El expresidente de la Sociedad Rural de Concordia no pudo  justificar los motivos por los que en 1984 firmó cartas defendiendo el  accionar del imputado Dasso durante la dictadura.

En la jornada de hoy del juicio de la Causa Harguindeguy declararon tres testigos de la defensa. El primero fue Eduardo Martín Caminal, quien durante la época de la dictadura se desempeñaba como presidente de la Sociedad Rural de Concordia (SRC).

Caminal fue convocado a declarar por haber sido uno de los firmantes de cartas que en 1984 fueron elevadas al Ministerio de Defensa,  y a la Comisión de Acuerdo del Senado. En dichas misivas, los firmantes detacaban el rol de el ahora imputado Naldo Miguel Dasso como Jefe del Regimiento de Concordia y avalaban su ascenso a general.

Según su declaración, conoció a Dasso en 1975, cuando fue designado como Jefe del Área 225 de la Capital del citrus. Señaló que, por su función en la SRC, fue convocado por el imputado en varias oportunidades, para participar de reuniones institucionales.

En este sentido, destacó que en otoño de 1977 fue convocado por el jefe del Regimiento, junto a otras instituciones como la Diósecis de Concordia y el Centro Industrial de esa ciudad, con el fin de implementar un “plan de acción cívica”.

Al respecto, Caminal dijo que esto consistió en la reparación de escuelas de la zona. Señaló que las obras se desarrollaron hasta noviembre o diciembre de ese año, cuando Dasso fue trasladado.

A su turno, la parte querellante y la fiscalía le leyeron algunos párrafos de las cartas que Caminal firmó, dando manifiesto apoyo a Dasso, ya que se había cuestionado su ascenso al rango de general, debido a las acusasiones que sobre él recaían por haber sido activo partícipe de delitos de lesa humanidad durante la dictadura civico militar.

En uno de esos párrafos, la misiva manifestaba que las acusaciones contra Dasso se basaban en “primarios sentimientos de revanchas personales”, pero el testigo no pudo decir quiénes eran los interesado en “tomar revancha”. Asimismo, quiso justificar su rúbrica sosteniendo que el imputado “había tenido una actuación correcta en la comunidad”, teniendo en cuenta que “en ese momento se vivía una situación difícil. Era un hombre moderado”.

Cuando se le preguntó si tenía conocimiento sobre detenciones ilegales ordenadas por Dasso, dijo no saber nada. Pero admitió que a comienzos de la dictadura, en un medio concordiense se publicó un listado de detenidos por orden del Ejército, entre los que mencionó a dos comerciantes conocidos.

Caminal señaló que la carta le fue enviada en 1984 por personal del Regimiento de Concordia, cuando el ya no presidía la SRC, y le solicitaron que la firme. En la misiva se decía que las acusaciones contra Dasso no tenían un aval jurídico, y que sólo se basaban en denuncias publicadas por los medios. Se le imputaban actitudes sobre distintos hechos delictivos. Pero, por otra parte, tuvo que reconocer que no conocía a Dasso más que a nivel institucional.

Luego se produjeron las declaraciones de Roberto Julio Ildarraz, consignatoario de hacienda, y Heriberto María Pezzarini, docente, exconcejal y exfuncionario de la Municipalidad. Iladarraz fue también firmante de la carta de aval a Dasso y en su testimonio ratificó los conceptos favorables al represor que expresaba la misiva. Pezzarini, por su parte, confirmó que sugirió a Estela Solaga –hermana del desaparecido Julio Solaga y docente del colegio que él dirigía– que se dirigiera al Ejército para averiguar por el destino de su hermano.

Luciana Actis/De la Redacción de UNO

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