Declaró un militante del Partido Comunista, víctima de torturas.
La jornada se inició con el testimonio de Ramón Antonio Benitez, quien en la década del 70 militaba en el Partido Comunista. Contó que fue detenido en 1977 y torturado durante un mes en la Policía Federal de Concepción del Uruguay. También relató que, en el servicio militar en Córdoba, enseñaban a los conscriptos a «apretar y torturar guerrilleros«.
Se desarrolló en el Tribunal Oral Federal de Paraná la decimonovena audiencia en el marco de la Causa Harguindeguy y otros, por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia durante la última dictadura militar.
La jornada se inició con el testimonio de Ramón Antonio Benitez, quien en la década del 70 militaba en el Partido Comunista de Concepción del Uruguay.
Benitez relató que fue citado por la Policía de la Provincia en 1977, por lo que se presentó en la comisaria de suburbio desde donde lo trasladaron al Ejército y, desde allí, a la Departamental de Policía de la Provincia, para finalmente terminar en la Policía Federal, el 27 de de septiembre de 1977, donde estuvo un mes detenido y recibió torturas.
Según palabras del testigo “vivió un infierno”. Escuchaba gritos y alaridos de otros detenidos sometidos a torturas. A él le propinaron golpizas y una patada recibida en la espalda le dejó “la columna reventada” y hasta el día de hoy tiene secuelas.
El testigo no pudo identificar a quienes lo torturaron ya que le ponían una capucha o le tapaban la cabeza con una manta pero pudo ver los borceguíes por lo que piensa que eran efectivos del Ejército Argentino.
Luego de un mes, al liberarlo, lo llevaron al regimiento de Concepción del Uruguay donde dos militares a los que identificó con los apellidos Delpierri y Palacios, le tiraron su libreta de enrolamiento al piso para que la recogiera y le advirtieron que quedaba en «libertad vigilada».
En Córdoba
Benitez aportó otro dato significativo. Señaló que cuando estuvo bajo bandera en Córdoba, entre 1974 y 1975, la instrucción militar recibida incluía instrucciones de “cómo apretar y torturar a guerrilleros”.
Testigos de la Defensa
Tras el testimonio de Benitez declararon dos testigos propuestos por la Defensa.
Roberto Schlotahuer, conscripto en el regimiento de Gualeguaychú en 1976, relató que fue destinado como chofer de Juan Miguel Valentino, por entonces jefe del escuadrón. A quien describió propinante de “buen trato”.
Tras un cuarto intermedio declaró José Antonio Sanromán, quien vivía en calle San Martín 581, frente a la sede de la Policía Federal en Concepción del Uruguay. En su testimonio negó haber escuchado gritos ni visto ingresar móviles con gente encapuchada.
Sanromán vivió allí hasta el año 1976 pero no recuerda hasta qué fecha, por lo que no se pudo establecer si estaba en el lugar al momento de los hechos denunciados.
En la jornada de ayer jueves prestaron declaración Luis Ricardo Pico Silva, Mauricio Ramón Cabral, vecino de la familia Angerosa y Oscar Aníbal Iriarte. Además pidió declarar el imputado Francisco Crescenzo, quien habló respecto de las acusaciones que pesan en su contra.
11 May
Exmilitares admitieron que hubo procedimientos ilegales
Testigos que declararon en la causa Harguindeguy confirmaron la presencia de detenidos civiles en el Regimiento de Gualeguaychú y los allanamientos sin órdenes judiciales durante la dictadura.
Alfredo Hoffman
De la Redacción de UNO
Dos exmilitares y un exconscripto se sumaron ayer a los testigos que confirman la existencia de personas privadas ilegalmente de su libertad en el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada II de Gualeguaychú durante la última dictadura cívico-militar. Los dos primeros supieron de esa situación por haber estado en contacto con los presos políticos, y el exsoldado la conoció más que nada por comentarios. En los relatos no quedaron dudas de que el jefe de la unidad militar, Juan Miguel Valentino, era quien daba las órdenes con respecto a los detenidos; a la vez que se pudieron escuchar descripciones de algunos operativos realizados con la finalidad alegada de la lucha contra la subversión –eufemismo del terrorismo de Estado– como allanamientos y detenciones sin órdenes judiciales.
El juicio por la causa Harguindeguy, que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, atraviesa por la última etapa de testimonios correspondientes a los crímenes de lesa humanidad cometidos en Concepción del Uruguay, aunque en estos días se tratan hechos que también están relacionados con Gualeguaychú, puesto que allí fueron trasladados desde la Policía Federal de Concepción Hugo Angerosa y Jorge Felguer, víctimas de secuestro y torturas.
Jorge Alberto Toledo, quien en 1976 era sargento ayudante y se desempeñaba como encargado del parque de automotores, relató que en una oportunidad Valentino le dio la orden de ir a esperar a la ruta a un auto que iba desde Paraná con dos personas. Fue en un camión Unimog, cerca de las 2, y vio llegar a un Ford Falcon. Se bajaron cuatro hombres de civil y sacaron a dos del baúl. Los subieron al Unimog y Toledo los llevó hasta el Escuadrón sin pasar por la guardia. Según este relato, los de civil, que a él le parecieron policías, introdujeron a los detenidos en la habitaciones para suboficiales, los encerraron y le entregaron las llaves para que los custodiara. El testigo reconoció a Angerosa, a quien ya conocía, y dijo que el otro era un muchacho que estaba haciendo la conscripción en Villaguay, es decir Felguer.
Toledo aseguró que no pudo verles las caras a los cuatro que venían en el Falcon, a pesar de que dijo que le entregaron las llaves. Se supone que no iban desde Paraná, sino desde Concepción y que podrían ser hombres de la Policía Federal de esa ciudad. Ese suboficial estaba de “servicio de semana” y al día siguiente le dio la comida a Angerosa y luego le recibió un mensaje escrito que le llevó a la familia. Cuando le volvió a tocar estar “de semana” los detenidos ya no estaban.
Amadero Suparo, otro exsuboficial, dijo haber cuidado a detenidos civiles que, según recordó luego de que le leyeran lo que dijo en la instrucción, eran cuatro: Angerosa, Emilio y Jaime Martínez Garbino y uno de los hermanos Ingold. Recordó que a Angerosa lo trajeron en un Unimog, cuando ya estaban alojados los otros, y tenía marcas en las muñecas propias de las esposas. Por eso la primera vez que le llevó comida le tuvo que cortar la carne, porque “no tenía fuerzas” para hacerlo por su cuenta. No vio, llamativamente, ni la venda que tenía en los ojos ni las heridas que se produjeron cuando se la intentó sacar otro guardia, Roberto Jesús Balla.
Mariano Raúl Rossi, un exconscripto, dijo que escuchó por comentarios que allí había detenidos civiles alojados “en los dormitorios del personal de semana”. Mencionó que eran “tres o cuatro personas”. Cuando le señalaron que la instrucción dijo que había visto a 10 personas en esa situación, dijo que lo recordaba “muy vagamente”.
Luego Rossi relató un episodio sucedido una noche: sacaron a todo el personal y los llevaron “detrás de la cuadra”. Allí los hicieron “sentar en ronda” y aplaudir para que no escucharan ni vieran la llegada de un grupo de colectivos, en la oscuridad. Luego hubo rumores de que se trataba de un traslado de presos políticos.
Todos los testigos que declararon ayer recordaron que en una zona alejada, pero dentro del regimiento, funcionaba una granja. Solo Rossi dijo que escuchó comentarios de que ese lugar era utilizado para “interrogatorios” de los detenidos.
Autoridad
Todos también dieron cuenta del constante ingreso a la unidad militar de personal de otras fuerzas de seguridad, sobre todo de la Policía de Entre Ríos, que se dirigían a conversar con las autoridades del Ejército. El testigo Toledo especificó que Valentino, además de ser jefe del Escuadrón, era “jefe de área”, es decir que tenía autoridad sobre las otras dependencias castrenses de la región y sobre la Policía, Gendarmería y Prefectura. Suparo sostuvo que las órdenes respecto de los detenidos las daba el mayor Valentino, el segundo jefe Gustavo Martínez Zuviría o un suboficial mayor de apellido Gallardo.
Amadeo Suparo también relató que vio personalmente a miembros de otras fuerzas que iban a reunirse con los jefes militares. Puntualmente nombró al jefe de la Departamental Gualeguaychú de la Policía de Entre Ríos, Marcelo Pérez, quien es “primo hermano” suyo. Pérez también está imputado en la causa Valentino.
Allanamientos en primera persona
Los exmilitares Toledo y Suparo manifestaron que participaron de allanamientos de domicilios realizados en el marco de la represión ilegal. Toledo fue el que tuvo más protagonismo, según relató. Dijo que realizó una “requisa” en Urdinarrain, en la casa de un hombre de apellido Bustos Fierro, donde tenía la orden de buscar municiones y “panfletos y banderines” identificados con simbología de izquierda, pero no encontraron nada. El jefe del operativo, que se realizó sin orden judicial, era Santiago Kelly del Moral, imputado en la causa Valentino, acumulada a la causa Harguindeguy.
A Bustos Fierro lo subieron a un patrullero, a la esposa a otro y Toledo subió a otro. “A mí me dan un bebé, que lloraba mucho, y vamos a la Jefatura de Policía de Gualeguaychú. Cuando llegamos le pido una mamadera a una mujer que había ahí y le di leche al bebé. Se ve que tenía hambre porque se calló”. En la Policía estaba la esposa de Bustos Fierro, quien le pidió al niño. Dijo que se lo dio y no supo nada más.
Estos procedimientos se suman a otros relatados por los testigos de ayer. El exconscripto Rossi dijo que estaban a cargo de los jefes de secciones o “fuerzas de choque”, que eran Kelly del Moral, Eduardo Luis Federico Anschutz y otro oficial de apellido Cheretti. En su mayoría –dijeron los tres– eran controles de ruta que se hacían casi a diario para identificar personas y se enmarcaban en la alegada “lucha contra la subversión”, sobre la cual Valentino arengaba en forma permanente al dar el saludo a la tropa.
Desaparición de Dezorzi
Jorge Toledo declaró ayer que fue testigo de los momentos posteriores al secuestro de Oscar Alfredo Dezorzi, que se perpetró la madrugada el 10 de agosto de 1976 en la casa de los padres de la víctima, en Gualeguaychú. Toledo contó: “Yo salía de la guardia, entre las 7 y las 8 de la mañana, y apareció una señora con un nenito y dijo que su marido era Dezorzi y lo habían sacado de la casa de noche”. Él le contestó que no sabía nada, que tenía que hablar con Valentino, que justo en ese momento ingresaba al Escuadrón en la camioneta F-100 que tenía a su disposición, a la que llamaban La Guerrillera. Expresó que la mujer habló con el jefe militar, pero que desconoce lo que conversaron.
10 May
Un ex policía evitó involucrar a los imputados, pero dejó dudas.
En la Causa Harguindeguy, un ex oficial de la Federal dio datos inconsistentes sobre las funciones que se realizaban en la Oficina Técnica, y el rol que desempeñaban Rodriguez y Crescenzo. Además, contradijo a los testigos que declararon ayer.
Un testimonio lleno de contradicciones comprometió aún más la supuesta inocencia de los imputados en el juicio por la Causa Harguindeguy.
Godofredo Viale, quien durante la dictadura cívico – militar ejerció el grado de oficial inspector en la Delegación de la Policía Federal en Concepción del Uruguay, declaró ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, pero en su testimonio intentó no involucrar a los imputados.
El testigo comenzó su relato señalando que durante 1976 desempeñaba su labor en la denominada Oficina Técnica; y que luego fue removido de su puesto para pasar a ser encargado de seguridad del edificio.
Cuando se le pidieron que describa el edificio, Viale dijo que el lugar tenía una sola planta, lo cual fue repreguntado por la fiscalía, dado que todos los ex agentes que declararon ayer dijeron que había dos niveles, y que en el piso superior se encontraban la Oficina Técnica y el dormitorio de los oficiales.
Luego, el testigo se desdijo y aclaró que había un segundo piso precario, señalando que allá estaba la oficina en cuestión. Más tarde, dijo que Darío Mazzaferri -actualmente, prófugo de la Justicia- fue designado como titular de la Oficina Técnica en marzo del 76. Luego, dijo que él estuvo a cargo de la oficina hasta fines de abril del 76, lo cual desató una serie de preguntas por parte del Tribunal, que no quedó conforme con las inconsistencias en ese punto.
Además, en un momento dijo que el imputado Julio César Rodriguez trabajó en administración durante el año 1975 y luego fue Técnica. En un momento de la declaración, dijo que mientras él estuvo al frente de esa oficina, tuvo a Rodríguez como subordinado durante casi un año, lo cual se contradice con lo declarado antes ya que, supuestamente, a principios del 76′ fue removido de su puesto.
Por otra parte, negó haber visto en la Delegación a los jóvenes militantes detenidos en julio de 1976, lo cual generó más dudas, dado que todos los ex agentes de policía que declararon ayer, señalaron que los jóvenes estuvieron alojados en una dependencia conocida como el Casino de Oficiales.
“No recuerdo haber visto a ese grupo. Sí ví a varios detenidos de Gualeguaychú que estuvieron dos días en el hall. Recuerdo a un doctor de apellido Urdapilleta, una chica Chacón, y a un joven Guastavino. Estuvieron detenidos tranistoriamente, no sé por qué motivos”, manifestó.
Interrogado por la fiscalía, Viale dijo que participó en varios procedimientos, pero que diempre lo hizo “en forma legal y usando el uniforme. Fui con órdenes escritas”.
“Una vez fuimos a un domicilio detener a un joven de apellido Morend (una de las víctimas incluídas en la causa), porque tenía que hacerlo comparecer. Había una señora mayor que se llamaba Aurora y era la suegra de uno de los hermanos Morend. Buscamos en la casa, pero no estaba. Lo que si encotramos fue material subversivo, y había un mimeógrafo. Uno de los oficiales que estaba conmigo dijo ‘puta madre, a este gurí yo lo conozco, jugaba con mi hijo. Iba al Colegio Don Bosco’. Entonces yo le dije, ‘bueno, andá y tirá eso (el mimeógrafo) a la basura. Que esto quede entre nosotros”, declaró, y dijo que arrojaron el artefacto a una letrina.
También dijo que lo enviaron a detener a Carlos Martínez Paiva, pero que “no estaba en la casa, así que nos volvimos con resultado negativo”.
Señalo que siempre realizó los operativos en forma legal, en conjunto con oficiales del Ejército. Ante una pregunta de la querella, Viale terminó reconociendo que había oficiales de la policía que iban de civil, pero no especificó nombres. Esto incentivó más la sospecha de que el testigo ocultaba información. Cuando le preguntaron si Rodríguez usaba uniforme, el hombre reconoció que no lo hacía, pero dijo no recordar que el imputado participara en procedimientos.
En cuanto a las funciones de la Oficina Técnica, dijo que, mientras él estuvo allí, se recopilaba información sobre los “acontecimientos que tenían lugar en la ciudad. Eso después se mandaba a la Dirección de Seguridad Interior, y de allí al Ministerio del Interior. Era esa la forma en la que el gobierno conseguía información de primera mano”.
Además, explicó que tras el golpe militar, la Policía Federal dependía de las órdenes del jefe de Área del Ejército, que en ese entonces era el Teniente Coronel Raúl Schirmer, y que este se reunía todas las mañanas y noches con el comisario Vera, jefe de la Delegación de la Federal.
En un momento de su declaración, Viale dijo que él tenía una “actitud floja con los que yo tenía que detener. Si mis jefes en ese momento se enteraban, podrían haberme metido preso, por ocultar evidencia. Además, pedí que no me manden a hacer detenciones, yo no quería hacer eso porque después quería seguir viviendo en Concepción del Uruguay”. Cuando la querella le consultó cómo eran las actitudes “no flojas” que debían tener, el testigo no dio precisiones, pero negó haber presenciado torturas. Y que nunca supo que haya desaparecidos en Concepción del Uruguay.
Luego del testimonio de Viale, fue el turno de Jorge Balerdi, quien prestó el servicio militar obligatorio en el Destacamento de Gualeguaychú.
El testigo reconoció que en ese lugar estuvieron detenidos Hugo Angerosa, Jorge Felguer, uno de los hermanos Martínez Garbino, y uno de los Ingold. “Estuvieron detenidos en las habitaciones del personal de guardia, pero no los pude ver nunca, me enteré después. Sabíamos que había detenidos, pero no teníamos ningún contacto con ellos”.
Además, dijo que jamás participó en operativos “ni en captura de personas. Una sola vez realizamos un procedimiento rastrillo en el norte de la ciudad de Gualeguaychú, con el objetivo de secuestrar armas. Y lo hicimos en forma conjunta con la policía”.
Ante una consulta de la querella, el testigo dijo desconocer si Felguer y Angerosa fueron trasladados del Destacamento. “Sólo creo que a la madrugada los llevaban al baño de tropa, para que hagan sus necesidades. Pero nunca los pude ver”, explicó
Luciana Actis/ De la Redacción de UNO
4 May
Una testigo comprometió a Rodríguez.
La viuda de Carlos Valente relató cómo una patota de la Policía Federal secuestró y torturó a su esposo en 1976. Apuntó a Rodríguez -y a Mazzaferri, hoy prófugo- como autor directo. El acusado pidió la palabra y señaló que la testigo “miente”.
En la octava jornada de testimoniales en el juicio por la Causa Harguindeguy, en la que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en Entre Ríos durante la última dictadura cívico militar, una testigo aportó datos que comprometen seriamente al imputado Julio César Rodríguez -alias El Moscardón Verde-, y lo sitúan como cabecilla de una patota de la Policía Federal de Concepción del Uruguay.
En esta oportunidad, el Tribunal compuesto por Lilia Carnero (presidenta), Noemí Berros y Roberto López Arango, escuchó en primer término a Rosa Catalina Gaitán, viuda de Carlos Valente, militante de la JP secuestrado en julio del 76, en su domicilio de La Histórica.
Gaitán explicó que en abril de ese año, su esposo “sufrió un episodio previo”, relacionado con el hecho: “Yo salía de trabajar a las once de la noche, entonces Carlos me iba a buscar. Una noche, salí y él no estaba en la puerta. Cuando llegué a casa, mi madre me dijo que él había salido a buscarme, entonces me angustié. Pasada la medianoche, apareció en casa muy golpeado, y nos relató que lo habían levantado en la calle, lo metieron en el baúl de un auto y lo llevaron hasta Puente de Fierro -un camino lateral de la ciudad, cerca del basurero municipal-, lo interrogaron, le hicieron un simulacro de fusilamiento, y lo largaron”, señaló, y añadió que dos meses después, cuando su marido fue nuevamente secuestrado, reconoció las voces de Rodríguez y José Darío Mazzaferri, quien hoy se encuentra prófugo de la justicia.
Al día siguiente, acompañó a su marido a la Comisaría de Concepción del Uruguay, para denunciar lo ocurrido en Puente de Fierro. Allí, un policía conocido de su esposo tomó la denuncia, y días después les advertiría que “había averiguado que los que lo levantaron a Carlos eran una patota de la Policía Federal. Nos dijo que nos cuidemos”.
Los hechos.
Según el testimonio de Gaitán, a las 2 de la madrugada del 17 de julio de 1976, personal de la Policía Federal irrumpió violentamente en su casa para realizar un allanamiento y detener a su esposo. “Entraron con armas largas y sin ninguna orden. Dos de ellos estaban de civil, y los otros cuatro, con uniformes de la Federal. En casa vivíamos con mis padres, mi hermana, y mi hijo de un año y medio. Nos trataron muy mal, revisaron los roperos, lo sacaron a mi marido de la cama y se lo llevaron detenido”. Asimismo, precisó que quienes iban vestidos como civiles eran El Moscardón y Mazzaferri.
“Me dijeron que se lo llevaban a la delegación, así que al día siguiente fuimos hasta allá con mi cuñado, Norberto Valente, y nos atendió el jefe, comisario Cevallos. No nos dio muchas explicaciones y nos dijo que a mi marido lo detuvieron porque estaba poniendo en peligro la seguridad nacional. Me dijo que no lo podría ver, porque estaba incomunicado, y que le lleve comida”, relató la testigo.
Días después, cuando fue a llevarle una vianda a su esposo, un agente de apellido Castillo le preguntó a Gaitán si quería ver a su marido. “Me llevó a una sala, allá estaba mi esposo; lo vi dolorido, con la cara amoratada y lloroso. En un momento, me dijo ‘me están destrozando’, entonces el agente Castillo dijo que se terminaba la visita”.
Transcurridos varios días, Gaitán pidió ver a su esposo nuevamente, pero le dijeron que eso era imposible, porque estaba incomunicado. “Eso me dio la pauta de que Castillo había hecho una excepción. Pero esa noche había otro guardia, y me dijo que los jefes querían interrogarme, así que me condujo hasta una sala con sillones, que parecía un living. Allí estaban Rodríguez y Mazzaferri, que me sometieron a un interrogatorio banal. Parecía más un perfil psicológico, que una averiguación de datos, ya que me preguntaban si mi marido era celoso, violento, y cómo era su relación con nuestro hijo”.
Pasado un par de días, Gaitán se enteró que su marido había sido trasladado al Regimiento del Ejército. La mujer se comunicó telefónicamente con el jefe de esa delegación castrense, teniente coronel Raúl Schirmer, pero éste le dijo que a Valente lo habían trasladado a Paraná. “Tomamos el tren con Norma Morend, la esposa de Darío Morend, ya que a su marido lo tenían detenido junto al mío. Llegamos a Paraná y en el Regimiento nos trataron mal, nos dijeron que volvamos a Concepción del Uruguay, y que nos jodamos por casarnos con subversivos”.
Tras regresar a La Histórica, se comunicaron con Schrimer: “Nos dijo que hicimos mal en viajar a Paraná, que era muy peligroso. Que de ahora en más cualquier información sobre nuestros maridos la íbamos a tener de parte él. Y así fue, unos días después, un soldado fue hasta mi casa para informar que a Carlos lo trasladaban a Gualeguaychú. Allí estuvo hasta octubre, después, me llegó una nota del teniente Schrimer, en la que me explicaba que lo iban a llevar a la cárcel de Coronda”.
Gaitán leyó ante el Tribunal esa nota, que conserva hasta el día de hoy, y explicó que Schrimer le dijo que “guarde bien este papel, porque era la garantía de vida de mi esposo. Pero al tiempo, el teniente coronel fue reemplazado, y su reemplazante, de apellido Noé, no tuvo buen trato para con nosotros”.
La mujer se enteraría más tarde que su marido estaba con vida en Coronda, a través de los familiares de otro entrerriano detenido en Coronda, de apellido Ramat. “Recién en enero me dejaron visitarlo en forma indirecta, fue una experiencia horrible, ver a una cola de familiares que iban a averiguar sobre el paradero de sus seres queridos. Había unos 200 presos políticos allá. En ese lugar lo tuvieron a mi marido hasta diciembre de 1977, cuando fue liberado”, recordó.
Con mucha emoción y dificultad, Gaitán describió los tormentos a los que fue sometido su esposo mientras estuvo detenido en Concepción del Uruguay y Paraná, precisando que le aplicaron el “submarino seco” (consistente en colocar una funda plástica en la cabeza del torturado, hasta que su propia respiración lo ahoga), la picana eléctrica, y sesiones de golpes. “Y una vez los sometieron a un simulacro de fusilamiento frente a otros detenidos, que creo que eran militantes de la UES. Tuvo que soportar vejámenes permanentemente. En Coronda también la pasó muy mal”.
La mujer relató que luego de su liberación, su marido no pudo trabajar en relación de dependencia hasta la vuelta de la democracia. “Había conseguido un trabajo como sereno en el Yatch Club de Concepción, pero los socios, cuando se enteraron que estuvo preso por ‘subversivo’, pusieron el grito en el cielo y lo hicieron renunciar. Lo mismo le pasó cuando consiguió trabajo en Lusera, la comisión directiva le pidió la renuncia. Así que tuvo que dedicarse a ser viajante, porque nadie quería contratarlo”.
Finalmente, ante una pregunta puntual del Tribunal, Gaitán consideró que Mazzaferri tenía una conexión más directa con el Ministerio del Interior, en ese entonces, a cargo de Albano Harguindeguy. “Mazzaferri no se movía igual que los otros, él estaba a cargo de la inteligencia en los operativos. Creo que no dependía directamente del subcomisario Cevallos, como los demás agentes, recibía órdenes de más arriba, no sé si directamente de la estructura policial. Creo que habrá estado conectado con el Ministerio del Interior”.
Al concluir la declaración de la testigo, el imputado Rodríguez pidió hacer uso de la palabra. Manifestó que jamás vio una picana en la delegación de la Policía Federal de Concepción del Uruguay. Y señaló que “Gaitán miente”.
Luego declararon dos ex agentes de la Policía Federal, Ernesto Baucero y Julo Chappella, quienes admitieron haber custodiado a los estudiantes secundarios que etuvieron secuestrados en la Delegación Concpeción del Uruguay en julio de 1978, pero dijeron no haber visto los signos de las torturas a las que eran sometidos.
Luciana Actis/ De la Redacción de UNO
2 May
Allanaron los domicilios particulares de Videla, Harguindeguy y Riveros.
La Justicia federal de San Martín allanó la casa del dictador Jorge Rafael Videla; la de su ministro del Interior Albano Harguindeguy y la del exgeneral Omar Santiago Riveros, jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo durante la dictadura. Los procedimientos realizados en completa reserva se hicieron entre el viernes y el sábado y estuvieron a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), dependiente de la ministra de Seguridad Nilda Garré.
La PSA recogió una enorme cantidad de documentación aún no evaluada, en gran parte desconocida. Funcionarios judiciales que intervienen en las causas de lesa humanidad consideraron que el material secuestrado puede ser de mucha utilidad para avanzar en los procesos de memoria, verdad y justicia. Entre otros documentos hay algunos de evaluación política de la Junta Militar como el “Informe de cumplimiento de gestión 1979 y plan de acción 1980”; carpetas que permiten ver cómo la dictadura pensaba extenderse hasta 1984; partes de inteligencia de mayo 1976 donde se “detectan” los movimientos de los principales dirigentes de la Junta de Coordinación Revolucionaria; perspectivas políticas sobre el diseño de la “guerra contra la subversión” y papeles clasificados de “secreto” que incluyen referencias a “prisioneros de Malvinas”. También hay fotos, negativos, casetes, cartas, manuscritos, cajas con archivos de diarios y carpetas con información de 1980 de los que hasta ahora hay muy poca documentación y que se supone pueden contener parte de los preparativos para frenar la Contraofensiva de Montoneros.
Los allanamientos los ordenó la titular del Juzgado Federal Nº 1 de San Martín, Alicia Vence, en el marco de la causa 4012/03 llamada “Riveros, Santiago Omar y otros, sobre privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios”. La jueza, que asumió en diciembre del año pasado, tiene en sus manos los procesos de instrucción de las causas de lesa humanidad más emblemáticas de ese distrito, de las que se desprenden las investigaciones por los secuestros de los obreros de la Ford, Mercedes Benz y los astilleros de la zona norte, en las que Riveros aparece como uno de los principales responsables.
Para llevarlos a cabo, la jueza ordenó “proceder al secuestro de toda la documentación (listados, reglamentos, decretos, órdenes, expedientes, actas, croquis, fotos, recibos, etc.) que de algún modo estén relacionados con los hechos delictivos cometidos durante la última dictadura militar y/o cualquier otro material de interés para esta investigación”.
En ese contexto, la PSA allanó los tres domicilios. En el caso de Videla, en este momento el dictador no vive allí ya que está detenido en la guarnición militar de Campo de Mayo. El departamento está en el quinto piso de un edificio de la avenida Cabildo al 600 en el que hasta ahora se había hecho un solo allanamiento, según reconoció su hijo a los agentes que llevaron adelante el operativo. Entre las imágenes de la casa aparece el cuarto del represor presidido por una enorme cruz en la cabecera de la cama y detalles de lo que al parecer es su despacho. Sobre el borde de uno de los armarios, entre libros en inglés y hasta lo que parece ser el lomo de un libro de Mao, se yergue una serie de aviones, recuerdo macabro en ese contexto de lo que fueron los vuelos de la muerte. Uno de los extremos del escritorio está coronado por el perfil de una Pantera Rosa: una inesperada muestra de ¿humor? del dictador, ya que hace referencia a una de las maneras en que se lo denominaba mientras ejerció la presidencia.
Entre la recopilación de los documentos secuestrados de su casa aparecen esbozos de lo que podría ser el comienzo de la escritura de un libro: “Recuerdos de una gestión de gobierno”, como dice una de las carpetas. Hay referencias más llamativas: una que concitó la atención de uno de los fiscales que trabaja en las causas es un croquis escrito a mano de lo que parece ser la idea de un programa del Proceso de Reorganización Nacional (PRN). En él se ve el dibujo de una línea de tiempo que arranca en 1970 y una descripción donde alcanza a leerse “Diferenciar: Mas allá de cierta simultaneidad: 1) campo militar (GUERRA) 2) campo político (PRN)”. También encontraron otro documento integrado por “78 hojas escritas a máquina y en manuscrito en cuya primera hoja dice: ‘Buenos Aires 16-1-76’”, es decir, un documento escrito antes del golpe, que a la luz de las últimas declaraciones de Videla podrían dar pistas sobre listas de nombres de las futuras víctimas o de las personas a las que pensaban impedir que hagan acciones contra el régimen.
Los materiales hallados en los procedimientos en las casas de Harguindeguy y de Riveros también parecen importantes. De la lectura de los documentos de Harguindeguy –actualmente es juzgado por el Tribunal Oral Federal de Paraná– se colige que era el brazo político del gabinete: eso estaría indicando el llamado “Informe de cumplimiento de gestión 1979 y el plan de acción 1980”, cuyo interés estaría en que no sólo contendría un programa político militar a futuro sino los resultados y, por lo tanto, datos del año concluido. Otra de las señales que refuerzan esa interpretación es una carpeta titulada: “Secreto. Pautas de la Junta Militar al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) para el ejercicio de la acción de gobierno 1981-1984”. Pero son los datos de 1980 los que a uno de los fiscales de las causas le parecen más llamativos: podrían aportar información sobre la ofensiva militar desatada a partir de la captura a los militantes de Montoneros que habían reingresado al país en la llamada Contraofensiva. En el caso de Riveros, unos de los datos más llamativos son los documentos que acopió sobre Malvinas y el llamado “Caso Grosby”.
La captura de material confirma la certeza que tienen desde hace años los organismos de derechos humanos que vienen reclamando los allanamientos a las casas de los represores, convencidos de que aún hay material relevante en sus manos. En los últimos meses, el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo Alan Iud volvió a solicitarlos a raíz de un allanamiento a la casa de los apropiadores de Catalina de Sanctis Ovando, en el que se encontró una carta de la mujer del represor con una referencia a la intervención del Movimiento Familiar Cristiano en la legalización de la tenencia de la niña.
Las razones de los pedidos de allanamientos a estas tres casas aún no se conocen pero es posible, de acuerdo a lo afirmado por uno de los investigadores, que se hayan ordenado a partir de las declaraciones del dictador Videla en el último libro de Ceferino Reato. En un diálogo con Harguindeguy reproducido en el libro, el represor da cuenta de la existencia de algunos de estos papeles. Harguindeguy le dice a Reato: “Mi problema como ministro del Interior eran los de-saparecidos; era el problema más grande que tenía, después estaban las grandes obras energéticas, algunas peleítas entre provincias”.
Harguindeguy cuenta que había hecho sus listas. Cuando Reato le preguntó qué pasó con esas listas, el ex ministro dice que “todo eso fue quemado por orden de Bignone”. Pero confiesa que “yo me había traído acá una carpeta chiquitita que tiene quince cartas, quince notas”, con contestaciones importantes de los gobernadores, de algún embajador, del propio presidente y demás. “Después no tengo ninguna otra cosa. Tengo sí un recibo que le di a (Jacobo) Timerman.” Pero Reato volvió a preguntarle: ¿Y lo que tiene acá es importante? “Y sí –dice el represor–, pero no es de actualidad.”
Para quienes intervienen en los procesos ahora se abre una nueva inquietud: la necesidad de que estos documentos circulen. En ese sentido, Félix Crous, uno de los fiscales de las causas, indica que “sólo sabremos la importancia de la documentación secuestrada en los allanamientos cuando pueda estudiarse detalladamente. Por el grado que ostentaron los tres en el Ejército es imprescindible que tengan acceso a ella los jueces y fiscales que intervienen en todos los juicios por delitos de lesa humanidad. Una buena idea para compartir esa información es que la jueza Alicia Vence la envíe mediante la Unidad de Coordinación de Causas de Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación, que dirige el fiscal general Jorge Auat. Si queda afectada solo a la causa de San Martín se afectaría su potencialidad como prueba”.
El archivo de Videla
El croquis hecho a mano, con una línea de tiempo que empieza en 1970 y detalles de lo que llama “campo militar”, “guerra” y “campo político”, es uno de los elementos que se encontraron en el allanamiento al departamento del dictador Jorge Rafael Videla y que despertó mayor interés entre los que investigan las causas de lesa humanidad. Otras piezas que a simple vista parecen importantes incluyen 78 hojas con la inscripción a máquina y en manuscrito en cuya primera hoja se lee “Buenos Aires 16 de enero de 1976” y otra es un sobre cerrado que parece una carta dirigida a “BR General D Santiago O. Riveros”, firmada por “JR Videla”. Otros elementos dan cuenta de lo que podría ser la escritura de un libro, propio o de otro. Hay hojas anilladas con el título “Recuerdos (de) una gestión de gobierno”, una hoja cuadriculada con un índice y descripción de capítulos, 21 fojas con inscripción en manuscrito como “Indice”, seis fojas sueltas tituladas “Charlas en la cárcel (con Videla) y una foto de un edificio”. También hay varias hojas de tamaño oficio tipeadas a máquina de escribir e inscripciones en manuscrito.
En su departamento, además, se encontraron:
– 10 libros titulados “mensajes presidenciales”.
– Una cartilla titulada “con el poder destructor de la mentira”.
– Una carpeta con una inscripción de una conferencia de prensa.
– La hoja con el croquis cuya inscripción dice: “1 Objetivo, 2 Alcance”.
– Nueve fotocopias en cuya primera hoja se lee: “Carpeta N1”.
– Una carpeta con dos negativos.
– Una carta membretada: “Jorge Rafael Videla”.
– Una carpeta con la inscripción “Región diario de Asturias”.
– Una carpeta en cuya primera hoja dice: “epílogo”.
– Una fotocopia de declaración del TTE. GRAL. D. Jorge Rafael Videla.
– Varios casettes. Un video en VHS dice: “Testimonios de una época”. Los casettes son de marca Audua TDK C90, TDK AKBA 1063 y AKBA 9111. Uno de marca Panasonic dice “Llegada” y otro “Revolución nacional 23-3-1976”, el día antes del golpe. Luego hay un videocasette de ATC Canal 7 numerado con el indicador de 0046.
– También hay dos cuadernos con espiral.
Riveros
El ex general Omar Riveros fue condenado el año pasado a prisión perpetua por los crímenes al ex diputado Diego Muniz Barreto y al militante Gastón Gonçalves. En este momento está a las puertas de una nueva condena en el juicio por el plan sistemático de robo de bebés. El fiscal Martín Niklison acaba de pedirle treinta años de prisión por su intervención en la apropiación de Pablo Casariego Tato y de Francisco Madariaga Quintela. Además de esas causas, Riveros enfrenta una enormidad de procesos en San Martín por su responsabilidad en secuestros, tormentos y homicidios de obreros de las fábricas Ford, Mercedes-Benz y de varios astilleros.
En el allanamiento a su departamento se encontraron documentos aparentemente importantes para esos procesos. Uno de los más sintomáticos a ojos de quienes trabajan en estas causas es una caja plástica con una leyenda que dice “Proceso de reorganización nacional: manuales, reglamentos, acciones grupos subversivos”. Otra de las características de los documentos que estaban en su poder es que varios dan cuenta de Malvinas, un interés que podría abrirse a partir de sus funciones como jefe de Institutos Militares. Entre esos documentos hay uno cuyo título de momento es crítico y dice: “Islas Malvinas prisionero secreto”. Otra carpeta es la que se llama: “las Malvinas Profesor Alex Perira Formoso”. Y otra: “Islas Malvinas Circulares”.
El listado de documentos encontrados incluye además:
– Una caja con inscripción “fotos año 1975-6-7-8”, con 63 recortes de periódicos de los años 1976 a 1983.
– Una caja con 97 recortes de diferentes periódicos del mismo período, 35 fotos color blanco y negro y una carpeta de cartulina con la leyenda manuscrita Comando de Institutos Militares Actas-Decretos-Leyes.
– Una agenda con un escudo en el frente que dice: Ejército Argentino Promoción 74, un dato que para los que saben no se trata del año 1974 sino del número de promoción. En esa línea, la agenda podría tener datos sobre nombres de compañeros y civiles que estuvieron cerca.
– Una carpeta de cartulina con la leyenda de “asunción al cargo de subdirector general de fabricaciones militares”.
– Una carpeta llamada “Reuniones Sociales”.
– Una carpeta con la inscripción “Beagle”.
– Otra carpeta con una inscripción en la tapa que dice “Embajada de la República Argentina”. Luego hay otra con el título: “Caso Crosby” y una llamada “Caso P”. también hay una sobre un enigmático nombre: “Tribunal de Honor Juan Domingo Perón”. Otra llamada “Denuncia Anónima”.
Los papeles de Harguindeguy
Uno de los datos que surgen de las imágenes de la casa del ex ministro del Interior Albano Harguindeguy es su afición por la caza, que en años idos practicó con José Alfredo Martínez de Hoz. El dato político más relevante del allanamiento a su vivienda surge de los papeles que dan cuenta del lugar estratégico que ocupó como hombre político del gabinete de la dictadura. Así se entiende de una primera mirada general sobre los títulos de los documentos encontrados en una quinta en, paradoja del destino, la calle Eva Perón, de Los Polvorines. De los tres allanamientos es quizás el caso que permite mayores inferencias a partir de la lectura de catálogos que parecen bastante elocuentes. Entre esos:
– Una carpeta “Informe cumplimiento de gestión 1979 y Plan de Acción 1980”.
– Una carpeta llamada “Secreto Pautas de la Junta Militar al P.E.N. (Poder Ejecutivo Nacional) para ejercicio de la acción de gobierno 1981-1984”.
– Una carpeta con Partes de Inteligencia.
– El libro “Bases políticas de las Fuerzas Armadas para el proceso de reorganización nacional 1979”.
– El libro Documentos básicos del proceso de reorganización nacional de 1979.
– Una carpeta “Bases políticas del Ejército para el Proceso de Reorganización Nacional”.
– Una carpeta “Exposición de SE del señor ministro del Interior 09-Mar-77”.
– Una carpeta llamada “Directiva 1/77 – Directiva 2/77 – Directiva 3/77”, importantes porque alguna de esas directivas aún es desconocida.
– Una carpeta sin título que en su primera hoja dice: “Entrevista con el señor gobernador de Córdoba”.
– Una carpeta “Primeras bases para la propuesta de unión nacional”.
– Una carpeta “Exposición del señor ministro del Interior ante el gabinete nacional, 17 de marzo de 1978”.
– Una carpeta “Orientación del comandante en jefe del ejército año 1980”.
– Una carpeta “Ministerio del Interior Plan de Acción de Gobierno 1979”.
– Una carpeta “Pautas de la Junta Militar al Poder Ejecutivo Nacional”.
– Tres revistas Estrella Roja del ERP, números 22, 27 y 29.
Fuente: Alejandra Dandan/Página 12
29 Abr
La angustia de los familiares quedó reflejada ayer en el juicio.
En la causa Harguindeguy declararon parientes de víctimas de secuestros y torturas en Concepción del Uruguay. Denunciaron robo de pertenencias durante allanamientos ilegales.
Alfredo Hoffman De la Redacción de UNO
Tres mujeres declararon ayer en la continuidad del juicio por delitos de lesa humanidad en la costa del río Uruguay que se desarrolla ante el tribunal Oral Federal de Paraná.
Las tres son familiares cercanas de dos víctimas de secuestros y torturas que permanecieron detenidos en la delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal Argentina en 1976 y contaron en sus testimonios otra dimensión del terrorismo de Estado: la de la angustia que debían atravesar las familias ante la incertidumbre por el destino de sus seres queridos. Además, durante la jornada uno de los testigos relató que la patota que allanó ilegalmente su domicilio robó dinero y otras pertenencias.
Josefina Ester Grenz era en aquel año la esposa de Carlos Atilio Martínez Paiva –hoy están divorciados– y tenían dos hijos de 3 y 4 cuatro años. Una noche de julio de 1976, estando ella sola con los chicos en la casa, integrantes de fuerzas de seguridad ingresaron violentamente y la encañonaron con un arma. A los niños los despertaron, los llevaron a la cocina y no los dejaban moverse de allí. Ella, que permanecía en el living amenazada, no podía verlos y temía por lo que pudieran hacerles.
Secuestro y robo El operativo duró más de una hora, según pudo recordar Josefina en la audiencia. Cuando el grupo de tareas se retiró pudo corroborar que le faltaba ropa de su marido, que acostumbraba a vestirse bien, y una importante suma de dinero que la pareja estaba ahorrando para comprar un auto pequeño. Carlos no llegó a la casa: lo esperaron a dos cuadras, en la esquina de la comisaría primera, y lo apresaron cuando bajó del colectivo de la Línea 2. Este empleado municipal fue conducido a la Policía Federal y sometido a salvajes torturas. De allí lo iban a trasladar al centro clandestino de detención Comunicaciones del Ejército, en Paraná; más tarde a la cárcel de Gualeguaychú y finalmente a la de Coronda.
Josefina, sin dinero, internó a sus hijos en un jardín maternal durante casi todo el día y consiguió empleo en una tintorería, donde todavía trabaja. Aquellos días vivía angustiada, estaba sola, iba por la calle “con el corazón en la boca” y temía que le quitaran los chicos o les hicieran algo. Cuando le preguntaban les decía: “Papá viajó”. Averiguando llegó a la Federal, donde admitieron que su marido estaba detenido allí, pero no la dejaron verlo. Recién lo pudo visitar en la Unidad Penal de Gualeguaychú, después de muchos meses. Lo notó muy mal psicológicamente, no le quiso contar mucho, pero ella se dio cuenta por la forma de hablar. No era el mismo.
Aquella joven oriunda de Santa Anita, en la zona rural del Departamento Uruguay, recién pudo empezar a superar el miedo cuando Carlos salió en libertad. Pero de todos modos lo siguieron persiguiendo y en 1980 volvieron a allanar la casa, le secuestraron una biblioteca completa y lo llevaron otra vez detenido. Esa vez fue una patota de la Policía de Entre Ríos. Martínez Paiva dijo durante su declaración en el juicio el 19 de abril que uno de los integrantes de ese grupo era Félix Orlando Cabrera, del entorno del ministro de Educación José Eduardo Lauritto. En esa oportunidad estuvo alrededor de dos semanas detenido en el Regimiento, sin causa.
La familia Felguer Marta Élida y María Graciela Felguer son hermanas de Jorge Orlando Felguer, quien fue detenido en el regimiento de Villaguay mientras hacía el servicio militar y permaneció secuestrado en la Policía Federal de Concepción del Uruguay, donde también fue sometido a torturas de todo tipo, para luego ser trasladado al regimiento de Gualeguaychú. Ambas declararon ayer. Marta contó que estaba viviendo en Buenos Aires cuando un grupo de tareas allanó sin orden judicial la casa de sus padres en Gualeguaychú, en busca de Jorge.
Durante un tiempo estuvieron sin saber su paradero, hasta que por un soldado conocido supieron que estaba en el Ejército de la ciudad del sur entrerriano. Junto a su marido, que acababa de retirarse de la Marina, viajaron rápidamente, se presentaron en el predio castrense y lograron ser atendidos por el mayor Juan Miguel Valentino, hoy imputado en la causa, quien reconoció que lo tenía detenido allí pero no les permitió verlo. Marta le imploró llorando, quería asegurarse de que estuviera bien, de que estuviera vivo. Pero Valentino los hizo retirar del lugar. Ayer ella recordó “la soberbia” con que el militar manejó aquella conversación.
Cuando el joven pudo recuperar la libertad, la familia fue testigo de su paranoia permanente. “Sentía que lo estaban siguiendo para matarlo”, recordó la hermana. Estuvo moviéndose de un lugar a otro para que no lo encontraran. Además de las secuelas físicas y psicológicas, Marta Felguer recordó que aquella situación produjo un “deterioro vincular” en la familia.
Operativo comando Finalmente declaró María Graciela Felguer, quien estaba en la casa cuando se produjo aquella violenta irrupción del grupo de tareas y pudo relatarla: “Eran muchos militares que entraron por los techos, por las ventanas, por todos lados. Nos empujaron y amenazaron”. Dijo que estaban uniformados, que parecían militares pero no está segura de qué fuerza eran. Sí recordó claramente que no hubo orden judicial. La familia tampoco supo nunca porqué detuvieron a Jorge. “En esa época cualquiera caía porque sí, nada más”, recordó María Graciela.
28 Abr
Declararon familiares de detenidos y torturados en Concepción.
En la sexta jornada de testimoniales aportaron su relato tres familiares de dos de las víctimas de detención y tortura en la Policía Federal de Concepción del Uruguay, durante la última dictadura cívico-militar.
Hoy se desarrolló la sexta jornada de testimonios por la Causa Harguindeguy. En la oportunidad declararon tres familiares de dos de las víctimas de detención y tortura en la Policía Federal de Concepción del Uruguay, durante la última dictadura cívico-militar.
En primer término prestó testimonio Josefina Ester Grenz, exesposa de Carlos Atilio Martínez Paiva, cuya casa fue allanda una noche de julio de 1976. “Me dieron vuelta la casa”, afirmó Grenz quien en ese momento estaba sola con sus dos hijos de 3 y 4 años de edad.
La mujer aseguró que, luego del allanamiento –que fue muy violento y duró aproximadamente una hora– le faltó ropa de su marido y una importante suma de dinero que la pareja tenía ahorrado para comprarse un auto. Esa misma noche esperaron y apresaron a Martínez Paiva, a dos cuadras de su casa, cuando bajaba de un colectivo de la línea 2.
En los días posteriores, y luego de averiguaciones, la familia llegó a la Policía Federal donde le dijeron que su marido estaba detenido allí pero incomunicado. En ese punto la mujer refirió que pudo verlo varios meses después, en la carcel de Gualeguaychú. Lo vio muy mal psíquicamente, se dio cuenta «por su forma de hablar».
En la continuidad de su relato Greiz contó las situaciones angustiosas que le tocaron vivir debido a la mala posición económica en la que quedó junto a sus pequeños hijos. Ella no tenía trabajo y le habían robado el dinero que tenía ahorrado. Tuvo que salir a buscar trabajo y vivia con temor de que le quitaran a sus niños o «le hicieran algo» a ella.
Luego siguió el testimnio de Marta Élida Felguer, hermana de Jorge Orlando Felguer. Un día, en 1976, sus familiares de Gualeguaychú la llamaron a Buenos Aires, donde ella residía, para avisarle que habían allanado la casa de sus padres buscando a su hermano.
La irrupción fue violenta y no faltaron golpes y amenazas, según su relato. Jorge Felguer se encontraba cumpliendo el servicio militar en Villaguay y luego de ese allanamiento fue detenido y llevado a la Policía Federal de Concepción del Uruguay, donde estuvo detenido y fue torturado.
Semanas después del violento allanamiento se enteraron, por un soldado del regimiento de Gualguaychú, que Jorge había sido trasladado allí. Marta fue con su marido a verlo y pudo hablar con el mayor Juan Miguel Valentino, quien le confirmó que su hermano estaba allí pero se encontraba incomunicado.
Tras su testimonio declaró María Graciela Felguer, hermana de Marta y Jorge, quien hizo un relato similar pero como testigo presencial, ya que estaba en la casa en el momento de la irrupción de las fuerzas de seguridad.
27 Abr
Buscan demostrar la injerencia del ex-represor en la provincia.
En base a las declaraciones de cuatro ex-miembros de la comisión directiva del Sindicato de Luz y Fuerza de La Histórica, la querella busca demostrar que el Ministerio del Interior -a cargo del represor- fue responsable de la intervención del gremio. Hoy, Jorge Aldaz confirmó que el sindicato fue intervenido «por el proceso».
En la quinta jornada de declaraciones testimoniales del juicio por la Causa Harguindeguy, brindó su testimonio el exgremialista Jorge Guillermo Aldaz quien, al momento del golpe cívico militar de 1976, se desempeñaba como secretario de actas del Sindicato de Luz y Fuerza de Concepción del Uruguay. En su manifestación, recordó que poco después de ser detenido ilegalmente junto a otros sindicalistas, el gremio fue intervenido por el gobierno de facto, lo cual podría comprometer al entonces ministro de Interior, Albano Harguindeguy.
Cabe destacar que en este tramo de la megacausa, están imputados Harguindeguy, Julio César Rodríguez, Francisco Crescenzo, y Juan Miguel Valentino, privación ilegítima de la libertad y tormentos.
El testimonio de hoy se sumó a los de Carlos Julián Cáceres, Carlos María Urquiza, y Héctor Raúl Respaud, otros integrantes de la comisión directiva de Luz y Fuerza que, junto con Aldaz, fueron detenidos por Gendarmería Nacional, y luego alojados en la Unidad Penal Nº4, bajo supervisión del Ejército.
Cabe señalar que para hoy también estaba convocado Juan Eduardo Cassaretto, quien se excusó de comparecer, ya que padece problemas de salud.
En su testimonio ante el Tribunal, Aldaz señaló que fue detenido en la puerta de su domicilio, sito en calle Perú 219, de Concepción del Uruguay: “Estaba mi señora en cama y yo estaba con licencia. Llegó Gendarmería y no me dejó moverme de la puerta, ni siquiera para ir a buscar mis documentos. Por suerte estaba un cuñado mío que me lo alcanzó”.
Con respecto a la fecha, el testigo dijo que fue una mañana de junio de 1976, pero la presidenta del Tribunal, Lilia Carnero, le recordó que en su declaración durante la etapa de instrucción había señalado que la detención se produjo en mayo, lo cual se condecía con los datos aportados por los testigos que ayer declararon.
Además, Aldaz manifestó que nunca le explicaron los motivos de su detención. “Me llevaron a Gendarmería, donde estuve dos días. Después, del Ejército nos trasladaron en un micro hasta la UP 4, donde quedamos detenidos varios días”, dijo, y añadió que “en Gendarmería nos quisieron hacer decir que éramos rojos, comunistas”.
Consultado por la Fiscalía acerca de quiénes lo acompañaban en su reclusión, el testigo mencionó -haciendo un gran esfuerzo para recordar- a Héctor Raul Respaud, Eduardo Casaretto, César Rubén Arrigo, Carlos Julián Cáceres y Carlos María Urquiza.
Continuando con su relato, Aldaz señaló que el día que ingresó a la UP 4 vio a otros detenidos, que estaban esposados con alambres, pero que eran asistidos por un abogado. En referencia a esto expresó que “allí vi cosas que preferiría no recordar”, pero no dio más detalles.
Al igual que sus excompañeros gremialistas, dijo que no sufrieron malos tratos mientras estuvieron detenidos, y señaló que no recibió visitas, “porque estuvimos incomunicados durante 15 días”.
El testigo dijo que días antes de su liberación, fue llevado al Ejército, donde tomó contacto con el teniente coronel Schirmer. “Me llevaron a declarar, yo estaba vestido con mi ropa de trabajo. Le señalé a Schirmer las siglas que tenía en mi camisa, AyE (Agua y Energía), y le pregunté si entendía dónde trabajaba yo. ‘AyE significan amor y esperanza en la patria’, le dije. Pero no me contestó”, dijo.
Consultado por la presidenta del Tribunal acerca de una reunión que la comisión directiva del gremio habría tenido un día antes de la detención, Aldaz negó que tal encuentro haya tenido lugar, pero luego recordó lo que había señalado en la etapa de Instrucción, y añadió que habían difundido un comunicado “en el que denunciábamos que nos querían quitar los servicios de la obra social; eso fue a poco tiempo del golpe de Estado”.
Asimismo, señaló que el sindicato fue intervenido “por el Proceso”. Estas palabras podrían beneficiar a la querella, que busca demostrar que Albano Harguindeguy -uno de los imputados-, quien estaba a cargo del Ministerio del Interior del gobierno de facto, habría sido el responsable de ordenar la intervención del gremio.
Finalmente, señaló que fue el ingeniero Guillermo Zanet -en ese entonces, jefe de Distrito de Agua y Energía- quien los denunció por su actividad gremial. Si bien no dio precisiones sobre cómo lo supo, esto de condice con lo expuesto ayer por Respaud, quien también conjeturó que fue Zanet quien los denunció.
26 Abr
Más testigos apuntaron al «Moscardón Verde» Rodríguez como autor de torturas.
En el tercer día de testimoniales, Hugo Angerosa y Jorge Felguer dieron sus versiones de los hechos de los que fueron víctimas en 1976, a manos de la Policía Federal de Concepción del Uruguay. El tercer testigo, José Peluffo, podría ser investigado por falso testimonio.
Se desarrolló la tercera jornada de testimoniales en el juicio por la Causa Harguindeguy, en la que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Concordia durante la última dictadura militar.
Hoy declararon tres testigos, en el marco de la Causa Nº 1.960/10, en la que están procesados los imputados en juicio: Albano Harguindeguy, Francisco Crescenzo, Julio César Rodríguez, y Juan Miguel Valentino, quienes actualmente se hallan cumpliendo prisión domiciliaria por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Concepción del Uruguay.
El primero en declarar fue Hugo Emilio Angerosa, quien fue secuestrado y torturado en 1976, y hermano de dos desaparecidos, Daniel y Blanca Angerosa.
Ante el Tribunal integrado por Lilia Carnero (presidenta), Roberto López Arango, y Noemí Berros, el testigo relató los acontecimientos previos a su detención ilegal. Hugo, que en 1976 contaba con 24 años de edad, era comerciante en la ciudad de Gualeguaychú y vivía con sus padres y hermanos.
“Yo llevaba una vida normal, me dedicaba a mi negocio. Un par de años antes, había prestado servicio obligatorio en el Ejército. La noche del 18 de febrero de 1976, me encontraba cenando, cuando llaman a la puerta, y mi madre me avisa que era la Policía. Abrimos y entró (Julio César) Rodríguez, vestido de civil, acompañado por suboficiales del Ejército. Revisaron toda la casa, con un total atropello, andaban por los techos, nos revisaron hasta la heladera. Yo conocía a algunos de los suboficiales que estaban en el allanamiento, porque poco tiempo antes habían sido compañeros míos en el Ejército. Cuando preguntamos a qué se debía todo eso, nos muestran una orden de allanamiento contra mi hermano Daniel”, señaló.
Daniel Angerosa tenía 25 años, se había recibido de médico en Córdoba y militaba en el Movimiento Villero Peronista y la JP. Estaba casado y tenía un hijo de cuatro meses. Hacía poco había vuelto a Gualeguaychú, para radicarse en su casa paterna con su esposa y el bebé. Fue secuestrado el 17 de febrero de 1976, en la ciudad de Santa Fe, adonde había viajado para hacer una especialización en Gastroenterología.
“La esposa de mi hermano se encontraba allí en ese momento, y le dijeron que su marido estaba detenido en Santa Fe. Después tipearon y nos dieron un informe sin firma, en el que dejaban sentado que el allanamiento había sido negativo. No sé qué buscaban, porque en casa jamás hubo armas. Llamamos a la casa de una prima nuestra, que vivía en Santa Fe, y a cuya casa había ido a parar mi hermano mientras hacía los trámites para inscribirse en la especialización. Ella nos dijo que él había almorzado con ella, que durmió una siesta, después salió y no volvió. Entonces fuimos a preguntar al Regimiento de Gualeguaychú, donde nos atendió el jefe, (Juan Miguel) Valentino, y el subjefe, (Gustavo) Martínez Zuviría, quienes nos confirmaron que mi hermano estaba detenido en Santa Fe. Así que al día siguiente viajamos a Santa Fe con mi madre; fuimos a la Jefatura de la Policía, al Senado -porque en aquella época todavía Isabel Martínez era presidenta- y al Segundo Cuerpo del Ejército, pero nos dijeron que no estaba allí y que no había orden de detención”, explicó.
Después de hacer gestiones sin ningún resultado en la provincia vecina, Angerosa y su madre regresaron a Gualeguaychú, donde volvieron a entrevistarse con Valentino, quien esta vez les negó haberles informado que Daniel estaba detenido en Santa Fe: “Valentino se enojó mucho cuando le pedí que entonces me haga una carta con un membrete del Ejército, en donde diga que se hace cargo del allanamiento de mi casa”
Tiempo después, una noche de septiembre de 1976, personal del Ejército golpea nuevamente a la puerta de la familia Angerosa, esta vez se llevan detenido a Hugo, bajo una orden librada por el cuerpo castrense. “Me subieron a un Torino y me llevaron al Regimiento. Me dejaron en una habitación, allí me acosté y al día siguiente me trajeron el desayuno. Un suboficial amigo mío, de apellido Ríos, venía a visitarme y me dijo que me iban a hacer una averiguación de antecedentes, pero que dentro de unos días me iban a trasladar”, relató.
Días después, a altas horas de la noche, el Moscardón Verde Rodríguez irrumpió en la sala donde estaba detenido Angerosa, y sin darle tiempo a nada, le vendó los ojos, lo esposó y lo introdujo en un Falcon. “Me pusieron en el piso del auto. Uno de los que acompañaban a Rodríguez me dijo ‘cantá, o vas a desaparecer como el hijo de puta de tu hermano montonero’. Me acusaban de ser el segundo al mando de Montoneros, que hacía poco habían tomado un Regimiento en Formosa. Yo les dije que nunca había estado en esa provincia, entonces me pegaron un cachetazo”, recordó.
Según el relato del testigo, el viaje en auto duró poco más de una hora. Al llegar a destino, lo hicieron descender del auto y lo llevaron a una habitación. “Menos mal que me había acostado vestido, porque no me dieron tiempo a nada, ni siquiera a ponerme un pulover. Hacía mucho frío y yo tenía nada más que una camisa”, señaló y luego añadió que en el baúl del Falcon traían a otra persona.
“Poco después, supe que era (Jorge) Felguer, a quien llamaban El Ruso. Esa misma madrugada, a él comienzan a torturarlo salvajemente, yo escuchaba cómo lo picaneaban y lo golpeaban. Después me agarraron a mí, me picanearon y me preguntaban por los hermanos Martínez Garbino, por Aldo Bachetti, y por otras personas que yo conocía, pero con las que no tenía mucha relación. A Felguer y a mí nos tuvieron como 3 o 4 días sin comer ni tomar agua, sin abrigo, sin dejarnos dormir. Yo perdí la noción del tiempo, ya no sabía si era de día o de noche, porque estuve todo el tiempo vendado”, precisó, y dijo que supo que estaba en Concepción del Uruguay porque “cerca se escuchaban ruidos de oficina, en un momento sonó el télefono y atendieron diciendo ‘Policía Federal de Concepción del Uruguay’”.
Algunos días más tarde, sus torturadores les dijeron que sabían que no eran subversivos, y que los iba a liberar, pero que no denunciaran lo que había ocurrido, “sino íbamos a ser boleta”.
“Me metieron nuevamente en el Falcon, y a mitad de camino, me hacen subir a la parte trasera de un camión. Después llegamos nuevamente al Regimiento del Ejército de Gualeguaychú, y me dejan en la misma habitación en la que estaba antes. Me tuvieron que sacar la venda con nafta, porque estaba muy pegada. Al otro día me hicieron bañar, afeitarme y me dieron de comer. Después vino a revisarme un médico, Juan Antonio Zaccaría, que me dijo que no tenía marcas en el cuerpo, pero que estaba muy deteriorado. Allí me dejaron detenido varios días más, me daban de comer y me hacían bañar todos los días”, contó Angerosa.
El 11 de octubre, el suboficial Pascual lo buscó y lo trasladó a su casa. El testigo señaló que luego de ser liberado tuvo que hacer tratamiento psicológico durante varios años, y que perdió muchos clientes, porque todos creían que “andaba en algo raro”. El momento más conmocionante de su declaración, fue cuando se refirió a sus hermanos: “Por suerte, yo hoy estoy acá y la puedo contar. Pero mis hermanos están desaparecidos. Y a mi hermana Blanquita la tenían en El Vesubio, estaba embarazada y le robaron el bebé. Solamente espero que se haga justicia”.
Después de declarar, el testigo reconoció a Rodríguez y a Valentino.
Luego de un cuarto intermedio, fue el turno de Jorge Felguer, quien también prestó declaración. El segundo testigo tenía 21 años cuando fue detenido en Villaguay, donde hacía el servicio militar obligatorio en el Ejército.
Felguer fue militante en la UES durante la secundaria y había sido víctima de persecusiones políticas. Días previos a su detención, su casa había sido allanada. A mediados de septiembre de 1976, personal del Ejército lo subió a una ambulancia en el Regimiento de Villaguay, le vendaron los ojos y luego lo introdujeron en el baúl de un Falcon.
Lo trasladaron a Concepción del Uruguay, donde fue sometido a fuertes torturas en la Policía Federal -tal como lo había relatado Angerosa. Al cabo de unos días, lo trasladaron al Regimiento de Gualeguaychú, y más tarde lo llevaron a Concordia, donde lo dejaron en libertad, tras dos meses de detención. En esa localidad, terminó de prestar el servicio militar obligatorio y una vez pudo ver al dragoneante Jorge Emilio Papetti, que actualmente se encuentra desparecido.
En su declaración, señaló que nunca antes había podido hablar de lo ocurrido. “Espero que mi testimonio sirva para los argentinos porque estas cosas no pueden volver a pasar, y para las nuevas camadas de militares, para que entiendan que la impunidad no es eterna. Ellos fueron idiotas útiles, al servicio de gente que hoy no está siendo juzgada”, concluyó. El testigo no reconoció a ninguno de los imputados, ya que estuvo vendado todo el tiempo que estuvo en Concepción del Uruguay y no pudo ver a sus torturadores en ningún momento.
Posible falso testimonio
Tras la declaración de Felguer, llegó el turno de José Peluffo, quien habría incurrido en contradicciones o habría faltado a la verdad, según se indicó desde la querella. Fue por eso que el abogado Rubén Pagliotto solicitó que se envíe copia de su declaración a la Fiscalía Federal en turno, a fin de que se proceda en consecuencia ante lo que consideró el «flagrante delito de falso testimonio».
Peluffo estuvo detenido junto a los estudiantes secundarios de Concepción del Uruguay secuestrados en julio de 1976, pero a diferencia del resto dijo no haber visto a los imputados Crescenzo y Rodrìguez. Tampoco dijo haber visto ni conocer a los cautivos que dijeron haberlo visto a él, excepto a dos.
Este testigo ingresó al año siguiente, en 1977, a las filas de la Policía de Entre Ríos, de la que se retiró quince años después.
20 Abr
Los testimonios comprometen más a los acusados.
En la novena jornada de las audiencias de debate declaró Juan Carlos Rodríguez, cuyo testimonio coincidió con los datos aportados por los testigos que prestaron declaración ayer. Apuntó a Rodríguez y Mazzaferri como ejecutores de las torturas. Otra víctima, Martínez Paiva, declaró a puertas cerradas
Se desarrolló la segunda jornada de las audiencias de debate del juicio por la Causa Harguindeguy, en la que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Concordia y Paraná durante la última dictadura militar.
Hoy fue el turno de tres testigos-víctimas pertenecientes a la Causa Nº 1.960/10, en la que están procesados los imputados en juicio: Albano Harguindeguy, Francisco Crescenzo, Julio César Rodríguez, y Juan Miguel Valentino, quienes actualmente se hallan cumpliendo prisión domiciliaria por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Concepción del Uruguay.
El primero en declarar fue Juan Carlos Rodríguez, militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), quien fue detenido y torturado por personal de la Policía Federal, en julio de 1976.
Antes, el Tribunal integrado por Lilia Carnero (presidenta), Roberto López Arango, y Noemí Berros, hizo lugar al pedido de la defensa para que Crescenzo abandonara la sala, ya que “no se sentía en condiciones de estar presente durante la audiencia”.
Luego, se procedió a convocar a Rodríguez, quien relató los hechos acontecidos en aquella época, cuando contaba con 17 años de edad y cursaba el 5° año en la Escuela Normal de Concepción del Uruguay.
“Yo militaba en la UES, teníamos muchas expectativas políticas, por la vuelta de Perón. Yo militaba en el Luche y Vuelve. Así conocí a Roque Minatta, presidente del centro de estudiantes de la Normal. Desde allí, además de actividades que hacían a lo estrictamente estudiantil, también participábamos en política fuera de la escuela. Recuerdo que había una materia llamada Estudios de la Realidad Social Argentina (ERSA), que incorporaba el debate político dentro del ámbito estudiantil. Cuando llegó el golpe de Estado, ya no se podía tener actividad política dentro del claustro estudiantil”, explicó, a modo de introducción.
Rodríguez señaló que el centro de estudiantes estaba relacionado con la JP, quienes los incentivaban en su formación política y les daban libros sobre la temática. Cuando la dictadura cívico militar tomó el poder por asalto, ambas agrupaciones realizaron panfletos criticando al gobierno de facto. Para Rodríguez, “ese fue el detonante para que nos detuvieran, ya que era evidente que nos venían haciendo una inteligencia previa”.
Rodríguez fue detenido en la noche del 19 de julio de 1976, en su casa, luego de haber participado de una reunión con sus compañeros de militancia. De acuerdo con su relato, José Pedro Peluffo, que militaba con él en la UES y que había estado en la reunión realizada minutos antes, llamó a la puerta de su casa.
“Yo había llegado con hambre, y le pedí a mi madre que me prepare la cena. En eso, José Peluffo llama a mi puerta y me pide que salga a la calle. Yo lo invito a pasar, porque justo estaba por comer. Pero él me insistía en que salga, entonces lo hice. Allí me encuentro con que a cada lado de él estaban (Julio César) Rodríguez y Mazzaferri, que me apuntan con un arma en la cabeza y nos obligan a subirnos a un Dodge 1500 negro. Ahí nos empezaron a golpear y a preguntarnos dónde estaba el mimeógrafo con el que habíamos hecho los panfletos”, relató.
El testigo declaró que los condujeron hasta la delegación de la Policía Federal y los dejaron en una “sala amplia”. Luego, cerca de las 3 de la madrugada, sus captores volvieron: “Creo que ya habían terminado con sus tareas, estaban deteniendo a otras peronas. Entonces vinieron a donde me habían dejado, y empezaron a darme golpes de puño y patadas, querían que les diga dónde estaba el mimeógrafo. Después me llevaron a un calabozo y me dejaron. Cerca del amanecer, escucho gritos desgarradores que venían del baño, que estaba frente al calabozo. Me asomé por una ventanita y vi que le estaban aplicando la picana a Carlos Martínez Paiva. Entonces, un policía vino y tapó la ventana con una toalla. Me dijo ‘quedate tranquilo, que después seguís vos’”.
Más tarde, interrogado por la querella, el testigo señaló que ese policía sería Parche Rodríguez, quien fue mencionado por otros testigos en las testimoniales de ayer. Asimismo, señaló que el torturador actualmente trabaja como personal de vigilancia en una concecionaria de autos de La Histórica.
Contiinuando con su relato, Juan Carlos Rodríguez precisó que el martes a la tarde lo llevaron al Casino de Oficiales, donde encontró a otros detenidos -Román, Maffei, Peluffo, Valente, Baldunciel, Zenit y Romero-, todos sentados en sillas y mirando hacia la pared. Asimismo, señaló que los llamaban de a uno para interrogarlos y golpearlos, con una frecuenia de 4 o 5 veces al día. “Eso fue hasta el jueves, después se fueron calmando”.
Rodríguez señaló que su madre supo de su detención al día siguiente. “Esa noche, ella vio que me había ido y que había dejado el DNI sobre el televisor, por lo cual se quedó preocupada. Al día siguiente, fue a la Policía provincial para ver si me tenían detenido allí, pero le respondieron que no. Más tarde, mientras hacía compras en una panadería, escuchóa unos vecinos que comentaban que en la Policía Federal tenían detenidos a unos subversivos de la Escuela Normal. Entonces se dirigió hacia allá, y le confirmaron que yo estaba allí, pero no le dijeron los motivos”.
Rodríguez hizo referencia al episodio que tuvo lugar el jueves posterior a su detención cuando, junto a Román, los sacaron a un patio de la delegación en horas de la noche. “Se había desatado una tormenta, hacía frío. Y nos hicieron sacarnos la ropa. Estuvimos ahí aproximadamente media hora”.
Al lunes siguiente, un policía les alcanzó una afeitadora y les dijo que se bañen, porque iban a haber “novedades”. “El martes, nos convocaron a una reunión con el teniente coronel Raúl Federico Schirmer, donde estaban nuestros padres. A cada uno nos hicieron sentar detrás de nuestra madre o padre. Schrimer empezó a sermonear sobre nuestras mentes vírgenes. Luego dijo que nos iban a poner bajo una libertad vigilada, es decir, que ya no podíamos mantener contacto entre nosotros”.
Luego de recuperar su libertad, Rodríguez continuó viviendo un tiempo en Concepción, pero vivía bajo un permanente estado de miedo, “porque me encontraba a esa gente (los torturadores) en la calle. Una mañana me desperté, y vi qe el Falcon de Rodríguez estaba estacionado frente a mi casa, y me invadió el terror. Después de un rato, me di cuenta de que la cosa no era conmigo, sino que vigilaban a alguien más. Al otro día me enteré que había desaparecido un vecino. Entonces fui hasta la casa de su madre y le dije quiénes eran los que se lo habían llevado. Ella fue hasta la Policía Federal, y le reconocieron que ellos lo habían detenido, pero que estaban cooperando con la Policía de Rosario, ya que ese chico erstudiaba Medicina allá.”
Al igual que los testigos de la jornada de ayer, Rodríguez señaló que no lo dejaban dormir, y que comían lo poco que les llevaban sus familiares.
Por otra parte, manifestó dudas sobre su compañero detenido, José Peluffo. “Cada vez que nos interrogaban, él decía que cantemos, así se terminaba todo rápido. Pero la verdad era que nosotros no sabíamos nada del mimeógrafo. Años después, yo tuve un careo con él, que dijo que el no estuvo presente la noche de mi detención, lo negó todo. Y, algo que llama la atención, es que en 1977 ingresó a la Policía, después de haber estado detenido por supuestas actividades subversivas”.
Tras las declaraciones de Rodríguez, fue el turno de Alberto Baldunciel, quien también reconoció a Julio César El Moscardón Rodríguez. Sus relatos coinidieron con los de Rodríguez, pero afirmó que fue golpeado sólo en una oportunidad.
Por último declaró Carlos Atilio Martínez Paiva, quien pidió prestar testimonio sin público en la sala.
19 Abr
