal y la querella insistieron en la necesidad de reiterar su citación tras considerar la pertinencia de sus testimonios para esta causa.

De este modo, y en función de “la situación que vive el país” (en referencia al paro de camioneros y la eventual faltante de combustible) el Tribunal resolvió reprogramar las últimas testimoniales.

Mientras, dos de los acusados, el teniente coronel Naldo Miguel Dasso y el general Albano Harguindeguy –ex ministro del Interior- que presenciaban impertérritos uno en el recinto y otro mediante la trasmisión en vivo del juicio, fueron notificados de la suspensión de la audiencia de mañana hasta nuevo aviso.

Asimismo, el Tribunal anunció que el 5 de julio se realizará la inspección judicial en el Regimiento Nº 6 de Concordia a las 12 horas y adelantó que se está evaluando la posibilidad de indagar al padre Andrés Servín en la Gruta de Lourdes en la que trabaja y al testigo Hermosid en Concordia porque “podría estar padeciendo un posible síndrome”.

Finalmente, la querellante Caccioppoli se mostró optimista con los avances de la causa, a la espera de nuevos aportes a la verdad cuando empiecen las testimoniales de Gualeguaychú, teniendo en cuenta que el recorrido de muchos detenidos comenzaba en Concordia y de allí eran trasladados al sur de la provincia.
http://www.elonce.com/secciones/policiales/nota.php?id=265837

Un exintendente de facto de Concordia se sumó a quienes defienden al represor Dasso.

En el juicio por la causa Harguindeguy el abogado Jorge Aragón dijo  desconocer que las fuerzas militares que comandaba el imputado  realizaban detenciones ilegales. También testimonió un exmilitar que en  1984 investigó las denuncias de las víctimas del terrorismo de Estado  sin determinar quiénes fueron los autores de los delitos.

El último intendente de facto de Concordia, Jorge Isaac Aragón, se sumó este jueves a quienes en la audiencia anterior del juicio por la causa Harguindeguy habían defendido al represor Naldo Miguel Dasso, jefe del regimiento de la cuidad en años de la última dictadura e imputado por dos desapariciones forzadas y otros delitos de lesa humanidad. Además, declaró el exmilitar Juan José Pignoux, quien actuó como instructor de la Justicia Militar en las primeras investigaciones de las violaciones a los derechos humanos, realizadas con el advenimiento de la democracia. Aragón, como el miércoles los empresarios rurales Eduardo Caminal y Roberto Ildarraz, firmó en 1984 una carta de apoyo al ascenso de Dasso de coronel a general, destacando su actuación en la Capital del Citrus durante la dictadura. Aunque pretendió limitar aquel apoyo a la gestión civil del represor y desligarse de la gestión militar, no brindó justificativos convincentes sobre los elogios   del escrito a la “lucha contra la subversión” que emprendió el militar.

Aragón es abogado, fue docente universitario y secundario –en escuelas de Concordia dictaba la materia Educación Cívica– y compartió reuniones con Dasso en el marco del denominado Plan de Acción Cívica que instrumentó el jefe militar en 1977. Luego se hizo cargo de la intervención de la Municipalidad entre 1981 y 1983, para entregar el mando a Jorge Busti. A pesar de ese activo rol social que desempeñó y de sus relaciones con el poder castrense de la época, alegó desconocer el funcionamiento de las fuerzas armadas y, aunque dijo haberse enterado de “una serie de detenciones importantes en calidad y cantidad” producidas en la cuidad a partir del golpe de Estado, dijo ignorar que se realizaban por orden del Ejército y con la participación de personal de esa fuerza.

Por su parte, Pignoux declaró que instruyó 36 causas por delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas durante la dictadura, pero no pudo recordar si tomó alguna declaración indagatoria. Entre las denuncias que investigó estaban los casos de las despariciones de los concordienses Julio Solaga y Jorge Emilio Papetti. Sobre Solaga dijo que se pudo acreditar que el secuestro efectivamente sucedió como fue denunciado, pero no pudo determinar autorías. Sobre el soldado Papetti, detenido en el regimiento de Concordia, dio crédito a la versión oficial de que se fugó en inmediaciones de Villaguay cuando era trasladado a Paraná. Sin embargo, existe un testimonio clave que indica que en realidad murió durante una sesión de tortura en la cárcel de la capital entrerriana.

Al finalizar la declaración de Pignoux, el vocal del tribunal Roberto López Arango hizo una apreciación de lo que había sido su actuacinvestigador: “Lo que se desprende de sus informes es que usted no le creyó a ninguno de los testigos denunciantes y sí a las fuerzas militares”.ión como investigador: “Lo que se desprende de sus informes es que usted no le creyó a ninguno de los testigos denunciantes y sí a las fuerzas militares”.

http://www.unoentrerios.com.ar/laprovincia/Un-exintendente-de-facto-de-Concordia-se-sumo-a-quienes-defienden-al-represor-Dasso-20120614-0033.html

Declararon testigos de la defensa en la Causa Harguindeguy.

El expresidente de la Sociedad Rural de Concordia no pudo  justificar los motivos por los que en 1984 firmó cartas defendiendo el  accionar del imputado Dasso durante la dictadura.

En la jornada de hoy del juicio de la Causa Harguindeguy declararon tres testigos de la defensa. El primero fue Eduardo Martín Caminal, quien durante la época de la dictadura se desempeñaba como presidente de la Sociedad Rural de Concordia (SRC).

Caminal fue convocado a declarar por haber sido uno de los firmantes de cartas que en 1984 fueron elevadas al Ministerio de Defensa,  y a la Comisión de Acuerdo del Senado. En dichas misivas, los firmantes detacaban el rol de el ahora imputado Naldo Miguel Dasso como Jefe del Regimiento de Concordia y avalaban su ascenso a general.

Según su declaración, conoció a Dasso en 1975, cuando fue designado como Jefe del Área 225 de la Capital del citrus. Señaló que, por su función en la SRC, fue convocado por el imputado en varias oportunidades, para participar de reuniones institucionales.

En este sentido, destacó que en otoño de 1977 fue convocado por el jefe del Regimiento, junto a otras instituciones como la Diósecis de Concordia y el Centro Industrial de esa ciudad, con el fin de implementar un “plan de acción cívica”.

Al respecto, Caminal dijo que esto consistió en la reparación de escuelas de la zona. Señaló que las obras se desarrollaron hasta noviembre o diciembre de ese año, cuando Dasso fue trasladado.

A su turno, la parte querellante y la fiscalía le leyeron algunos párrafos de las cartas que Caminal firmó, dando manifiesto apoyo a Dasso, ya que se había cuestionado su ascenso al rango de general, debido a las acusasiones que sobre él recaían por haber sido activo partícipe de delitos de lesa humanidad durante la dictadura civico militar.

En uno de esos párrafos, la misiva manifestaba que las acusaciones contra Dasso se basaban en “primarios sentimientos de revanchas personales”, pero el testigo no pudo decir quiénes eran los interesado en “tomar revancha”. Asimismo, quiso justificar su rúbrica sosteniendo que el imputado “había tenido una actuación correcta en la comunidad”, teniendo en cuenta que “en ese momento se vivía una situación difícil. Era un hombre moderado”.

Cuando se le preguntó si tenía conocimiento sobre detenciones ilegales ordenadas por Dasso, dijo no saber nada. Pero admitió que a comienzos de la dictadura, en un medio concordiense se publicó un listado de detenidos por orden del Ejército, entre los que mencionó a dos comerciantes conocidos.

Caminal señaló que la carta le fue enviada en 1984 por personal del Regimiento de Concordia, cuando el ya no presidía la SRC, y le solicitaron que la firme. En la misiva se decía que las acusaciones contra Dasso no tenían un aval jurídico, y que sólo se basaban en denuncias publicadas por los medios. Se le imputaban actitudes sobre distintos hechos delictivos. Pero, por otra parte, tuvo que reconocer que no conocía a Dasso más que a nivel institucional.

Luego se produjeron las declaraciones de Roberto Julio Ildarraz, consignatoario de hacienda, y Heriberto María Pezzarini, docente, exconcejal y exfuncionario de la Municipalidad. Iladarraz fue también firmante de la carta de aval a Dasso y en su testimonio ratificó los conceptos favorables al represor que expresaba la misiva. Pezzarini, por su parte, confirmó que sugirió a Estela Solaga –hermana del desaparecido Julio Solaga y docente del colegio que él dirigía– que se dirigiera al Ejército para averiguar por el destino de su hermano.

Luciana Actis/De la Redacción de UNO

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Busti: “Dasso me dijo que era dueño de la vida y la muerte de quienes estaban en el Área 225”

Por primera vez, el exgobernador relató en sede judicial sobre su  secuestro durante la última dictadura, en el marco del juicio por la  Causa Harguindeguy. Bernardo Salduna,  vocal del STJ, también atribuyó al militar la responsabilidad sobre la represión ilegal en Concordia.

Esta mañana, el exgobernador Jorge Pedro Busti brindó su declaración testimonial ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, en el marco del juicio por la Causa Harguindeguy, en la que se investigan crímenes de lesa humanidad cometidos en la costa del río Uruguay de la provincia durante la última dictadura cívico militar.

Por primera vez, el exmandatario relató en sede judicial las circunstancias de su secuestro y detención en ese periodo. En un testimonio, que se extendió durante dos horas y media, Busti precisó que fue secuestrado en su casa, la noche del 10 de febrero de 1977, en la ciudad de Concordia, a manos de personal del Ejército.

Señaló que sus captores irrumpieron en su domicilio, donde también se encontraba su esposa embarazada, y los golpearon a ambos. Luego, lo encapucharon y lo metieron en el baúl de un Ford Falcon. Tras dar vueltas unas dos horas, lo llevaron al Regimiento de Concordia, donde lo golpearon e interrogaron. Simultáneamente, un grupo ingresó a su domicilio, donde hicieron un violento allanamiento, levantando el piso en busca de armas que no hallaron y robándole libros.

Busti señaló que pasadas 48 horas, lo trasladaron a un calabozo de la Jefatura Departamental de Policía de Concordia, donde estuvo preso hasta fines de marzo. Al momento de liberarlo, le advirtieron que no se  fuera de Concordia, y sufrió persecusiones posteriores a su excarcelación.

En ese entonces, Busti se desempeñaba como secretario en el Juzgado Civil y Comercial de Concordia, a cargo del juez Oscar Rovira, quien se negó a atender a sus familiares cuando éstos quisieron pedirles que intervenga ante su detención, sostuvo el exgobernador.

A fines de 1977, fue convocado por el ahora imputado Naldo Dasso, que en ese entonces era jefe del Área 225 del Ejército, con jurisdicción sobre Concordia. El exmandatario relató que en esa oportunidad, Dasso lo atendió con un arma sobre el escritorio y una parva de cartas. “Me dijo que él era dueño de la vida y la muerte de todos los que se encontraban bajo el Área 225”, remarc. Asimismo, Busti expresó que el represor le dijo que “la próxima vez que aparezca su nombre, no voy a responder por lo que le pueda pasar”.

Al concluir su testimonio, Busti se dirigió a Dasso: “Mi familia y yo sufrimos, pero otros sufrieron mucho más. Dasso tiene que hacer algo, les mintió mucho a los familiares de (Jorge) Papetti, (Julio) Solaga y (Sixto) Zalasar. Tiene que decirles dónde pueden llevarles una flor, ese acto de dignidad lo va a reivindicar como ser humano”.

Salduna incriminó a Dasso

Tras un cuarto intermedio declaró de Bernardo Salduna, vocal del Superior Tribunal de Justicia, quien en aquellos años representó a los familiares del desaparecido Solaga, por quien presentó un Hábeas Corpus que no tuvo respuestas.

Salduna, al igual que Busti, responsabilizó a Dasso como jefe de Área por los crímenes de lesa humanidad que se cometían en la ciudad. Relató que en una oportunidad participó de una aduiencia con él, como secretario del Colegio de Abogados, para pedir por el profesional por entonces detenido Julio Héctor Meirama. En esa oportunidad, según indicó, el militar les increpó: “Ustedes vienen a pedir por la libertad de esta gente pero hay otros que nos piden que los matemos a esos hijos de su madre”.

El magistrado también aseguró que el 24 de marzo de 1976 hubo “alrededor de 100 detenciones en Concordia”. Entre las víctimas había políticos, empresarios y personas que se dedicaban a actividades culturales. “A la gran mayoría los llevaban al Regimiento, donde la autoridad era Dasso y de él dependían todas las fuerzas y de él dependían todas las fuerzas de seguridad”, remarcó.

http://www.unoentrerios.com.ar/laprovincia/Busti-Dasso-me-dijo-que-era-dueo-de-la-vida-y-la-muerte-de-quienes-estaban-en-el-Area-225-20120608-0022.html

Una testigo dio detalles del secuestro de Sixto Zalasar.

Una vecina del desaparecido concordiense contó cómo se llevaron a su  vecino el 26 de mayo de 1976. Este viernes declaran el

exgobernador  Busti y el vocal del STJ Bernardo Salduna.

Una vecina de la familia Zalasar de Concordia declaró este jueves en el juicio por la causa Harguindeguy y dio detalles de cómo se realizó el secuestro de Sixto Francisco Zalasar el 26 de mayo de 1976. Para este viernes se espera la declaración testimonial del exgobernador Jorge Busti, quien fue detenido en un operativo de fuerzas conjuntas y permaneció secuestrado en la Jefatura Departamental de Policía y dependencias del Ejército, y el vocal del Superior Tribunal de Justicia Bernardo Salduna, quien como abogado representó a víctimas de la dictadura cívico-militar. Por su parte, el vocal del STJ Daniel Carubia prefirió hacer uso de su facultad de responder preguntas por escrito.

María Adela Godoy relató ante el Tribunal Oral Federal de Paraná cómo Coco –así apodaban a Sixto Zalasar– ingresó corriendo a su casa la mañana del 26 de mayo, entre las 6 y las 6.30, al grito de: “Me van a matar”. La mujer no encendió ninguna luz para tratar de ayudar a que su vecino escapara; pero al salir a la puerta encontró a dos hombres de civil y armados a quienes el perro de la familia les impedía el paso. “Entró un mafioso a su casa”, le dijeron. Además había más personas vestidas de civil y portando armas de todo tipo.

Los hombres ingresaron a la vivienda y enseguida salieron llevando a Zalasar con los brazos por detrás y golpeándolo todo el tiempo con las armas. “¿Por qué le pegan si ya lo agarraron?”, les preguntaba la testigo. “Usted no saben lo que es este mafioso”, le contestaron. La mujer, que ahora tiene 76 años, no se creyó ese argumento. Ayer dijo que Sixto era una persona de bien y que inclusive cuidaba de su pequeño hijo, que por entonces tenía 8 años. “Si no hubiera sido una persona mala, no le habría entregado a mi hijo”, afirmó.

Cuando salieron a la calle los secuestradores con el detenido, llegaban al lugar la esposa de éste, su madre y su hija de 8 años. Vivían casa de por medio. “No se arrimen, porque le tiramos”, les dijeron. También se acercaron muchos vecinos. Todos presenciaron cuando metieron a la víctima en uno de los dos autos que estaban estacionados en la cuadra y se lo llevaron. Nadie mostró ninguna orden de detención escrita. La madre peguntó dónde lo llevaban. “No sabemos”, respondió uno. La hija, Sandra Zalasar, salió corriendo detrás del vehículo que se llevaba a su papá. “Y no apareció más”, dijo la testigo María Adela Godoy.

Después el secuestro, todas las noches y durante dos meses, la vecina y otros habitantes del barrio pudieron ver a un hombre de civil parado alternadamente en la esquina de Diamante y Avellaneda y de Diamante y Las Heras. Después, ese desconocido desapareció sin dejar rastro.

El testimonio de Godoy confirmó los detalles relatados por los familiares de Zalasar sobre el secuestro, aunque no pudo identificar a los secuestradores ni reconocer qué autos intervinieron en el operativo.

http://www.unoentrerios.com.ar/laprovincia/Una-testigo-dio-detalles-del-secuestro-de-Sixto-Zalasar-20120607-0022.html

Esperan avances en la causa por desaparición de Papetti.

El juez federal Gustavo Zonis evalúa llamar a indagatoria a tres  represores sospechados de haber actuado en la privación ilegal,  torturas, homicidio y desaparición del concordiense en 1977.

La causa por la desaparición del concordiense Jorge Emilio Papetti, perpetrada durante la última dictadura cívico-militar, podría tener próximamente un avance decisivo luego de más de tres décadas de impunidad. Tres represores podrían ser imputados de este crimen de lesa humanidad que hasta ahora no tiene culpables

Las definiciones están ahora en manos del juez federal de Paraná, Gustavo Zonis, luego de un pedido de la fiscalía en base al testimonio de una víctima del terrorismo de Estado que compartió cautiverio con Papetti en tres centros clandestinos de detención de la provincia.

Este caso quedó fuera de la causa conocida como Área Concordia, que comprende las desapariciones forzadas de Sixto Zalasar y Julio Solaga y que por estas horas está siendo sometida a juicio ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, incluida en la megacausa Harguindeguy. Por una cuestión de competencia la investigación pasó del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay al de Paraná, ya que fue allí donde Papetti fue visto por última vez.

En el marco de la causa que está denominada Denuncian comisión de delitos de lesa humanidad años 1976/1977 (expediente Nº 12.810), los fiscales federales José Ignacio Candioti y Mario Silva realizaron imputaciones contra los sospechados de ser responsables de la desaparición de quien por entonces realizaba el servicio militar obligatorio en el Regimiento de la Capital del citrus, y de dos víctimas de privaciones ilegales de libertad y tormentos. Los sospechosos son dos exmilitares y un exmiembro del Servicio Penitenciario, cuyos nombres se mantienen en reserva para no entorpecer la investigación.

Las tres víctimas fueron secuestradas en marzo de 1977 en Concordia y llevadas al Regimiento de Caballería de Tiradores Blindados 6 de esa ciudad, donde comenzaron a ser sometidos a torturas y tratos inhumanos. Luego fueron trasladados al CCD que funcionó en el Escuadrón de Comunicaciones de Paraná y luego a la Unidad Penal Nº 1, donde eran torturados en la Unidad Familiar.

Ahora el juez Gustavo Zonis debe resolver si hace lugar al pedido de las tres indagatorias formulado por los fiscales y, en su caso, fijar las fechas para las audiencias respectivas.

Por el testimonio de un compañero de cautiverio de Papetti, se presume que falleció a causa de los tormentos y los maltratos que sufrió, estando detenido en la cárcel de Paraná. Ese testigo, a quien Zonis escuchó por videoconferencia en octubre de 2010, indicó que pudo ver al joven desaparecido cuando ambos todavía estaba detenidos ilegalmente en Concordia y le llamó la atención su tos persistente. Lo vio “muy deteriorado, con el pecho hundido, los ojos vendados y tosiendo permanentemente en una forma muy fea”.

Luego de eso, ya no lo pudo ver, porque permaneció encapuchado, pero en todo momento lo escuchaba toser de la misma forma. Así fue en los calabozos de Comunicaciones. Luego, en la Unidad Familiar de la UP 1, cuando esperaba el turno para ser torturado, volvió a oír la tos hasta que de pronto no la escuchó más. Entonces pudo percibir estertores, golpes en el pecho, insultos y la intervención de alguien a quien le decían “doctor”. El testigo presume que Papetti falleció en ese momento.

En el libro El escuadrón perdido, de José Luis D’Andrea Mohr, se relata que el 20 de abril de 1976 Jorge Emilio Papetti, hijo de italianos, fue incorporado como soldado conscripto al Regimiento Caballería de Tiradores Blindados 6, en Concordia. El 16 de marzo de 1977, casi ya de baja y ascendido a dragoneante, fue detenido dentro del regimiento mientras estaba de guardia. Algunos de sus compañeros oyeron sus gritos de protesta cuando se lo llevaban y alertaron a las padres.

Al día siguiente el padre del dragoneante se entrevistó con el teniente coronel Naldo Miguel Dasso, jefe de la unidad, en presencia del segundo jefe, mayor Osvaldo Antonio Larocca. Dasso explicó que el dragoneante Papetti, sospechoso de extremismo, había sido trasladado a otra ciudad “por órdenes superiores” pero que, a la altura de Villaguay, se había fugado después de haber obtenido permiso para ir al baño en una estación de servicio. El oficial no dio más detalles, y el padre, angustiado, llevó el caso al Juzgado de Instrucción Nº 1 de Concordia, a cargo del doctor Oscar Satalía Méndez.

La falsedad de lo manifestado por Dasso quedó al descubierto por la declaración posterior del sobreviviente. Ahora se espera que la investigación comience a avanzar.

http://www.unoentrerios.com.ar/laprovincia/Esperan-avances-en-la-causa-por-desaparicion-de-Papetti-20120605-0002.html

 

Testigo señaló a Dasso como quien ordenó su detención.

Félix Román, quien era titular del Sindicato de Empleados Municipales de  Concordia, dijo que fue detenido ilegalmente y sometido a torturas  psicológicas por órden del entonces Jefe del Área Concordia del  Ejército.

 

En una nueva jornada del juicio por la Causa Harguindeguy, en la que se investigan crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, un testigo comprometió aún más al imputado Naldo Miguel Dasso, quien en ese entonces ostentaba el rango de Teniente Coronel y se desempeñaba como Jefe del Regimiento de Concordia.

Félix Donato Román, exsecretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Concordia, relató ante el Tribunal Oral Federal de Paraná el derrotero y las crueldades a las que fue sometido tras su detención ilegal, ocurrida a las 6 de la mañana del día 24 de marzo de 1976.

Notablemente emocionado, el testigo señaló que esa madrugada, un gran despliegue de efectivos del Ejército, la Gendarmería y la Policía de Entre Ríos rodeó su casa. “Golpearon muy fuerte la puerta, parecía que querían derribarla, por eso abrí, antes que la tiren abajo”, comentó.

 Ese día, en su domicilio también se encontraban su esposa y sus dos hijos de 4 y 1 año de edad. “Los efectivos estaban armados hasta los dientes y me gatillaban, yo les pedía que no me maten. A mi mujer también la arrinconaron. Nos tuvieron así durante casi media hora, que fue lo que duró el operativo. Estaban muy exaltados, me revolvieron toda la casa de una forma muy violenta,  no sé qué buscaban”.

Tras una búsqueda infructuosa, lo subieron esposado a un unimog y lo llevaron al Regimiento de Concordia. Allí lo alojaron en uno de los dormitorios de las cuadras y lo dejaron incomunicado. “Creo que yo era el primero que llevaron detenido, después empezaron a traer a más personas. Creo que llegamos a ser unos 40 detenidos”.

 Al tercer día, un oficial lo busco y lo llevó a una oficina para que le tomen declaración. “En el escritorio estaba sentado quien se presentó como el Teniente Coronel Dasso, yo también me presenté. Entonces me comunicó que yo estaba detenido bajo el Estatuto de Reorganización Nacional, y yo le respondí que sólo iba responder amparándome bajo la Constitución Nacional, que era la única que me protegía. Por eso se encocoró. Me preguntó cínicamente si sabía por qué me habían detenido, le respondí que no, pero asumí que era por mi actividad gremial y por mis trabajos solidarios en los barrios humildes, pero él me dijo que no. Que las fuerzas armadas tenían en su poder documentos que me vinculaban a grupos subversivos armados”.

 Román señaló que eso no podía ser cierto, ya que nunca en su vida había empuñado un arma. “No estaba de acuerdo con esa metodología, la única arma que usé en mi vida fue una caja de fósforos”.

En el Regimiento estuvo detenido durante 10 días, luego trasladaron a un grupo a la cárcel de Gualeguaychú, donde tuvieron que convivir durante semanas en un calabozo deplorable. “No nos dejaban salir a hacer nuestras necesidades, había ratas, cucarachas, mierda y orina por todas partes. Nos tiraron un colchón mugriento. Estábamos aislados, nos daban de comer una sopa asquerosa al mediodía”, relató.

A mediados de junio, una mañana, guardiacárceles y efectivos de otras fuerzas armadas los hicieron levantar muy temprano. “Nos pegaron unos chirlos en la cabeza, puntapiés, porque disfrutaban con esas cosas. Nos esposaron y nos formaron en fila. Nos hicieron subir a un colectivo y nos llevabaron al aeropuerto de Gualeguaychú. Desde ahí vi un avión Hércules verde. Antes de bajar, nos vendaron los ojos con una cinta blanca y después nos colocaron capuchas negras. Cuando estábamos arriba del avión, nos encadenaron en hileras. Durante el vuelo nos pegaban, y nos insultaban. A mi me dieron un culatazo o una patada en el mentón, recuerdo que fue un dolor muy intenso”.

El avión los llevó hasta Coronda. Al descender, los encerraron en armarios de oficina y los metieron en un camión, con destino a la Cárcel.

Según relató, allí fue sometido a las peores penurias, mal alimentado, y con poco abrigo en época invernal, tuvo que sobrevivir en condiciones infrahumanas hasta el 23 de diciembre del 76. “Era un regimen perverso, me quitaron mi ropa y me pusieron un overol mugriento, casi me morí de frío. Casi no nos podíamos higienizar. Cuando me llevaron detenido, pesaba 75 kilos. Cuando salí, 55. Era un palito. Nos sometían a torturas psicológicas, si bien no me golpeaban, me decían que yo era un rehén de guerra”.

Según el relato de Román, el día que lo iban a liberar, sintió mucho miedo. “Cuando me vinieron a buscar, empecé a temblar como una hoja, porque había muchos detenidos como nosotros, los sacaban de la prisión y después los traían muertos, porque los mataban en simulacros de enfrentamientos”.

El 23 de diciembre, él y otros compañeros fueron trasladados a Paraná. Allí los recibió el comandante de la II Brigada Blindada de Paraná, Juan Carlos Ricardo Trimarco. “Nos pidió disculpas, dijo que estábamos en guerra y que se equivocaron con nosotros”.

 Por la reprogramación de las declaraciónes de varios testigos, las audiencias se retomarán el próximo miércoles.

Luciana Actis/ De la Redacción de UNO

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