Una testigo dio detalles del secuestro de Sixto Zalasar.

Una vecina del desaparecido concordiense contó cómo se llevaron a su  vecino el 26 de mayo de 1976. Este viernes declaran el

exgobernador  Busti y el vocal del STJ Bernardo Salduna.

Una vecina de la familia Zalasar de Concordia declaró este jueves en el juicio por la causa Harguindeguy y dio detalles de cómo se realizó el secuestro de Sixto Francisco Zalasar el 26 de mayo de 1976. Para este viernes se espera la declaración testimonial del exgobernador Jorge Busti, quien fue detenido en un operativo de fuerzas conjuntas y permaneció secuestrado en la Jefatura Departamental de Policía y dependencias del Ejército, y el vocal del Superior Tribunal de Justicia Bernardo Salduna, quien como abogado representó a víctimas de la dictadura cívico-militar. Por su parte, el vocal del STJ Daniel Carubia prefirió hacer uso de su facultad de responder preguntas por escrito.

María Adela Godoy relató ante el Tribunal Oral Federal de Paraná cómo Coco –así apodaban a Sixto Zalasar– ingresó corriendo a su casa la mañana del 26 de mayo, entre las 6 y las 6.30, al grito de: “Me van a matar”. La mujer no encendió ninguna luz para tratar de ayudar a que su vecino escapara; pero al salir a la puerta encontró a dos hombres de civil y armados a quienes el perro de la familia les impedía el paso. “Entró un mafioso a su casa”, le dijeron. Además había más personas vestidas de civil y portando armas de todo tipo.

Los hombres ingresaron a la vivienda y enseguida salieron llevando a Zalasar con los brazos por detrás y golpeándolo todo el tiempo con las armas. “¿Por qué le pegan si ya lo agarraron?”, les preguntaba la testigo. “Usted no saben lo que es este mafioso”, le contestaron. La mujer, que ahora tiene 76 años, no se creyó ese argumento. Ayer dijo que Sixto era una persona de bien y que inclusive cuidaba de su pequeño hijo, que por entonces tenía 8 años. “Si no hubiera sido una persona mala, no le habría entregado a mi hijo”, afirmó.

Cuando salieron a la calle los secuestradores con el detenido, llegaban al lugar la esposa de éste, su madre y su hija de 8 años. Vivían casa de por medio. “No se arrimen, porque le tiramos”, les dijeron. También se acercaron muchos vecinos. Todos presenciaron cuando metieron a la víctima en uno de los dos autos que estaban estacionados en la cuadra y se lo llevaron. Nadie mostró ninguna orden de detención escrita. La madre peguntó dónde lo llevaban. “No sabemos”, respondió uno. La hija, Sandra Zalasar, salió corriendo detrás del vehículo que se llevaba a su papá. “Y no apareció más”, dijo la testigo María Adela Godoy.

Después el secuestro, todas las noches y durante dos meses, la vecina y otros habitantes del barrio pudieron ver a un hombre de civil parado alternadamente en la esquina de Diamante y Avellaneda y de Diamante y Las Heras. Después, ese desconocido desapareció sin dejar rastro.

El testimonio de Godoy confirmó los detalles relatados por los familiares de Zalasar sobre el secuestro, aunque no pudo identificar a los secuestradores ni reconocer qué autos intervinieron en el operativo.

http://www.unoentrerios.com.ar/laprovincia/Una-testigo-dio-detalles-del-secuestro-de-Sixto-Zalasar-20120607-0022.html

Esperan avances en la causa por desaparición de Papetti.

El juez federal Gustavo Zonis evalúa llamar a indagatoria a tres  represores sospechados de haber actuado en la privación ilegal,  torturas, homicidio y desaparición del concordiense en 1977.

La causa por la desaparición del concordiense Jorge Emilio Papetti, perpetrada durante la última dictadura cívico-militar, podría tener próximamente un avance decisivo luego de más de tres décadas de impunidad. Tres represores podrían ser imputados de este crimen de lesa humanidad que hasta ahora no tiene culpables

Las definiciones están ahora en manos del juez federal de Paraná, Gustavo Zonis, luego de un pedido de la fiscalía en base al testimonio de una víctima del terrorismo de Estado que compartió cautiverio con Papetti en tres centros clandestinos de detención de la provincia.

Este caso quedó fuera de la causa conocida como Área Concordia, que comprende las desapariciones forzadas de Sixto Zalasar y Julio Solaga y que por estas horas está siendo sometida a juicio ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, incluida en la megacausa Harguindeguy. Por una cuestión de competencia la investigación pasó del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay al de Paraná, ya que fue allí donde Papetti fue visto por última vez.

En el marco de la causa que está denominada Denuncian comisión de delitos de lesa humanidad años 1976/1977 (expediente Nº 12.810), los fiscales federales José Ignacio Candioti y Mario Silva realizaron imputaciones contra los sospechados de ser responsables de la desaparición de quien por entonces realizaba el servicio militar obligatorio en el Regimiento de la Capital del citrus, y de dos víctimas de privaciones ilegales de libertad y tormentos. Los sospechosos son dos exmilitares y un exmiembro del Servicio Penitenciario, cuyos nombres se mantienen en reserva para no entorpecer la investigación.

Las tres víctimas fueron secuestradas en marzo de 1977 en Concordia y llevadas al Regimiento de Caballería de Tiradores Blindados 6 de esa ciudad, donde comenzaron a ser sometidos a torturas y tratos inhumanos. Luego fueron trasladados al CCD que funcionó en el Escuadrón de Comunicaciones de Paraná y luego a la Unidad Penal Nº 1, donde eran torturados en la Unidad Familiar.

Ahora el juez Gustavo Zonis debe resolver si hace lugar al pedido de las tres indagatorias formulado por los fiscales y, en su caso, fijar las fechas para las audiencias respectivas.

Por el testimonio de un compañero de cautiverio de Papetti, se presume que falleció a causa de los tormentos y los maltratos que sufrió, estando detenido en la cárcel de Paraná. Ese testigo, a quien Zonis escuchó por videoconferencia en octubre de 2010, indicó que pudo ver al joven desaparecido cuando ambos todavía estaba detenidos ilegalmente en Concordia y le llamó la atención su tos persistente. Lo vio “muy deteriorado, con el pecho hundido, los ojos vendados y tosiendo permanentemente en una forma muy fea”.

Luego de eso, ya no lo pudo ver, porque permaneció encapuchado, pero en todo momento lo escuchaba toser de la misma forma. Así fue en los calabozos de Comunicaciones. Luego, en la Unidad Familiar de la UP 1, cuando esperaba el turno para ser torturado, volvió a oír la tos hasta que de pronto no la escuchó más. Entonces pudo percibir estertores, golpes en el pecho, insultos y la intervención de alguien a quien le decían “doctor”. El testigo presume que Papetti falleció en ese momento.

En el libro El escuadrón perdido, de José Luis D’Andrea Mohr, se relata que el 20 de abril de 1976 Jorge Emilio Papetti, hijo de italianos, fue incorporado como soldado conscripto al Regimiento Caballería de Tiradores Blindados 6, en Concordia. El 16 de marzo de 1977, casi ya de baja y ascendido a dragoneante, fue detenido dentro del regimiento mientras estaba de guardia. Algunos de sus compañeros oyeron sus gritos de protesta cuando se lo llevaban y alertaron a las padres.

Al día siguiente el padre del dragoneante se entrevistó con el teniente coronel Naldo Miguel Dasso, jefe de la unidad, en presencia del segundo jefe, mayor Osvaldo Antonio Larocca. Dasso explicó que el dragoneante Papetti, sospechoso de extremismo, había sido trasladado a otra ciudad “por órdenes superiores” pero que, a la altura de Villaguay, se había fugado después de haber obtenido permiso para ir al baño en una estación de servicio. El oficial no dio más detalles, y el padre, angustiado, llevó el caso al Juzgado de Instrucción Nº 1 de Concordia, a cargo del doctor Oscar Satalía Méndez.

La falsedad de lo manifestado por Dasso quedó al descubierto por la declaración posterior del sobreviviente. Ahora se espera que la investigación comience a avanzar.

http://www.unoentrerios.com.ar/laprovincia/Esperan-avances-en-la-causa-por-desaparicion-de-Papetti-20120605-0002.html

 

Testigo señaló a Dasso como quien ordenó su detención.

Félix Román, quien era titular del Sindicato de Empleados Municipales de  Concordia, dijo que fue detenido ilegalmente y sometido a torturas  psicológicas por órden del entonces Jefe del Área Concordia del  Ejército.

 

En una nueva jornada del juicio por la Causa Harguindeguy, en la que se investigan crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, un testigo comprometió aún más al imputado Naldo Miguel Dasso, quien en ese entonces ostentaba el rango de Teniente Coronel y se desempeñaba como Jefe del Regimiento de Concordia.

Félix Donato Román, exsecretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Concordia, relató ante el Tribunal Oral Federal de Paraná el derrotero y las crueldades a las que fue sometido tras su detención ilegal, ocurrida a las 6 de la mañana del día 24 de marzo de 1976.

Notablemente emocionado, el testigo señaló que esa madrugada, un gran despliegue de efectivos del Ejército, la Gendarmería y la Policía de Entre Ríos rodeó su casa. “Golpearon muy fuerte la puerta, parecía que querían derribarla, por eso abrí, antes que la tiren abajo”, comentó.

 Ese día, en su domicilio también se encontraban su esposa y sus dos hijos de 4 y 1 año de edad. “Los efectivos estaban armados hasta los dientes y me gatillaban, yo les pedía que no me maten. A mi mujer también la arrinconaron. Nos tuvieron así durante casi media hora, que fue lo que duró el operativo. Estaban muy exaltados, me revolvieron toda la casa de una forma muy violenta,  no sé qué buscaban”.

Tras una búsqueda infructuosa, lo subieron esposado a un unimog y lo llevaron al Regimiento de Concordia. Allí lo alojaron en uno de los dormitorios de las cuadras y lo dejaron incomunicado. “Creo que yo era el primero que llevaron detenido, después empezaron a traer a más personas. Creo que llegamos a ser unos 40 detenidos”.

 Al tercer día, un oficial lo busco y lo llevó a una oficina para que le tomen declaración. “En el escritorio estaba sentado quien se presentó como el Teniente Coronel Dasso, yo también me presenté. Entonces me comunicó que yo estaba detenido bajo el Estatuto de Reorganización Nacional, y yo le respondí que sólo iba responder amparándome bajo la Constitución Nacional, que era la única que me protegía. Por eso se encocoró. Me preguntó cínicamente si sabía por qué me habían detenido, le respondí que no, pero asumí que era por mi actividad gremial y por mis trabajos solidarios en los barrios humildes, pero él me dijo que no. Que las fuerzas armadas tenían en su poder documentos que me vinculaban a grupos subversivos armados”.

 Román señaló que eso no podía ser cierto, ya que nunca en su vida había empuñado un arma. “No estaba de acuerdo con esa metodología, la única arma que usé en mi vida fue una caja de fósforos”.

En el Regimiento estuvo detenido durante 10 días, luego trasladaron a un grupo a la cárcel de Gualeguaychú, donde tuvieron que convivir durante semanas en un calabozo deplorable. “No nos dejaban salir a hacer nuestras necesidades, había ratas, cucarachas, mierda y orina por todas partes. Nos tiraron un colchón mugriento. Estábamos aislados, nos daban de comer una sopa asquerosa al mediodía”, relató.

A mediados de junio, una mañana, guardiacárceles y efectivos de otras fuerzas armadas los hicieron levantar muy temprano. “Nos pegaron unos chirlos en la cabeza, puntapiés, porque disfrutaban con esas cosas. Nos esposaron y nos formaron en fila. Nos hicieron subir a un colectivo y nos llevabaron al aeropuerto de Gualeguaychú. Desde ahí vi un avión Hércules verde. Antes de bajar, nos vendaron los ojos con una cinta blanca y después nos colocaron capuchas negras. Cuando estábamos arriba del avión, nos encadenaron en hileras. Durante el vuelo nos pegaban, y nos insultaban. A mi me dieron un culatazo o una patada en el mentón, recuerdo que fue un dolor muy intenso”.

El avión los llevó hasta Coronda. Al descender, los encerraron en armarios de oficina y los metieron en un camión, con destino a la Cárcel.

Según relató, allí fue sometido a las peores penurias, mal alimentado, y con poco abrigo en época invernal, tuvo que sobrevivir en condiciones infrahumanas hasta el 23 de diciembre del 76. “Era un regimen perverso, me quitaron mi ropa y me pusieron un overol mugriento, casi me morí de frío. Casi no nos podíamos higienizar. Cuando me llevaron detenido, pesaba 75 kilos. Cuando salí, 55. Era un palito. Nos sometían a torturas psicológicas, si bien no me golpeaban, me decían que yo era un rehén de guerra”.

Según el relato de Román, el día que lo iban a liberar, sintió mucho miedo. “Cuando me vinieron a buscar, empecé a temblar como una hoja, porque había muchos detenidos como nosotros, los sacaban de la prisión y después los traían muertos, porque los mataban en simulacros de enfrentamientos”.

El 23 de diciembre, él y otros compañeros fueron trasladados a Paraná. Allí los recibió el comandante de la II Brigada Blindada de Paraná, Juan Carlos Ricardo Trimarco. “Nos pidió disculpas, dijo que estábamos en guerra y que se equivocaron con nosotros”.

 Por la reprogramación de las declaraciónes de varios testigos, las audiencias se retomarán el próximo miércoles.

Luciana Actis/ De la Redacción de UNO

http://www.unoentrerios.com.ar/laprovincia/Causa-Harguindeguy-Testigo-sealo-a-Dasso-como-quien-ordeno-su-detencion-20120530-0027.html

Pidieron que se investigue a un expolicía de Concordia.

Se trata de Miguel Arcángel Castaño, sindicado como el chofer que participó en el procedimiento en el que se secuestró a Sixto Zalasar. El testigo negó los hechos y dejó varias inconsistencias en su declaración.

La Fiscalía pidió que se investigue a un declarante por falso testimonio, en el juicio por la Causa Harguindeguy. Se trata de Miguel Arcángel Castaño, que en 1976 se desempeñaba como chofer de la Policía de Concordia, y fue señalado por otros testigos como la persona que conducía el auto en el procedimiento en el que se llevaron detenido a Sixto Zalasar, desaparecido.

En primer término, declaró Julia Clelia Ledesma, vecina de Zalasar, quien señaló que una mañana de 1976, ella y su marido escucharon llantos y gritos en la calle. “Eran más o menos las seis, así que mi esposo salió a ver qué pasaba, pero me dijo que me quede adentro. Al rato volvió y me dijo que se lo llevaron detenido a Coco. Yo a Sixto lo conocía por el sobrenombre. Las que lloraban eran su mujer y su nena mayor”.

Según el relato de la mujer, su esposo le dijo que a Zalasar se lo llevó la Policía: “Le pregunté que cómo lo sabía, y me respondió que ‘porque el que manejaba el auto es el hermano de tu empleada’. Nosotros sabíamos que el era chofer de la Policía”. Su empleada era Antonia Castaño, quien trabajaba en la verdulería que Ledesma tenía en ese entonces.

“Esa mañana, cuando Antonia fue a trabajar, le pregunté si sabía lo que había pasado, pero me respondió que no. A la tarde, cuando volvió, me dijo ‘sí, usted tiene razón. Él (Castagno) dice que a Zalasar lo llevaron hasta el puente Alvear, y que después lo cambiaron de coche. De ahí no sabe más nada’”.

La testigo señaló que a Miguel Arcángel lo conocía de vista, porque vivía en la casa paterna, junto a Antonia -hoy fallecida-, y otros hermanos.

Cabe recordar que las familiares de Zalazar declararon ayer que a Sixto se lo llevaron en un Renault 4L celeste, pero Ledesma no pudo brindar detalles al respecto, ya que su marido no la dejó salir a ver lo que ocurría. “Él era parco y no me dijo mucho, sólo que el que manejaba el auto era Miguel Castaño”.

Una declaración inconsistente

 Pero lo aportado por la testigo fue negado luego por Castaño que, a su turno de declarar, dijo que Ledesma “falta a la verdad”.

Dijo no recordar la existencia de un Renault 4, y que en la Policía manejaba patrulleros Falcon y Torino. De todas formas, explicó que en el 76′ se desempeñaba como conductor de la autobomba del Cuerpo de Bomberos de la Policía de Concordia, pero que luego fue trasladado a la Policía, donde se desempeñó como chofer.

“Yo no manejaba autos particulares”, dijo. El juez Roberto López Arango le señaló que en la etapa de instrucción había declarado que conducía tanto patrulleros como coches particulares, pero Castaño señaló que no lo recordaba.

Más adelante, el testigo dijo que a Zalasar lo conocía de chico, pero que después no supo a qué se dedicaba. Sin embargo, vivía en la misma manzana en la época en que fue detenido.

Luego, la Fiscalía le recordó a Castaño lo que había declarado en una presentación espontánea realizada ante la Justicia Federal en Concepción del Uruguay, en agosto de 2007, para desdecir lo que había sido publicado en un diario concordiense, donde  Graciela Zalasar involucraba a Castaño como chofer del auto que se llevó a su hermano.

Sin mencionar lo que en dicha presentación decía, la Fiscalía le dio al testigo el documento para que lo verificara por sí mismo, pero Castaño negó haber dicho lo que estaba asentado en la presentación, y hasta dijo que la firma no era suya. Lleno de vacilaciones, el testigo no pudo responder a las preguntas de la Fiscalía ni del Tribunal, por lo que el fiscal José Candioti pidió que se remita la copia del testimonio a la fiscalía federal para que evalúe iniciar una causa por falso testimonio en flagrancia.

El testigo retomó su declaración afirmando que no participó “en los operativos de ninguno de los tres desaparecidos”, precisando luego que se refería a Sixto Zalasar, Jorge Emilio Papetti y Julio Alberto Solaga. Además, reiteró que no recordaba que la Policía haya tenido un Renault 4L.

Consultado sobre los operativos en los que sí participaba, dijo que concurría a los accidentes y detenciones comunes, pero siempre manejando patrulleros y vistiendo el uniforme.

El Tribunal le recordó que en la etapa de instrucción había señalado que también manejaba autos particulares, y que en muchos de los procedimientos participaban otras fuerzas estatales. Todo esto fue confusamente negado por el testigo pero, ante las repreguntas y la advertencia de que sería retirado del tribunal detenido por la fuerza pública por falso testimonio, terminó reconociendo todo lo que había dicho durante la instrucción, y aclaró que en los operativos solían participar Gendarmería, Prefectura y el Ejército. Además, dijo que había autos particulares, algunos sin patente.

Ante esta actitud, la querellante María Isabel Caccióppoli le preguntó si había sido amenazado para que no declarara, pero Castaño lo negó.

Por otra parte, le consultó si conocía a un Policía de apellido Hermosid, que en esa época  trabajaba en la misma repartición que Castaño, y que había declarado que vio a Zalasar detenido en la Jefatura. El testigo dijo que sí lo conocía, y que Hermosid se desempeñaba como mozo, por lo cual era probable que le haya dado de comer a Zalasar, “pero yo nunca lo vi a Zalazar”. Siempre reticente a dar detalles, el testigo negó haber tenido conocimiento sobre la detención de presos políticos en la Jefatura.

Luciana Actis/ De la Redacción de UNO

http://www.unoentrerios.com.ar/laprovincia/Causa-Harguindeguy-pidieron-que-se-investigue-a-un-expolicia-de-Concordia-20120524-0031.html

Tres testigos declararán este jueves por la Causa Harguindeguy etapa Concordia

Destacados testimonios se desarrollaron en la jornada de este miércoles donde cuatro familiares de desaparecidos dieron su testimonio en el marco del juicio por la Causa Harguindeguy, donde se tratan los casos ocurridos en Concordia. Tras su declaración ante el Tribunal Oral de Paraná, Elba Elena Consol, esposa de Sixto Zalasar, desaparecido en mayo de 1976 se expresó en LT14. “Estoy muy conforme, por fin pudimos sacarnos esta mochila que llevamos hace casi 36 años”, expresó.

 

En declaraciones al móvil de la radio, Consol dijo que esta muy agradecida, y manifestó que siempre recordará a su marido, “lamento que no haya podido tener en sus brazos a su hijo que nació unos días después de su secuestro” expresó. Por último recordó que “la lucha de él era por sus compañeros”.

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http://www.lt14.com.ar/noticias/34021-tres-testigos-declararan-este-jueves-por-la-causa-harguindeguy-etapa-concordia.html

Desgarradores testimonios de familiares de desaparecidos de Concordia

Hoy atestiguaron los familiares de los desaparecidos Julio Solaga y Sixto Coco Zalasar, y complicaron a Dasso, que se desempeñaba como jefe de Área del Ejército. Más 100 personas llegaron desde Concordia, supo Elonce TV.

La primera testigo de la jornada fue María Estela Solaga, hermana del desaparecido Julio Solaga. Luego declararon Elba Irene Consol, Graciela Zalasar y Sandra Zalazar, esposa, hermana e hija de Sixto Zalasar, desaparecido en 1976.

Solaga relató las circunstancias en que fue detenido su hermano menor, la noche del 22 de noviembre de 1976, mientras conversaba con un vecino, frente a la casa de su madre, ubicada en calle Damián P. Garat, de la capital del citrus.

“Ese vecino era George Wilson. Él primero corrió hasta lo de unos vecinos y les contó lo que había pasado, pero no le creyeron. En casa de mi madre no había nadie, así que llamó a la policía, pero le daban vueltas para tomarle la denuncia. Así corrió hasta mi casa -yo ya estaba casada- y me dijo que lo habían detenido a Julito”, dijo.

La mujer precisó que, de acuerdo a lo relatado por Wilson -ya fallecido-, tres hombres de entre 40 y 50 años, vestidos de civil, fueron los que detuvieron a su hermano. “Se identificaron como agentes de la Policía Federal. Le pidieron que se identifique, cuando mi hermano dijo su nombre, dos de ellos se le pusieron a cada lado y lo agarraron de los brazos, el tercero lo agarró de atrás. Lo hicieron caminar hasta la esquina y lo subieron a un Renault 12 blanco sin patente”.

La testigo explicó que al día siguiente, por recomendación de alguien a quien no recuerda, ella y su madre fueron a radicar la denuncia en la Gendarmería: “Esa misma noche, un cliente de mi esposo fue hasta nuestro negocio, y nos dijo que nos quedemos tranquilos, que tenían a mi hermano en el Regimiento de Caballería. Por eso, al otro día fuimos hasta allí y pedimos una audiencia, que nos fue concedida para el día siguiente. Mientras tanto, la Gendarmería fue hasta la casa de mi madre, a decir que todavía no tenían noticias de mi hermano, pero aprovecharon para hacer un allanamiento encubierto. Revisaron la casa y se llevaron una cajita de fósforos en la que él había anotado un número de teléfono, un cassette de música y unos papeles que estaban sobre la mesa. A cargo de todo eso estaba el comandante Suárez. Después nos enteramos que nos estaban investigando a nosotros, preguntándoles a los vecinos sobre qué clase de familia éramos, cuáles eran nuestras ideas”.

María Estela señaló que su hermano estudiaba Bioquímica en la ciudad de Santa Fe, pero que por problemas económicos tuvo que regresar a Concordia cinco años después, a comienzos de 1976. “Buscaba un trabajo, y mi cuñado, que trabajaba en una aseguradora, consiguió que lo tomaran como empleado. Tuvo una entrevista y después lo mandaron a hacerse unos estudios, eso fue los primeros días de noviembre del 76. Yo pensaba que había viajado a Paraná, pero hace poco, revisando papeles en casa de mi madre, encontré los análisis y se había hecho en Rosario. Y empecé a sospechar que fue ahí que lo marcaron para detenerlo”.

Por otra parte, la testigo dijo que mientras su hermano vivió en Santa Fe, tuvo una intensa actividad en el Centro de Estudiantes de la Facultad y que militaba en la Juventud Peronista.

Volviendo a los acontecimientos de noviembre del 76′, Solaga dijo que el día 24 fueron recibidos por el Teniente Coronel Naldo Miguel Dasso, jefe del Regimiento de Concordia. “Nos recibió muy molesto, porque hicimos la denuncia ante la Gendarmería. Nos dijo que él era jefe del Área, y que cualquier detención se producía bajo sus órdenes y su conocimiento. Que él se enteró por los diarios de que buscábamos a mi hermano, y que mi madre mentía al decir que se lo llevó gente de la Policía Federal. También dijo que era seguro que mi hermano estaba en alguna agrupación y que seguramente fueron sus propios compañeros lo que lo secuestraron. Mi mamá le creyó, pero yo sospechaba que no podía ser verdad”.

Al día siguiente llamaron nuevamente al Regimiento, porque querían una nueva audiencia. Les hicieron llenar una solicitud y las recibieron un día después. “En la segunda audiencia, Dasso le dijo a mi mamá que ‘acá todas las madres nos vienen a decir que sus chicos son buenos, pero no saben lo que hacen sus hijos’. Ante esta expresión, mi madre habrá puesto una cara de sorpresa, por lo que él le dijo ‘bueno, cuando sepamos lo que dicen en Santa Fe, vamos a ver qué pasa’. Eso me dio la pauta de que algo sabía, que sabía que mi hermano estaba detenido”.

Según los datos aportados por la mujer, Solaga habría estado detenido primero en el Regimiento de Concordia, luego fue trasladado a Paraná, a Santa Fe, a Rosario y, finalmente, a La Plata, donde se perdió todo registro de él. De este último destino, María Estela tuvo conocimiento a través de un ingeniero naval retirado, de apellido Maqueira, quien se desempeñaba como docente en la ENET Nº1 de Concordia, donde ella también trabajaba. “Pero no se cómo lo supo él”.

Su madre y ella nunca dejaron de buscarlo. Escribieron cartas a Jorge Rafael Videla, al ministro del Interior, Albano Harguindeguy; a organismos internacionales de Derechos Humanos, a la OEA, a la Iglesia, entre otros. Pero obtuvieron muy pocas respuestas, publica Uno. “En una oportunidad nos recibió monseñor Zabala, obispo de Concordia, y le dijo a mi madre que mi hermano era zurdo, que eso fue confirmado por la cajita de fósforos en la que estaba anotado el número de teléfono”.

En 1979, la mujer presentó un pedido de hábeas corpus ante un juzgado de Concordia, pero el juez lo rechazó y le hizo pagar las costas.

Asimismo, intentaron de dar con su hermano por otros medios. “Mi madre era muy católica, tenía una hermana monja que estaba en Chajarí y que era amiga de un cura salesiano que estaba en Córdoba. Este cura conocía a un vidente, y aseguraba que la videncia de este hombre era real. Fue así que nos contactamos con él”.

Pasaban los días, y la familia de Solaga no tenía noticias, así que María Estela le escribió una desesperada carta al sacerdote, la cual fue leída ante el Tribunal. El religioso le respondió que “no había contacto, lo cual indicaba que no había indicios de vida de Julio. Nos dijo que recemos por su alma”.

Por otra parte, la testigo dijo que recibió amenazas, ya en tiempos de democracia, hace cinco años. Las intimidaciones le llegaron por medio de la familiar de una víctima de la dictadura. “Nos habíamos hecho extracciones de sangre para el registro de los antropólogos forenses, ya que yo era la última familiar directa de Julio. No se cómo se enteraron, de eso, pero la llamaron a la señora Papetti (madre del conscripto Jorge Papetti, desaparecido), y a la hermana de Sixto Zalasar. A esta otra chica, de apellido Quinteros, la llamaron por teléfono y le dijeron que se ‘deje de embromar, puta de mierda. Que la iban a hacer boleta, y a mi familia también’”. Solaga dijo que nunca supo quién fue el autor de las amenazas, pero que en todas las ocasiones fueron realizadas por una voz masculina.

 

Apoyo de Concordia

Más de 100 personas de Concordia arribaron hoy a la capital provincial, y con pancartas y banderas recordaron a Sixto Zalasar y a Solaga en la puerta del Tribunal Federal.

“Vinimos desde Concordia a acompañar a los testigos”, manifestó Carlos González, quien destacó ante Elonce TV: “Le hemos puesto voluntad a esto, y después de 36 años lo menos que podemos hacer es estar acá alentando a los testigos que van a dar su testimonio”.

“Para nosotros es un día histórico, porque muchos exmilitantes no creían que iba a llegar. Aunque internamente aguardaran alguna esperanza, la realidad hacía que en la década del ’90 era difícil pensar esto”, afirmó además.

Por último Diego Labeque Drewanz de la agrupación La Gloriosa destacó que los relatos de hoy “son testimonios muy crudos, los relatos tienen una trama muy sensible, los testigos tienen muy latentes los momentos en que eran secuestrados sus familiares y las torturas que han vivido”. A la vez que destacó: “Nosotros somos simples militantes que acompañamos a la causa y aprendemos de este momento histórico, porque esto va a ser un ejemplo para las generaciones venideras”. Elonce.com

http://www.elonce.com/secciones/policiales/262233-causa-harguindeguy-desgarradores-testimonios-de-familiares-de-desaparecidos-de-concordia.htm

 

Expolicía sospechado admitió la detención de estudiantes

Jorge Rodríguez, a quien las víctimas identifican por una mancha en la cara, declaró como testigo en la causa Harguindeguy. Involucró a sus excamaradas en crímenes de lesa humanidad.

Alfredo Hoffman
De la Redacción de UNO

Un exagente de la Policía Federal, señalado como integrante de la patota que actuaba en Concepción del Uruguay durante los años de la dictadura, declaró ayer como testigo en la causa Harguindeguy y admitió en parte los crímenes por los cuales están siendo juzgados dos de sus excamaradas: Julio César Rodríguez y Francisco Crescenzo. El hombre, que tiene una mancha en la cara que lo caracteriza, cuenta con un pedido de investigación hecho por la querella que ahora está en manos de la Fiscalía de Concepción.

Jorge Alberto Rodríguez se presentó como testigo propuesto por la defensa, pero su testimonio era esperado ansiosamente por las otras partes desde que fue mencionado por las tres primeras víctimas de privaciones ilegales de la libertad y tormentos, que sufrieron siendo estudiantes secundarios en la Delegación Concepción de la Policía Federal Argentina en julio de 1976. Se trata de César Manuel Román Yáñez, Roque Edmundo Minatta y Juan Carlos Romero, y puntualmente Román lo señaló como uno de los que lo secuestró a pocos metros de su casa.

Rodríguez, conocido con el apodo de Parche y quien las víctimas identifican como El Manchado, aseguró que nunca vio presos encapuchados, pero contó que un día cuando llegó a la delegación para tomar su turno de guardia a las 6.30 de la mañana, notó movimientos que no eran normales y el jefe de Guardia, José María Haidar, le notificó que había presos y que debía cambiarse rápido y tomar posesión de su puesto. Escuchó también que había chicos encerrados en el casino de oficiales, que eran seis o siete y que no debía tener contacto con ellos, y otras dos personas en los calabozos.

El expolicía admitió que era algo anormal que los jóvenes estuvieran alojados en lo que llamaban Casino de Oficiales y señaló que no había causas conocidas de esas detenciones. Sin embargo, luego su versión varió y recordó que años después se comentó que los estudiantes “se reunían después de jugar al fútbol a charlar de política” y “tenían alguna ideología ajena al régimen de facto”. Dijo que los vio solo porque estaba la puerta entreabierta y que estaban sentados. Relató que hizo dos turnos de 24 horas, con sus correspondientes descansos de 48, y cuando ingresó al tercero los jóvenes ya no estaban. A los de los calabozos dijo que nunca los vio, pero escuchó sobre ellos.

Por otro lado describió la zona de las celdas y la planta alta, donde reconoció que había un dormitorio con camas de hierro. Ese lugar está señalado como sala de torturas con picana eléctrica, la que se aplicaba sobre personas desnudas acostadas sobre elásticos de camas de metal. En ese piso de arriba también funcionaba la oficina técnica, reducto donde dijo que trabajaba el imputado Julio César Rodríguez y donde el prófugo José Darío Mazzaferri entraba sin obstáculos, a pesar de que tenía en la puerta un cartel de “área restringida”.

Este testigo, como muchos otros antes, comprometió al Rodríguez que es juzgado y a Mazzaferri, al indicar que suponía que las detenciones de los jóvenes las había realizado el personal de la Oficina Técnica. De Mazzaferri dijo concretamente que realizaba tareas de investigaciones y “estaba a cargo de los procedimientos”. Luego dijo directamente que a los jóvenes los detuvo ese dúo.

Las sospechas 
El testigo Jorge Rodríguez llegó a la audiencia provisto de papeles para entregar al tribunal, que según él, prueban que un Fiat 125 que era propiedad de su padre fue adquirido en 1980, cuatro años después de los hechos investigados. “Acá dijeron que yo salía a detener personas en un 125”, dijo cuando el abogado Álvaro Piérola le preguntó cuál era su intención. El querellante César Román ubicó ese auto en la escena de su secuestro en julio de 1976 y lo mencionó a él como uno de los que lo detuvo en la esquina de su casa, junto a un morocho de bigotes al que llamaban El Cordobés; mientras el domicilio era allanado ilegalmente por un grupo que comandaban los imputados Crescenzo y Julio César Rodríguez. El testigo Jorge Rodríguez aseguró que no conoce a Román. Por otra parte, confirmó que trabaja en la concesionaria de autos León Banchik SA.

Los abogados querellantes solicitaron durante la audiencia del 18 de abril que se enviaran copias de las declaraciones de las víctimas que involucran a Rodríguez a la Fiscalía Federal de Concepción para que proceda en consecuencia. El Tribunal federal hizo lugar al planteo .

Otros testimonios
Ayer también declaró Orlando Humberto Sastre, exsuboficial de la Policía Federal de Concepción del Uruguay, quien reconoció haber visto personas detenidas en el Casino de Oficiales, pero no aportó mayores detalles, escudándose en sus problemas de memoria. No obstante, admitió que allí se realizaban tareas de intervención en conflictos gremiales para evitar medidas de fuerza y pedidos de captura de personas. En esas tareas ubicó a Julio César Rodríguez.

En primer término había declarado Fernando Brescacín, un vecino de la Policía Federal, quien aseguró no haber visto ingresar a detenidos, ni haber escuchado gritos, ni notado nada irregular en la época de los hechos. Todos los testigos de la jornada fueron propuestos por la defensa.

Hoy al mediodia se realizará una inspección ocular en la sede de la Policía Federal de La Histórica y con esto se dará por concluída la etapa del juicio correspondiente a Concepción del Uruguay. En tanto miércoles próximo, el juicio se reanudará con el inicio de los testimonios de la causa por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Concordia.

 

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Realizaron pintadas intimidatorias en contra de testigos.

“Minatta / Román surdos (SIC) son boletas” dice, textualmente, la inscripción que desconocidos realizaron en el edificio en el que vivie el exsubsecretario de Derechos Humanos de la Provincia. El graffiti también apunta a César Román, también testigo de la causa cuyo tribunal y querella realizarán este mediodía una inspección ocular en la sede de la Policía Federal.

 

Realizaron pintadas intimidatorias en el edificio en el que vive el exsubsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Roque Minatta, testigo de la Causa Harguindeguy. La amenaza está a dirigida al propio Minatta y a César Román, también tetsigo en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.

“Minatta / Román… surdos (sic) son boletas”, dice textualmente la amenaza escrita en la pared del edificio ubicado en Concepción del Uruguay.

Tanto Minatta como Román negaron poder señalar al autor de las amenazas. El edificio apareció pintado un día antes de que ambos llegaran provenientes de Paraná, donde se desarrolla el juicio en el que el represor Albano Harguindeguy es el principal imputado.

Este mediodía se realiza la inspección judicial en el edificio de la Policía Federal con la presencia del tribunal y querellantes, Minatta y Roman, entre otros.

Expresiones de repudio

La Comisión Provincial de la Memoria repudioó las pintadas contra Minatta y Román e informó que en la noche del 16 ambas víctimas fueron avisadas de que en la puerta del edificio donde se encontraban habían realizado una pintada amenazándolos de muerte.

“Desde la Comisión Provincial de la Memoria queremos repudiar estas intimidaciones y solicitar a quien corresponda que se efectúen las actuaciones necesarias para esclarecer estos hechos aberrantes a 36 años del último golpe de Estado y en medio de un juicio que va descubriendo las atrocidades cometidas por integrantes de la Delegación de la Policía Federal de Concepción del Uruguay y del Regimiento de Ejército Batallón Blindado Nº 2 de la misma ciudad”, expresó la Comisión.

“También estos juicios permiten desenmascarar las líneas de impunidad que se fueron gestando en estos años y que hoy debemos erradicar completamente”, agregó.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) también expresó su “profundo rechazo y preocupación” por las pintadas. “El preocupante episodio ocurrió un día antes de que lleguen a Concepción del Uruguay los jueces que llevan adelante el juicio por delitos de lesa humanidad ocurridos en esa ciudad para recorrer la sede de la Policía Federal. Repudiamos a quienes desde la impunidad y el anonimato siguen recurriendo a prácticas violentas y temerarias, en un inútil intento por amedrentar a una sociedad que claramente ha optado por recorrer el camino de la memoria, la verdad y la justicia”, indicó el gremio en un comunicado.

Desde Agmer expresamos solidaridad y acompañamiento a las víctimas de estas amenazas y reclamaron a las autoridades el pronto esclarecimiento de este hecho así como todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los querellantes y testigos de la causa.

Agmer Uruguay también se sumó a las expresiones de repudio. “Consideramos que hechos de este tipo deben tener el repudio de toda la sociedad. Lamentamos que se produzcan en nuestra ciudad puesto que nos demuestran que aún hoy día y luego de casi 30 años de gobiernos democráticos continúan actuando pequeños grupos violentos que reivindican lo actuado por la peor dictadura que sufriera nuestro país y pretenden sembrar el miedo en nuestra sociedad”, reseñaron.

“Expresamos por este medio además del repudio al hecho, nuestra solidaridad con los querellantes amenazados, Cesar Román y Roque Minatta, que sufrieron en el pasado la detención ilegal y torturas y que hoy vuelven a sufrir cobardes amenazas. Demandamos al gobierno provincial y nacional el pronto esclarecimiento de este hecho que debe poner en guardia a todas las organizaciones democráticas”, añadieron.

 

http://www.unoentrerios.com.ar/laprovincia/Realizaron-pintadas-intimidatorias-en-contra-de-testigos-de-la-Causa-Harguindeguy–20120517-0017.htm

Pidieron una indagatoria por falso testimonio.

La fiscalía solicitó imputar del delito de falso testimonio al testigo Miguel Ángel Contard, exintegrante de la Policía Federal de Concepción del Uruguay, por su reticencia a brindar información.

Los fiscales federales Mario Silva y José Ignacio Candioti presentaron esta semana ante el Juzgado Federal de Paraná un pedido de indagatoria al exintegrante de la Policía Federal de Concepción del Uruguay Miguel Ángel Contard, quien declaró como testigo en el juicio a Albano Harguindeguy el 3 de mayo.

En esa oportunidad, el testigo tuvo una actitud renuente a brindar información y abundó en respuestas como “no sé” o “no recuerdo”, lo que mereció que los miembros del tribunal le llamaran la atención y le recordaran que se encontraba bajo juramento de decir la verdad. Eso motivó que la querella solicitara que se enviara copia del testimonio a la fiscalía para que evaluara si cabía la investigación por falso testimonio.

El artículo 275 del Código Penal establece que “será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente”. Además, prescribe que “si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de uno a diez años de reclusión o prisión” y que “en todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena”.

http://www.unoentrerios.com.ar/laprovincia/Pidieron-una-indagatoria-por-falso-testimonio-en-el-juicio-a-Harguindeguy-20120517-0033.html

Crescenzo, del sinsentido a la admisión de los crímenes

El represor reconoció la detención de estudiantes secundarios en la Policía Federal de La Histórica. Un exconscripto contó que observó el traslado de presos encadenados al piso de un avión. 

Alfredo Hoffman 
De la Redacción de UNO 

Francisco Crescenzo, exoficial de la Policía Federal Argentina y uno de los imputados en el juicio por la causa Harguindeguy, pidió ayer ampliar su declaración indagatoria. Lo hizo con el pretexto de “limpiar su buen nombre y honor” ante las acusaciones que pesan en su contra, pero entre digresiones y la narración de anécdotas que nada tenían que ver con los hechos investigados, terminó reconociendo la detención ilegal de estudiantes secundarios en julio de 1976, alojados en la Delegación Concepción del Uruguay de la institución que integraba. En el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la costa del Uruguay también se escuchó el relato de un exconscripto que participó de procedimientos ilegales en Gualeguaychú y un testigo del secuestro de Hugo Angerosa en la misma ciudad.

Ante el Tribunal Oral Federal 2 de Paraná, Crescenzo solicitó la palabra porque se sintió molesto con la declaración testimonial de Roque Minatta, uno de aquellos miembros de la Unión de Estudiantes Secundarios, quien lo había señalado como autor de “torturas psicológicas”. Además el querellante César Román lo acusó de integrar el grupo de tareas que lo secuestró de su casa y de ser el encargado de interrogar a las víctimas. En la Policía le preguntó a Román: “¿Así que vos sos el existencialista?”, porque entre los libros que le habían incautado estaba La náusea, de Jean Paul Sartre.

El acusado dijo que las palabras de Minatta le produjeron “una desazón tan grande” y “un pinchazo en el alma”. En su defensa señaló que no tuvo “nada que ver” y que su tarea, a pesar de ser el tercero en el orden de jerarquía en la delegación, se limitaba a “leer y firmar papeles”. Asimismo expresó: “Yo no sé nada de torturas, lo mío era la expresión cultural”.

Como en otras oportunidades durante el juicio, Crescenzo pretendió hablar de su fascinación por el dibujo, la escultura y el estudio de las ciencias humanísticas. Ayer intentó, además, montar una puesta en escena en la que se mostró emocionado y por momentos sollozando, y siempre yéndose en disgresiones y anécdotas que nada tenían que ver con los hechos, como cuando dijo que en aquella época usaba peluca. Sin embargo, al ser interrogado por la Fiscalía y los abogados querellantes, reconoció que vio “a los chicos”, en referencia a los estudiantes secundarios, que eran “cinco o seis” y estuvieron “menos de una semana”. Añadió que le “dijeron” que “estaban demorados por averiguación de antecedentes”, aunque adujo no recordar quién se lo dijo. Comentó que estaban en el casino de oficiales pero “jamás de los jamases” intervino en esa situación.

Cuando le preguntaron por orden de quién se los “demoró”, contestó que no sabía, pero imaginaba que “venían órdenes de la superioridad” y del “coronel que estaba a cargo”, en referencia al jefe del Batallón de Ingenieros de Combate 121 con asiento en Concepción del Uruguay, teniente coronel Raúl Federico Schirmer. En su relato intentó responsabilizar al subjefe, Alfonso Cevallos, y defender al jefe Jorge Vera, ambos fallecidos; al tiempo que confirmó la coordinación de fuerzas armadas y de seguridad al admitir que Schirmer se reunía habitualmente con Cevallos durante media hora a una hora.

Como su excamarada Julio César Rodríguez, simuló asombrarse cuando le preguntaron por el uso de la picana eléctrica. “Nunca vi una picana”, dijo, al tiempo que señaló que no creía que se hubiera usado en la Delegación y aseguró: “Yo nunca escuché un grito”. En otro pasaje intentó desacreditar a una de las víctimas que contó cómo fue picaneado en la lengua por una persona. “Es imposible. Si a mí me intentaran hacer lo mismo necesitarían 10 hombres para lograrlo”. La estrategia se le volvió en contra cuando el querellante Guillermo Mulet le pidió que explicara cómo sabía “la técnica para picanear a una persona”. Respondió que no conocía ninguna técnica y retornó al camino de las digresiones.

Crescenzo también buscó despegarse de Rodríguez y del prófugo Darío Mazzaferri, quienes eran los principales torturadores. Dijo que no tenía contacto con ellos y aportó que se desempeñaban en la oficina técnica de la planta alta, lugar señalado por las víctimas como sala de torturas.

“Yo no presencié en forma directa ningún ajusticiamiento”, dijo este expolicía de 85 años. “Si alguien se mandó alguna macana fue por orden superior”, añadió. En medio de su divagación, fue suficientemente hábil como para negar haber leído algún filósofo existencialista –“yo leía a Cicerón y Aristóteles”, dijo– para no convalidar la declaración de Román, y para mencionar que las camas que había en la delegación eran “de madera”, y así no avalar el relato de víctimas y testigos sobre las sesiones de torturas en elásticos metálicos convertidos en “parrillas”.

 

Testigo directo
La declaración testimonial de Oscar Aníbal Iriarte aportó datos precisos sobre la represión ilegal en Gualeguaychú. Él hacía el servicio militar obligatorio en 1976 y pudo tomar contacto por accidente con Jorge Felguer, uno de los detenidos alojados en el Escuadrón del Ejército de la localidad, y avisar a la familia de que se encontraba allí. Entre los soldados se comentaba que había presos civiles en las habitaciones donde dormían los suboficiales –cosa que confirmó al ver a Felguer– y que eran sacados de noche y llevados a un lugar donde antiguamente funcionaba una granja, dentro del mismo predio castrense, para ser torturados.

También precisó que participó de operativos enmarcados en la alegada “lucha contra la subversión” a cargo de quien era su jefe inmediato, el imputado Santiago Carlos Héctor Kelly del Moral. Además de participar de un allanamiento en un campo en busca de “terroristas” que nunca encontraron y de constantes “controles de ruta”, le tocó presenciar un traslado de detenidos que al evocarlo ayer no pudo evitar quebrarse emocionalmente. Iriarte relató que una mañana lo llevaron al aeroclub de Gualeguaychú y le ordenaron apostarse a 20 metros de la cola de un avión Hércules que estaba en la pista. Mientras estaba allí escuchó a dos penitenciarios federales que comentaban las “brutalidades” que ejercían sobre los presos políticos. Luego vio llegar un colectivo, que podría ser el del Escuadrón, del que bajaron entre 20 y 30 personas. “Los bajaron a trompadas y patadas. Esos pobres presos no tocaban el suelo. Ni a los animales se los trata así. Los subieron al avión y los encadenaron al piso, en medio de lamentos y gritos de dolor”, expresó. Allí se comentaba que eran presos que trasladaban a Coronda. Él realizó esa custodia junto a otros cinco o seis soldados y su jefe Kelly del Moral.

El exconscripto mencionó al imputado Juan Miguel Valentino, jefe del Escuadrón, como uno de los responsables. También al subjefe Gustavo Martínez Zuviría, a quien calificó de “un tipo muy despreciable y sádico”. Para ilustrar esos calificativos relató: “Un soldado tuvo un accidente en una rodilla y Martínez Zuviría le gritaba que era un invento para salvarse de la conscripción y lo agarró a patadas en la rodilla. Por eso lamento que hoy esté muerto”.

 

Recuerdos de un sobreviviente
Luis Ricardo Pico Silva brindó ayer una emotiva testimonial durante la cual confirmó que compartió cautiverio en el centro clandestino de detención de Comunicaciones del Ejército, en Paraná, con una víctima de la causa Harguindeguy: Carlos Martínez Paiva. Silva dijo que lo vio “destrozado” por las torturas que había recibido en la Policía Federal de Concepción del Uruguay y “cadavérico”. También vio allí a Victorio Coco Erbetta: como declaró en la causa Área Paraná, dijo que una noche lo llevaron a hablar con monseñor Adolfo Tortolo, quien le dio cigarrillos que Erbetta al regresar compartió con los secuestrados. Más tarde, de madrugada, por los agujeros del calabozo vio pasar un cadáver tapado con una sábana ensangrentada. Enseguida imaginó que era el cuerpo de Coco, que nunca más apareció.

Silva fue detenido en el club La Vencedora de Gualeguaychú, la noche del 12 de agosto de 1976, por parte de dos policías de la ciudad. Lo llevaron a la Jefatura Departamental de Policía y al día siguiente lo trasladaron a Paraná. Previo paso por la Dirección de Investigaciones que funcionaba en calle Buenos Aires frente a la plaza Alvear, lo dejaron en Comunicaciones. Los policías gualeguaychuenses que lo llevaron se ligaron una fuerte reprimenda de parte del militar que los recibió, porque lo habían llevado sin capucha y sin esposas. A Silva lo “azotó contra la pared” y le gatilló el arma en la cabeza. Durante su declaración, dio cuenta del “infierno” que vivió en ese CCD hasta que fue trasladado la cárcel de Paraná. Desde la unidad penal también lo sacaban encapuchado para torturarlo. Luego recorrió otras cárceles del país hasta que fue liberado días antes de la guerra de Malvinas.

También recordó a los desaparecidos de Gualeguaychú con quienes compartía la militancia de aquellos años, en el peronismo y en Acción Católica. Así mencionó a Norma Noni González, Oscar Alfredo Ruso Dezorzi, Blanca Angerosa y Enrique Guastavino.