provinciales
Allanaron los domicilios particulares de Videla, Harguindeguy y Riveros.
La Justicia federal de San Martín allanó la casa del dictador Jorge Rafael Videla; la de su ministro del Interior Albano Harguindeguy y la del exgeneral Omar Santiago Riveros, jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo durante la dictadura. Los procedimientos realizados en completa reserva se hicieron entre el viernes y el sábado y estuvieron a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), dependiente de la ministra de Seguridad Nilda Garré.
La PSA recogió una enorme cantidad de documentación aún no evaluada, en gran parte desconocida. Funcionarios judiciales que intervienen en las causas de lesa humanidad consideraron que el material secuestrado puede ser de mucha utilidad para avanzar en los procesos de memoria, verdad y justicia. Entre otros documentos hay algunos de evaluación política de la Junta Militar como el “Informe de cumplimiento de gestión 1979 y plan de acción 1980”; carpetas que permiten ver cómo la dictadura pensaba extenderse hasta 1984; partes de inteligencia de mayo 1976 donde se “detectan” los movimientos de los principales dirigentes de la Junta de Coordinación Revolucionaria; perspectivas políticas sobre el diseño de la “guerra contra la subversión” y papeles clasificados de “secreto” que incluyen referencias a “prisioneros de Malvinas”. También hay fotos, negativos, casetes, cartas, manuscritos, cajas con archivos de diarios y carpetas con información de 1980 de los que hasta ahora hay muy poca documentación y que se supone pueden contener parte de los preparativos para frenar la Contraofensiva de Montoneros.
Los allanamientos los ordenó la titular del Juzgado Federal Nº 1 de San Martín, Alicia Vence, en el marco de la causa 4012/03 llamada “Riveros, Santiago Omar y otros, sobre privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios”. La jueza, que asumió en diciembre del año pasado, tiene en sus manos los procesos de instrucción de las causas de lesa humanidad más emblemáticas de ese distrito, de las que se desprenden las investigaciones por los secuestros de los obreros de la Ford, Mercedes Benz y los astilleros de la zona norte, en las que Riveros aparece como uno de los principales responsables.
Para llevarlos a cabo, la jueza ordenó “proceder al secuestro de toda la documentación (listados, reglamentos, decretos, órdenes, expedientes, actas, croquis, fotos, recibos, etc.) que de algún modo estén relacionados con los hechos delictivos cometidos durante la última dictadura militar y/o cualquier otro material de interés para esta investigación”.
En ese contexto, la PSA allanó los tres domicilios. En el caso de Videla, en este momento el dictador no vive allí ya que está detenido en la guarnición militar de Campo de Mayo. El departamento está en el quinto piso de un edificio de la avenida Cabildo al 600 en el que hasta ahora se había hecho un solo allanamiento, según reconoció su hijo a los agentes que llevaron adelante el operativo. Entre las imágenes de la casa aparece el cuarto del represor presidido por una enorme cruz en la cabecera de la cama y detalles de lo que al parecer es su despacho. Sobre el borde de uno de los armarios, entre libros en inglés y hasta lo que parece ser el lomo de un libro de Mao, se yergue una serie de aviones, recuerdo macabro en ese contexto de lo que fueron los vuelos de la muerte. Uno de los extremos del escritorio está coronado por el perfil de una Pantera Rosa: una inesperada muestra de ¿humor? del dictador, ya que hace referencia a una de las maneras en que se lo denominaba mientras ejerció la presidencia.
Entre la recopilación de los documentos secuestrados de su casa aparecen esbozos de lo que podría ser el comienzo de la escritura de un libro: “Recuerdos de una gestión de gobierno”, como dice una de las carpetas. Hay referencias más llamativas: una que concitó la atención de uno de los fiscales que trabaja en las causas es un croquis escrito a mano de lo que parece ser la idea de un programa del Proceso de Reorganización Nacional (PRN). En él se ve el dibujo de una línea de tiempo que arranca en 1970 y una descripción donde alcanza a leerse “Diferenciar: Mas allá de cierta simultaneidad: 1) campo militar (GUERRA) 2) campo político (PRN)”. También encontraron otro documento integrado por “78 hojas escritas a máquina y en manuscrito en cuya primera hoja dice: ‘Buenos Aires 16-1-76’”, es decir, un documento escrito antes del golpe, que a la luz de las últimas declaraciones de Videla podrían dar pistas sobre listas de nombres de las futuras víctimas o de las personas a las que pensaban impedir que hagan acciones contra el régimen.
Los materiales hallados en los procedimientos en las casas de Harguindeguy y de Riveros también parecen importantes. De la lectura de los documentos de Harguindeguy –actualmente es juzgado por el Tribunal Oral Federal de Paraná– se colige que era el brazo político del gabinete: eso estaría indicando el llamado “Informe de cumplimiento de gestión 1979 y el plan de acción 1980”, cuyo interés estaría en que no sólo contendría un programa político militar a futuro sino los resultados y, por lo tanto, datos del año concluido. Otra de las señales que refuerzan esa interpretación es una carpeta titulada: “Secreto. Pautas de la Junta Militar al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) para el ejercicio de la acción de gobierno 1981-1984”. Pero son los datos de 1980 los que a uno de los fiscales de las causas le parecen más llamativos: podrían aportar información sobre la ofensiva militar desatada a partir de la captura a los militantes de Montoneros que habían reingresado al país en la llamada Contraofensiva. En el caso de Riveros, unos de los datos más llamativos son los documentos que acopió sobre Malvinas y el llamado “Caso Grosby”.
La captura de material confirma la certeza que tienen desde hace años los organismos de derechos humanos que vienen reclamando los allanamientos a las casas de los represores, convencidos de que aún hay material relevante en sus manos. En los últimos meses, el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo Alan Iud volvió a solicitarlos a raíz de un allanamiento a la casa de los apropiadores de Catalina de Sanctis Ovando, en el que se encontró una carta de la mujer del represor con una referencia a la intervención del Movimiento Familiar Cristiano en la legalización de la tenencia de la niña.
Las razones de los pedidos de allanamientos a estas tres casas aún no se conocen pero es posible, de acuerdo a lo afirmado por uno de los investigadores, que se hayan ordenado a partir de las declaraciones del dictador Videla en el último libro de Ceferino Reato. En un diálogo con Harguindeguy reproducido en el libro, el represor da cuenta de la existencia de algunos de estos papeles. Harguindeguy le dice a Reato: “Mi problema como ministro del Interior eran los de-saparecidos; era el problema más grande que tenía, después estaban las grandes obras energéticas, algunas peleítas entre provincias”.
Harguindeguy cuenta que había hecho sus listas. Cuando Reato le preguntó qué pasó con esas listas, el ex ministro dice que “todo eso fue quemado por orden de Bignone”. Pero confiesa que “yo me había traído acá una carpeta chiquitita que tiene quince cartas, quince notas”, con contestaciones importantes de los gobernadores, de algún embajador, del propio presidente y demás. “Después no tengo ninguna otra cosa. Tengo sí un recibo que le di a (Jacobo) Timerman.” Pero Reato volvió a preguntarle: ¿Y lo que tiene acá es importante? “Y sí –dice el represor–, pero no es de actualidad.”
Para quienes intervienen en los procesos ahora se abre una nueva inquietud: la necesidad de que estos documentos circulen. En ese sentido, Félix Crous, uno de los fiscales de las causas, indica que “sólo sabremos la importancia de la documentación secuestrada en los allanamientos cuando pueda estudiarse detalladamente. Por el grado que ostentaron los tres en el Ejército es imprescindible que tengan acceso a ella los jueces y fiscales que intervienen en todos los juicios por delitos de lesa humanidad. Una buena idea para compartir esa información es que la jueza Alicia Vence la envíe mediante la Unidad de Coordinación de Causas de Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación, que dirige el fiscal general Jorge Auat. Si queda afectada solo a la causa de San Martín se afectaría su potencialidad como prueba”.
El archivo de Videla
El croquis hecho a mano, con una línea de tiempo que empieza en 1970 y detalles de lo que llama “campo militar”, “guerra” y “campo político”, es uno de los elementos que se encontraron en el allanamiento al departamento del dictador Jorge Rafael Videla y que despertó mayor interés entre los que investigan las causas de lesa humanidad. Otras piezas que a simple vista parecen importantes incluyen 78 hojas con la inscripción a máquina y en manuscrito en cuya primera hoja se lee “Buenos Aires 16 de enero de 1976” y otra es un sobre cerrado que parece una carta dirigida a “BR General D Santiago O. Riveros”, firmada por “JR Videla”. Otros elementos dan cuenta de lo que podría ser la escritura de un libro, propio o de otro. Hay hojas anilladas con el título “Recuerdos (de) una gestión de gobierno”, una hoja cuadriculada con un índice y descripción de capítulos, 21 fojas con inscripción en manuscrito como “Indice”, seis fojas sueltas tituladas “Charlas en la cárcel (con Videla) y una foto de un edificio”. También hay varias hojas de tamaño oficio tipeadas a máquina de escribir e inscripciones en manuscrito.
En su departamento, además, se encontraron:
– 10 libros titulados “mensajes presidenciales”.
– Una cartilla titulada “con el poder destructor de la mentira”.
– Una carpeta con una inscripción de una conferencia de prensa.
– La hoja con el croquis cuya inscripción dice: “1 Objetivo, 2 Alcance”.
– Nueve fotocopias en cuya primera hoja se lee: “Carpeta N1”.
– Una carpeta con dos negativos.
– Una carta membretada: “Jorge Rafael Videla”.
– Una carpeta con la inscripción “Región diario de Asturias”.
– Una carpeta en cuya primera hoja dice: “epílogo”.
– Una fotocopia de declaración del TTE. GRAL. D. Jorge Rafael Videla.
– Varios casettes. Un video en VHS dice: “Testimonios de una época”. Los casettes son de marca Audua TDK C90, TDK AKBA 1063 y AKBA 9111. Uno de marca Panasonic dice “Llegada” y otro “Revolución nacional 23-3-1976”, el día antes del golpe. Luego hay un videocasette de ATC Canal 7 numerado con el indicador de 0046.
– También hay dos cuadernos con espiral.
Riveros
El ex general Omar Riveros fue condenado el año pasado a prisión perpetua por los crímenes al ex diputado Diego Muniz Barreto y al militante Gastón Gonçalves. En este momento está a las puertas de una nueva condena en el juicio por el plan sistemático de robo de bebés. El fiscal Martín Niklison acaba de pedirle treinta años de prisión por su intervención en la apropiación de Pablo Casariego Tato y de Francisco Madariaga Quintela. Además de esas causas, Riveros enfrenta una enormidad de procesos en San Martín por su responsabilidad en secuestros, tormentos y homicidios de obreros de las fábricas Ford, Mercedes-Benz y de varios astilleros.
En el allanamiento a su departamento se encontraron documentos aparentemente importantes para esos procesos. Uno de los más sintomáticos a ojos de quienes trabajan en estas causas es una caja plástica con una leyenda que dice “Proceso de reorganización nacional: manuales, reglamentos, acciones grupos subversivos”. Otra de las características de los documentos que estaban en su poder es que varios dan cuenta de Malvinas, un interés que podría abrirse a partir de sus funciones como jefe de Institutos Militares. Entre esos documentos hay uno cuyo título de momento es crítico y dice: “Islas Malvinas prisionero secreto”. Otra carpeta es la que se llama: “las Malvinas Profesor Alex Perira Formoso”. Y otra: “Islas Malvinas Circulares”.
El listado de documentos encontrados incluye además:
– Una caja con inscripción “fotos año 1975-6-7-8”, con 63 recortes de periódicos de los años 1976 a 1983.
– Una caja con 97 recortes de diferentes periódicos del mismo período, 35 fotos color blanco y negro y una carpeta de cartulina con la leyenda manuscrita Comando de Institutos Militares Actas-Decretos-Leyes.
– Una agenda con un escudo en el frente que dice: Ejército Argentino Promoción 74, un dato que para los que saben no se trata del año 1974 sino del número de promoción. En esa línea, la agenda podría tener datos sobre nombres de compañeros y civiles que estuvieron cerca.
– Una carpeta de cartulina con la leyenda de “asunción al cargo de subdirector general de fabricaciones militares”.
– Una carpeta llamada “Reuniones Sociales”.
– Una carpeta con la inscripción “Beagle”.
– Otra carpeta con una inscripción en la tapa que dice “Embajada de la República Argentina”. Luego hay otra con el título: “Caso Crosby” y una llamada “Caso P”. también hay una sobre un enigmático nombre: “Tribunal de Honor Juan Domingo Perón”. Otra llamada “Denuncia Anónima”.
Los papeles de Harguindeguy
Uno de los datos que surgen de las imágenes de la casa del ex ministro del Interior Albano Harguindeguy es su afición por la caza, que en años idos practicó con José Alfredo Martínez de Hoz. El dato político más relevante del allanamiento a su vivienda surge de los papeles que dan cuenta del lugar estratégico que ocupó como hombre político del gabinete de la dictadura. Así se entiende de una primera mirada general sobre los títulos de los documentos encontrados en una quinta en, paradoja del destino, la calle Eva Perón, de Los Polvorines. De los tres allanamientos es quizás el caso que permite mayores inferencias a partir de la lectura de catálogos que parecen bastante elocuentes. Entre esos:
– Una carpeta “Informe cumplimiento de gestión 1979 y Plan de Acción 1980”.
– Una carpeta llamada “Secreto Pautas de la Junta Militar al P.E.N. (Poder Ejecutivo Nacional) para ejercicio de la acción de gobierno 1981-1984”.
– Una carpeta con Partes de Inteligencia.
– El libro “Bases políticas de las Fuerzas Armadas para el proceso de reorganización nacional 1979”.
– El libro Documentos básicos del proceso de reorganización nacional de 1979.
– Una carpeta “Bases políticas del Ejército para el Proceso de Reorganización Nacional”.
– Una carpeta “Exposición de SE del señor ministro del Interior 09-Mar-77”.
– Una carpeta llamada “Directiva 1/77 – Directiva 2/77 – Directiva 3/77”, importantes porque alguna de esas directivas aún es desconocida.
– Una carpeta sin título que en su primera hoja dice: “Entrevista con el señor gobernador de Córdoba”.
– Una carpeta “Primeras bases para la propuesta de unión nacional”.
– Una carpeta “Exposición del señor ministro del Interior ante el gabinete nacional, 17 de marzo de 1978”.
– Una carpeta “Orientación del comandante en jefe del ejército año 1980”.
– Una carpeta “Ministerio del Interior Plan de Acción de Gobierno 1979”.
– Una carpeta “Pautas de la Junta Militar al Poder Ejecutivo Nacional”.
– Tres revistas Estrella Roja del ERP, números 22, 27 y 29.
Fuente: Alejandra Dandan/Página 12
29 Abr
La angustia de los familiares quedó reflejada ayer en el juicio.
En la causa Harguindeguy declararon parientes de víctimas de secuestros y torturas en Concepción del Uruguay. Denunciaron robo de pertenencias durante allanamientos ilegales.
Alfredo Hoffman De la Redacción de UNO
Tres mujeres declararon ayer en la continuidad del juicio por delitos de lesa humanidad en la costa del río Uruguay que se desarrolla ante el tribunal Oral Federal de Paraná.
Las tres son familiares cercanas de dos víctimas de secuestros y torturas que permanecieron detenidos en la delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal Argentina en 1976 y contaron en sus testimonios otra dimensión del terrorismo de Estado: la de la angustia que debían atravesar las familias ante la incertidumbre por el destino de sus seres queridos. Además, durante la jornada uno de los testigos relató que la patota que allanó ilegalmente su domicilio robó dinero y otras pertenencias.
Josefina Ester Grenz era en aquel año la esposa de Carlos Atilio Martínez Paiva –hoy están divorciados– y tenían dos hijos de 3 y 4 cuatro años. Una noche de julio de 1976, estando ella sola con los chicos en la casa, integrantes de fuerzas de seguridad ingresaron violentamente y la encañonaron con un arma. A los niños los despertaron, los llevaron a la cocina y no los dejaban moverse de allí. Ella, que permanecía en el living amenazada, no podía verlos y temía por lo que pudieran hacerles.
Secuestro y robo El operativo duró más de una hora, según pudo recordar Josefina en la audiencia. Cuando el grupo de tareas se retiró pudo corroborar que le faltaba ropa de su marido, que acostumbraba a vestirse bien, y una importante suma de dinero que la pareja estaba ahorrando para comprar un auto pequeño. Carlos no llegó a la casa: lo esperaron a dos cuadras, en la esquina de la comisaría primera, y lo apresaron cuando bajó del colectivo de la Línea 2. Este empleado municipal fue conducido a la Policía Federal y sometido a salvajes torturas. De allí lo iban a trasladar al centro clandestino de detención Comunicaciones del Ejército, en Paraná; más tarde a la cárcel de Gualeguaychú y finalmente a la de Coronda.
Josefina, sin dinero, internó a sus hijos en un jardín maternal durante casi todo el día y consiguió empleo en una tintorería, donde todavía trabaja. Aquellos días vivía angustiada, estaba sola, iba por la calle “con el corazón en la boca” y temía que le quitaran los chicos o les hicieran algo. Cuando le preguntaban les decía: “Papá viajó”. Averiguando llegó a la Federal, donde admitieron que su marido estaba detenido allí, pero no la dejaron verlo. Recién lo pudo visitar en la Unidad Penal de Gualeguaychú, después de muchos meses. Lo notó muy mal psicológicamente, no le quiso contar mucho, pero ella se dio cuenta por la forma de hablar. No era el mismo.
Aquella joven oriunda de Santa Anita, en la zona rural del Departamento Uruguay, recién pudo empezar a superar el miedo cuando Carlos salió en libertad. Pero de todos modos lo siguieron persiguiendo y en 1980 volvieron a allanar la casa, le secuestraron una biblioteca completa y lo llevaron otra vez detenido. Esa vez fue una patota de la Policía de Entre Ríos. Martínez Paiva dijo durante su declaración en el juicio el 19 de abril que uno de los integrantes de ese grupo era Félix Orlando Cabrera, del entorno del ministro de Educación José Eduardo Lauritto. En esa oportunidad estuvo alrededor de dos semanas detenido en el Regimiento, sin causa.
La familia Felguer Marta Élida y María Graciela Felguer son hermanas de Jorge Orlando Felguer, quien fue detenido en el regimiento de Villaguay mientras hacía el servicio militar y permaneció secuestrado en la Policía Federal de Concepción del Uruguay, donde también fue sometido a torturas de todo tipo, para luego ser trasladado al regimiento de Gualeguaychú. Ambas declararon ayer. Marta contó que estaba viviendo en Buenos Aires cuando un grupo de tareas allanó sin orden judicial la casa de sus padres en Gualeguaychú, en busca de Jorge.
Durante un tiempo estuvieron sin saber su paradero, hasta que por un soldado conocido supieron que estaba en el Ejército de la ciudad del sur entrerriano. Junto a su marido, que acababa de retirarse de la Marina, viajaron rápidamente, se presentaron en el predio castrense y lograron ser atendidos por el mayor Juan Miguel Valentino, hoy imputado en la causa, quien reconoció que lo tenía detenido allí pero no les permitió verlo. Marta le imploró llorando, quería asegurarse de que estuviera bien, de que estuviera vivo. Pero Valentino los hizo retirar del lugar. Ayer ella recordó “la soberbia” con que el militar manejó aquella conversación.
Cuando el joven pudo recuperar la libertad, la familia fue testigo de su paranoia permanente. “Sentía que lo estaban siguiendo para matarlo”, recordó la hermana. Estuvo moviéndose de un lugar a otro para que no lo encontraran. Además de las secuelas físicas y psicológicas, Marta Felguer recordó que aquella situación produjo un “deterioro vincular” en la familia.
Operativo comando Finalmente declaró María Graciela Felguer, quien estaba en la casa cuando se produjo aquella violenta irrupción del grupo de tareas y pudo relatarla: “Eran muchos militares que entraron por los techos, por las ventanas, por todos lados. Nos empujaron y amenazaron”. Dijo que estaban uniformados, que parecían militares pero no está segura de qué fuerza eran. Sí recordó claramente que no hubo orden judicial. La familia tampoco supo nunca porqué detuvieron a Jorge. “En esa época cualquiera caía porque sí, nada más”, recordó María Graciela.
28 Abr
Declararon familiares de detenidos y torturados en Concepción.
En la sexta jornada de testimoniales aportaron su relato tres familiares de dos de las víctimas de detención y tortura en la Policía Federal de Concepción del Uruguay, durante la última dictadura cívico-militar.
Hoy se desarrolló la sexta jornada de testimonios por la Causa Harguindeguy. En la oportunidad declararon tres familiares de dos de las víctimas de detención y tortura en la Policía Federal de Concepción del Uruguay, durante la última dictadura cívico-militar.
En primer término prestó testimonio Josefina Ester Grenz, exesposa de Carlos Atilio Martínez Paiva, cuya casa fue allanda una noche de julio de 1976. “Me dieron vuelta la casa”, afirmó Grenz quien en ese momento estaba sola con sus dos hijos de 3 y 4 años de edad.
La mujer aseguró que, luego del allanamiento –que fue muy violento y duró aproximadamente una hora– le faltó ropa de su marido y una importante suma de dinero que la pareja tenía ahorrado para comprarse un auto. Esa misma noche esperaron y apresaron a Martínez Paiva, a dos cuadras de su casa, cuando bajaba de un colectivo de la línea 2.
En los días posteriores, y luego de averiguaciones, la familia llegó a la Policía Federal donde le dijeron que su marido estaba detenido allí pero incomunicado. En ese punto la mujer refirió que pudo verlo varios meses después, en la carcel de Gualeguaychú. Lo vio muy mal psíquicamente, se dio cuenta «por su forma de hablar».
En la continuidad de su relato Greiz contó las situaciones angustiosas que le tocaron vivir debido a la mala posición económica en la que quedó junto a sus pequeños hijos. Ella no tenía trabajo y le habían robado el dinero que tenía ahorrado. Tuvo que salir a buscar trabajo y vivia con temor de que le quitaran a sus niños o «le hicieran algo» a ella.
Luego siguió el testimnio de Marta Élida Felguer, hermana de Jorge Orlando Felguer. Un día, en 1976, sus familiares de Gualeguaychú la llamaron a Buenos Aires, donde ella residía, para avisarle que habían allanado la casa de sus padres buscando a su hermano.
La irrupción fue violenta y no faltaron golpes y amenazas, según su relato. Jorge Felguer se encontraba cumpliendo el servicio militar en Villaguay y luego de ese allanamiento fue detenido y llevado a la Policía Federal de Concepción del Uruguay, donde estuvo detenido y fue torturado.
Semanas después del violento allanamiento se enteraron, por un soldado del regimiento de Gualguaychú, que Jorge había sido trasladado allí. Marta fue con su marido a verlo y pudo hablar con el mayor Juan Miguel Valentino, quien le confirmó que su hermano estaba allí pero se encontraba incomunicado.
Tras su testimonio declaró María Graciela Felguer, hermana de Marta y Jorge, quien hizo un relato similar pero como testigo presencial, ya que estaba en la casa en el momento de la irrupción de las fuerzas de seguridad.
27 Abr
Buscan demostrar la injerencia del ex-represor en la provincia.
En base a las declaraciones de cuatro ex-miembros de la comisión directiva del Sindicato de Luz y Fuerza de La Histórica, la querella busca demostrar que el Ministerio del Interior -a cargo del represor- fue responsable de la intervención del gremio. Hoy, Jorge Aldaz confirmó que el sindicato fue intervenido «por el proceso».
En la quinta jornada de declaraciones testimoniales del juicio por la Causa Harguindeguy, brindó su testimonio el exgremialista Jorge Guillermo Aldaz quien, al momento del golpe cívico militar de 1976, se desempeñaba como secretario de actas del Sindicato de Luz y Fuerza de Concepción del Uruguay. En su manifestación, recordó que poco después de ser detenido ilegalmente junto a otros sindicalistas, el gremio fue intervenido por el gobierno de facto, lo cual podría comprometer al entonces ministro de Interior, Albano Harguindeguy.
Cabe destacar que en este tramo de la megacausa, están imputados Harguindeguy, Julio César Rodríguez, Francisco Crescenzo, y Juan Miguel Valentino, privación ilegítima de la libertad y tormentos.
El testimonio de hoy se sumó a los de Carlos Julián Cáceres, Carlos María Urquiza, y Héctor Raúl Respaud, otros integrantes de la comisión directiva de Luz y Fuerza que, junto con Aldaz, fueron detenidos por Gendarmería Nacional, y luego alojados en la Unidad Penal Nº4, bajo supervisión del Ejército.
Cabe señalar que para hoy también estaba convocado Juan Eduardo Cassaretto, quien se excusó de comparecer, ya que padece problemas de salud.
En su testimonio ante el Tribunal, Aldaz señaló que fue detenido en la puerta de su domicilio, sito en calle Perú 219, de Concepción del Uruguay: “Estaba mi señora en cama y yo estaba con licencia. Llegó Gendarmería y no me dejó moverme de la puerta, ni siquiera para ir a buscar mis documentos. Por suerte estaba un cuñado mío que me lo alcanzó”.
Con respecto a la fecha, el testigo dijo que fue una mañana de junio de 1976, pero la presidenta del Tribunal, Lilia Carnero, le recordó que en su declaración durante la etapa de instrucción había señalado que la detención se produjo en mayo, lo cual se condecía con los datos aportados por los testigos que ayer declararon.
Además, Aldaz manifestó que nunca le explicaron los motivos de su detención. “Me llevaron a Gendarmería, donde estuve dos días. Después, del Ejército nos trasladaron en un micro hasta la UP 4, donde quedamos detenidos varios días”, dijo, y añadió que “en Gendarmería nos quisieron hacer decir que éramos rojos, comunistas”.
Consultado por la Fiscalía acerca de quiénes lo acompañaban en su reclusión, el testigo mencionó -haciendo un gran esfuerzo para recordar- a Héctor Raul Respaud, Eduardo Casaretto, César Rubén Arrigo, Carlos Julián Cáceres y Carlos María Urquiza.
Continuando con su relato, Aldaz señaló que el día que ingresó a la UP 4 vio a otros detenidos, que estaban esposados con alambres, pero que eran asistidos por un abogado. En referencia a esto expresó que “allí vi cosas que preferiría no recordar”, pero no dio más detalles.
Al igual que sus excompañeros gremialistas, dijo que no sufrieron malos tratos mientras estuvieron detenidos, y señaló que no recibió visitas, “porque estuvimos incomunicados durante 15 días”.
El testigo dijo que días antes de su liberación, fue llevado al Ejército, donde tomó contacto con el teniente coronel Schirmer. “Me llevaron a declarar, yo estaba vestido con mi ropa de trabajo. Le señalé a Schirmer las siglas que tenía en mi camisa, AyE (Agua y Energía), y le pregunté si entendía dónde trabajaba yo. ‘AyE significan amor y esperanza en la patria’, le dije. Pero no me contestó”, dijo.
Consultado por la presidenta del Tribunal acerca de una reunión que la comisión directiva del gremio habría tenido un día antes de la detención, Aldaz negó que tal encuentro haya tenido lugar, pero luego recordó lo que había señalado en la etapa de Instrucción, y añadió que habían difundido un comunicado “en el que denunciábamos que nos querían quitar los servicios de la obra social; eso fue a poco tiempo del golpe de Estado”.
Asimismo, señaló que el sindicato fue intervenido “por el Proceso”. Estas palabras podrían beneficiar a la querella, que busca demostrar que Albano Harguindeguy -uno de los imputados-, quien estaba a cargo del Ministerio del Interior del gobierno de facto, habría sido el responsable de ordenar la intervención del gremio.
Finalmente, señaló que fue el ingeniero Guillermo Zanet -en ese entonces, jefe de Distrito de Agua y Energía- quien los denunció por su actividad gremial. Si bien no dio precisiones sobre cómo lo supo, esto de condice con lo expuesto ayer por Respaud, quien también conjeturó que fue Zanet quien los denunció.
26 Abr
Más testigos apuntaron al «Moscardón Verde» Rodríguez como autor de torturas.
En el tercer día de testimoniales, Hugo Angerosa y Jorge Felguer dieron sus versiones de los hechos de los que fueron víctimas en 1976, a manos de la Policía Federal de Concepción del Uruguay. El tercer testigo, José Peluffo, podría ser investigado por falso testimonio.
Se desarrolló la tercera jornada de testimoniales en el juicio por la Causa Harguindeguy, en la que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Concordia durante la última dictadura militar.
Hoy declararon tres testigos, en el marco de la Causa Nº 1.960/10, en la que están procesados los imputados en juicio: Albano Harguindeguy, Francisco Crescenzo, Julio César Rodríguez, y Juan Miguel Valentino, quienes actualmente se hallan cumpliendo prisión domiciliaria por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Concepción del Uruguay.
El primero en declarar fue Hugo Emilio Angerosa, quien fue secuestrado y torturado en 1976, y hermano de dos desaparecidos, Daniel y Blanca Angerosa.
Ante el Tribunal integrado por Lilia Carnero (presidenta), Roberto López Arango, y Noemí Berros, el testigo relató los acontecimientos previos a su detención ilegal. Hugo, que en 1976 contaba con 24 años de edad, era comerciante en la ciudad de Gualeguaychú y vivía con sus padres y hermanos.
“Yo llevaba una vida normal, me dedicaba a mi negocio. Un par de años antes, había prestado servicio obligatorio en el Ejército. La noche del 18 de febrero de 1976, me encontraba cenando, cuando llaman a la puerta, y mi madre me avisa que era la Policía. Abrimos y entró (Julio César) Rodríguez, vestido de civil, acompañado por suboficiales del Ejército. Revisaron toda la casa, con un total atropello, andaban por los techos, nos revisaron hasta la heladera. Yo conocía a algunos de los suboficiales que estaban en el allanamiento, porque poco tiempo antes habían sido compañeros míos en el Ejército. Cuando preguntamos a qué se debía todo eso, nos muestran una orden de allanamiento contra mi hermano Daniel”, señaló.
Daniel Angerosa tenía 25 años, se había recibido de médico en Córdoba y militaba en el Movimiento Villero Peronista y la JP. Estaba casado y tenía un hijo de cuatro meses. Hacía poco había vuelto a Gualeguaychú, para radicarse en su casa paterna con su esposa y el bebé. Fue secuestrado el 17 de febrero de 1976, en la ciudad de Santa Fe, adonde había viajado para hacer una especialización en Gastroenterología.
“La esposa de mi hermano se encontraba allí en ese momento, y le dijeron que su marido estaba detenido en Santa Fe. Después tipearon y nos dieron un informe sin firma, en el que dejaban sentado que el allanamiento había sido negativo. No sé qué buscaban, porque en casa jamás hubo armas. Llamamos a la casa de una prima nuestra, que vivía en Santa Fe, y a cuya casa había ido a parar mi hermano mientras hacía los trámites para inscribirse en la especialización. Ella nos dijo que él había almorzado con ella, que durmió una siesta, después salió y no volvió. Entonces fuimos a preguntar al Regimiento de Gualeguaychú, donde nos atendió el jefe, (Juan Miguel) Valentino, y el subjefe, (Gustavo) Martínez Zuviría, quienes nos confirmaron que mi hermano estaba detenido en Santa Fe. Así que al día siguiente viajamos a Santa Fe con mi madre; fuimos a la Jefatura de la Policía, al Senado -porque en aquella época todavía Isabel Martínez era presidenta- y al Segundo Cuerpo del Ejército, pero nos dijeron que no estaba allí y que no había orden de detención”, explicó.
Después de hacer gestiones sin ningún resultado en la provincia vecina, Angerosa y su madre regresaron a Gualeguaychú, donde volvieron a entrevistarse con Valentino, quien esta vez les negó haberles informado que Daniel estaba detenido en Santa Fe: “Valentino se enojó mucho cuando le pedí que entonces me haga una carta con un membrete del Ejército, en donde diga que se hace cargo del allanamiento de mi casa”
Tiempo después, una noche de septiembre de 1976, personal del Ejército golpea nuevamente a la puerta de la familia Angerosa, esta vez se llevan detenido a Hugo, bajo una orden librada por el cuerpo castrense. “Me subieron a un Torino y me llevaron al Regimiento. Me dejaron en una habitación, allí me acosté y al día siguiente me trajeron el desayuno. Un suboficial amigo mío, de apellido Ríos, venía a visitarme y me dijo que me iban a hacer una averiguación de antecedentes, pero que dentro de unos días me iban a trasladar”, relató.
Días después, a altas horas de la noche, el Moscardón Verde Rodríguez irrumpió en la sala donde estaba detenido Angerosa, y sin darle tiempo a nada, le vendó los ojos, lo esposó y lo introdujo en un Falcon. “Me pusieron en el piso del auto. Uno de los que acompañaban a Rodríguez me dijo ‘cantá, o vas a desaparecer como el hijo de puta de tu hermano montonero’. Me acusaban de ser el segundo al mando de Montoneros, que hacía poco habían tomado un Regimiento en Formosa. Yo les dije que nunca había estado en esa provincia, entonces me pegaron un cachetazo”, recordó.
Según el relato del testigo, el viaje en auto duró poco más de una hora. Al llegar a destino, lo hicieron descender del auto y lo llevaron a una habitación. “Menos mal que me había acostado vestido, porque no me dieron tiempo a nada, ni siquiera a ponerme un pulover. Hacía mucho frío y yo tenía nada más que una camisa”, señaló y luego añadió que en el baúl del Falcon traían a otra persona.
“Poco después, supe que era (Jorge) Felguer, a quien llamaban El Ruso. Esa misma madrugada, a él comienzan a torturarlo salvajemente, yo escuchaba cómo lo picaneaban y lo golpeaban. Después me agarraron a mí, me picanearon y me preguntaban por los hermanos Martínez Garbino, por Aldo Bachetti, y por otras personas que yo conocía, pero con las que no tenía mucha relación. A Felguer y a mí nos tuvieron como 3 o 4 días sin comer ni tomar agua, sin abrigo, sin dejarnos dormir. Yo perdí la noción del tiempo, ya no sabía si era de día o de noche, porque estuve todo el tiempo vendado”, precisó, y dijo que supo que estaba en Concepción del Uruguay porque “cerca se escuchaban ruidos de oficina, en un momento sonó el télefono y atendieron diciendo ‘Policía Federal de Concepción del Uruguay’”.
Algunos días más tarde, sus torturadores les dijeron que sabían que no eran subversivos, y que los iba a liberar, pero que no denunciaran lo que había ocurrido, “sino íbamos a ser boleta”.
“Me metieron nuevamente en el Falcon, y a mitad de camino, me hacen subir a la parte trasera de un camión. Después llegamos nuevamente al Regimiento del Ejército de Gualeguaychú, y me dejan en la misma habitación en la que estaba antes. Me tuvieron que sacar la venda con nafta, porque estaba muy pegada. Al otro día me hicieron bañar, afeitarme y me dieron de comer. Después vino a revisarme un médico, Juan Antonio Zaccaría, que me dijo que no tenía marcas en el cuerpo, pero que estaba muy deteriorado. Allí me dejaron detenido varios días más, me daban de comer y me hacían bañar todos los días”, contó Angerosa.
El 11 de octubre, el suboficial Pascual lo buscó y lo trasladó a su casa. El testigo señaló que luego de ser liberado tuvo que hacer tratamiento psicológico durante varios años, y que perdió muchos clientes, porque todos creían que “andaba en algo raro”. El momento más conmocionante de su declaración, fue cuando se refirió a sus hermanos: “Por suerte, yo hoy estoy acá y la puedo contar. Pero mis hermanos están desaparecidos. Y a mi hermana Blanquita la tenían en El Vesubio, estaba embarazada y le robaron el bebé. Solamente espero que se haga justicia”.
Después de declarar, el testigo reconoció a Rodríguez y a Valentino.
Luego de un cuarto intermedio, fue el turno de Jorge Felguer, quien también prestó declaración. El segundo testigo tenía 21 años cuando fue detenido en Villaguay, donde hacía el servicio militar obligatorio en el Ejército.
Felguer fue militante en la UES durante la secundaria y había sido víctima de persecusiones políticas. Días previos a su detención, su casa había sido allanada. A mediados de septiembre de 1976, personal del Ejército lo subió a una ambulancia en el Regimiento de Villaguay, le vendaron los ojos y luego lo introdujeron en el baúl de un Falcon.
Lo trasladaron a Concepción del Uruguay, donde fue sometido a fuertes torturas en la Policía Federal -tal como lo había relatado Angerosa. Al cabo de unos días, lo trasladaron al Regimiento de Gualeguaychú, y más tarde lo llevaron a Concordia, donde lo dejaron en libertad, tras dos meses de detención. En esa localidad, terminó de prestar el servicio militar obligatorio y una vez pudo ver al dragoneante Jorge Emilio Papetti, que actualmente se encuentra desparecido.
En su declaración, señaló que nunca antes había podido hablar de lo ocurrido. “Espero que mi testimonio sirva para los argentinos porque estas cosas no pueden volver a pasar, y para las nuevas camadas de militares, para que entiendan que la impunidad no es eterna. Ellos fueron idiotas útiles, al servicio de gente que hoy no está siendo juzgada”, concluyó. El testigo no reconoció a ninguno de los imputados, ya que estuvo vendado todo el tiempo que estuvo en Concepción del Uruguay y no pudo ver a sus torturadores en ningún momento.
Posible falso testimonio
Tras la declaración de Felguer, llegó el turno de José Peluffo, quien habría incurrido en contradicciones o habría faltado a la verdad, según se indicó desde la querella. Fue por eso que el abogado Rubén Pagliotto solicitó que se envíe copia de su declaración a la Fiscalía Federal en turno, a fin de que se proceda en consecuencia ante lo que consideró el «flagrante delito de falso testimonio».
Peluffo estuvo detenido junto a los estudiantes secundarios de Concepción del Uruguay secuestrados en julio de 1976, pero a diferencia del resto dijo no haber visto a los imputados Crescenzo y Rodrìguez. Tampoco dijo haber visto ni conocer a los cautivos que dijeron haberlo visto a él, excepto a dos.
Este testigo ingresó al año siguiente, en 1977, a las filas de la Policía de Entre Ríos, de la que se retiró quince años después.
20 Abr
Los testimonios comprometen más a los acusados.
En la novena jornada de las audiencias de debate declaró Juan Carlos Rodríguez, cuyo testimonio coincidió con los datos aportados por los testigos que prestaron declaración ayer. Apuntó a Rodríguez y Mazzaferri como ejecutores de las torturas. Otra víctima, Martínez Paiva, declaró a puertas cerradas
Se desarrolló la segunda jornada de las audiencias de debate del juicio por la Causa Harguindeguy, en la que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Concordia y Paraná durante la última dictadura militar.
Hoy fue el turno de tres testigos-víctimas pertenecientes a la Causa Nº 1.960/10, en la que están procesados los imputados en juicio: Albano Harguindeguy, Francisco Crescenzo, Julio César Rodríguez, y Juan Miguel Valentino, quienes actualmente se hallan cumpliendo prisión domiciliaria por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Concepción del Uruguay.
El primero en declarar fue Juan Carlos Rodríguez, militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), quien fue detenido y torturado por personal de la Policía Federal, en julio de 1976.
Antes, el Tribunal integrado por Lilia Carnero (presidenta), Roberto López Arango, y Noemí Berros, hizo lugar al pedido de la defensa para que Crescenzo abandonara la sala, ya que “no se sentía en condiciones de estar presente durante la audiencia”.
Luego, se procedió a convocar a Rodríguez, quien relató los hechos acontecidos en aquella época, cuando contaba con 17 años de edad y cursaba el 5° año en la Escuela Normal de Concepción del Uruguay.
“Yo militaba en la UES, teníamos muchas expectativas políticas, por la vuelta de Perón. Yo militaba en el Luche y Vuelve. Así conocí a Roque Minatta, presidente del centro de estudiantes de la Normal. Desde allí, además de actividades que hacían a lo estrictamente estudiantil, también participábamos en política fuera de la escuela. Recuerdo que había una materia llamada Estudios de la Realidad Social Argentina (ERSA), que incorporaba el debate político dentro del ámbito estudiantil. Cuando llegó el golpe de Estado, ya no se podía tener actividad política dentro del claustro estudiantil”, explicó, a modo de introducción.
Rodríguez señaló que el centro de estudiantes estaba relacionado con la JP, quienes los incentivaban en su formación política y les daban libros sobre la temática. Cuando la dictadura cívico militar tomó el poder por asalto, ambas agrupaciones realizaron panfletos criticando al gobierno de facto. Para Rodríguez, “ese fue el detonante para que nos detuvieran, ya que era evidente que nos venían haciendo una inteligencia previa”.
Rodríguez fue detenido en la noche del 19 de julio de 1976, en su casa, luego de haber participado de una reunión con sus compañeros de militancia. De acuerdo con su relato, José Pedro Peluffo, que militaba con él en la UES y que había estado en la reunión realizada minutos antes, llamó a la puerta de su casa.
“Yo había llegado con hambre, y le pedí a mi madre que me prepare la cena. En eso, José Peluffo llama a mi puerta y me pide que salga a la calle. Yo lo invito a pasar, porque justo estaba por comer. Pero él me insistía en que salga, entonces lo hice. Allí me encuentro con que a cada lado de él estaban (Julio César) Rodríguez y Mazzaferri, que me apuntan con un arma en la cabeza y nos obligan a subirnos a un Dodge 1500 negro. Ahí nos empezaron a golpear y a preguntarnos dónde estaba el mimeógrafo con el que habíamos hecho los panfletos”, relató.
El testigo declaró que los condujeron hasta la delegación de la Policía Federal y los dejaron en una “sala amplia”. Luego, cerca de las 3 de la madrugada, sus captores volvieron: “Creo que ya habían terminado con sus tareas, estaban deteniendo a otras peronas. Entonces vinieron a donde me habían dejado, y empezaron a darme golpes de puño y patadas, querían que les diga dónde estaba el mimeógrafo. Después me llevaron a un calabozo y me dejaron. Cerca del amanecer, escucho gritos desgarradores que venían del baño, que estaba frente al calabozo. Me asomé por una ventanita y vi que le estaban aplicando la picana a Carlos Martínez Paiva. Entonces, un policía vino y tapó la ventana con una toalla. Me dijo ‘quedate tranquilo, que después seguís vos’”.
Más tarde, interrogado por la querella, el testigo señaló que ese policía sería Parche Rodríguez, quien fue mencionado por otros testigos en las testimoniales de ayer. Asimismo, señaló que el torturador actualmente trabaja como personal de vigilancia en una concecionaria de autos de La Histórica.
Contiinuando con su relato, Juan Carlos Rodríguez precisó que el martes a la tarde lo llevaron al Casino de Oficiales, donde encontró a otros detenidos -Román, Maffei, Peluffo, Valente, Baldunciel, Zenit y Romero-, todos sentados en sillas y mirando hacia la pared. Asimismo, señaló que los llamaban de a uno para interrogarlos y golpearlos, con una frecuenia de 4 o 5 veces al día. “Eso fue hasta el jueves, después se fueron calmando”.
Rodríguez señaló que su madre supo de su detención al día siguiente. “Esa noche, ella vio que me había ido y que había dejado el DNI sobre el televisor, por lo cual se quedó preocupada. Al día siguiente, fue a la Policía provincial para ver si me tenían detenido allí, pero le respondieron que no. Más tarde, mientras hacía compras en una panadería, escuchóa unos vecinos que comentaban que en la Policía Federal tenían detenidos a unos subversivos de la Escuela Normal. Entonces se dirigió hacia allá, y le confirmaron que yo estaba allí, pero no le dijeron los motivos”.
Rodríguez hizo referencia al episodio que tuvo lugar el jueves posterior a su detención cuando, junto a Román, los sacaron a un patio de la delegación en horas de la noche. “Se había desatado una tormenta, hacía frío. Y nos hicieron sacarnos la ropa. Estuvimos ahí aproximadamente media hora”.
Al lunes siguiente, un policía les alcanzó una afeitadora y les dijo que se bañen, porque iban a haber “novedades”. “El martes, nos convocaron a una reunión con el teniente coronel Raúl Federico Schirmer, donde estaban nuestros padres. A cada uno nos hicieron sentar detrás de nuestra madre o padre. Schrimer empezó a sermonear sobre nuestras mentes vírgenes. Luego dijo que nos iban a poner bajo una libertad vigilada, es decir, que ya no podíamos mantener contacto entre nosotros”.
Luego de recuperar su libertad, Rodríguez continuó viviendo un tiempo en Concepción, pero vivía bajo un permanente estado de miedo, “porque me encontraba a esa gente (los torturadores) en la calle. Una mañana me desperté, y vi qe el Falcon de Rodríguez estaba estacionado frente a mi casa, y me invadió el terror. Después de un rato, me di cuenta de que la cosa no era conmigo, sino que vigilaban a alguien más. Al otro día me enteré que había desaparecido un vecino. Entonces fui hasta la casa de su madre y le dije quiénes eran los que se lo habían llevado. Ella fue hasta la Policía Federal, y le reconocieron que ellos lo habían detenido, pero que estaban cooperando con la Policía de Rosario, ya que ese chico erstudiaba Medicina allá.”
Al igual que los testigos de la jornada de ayer, Rodríguez señaló que no lo dejaban dormir, y que comían lo poco que les llevaban sus familiares.
Por otra parte, manifestó dudas sobre su compañero detenido, José Peluffo. “Cada vez que nos interrogaban, él decía que cantemos, así se terminaba todo rápido. Pero la verdad era que nosotros no sabíamos nada del mimeógrafo. Años después, yo tuve un careo con él, que dijo que el no estuvo presente la noche de mi detención, lo negó todo. Y, algo que llama la atención, es que en 1977 ingresó a la Policía, después de haber estado detenido por supuestas actividades subversivas”.
Tras las declaraciones de Rodríguez, fue el turno de Alberto Baldunciel, quien también reconoció a Julio César El Moscardón Rodríguez. Sus relatos coinidieron con los de Rodríguez, pero afirmó que fue golpeado sólo en una oportunidad.
Por último declaró Carlos Atilio Martínez Paiva, quien pidió prestar testimonio sin público en la sala.
19 Abr
Exmilitantes de la UES contaron cómo fueron torturados por policías
Víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico militar brindaron sus primeros testimonios en el juicio al represor Albano Harguindeguy. Alfredo Hoffman / Redacción de UNO
Crescenzo fue señalado como el interrogador de la federal.
Tres exmilitantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de Concepción del Uruguay, que fueron víctimas de secuestros y salvajes torturas durante las vacaciones de julio de 1976, aportaron ayer el relato de las atrocidades de las que fueron víctimas a manos de la patota de la Policía Federal local. Sus testimonios abundaron en coincidencias sobre la metodología aplicada por los represores para que escarmentaran por haber osado manifestarse en contra de la dictadura: allanaron sus casas llevándose libros y pósters y rompiendo pertenencias, los mantuvieron cautivos en condiciones inhumanas en la dependencia policial, los sometieron a tormentos que les dejaron secuelas físicas y psicológicas y los liberaron luego de varios días, tras aleccionarlos a ellos y sus padres sobre la prohibición de desempeñar actividades políticas.
El grupo de tareas que integraban los acusados Francisco Crescenzo y Julio César Moscardón Verde Rodríguez, el prófugo José Darío Mazzaferri y otros no imputados en la causa, interrogaban en todo momento por el mimeógrafo con el que los estudiantes imprimían volantes denunciando a la dictadura, que repartían en los boliches bailables de la ciudad. Esto hizo que aquellos sucesos sean ahora recordados como la Noche del Mimeógrafo.
César Manuel Román Yáñez, Roque Edmundo Minatta y Juan Carlos Romero fueron, en ese orden, los que abrieron la etapa de testimoniales en el juicio por delitos de lesa humanidad que tiene como principal acusado al exministro del Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy. Los tres fueron aplaudidos por el público, que esta vez colmó la sala de 25 de Mayo 256 de Paraná. Los tres observaron y reconocieron personalmente a Crescenzo (también en una foto de la época) y a Rodríguez. Los tres, además, aportaron datos importantes para que se investigue a otro represor responsable de esos crímenes, que actualmente vive y trabaja en Concepción del Uruguay.
El horror
César Román, hoy con 53 años, profesor de Historia, fue quien radicó la denuncia en febrero de 2006, luego de la caída de las leyes de impunidad, que posibilitó la investigación. Ubicó el inicio de su relato en los primeros meses de 1974, cuando siendo un adolescente experimentó su “despertar político” y comenzó a vincularse con los centros de estudiantes. En 1975, con 16 años, lo expulsaron del Colegio Justo José de Urquiza luego de un permanente hostigamiento por actividades. En 1976 ingresó al turno tarde de la escuela Normal y allí se encontró con Minatta, presidente del Centro de Estudiantes. Cuando se perpetró el golpe de Estado, se eliminaron todas las conquistas: el medio boleto estudiantil, talleres literarios, el cineclub. Ante esto, decidieron expresarse a través de los volantes que imprimían con el famoso mimeógrafo. Pero la protesta duró hasta las vacaciones de invierno, cuando comenzó lo que él llamó “el horror”.
A Román lo secuestraron la noche del lunes 19 de julio a una cuadra de su casa materna, ubicada en 8 de Junio 216. Dos hombres de civil que se identificaron como de la Policía Federal lo tomaron de los brazos y del pelo, lo introdujeron en un Dodge 1.500 negro y lo encañonaron con un arma al grito de: “Quedate quieto, pendejo de mierda”. Los secuestradores se sentaron uno a cada lado; eran un morocho de bigotes al que llamaban El Cordobés y otro que se caracterizaba por una mancha en el rostro. Mientras tanto, la casa era allanada ilegalmente por un grupo que comandaban Crescenzo y Rodríguez, alias El Moscardón Verde, que se llevaron libros y los pósters del Che Guevara y Jimi Hendrix. A Rodríguez lo conocía porque vivía cerca de su casa y había concurrido a la escuela con sus hijos. El pseudónimo era vox pópuli en el pueblo.
Rodríguez y Crescenzo subieron a un Falcon verde. Detrás iba un Fiat 125 celeste. Los tres vehículos marcharon hacia la Policía Federal y en el trayecto abundaron los golpes, insultos y amenazas. Al llegar a destino lo ubicaron en el Casino de Oficiales y poco después, en una habitación contigua, fue víctima de una cruel golpiza. El Moscardón le propinó una patada en los testículos, que años después derivó en una intervención en la cual le extirparon uno. En el Casino de Oficiales, junto a otros estudiantes que iban llegando, permanecían sentados mirando a la pared; comían muy poco de lo que llevaban los familiares, no podían bañarse ni dormir. Si se dormían le pegaban con las manos abiertas en los oídos, forma de tortura que se conoce como “el teléfono”. Todas las tardes, luego de que terminaba la actividad habitual de la delegación policial, llegaba la patota y comenzaban las sesiones de tortura. Nunca fueron asistidos por médico alguno.
En una oportunidad estaba siendo interrogado por quien se hacía llamar “el inspector Crescenzo”, quien siempre vestía de traje, era bien hablado y parecía culto. “¿Así que vos sos el existencialista?”, ironizó. Entre los libros que le habían secuestrado estaba La náusea, de Jean Paul Sartre. Como no decía nada sobre el renombrado mimeógrafo, Mazzaferri se puso de pie, le colocó el arma en la cabeza y la hizo martillar en repetidas ocasiones. Todos los represores presentes en la habitación se rieron a carcajadas. Después le rompieron los pósters de Guevara y Hendrix, pensando que este era un referente de izquierda e ignorando que se trataba de un músico. “Todo se orientaba a destruir mi identidad más que a sacarme información”, recordó ayer la víctima.
Lo más terrible fue cuando lo llevaron hasta una dependencia en el piso superior a presenciar la tortura con picana eléctrica de que era víctima un compañero. Cuando lo vio atado al elástico de una cama, pálido y mojado, pensó que estaba muerto. Pero cuando le pasaron la picana se arqueó y dio un alarido que hizo que Román se descompusiera y comenzara a vomitar. “Soñé muchas veces con eso”, dijo ante el tribunal.
Días después Crescenzo le hizo firmar una declaración que no pudo leer. Sólo alcanzó a observar la frase “delincuente subversivo”. Finalmente, los llevaron a los estudiantes a una reunión en la oficina del jefe de la Delegación, Jorge Vera, que encabezó el entonces, jefe del Batallón de Ingenieros de Combate 121 con asiento en Concepción del Uruguay, teniente coronel Raúl Federico Schirmer. Allí estaban también el intendente de facto Gerardo Genuario, autoridades de otras fuerzas de seguridad y los padres de cada uno de los estudiantes secuestrados. Luego de que Schirmer (hoy fallecido) les hiciera un sermón sobre la subversión, todos fueron quedando en una suerte de libertad vigilada.
Una vez afuera, por consejo del subjefe de la Policía Federal Alfonso Cevallos (fallecido) dejó la ciudad. Durante unos años fue casi “un fantasma”, todo el tiempo preocupado por que no lo encontraran. De todos modos, cada vez que regresaba por algún acontecimiento familiar solía encontrarse con sus torturadores. Una vez vio a Rodríguez, quien desde su Falcon le apuntó con el dedo haciendo como que disparaba un arma. Cuando Argentina ganó el Mundial 78, en la Plaza Ramírez, vio al Dodge 1500 con Mazzaferri y otros de los represores en su interior, festejando. En ese momento interrumpió la celebración por la victoria deportiva y se volvió a su casa.
El mismo sufrimiento
Minatta y Romero, que también se desempeñaban en los centros de estudiantes, relataron los sufrimientos de que fueron víctimas en aquellas vacaciones de invierno, con los mismos detalles contados por Román y también reconociendo a los imputados. Minatta, quien fue hasta diciembre subsecretario de Derechos Humanos de Entre Ríos, estaba de vacaciones en Trelew cuando el grupo de tareas irrumpió violentamente en su casa en busca del mimeógrafo. Como no lo encontraron, amenazaron a su padre: le dijeron que sería “boleta” si él no aparecía. Fue entonces cuando regresó del sur en avión, con 18 años, vestido de traje y peinado a la gomina, para despistar. Cuando llegó a Concepción su papá lo esperaba junto al subcomisario Ceballos, que era vecino del barrio, que lo llevó a la Policía Federal. Allí comenzaron los tormentos físicos, a cargo de Mazzaferri, el Moscardón Verde Rodríguez y El Cordobés. Las torturas psicológicas estaban a cargo de Crescenzo, quien le hacía saber que conocía los movimientos de sus familiares, incluso que tenía una sobrina de 1 año. Lo más terrible fue un simulacro de fusilamiento que presenció en el patio de la delegación, del que fueron víctimas tres compañeros que no podían mantenerse en pie por la tortura.
Los familiares de Minatta presentaron un hábeas corpus ante el juez federal Héctor Neyra, quien se negó a recibirlo. Neyra fue luego juez de la democracia. Finalmente fue liberado por orden del teniente coronel Schirmer. Meses después, en noviembre de 1976, volvió a ver a Crescenzo: el interrogador se presentó en el acto de colación de 5° año de la Escuela Normal y fotografió a todos los egresados. También siguió viendo al Moscardón y a otros miembros de la patota. A Mazzaferri lo veía en los boliches, dijo que hacía sacar chicas para violarlas.
Romero, quien hacía el Secundario en el nocturno del Colegio Urquiza, tenía 19 años y fue sacado de su casa de madrugada, con los mismos métodos violentos ejecutados por Rodríguez y Mazzaferri. Antes de ingresar a la delegación la patota secuestró también a otro dirigente, Carlos El Negro Zenit. También debió atravesar la experiencia de torturas y maltratos físicos y psicológicos a manos de los mismos represores, y siempre interrogado por el artefacto para imprimir volantes. Dos semanas después de liberado fue nuevamente secuestrado por Mazzaferri y golpeado, para luego ser arrojado a la ruta 39. Entonces se vio obligado a dejar la ciudad.
“Desde que salí hasta la fecha, tengo miedo”, mencionó Romero. “No puedo dormir, porque tengo miedo. Mazzaferri, el más importante, está prófugo. Sentí miedo para venir a declarar, pero lo hago sobre todo por mis compañeros que ya fallecieron: El Negro Zenit, Darío Morend, Carlos Valente y Hugo Maffei”, finalizó.
El caso de El Manchado
Los tres testigos que declararon ayer mencionaron a un integrante de la patota de Concepción que no está entre los imputados, que tenía una importante mancha en la cara y al que llamaban El Manchado. No conocen su nombre, pero todavía se lo suele ver en la ciudad, trabaja en la concesionaria de autos León Banchik SA, situada en 9 de Julio 1616, y entrega cédulas de la Policía Federal. Román lo vio en la delegación de la institución cuando, años atrás, se realizó una inspección judicial. Los abogados querellantes solicitaron que se envíen copias de las declaraciones a la Fiscalía federal para que proceda en consecuencia. El Tribunal federal hizo lugar.
19 Abr
Comenzaron las testimoniales.
La audiencia comenzó a las 10.30, con la declaración de César Román, uno de los secuestrados y torturados en Concepción del Uruguay. El testigo reconoció a Julio César Moscardón Verde Rodríguez como uno de sus torturadores. Luego declararon Roque Minatta y Juan Carlos Romero. Pedirán a la Fiscalía de La Histórica que investigue a otro represor mencionado en los testimonios.
Durante casi seis horas se desarrolló la primera jornada de testimoniales de la etapa probatoria del juicio por la causa Harguindeguy, en la sala de calle 25 de Mayo 256 de la capital entrerriana.
Declararon tres testigos-víctimas pertenecientes a la Causa Nº 1.960/10, en la que están procesados los imputados en juicio: Albano Harguindeguy, Francisco Crescenzo, Julio César Rodríguez, y Juan Miguel Valentino, quienes actualmente se hallan cumpliendo prisión domiciliaria por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Concepción del Uruguay.
Es precisamente en esa última localidad donde tuvieron lugar los delitos que en este tramo del juicio se investigan, los cuales se encuentran penalmente encuadrados en Asociación ilícita, Violación de domicilio, Privación ilegal de la libertad y Torturas.
El primero en declarar de los tres testigos previstos para hoy, fue César Manuel Román. Previo a su declaración, la querella solicitó que se incluyan como prueba las declaraciones del represor Jorge Rafael Videla quien, en una entrevista al periodista y escritor Ceferino Reato, dio detalles sobre el plan sistemático de desaparición de personas durante la última dictadura. El pedido fue acompañado por la Fiscalía y la defensa no puso objeción.
Por su parte, el defensor técnico de Harguindeguy, Rodríguez y Crescenzo, solicitó que este último acusado se retirara de la sala sin ser visto por el testigo, argumentando el pedido en una estrategia que no quedó del todo clara.
Luego de que el Tribunal integrado por Lilia Carnero (presidenta), Roberto López Arango, y Noemí Berros, hiciera lugar al pedido de la defensa, se procedió a llamar al testigo.
El relato de Román Cabe destacar que Román fue detenido en la noche del 19 de julio de 1976, a una cuadra de su domicilio, cuando tenía 17 años y participaba activamente en el centro de estudiantes de la Escuela Normal de Concepción del Uruguay.
Al comienzo de su declaración, el testigo dio detalles sobre su despertar político durante la adolescencia y su militancia en el centro de estudiantes junto a Roque Minatta -otro de los testigos citados para hoy-, un espacio desde donde habían conseguido varios logros para el estudiantado (boleto estudiantil, talleres literarios, campeonatos de fútbol), los cuales fueron anulados cuando la dictadura cívico – militar asaltó el poder.
“Por este motivo, nosotros comenzamos a elaborar volantes, para denunciar lo que estaba ocurriendo, y a repartirlos en boliches. Cuando empezaron las vacaciones de invierno, fuimos detenidos. Nuestro error fue pensar que esta dictadura era similar a la de 1966”, señaló.
Román narró que aproximadamente a la hora 21 del 19 de julio de 1976, cuando se encontraba a una cuadra de su domicilio materno, dos hombres vestidos de civil se acercaron hacia él y le preguntaron si era César Román. Al responder afirmativamente, ambos comenzaron a insultarlo, lo agarraron del pelo y lo obligaron a introducirse en un Dodge 1500 negro, donde lo esperaban dos personas más.
A uno de los que lo detuvieron lo identificó como “El Cordobés”, mientras que al otro -cuyo apodo ni nombre pudo precisar- lo describió como corpulento, de unos 35 años y con una mancha en el rostro. Más adelante, en su declaración, Román señalaría que hace 5 años volvió a ver a este último en la delegación de la Policía Federal en Concepción del Uruguay, cuando fue a realizar un reconocimiento del lugar, en el marco de la causa que ahora está en proceso penal. Señaló que, según sus propias averiguaciones, el “hombre de la mancha” trabaja en una concesionaria de autos de esa ciudad y que, aparentemente, sigue teniendo conexiones en la Policía Federal.
Esta declaración resultó uno de los aportes más novedosos a la causa. Los testigos que lo sucedieron –Minatta y Juan Carlos Romero– también mencionaron a «El Manchado» como miembro de la patota. Ante esto, la querella solicitó que se enviara copia de las tres declaraciones a la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, para que tome las medidas que crea pertinente respecto de este represor. La Fiscalía acompañó y el tribunal hizo lugar.
Prosiguiendo con el relato de los hechos, el testigo señaló que en el coche en el que lo trasladaron comenzaron los primeros interrogatorios sobre un mimeógrafo con el que los estudiantes habrían confeccionado los volantes que repartieron en distintos puntos de la ciudad.
Asimismo, señaló que mientras a él lo detenían, otras dos personas -Francisco Crescenzo y El Moscardón Verde– allanaban su casa, donde se encontraba su madre. De allí sustrajeron libros y posters que Román tenía en su habitación.
Luego, Rodríguez y Crescenzo se subieron a un Falcon verde que estaba estacionado delante del Dodge 1500, y desde allí partieron hacia la delegación de la Policía Federal, seguidos por un Fiat 125.
Cuando llegaron al lugar, lo introdujeron en una dependencia a la que el testigo se refería como el Casino de Oficiales. Minutos después, el subcomisario Zeballos -que conocía a Román a través de su padre- ingresó al lugar y le dijo que “cante lo que sepa”, porque de lo contrario lo “iban a matar”. Acto seguido, El Moscardón ingresó al lugar y le dio un brutal golpe en el rostro al detenido.
Minutos más tarde, el represor José María Mazzaferri (actualmente prófugo de la Justicia) ingresó y lo llevó a una habitación contigua. En ese lugar, Román fue interrogado nuevamente por el mimeógrafo y sometido a una brutal paliza. Según su versión, El Moscardón Rodríguez le dió un fuerte puntapié en un testículo lo cual originó que, años después, tuvieran que extirparle uno.
Los tormentos continuaron durante los cuatro días siguientes, ya que diariamente era sometido a palizas, interrogatorios y tortura psicológica. Entre los maltratos, Román mencionó que Mazzaferri le gatilló un revólver en la cabeza y que una noche fría lo dejaron en el patio, bajo la lluvia y sin ropa. Por otra parte, relató que en una oportunidad lo llevaron encapuchado a una habitación, donde vio a otro detenido -de apellido Martínez Paiva-, siendo torturado con picana eléctrica, y que a él lo amenazaron con hacerle lo mismo “si no cantaba”.
El testigo relató que en el lugar se encontró con otros detenidos: Roque Edmundo Minatta, Juan Carlos Rodríguez, Juan Carlos Romero, Víctor Hugo Baldunciel, Mario Hugo Maffei, y José Pedro Peluffo, quienes fueron sometidos a maltratos similares.
Román precisó que no los dejaban dormir, señalando que “cada vez que atinábamos a dormirnos, nos golpeaban en los oídos, dejándonos aturdidos”. Tampoco los alimentaban lo suficiente, “lo poco que comíamos era lo que nos mandaban nuestros familiares, pero siempre nos llegaba menos de lo que nos enviaban”.
El testigo manifestó que las cosas comenzaron a “tranquilizarse” a partir del viernes 23 de julio. Y que el domingo mantuvo una charla con Crescenzo, quien le hizo firmar una falsa declaración, titulada “César Román, delincuente subversivo”.
Al día siguiente, al cumplirse una semana de la detención, él y los demás detenidos pudieron ver a sus padres en una reunión mantenida con el Teniente Coronel Schimer, perteneciente al Regimiento de Ingenieros de Combate del Ejército, quien “sermoneó” a los padres de los detenidos, por el “accionar subversivo” de sus hijos. Más tarde, varios de ellos fueron liberados. Al día siguiente, liberaron a los restantes.
Al finalizar su testimonio y responder a algunos detalles precisados por la querella, a pedido del Tribunal, Román reconoció a Julio César El Moscardón Rodríguez en el banquillo de los acusados.
Luego, el tribunal ordenó un cuarto intermedio de 10 minutos, al cabo del cual Román reconoció a Crescenzo una fotografía de aquella época, que le fue exhibida junto a las de otras dos personas.
Más tarde declararon Minatta y Romero, quienes detallaron los padecimientos que sufrieron a manos de los mismos represores en la Delegación de la Policía Federal. Ambos reconocieron a Rodríguez y Crescenzo y aportaron datos sobre «El Manchado».
La causa En este expediente –acumulado a otros dos, de Concordia y Gualeguaychú– se registran 18 víctimas: César Manuel Román Yánez, Carlos Atilio Martínez Paiva, Roque Edmundo Minatta, Juan Carlos Rodríguez, Juan Carlos Romero, Carlos Horacio Valente, Víctor Hugo Baldunciel, Mario Hugo Maffei, José Pedro Peluffo, Hugo Emilio Angerosa, Jorge Orlando Felguer, Juan Domingo Santamaría, Carlos María Urquiza, Héctor Manuel Respaud, Juan Eduardo Cassaretto, Carlos Julián Cáceres, Jorge Guillermo Aldaz, y César Rubén Árrigo (ahora fallecido), informó la Vocería del Tribunal Oral Federal.
Cinco de esas víctimas se han presentado como querellantes, representados por la abogada María Caccióppoli y –según cada caso-, también por Marcelo Baridón, Álvaro Piérola, Guillermo Mulet y Marcelo Boeykens.
Prestarán declaración un total de 43 testigos que actualmente residen en distintas localidades, como entre otras: Concepción del Uruguay, Colón, Gualeguaychú, Paraná, Buenos Aires, Mar del Plata y Posadas.
Ejercen la defensa técnica de Harguindeguy, Crescenzo y Rodríguez: Mario Franchi y Noelia Quiroga (por el Ministerio Público de la Defensa), y Gerardo Ibáñez, como abogado particular de Valentino.
De estos cuatro procesados, Crescenzo se ha abstenido de declarar en este debate, en tanto que Harguindeguy lo hizo remitiéndose a dichos anteriores, y el resto, ha reservado sus derechos a prestar declaración en otro momento procesal, si así lo estimare pertinente.
En las audiencias de esta causa, estarán presentes además, todos los abogados defensores y querellantes; en tanto que en lo que respecta a los imputados, Harguindeguy seguirá presenciando el juicio por videoconferencia, desde el Consejo de la Magistratura de Buenos Aires, y los procesados Juan Carlos Mondragón, Marcelo Pérez, Naldo Dasso y Santiago Kelly del Moral estarán ausentes, por así haberlo autorizado el Tribunal, en virtud de que los mismos carecen de imputación en estos actuados.
Finalmente, cabe consignar que la cobertura periodística podrá efectuarse mediante la toma de notas por parte de los periodistas que se encuentren presentes, debiendo éstos abstenerse de transmitir en vivo y efectuar registros fono, foto, y/o videográficos, tanto en la sala donde se llevan a cabo las audiencias, como en aquellas en donde se las transmite por circuito cerrado, se indicó.
Dicha medida rige por imperio del Acuerdo Nº 05/12 del TOF-Paraná, que así lo dispuso el pasado 7 de marzo, con el objeto de resguardar la prueba a colectar.
18 Abr
Comienzan las testimoniales
La audiencia comenzará a la hora 10.30 este miércoles. Hasta el 10 de mayo declararán víctimas y testigos de delitos de lesa humanidad cometidos en Concepción del Uruguay.
Este miércoles 18 dará comienzo a las 10.30 la etapa probatoria del juicio por la causa Harguindeguy. El debate continuará llevándose a cabo en la sala de calle 25 de Mayo 256 de la capital entrerriana, y como es de práctica, se retransmitirá por circuito cerrado en tiempo real, en el salón ubicado en Urquiza 872 de esta ciudad, y en Galarza 614 de Concepción del Uruguay.
Es precisamente en esa última localidad donde se cometieron los delitos de lesa humanidad que en este tramo del juicio se investigan, los cuales se encuentran penalmente encuadrados en: Asociación ilícita, Violación de domicilio, Privación ilegal de la libertad y Torturas.
Se trata de la Causa Nº 1.960/10, en la que están procesados los imputados en juicio: Albano Harguindeguy, Francisco Crescenzo, Julio César Rodríguez, y Juan Miguel Valentino, quienes actualmente se hallan cumpliendo prisión domiciliaria.
En este expediente –acumulado a otros dos, de Concordia y Gualeguaychú– se registran 18 víctimas: César Manuel Román Yánez, Carlos Atilio Martínez , Roque Edmundo Minatta, Juan Carlos Rodríguez, Juan Carlos Romero, Carlos Horacio Valente, Víctor Hugo Baldunciel, Mario Hugo Maffei, José Pedro Peluffo, Hugo Emilio Angerosa, Jorge Orlando Felguer, Juan Domingo Santamaría, Carlos María Urquiza, Héctor Manuel Respaud, Juan Eduardo Cassaretto, Carlos Julián Cáceres, Jorge Guillermo Aldaz, y César Rubén Árrigo (ahora fallecido), informó la Vocería del Tribunal Oral Federal.
Cinco de esas víctimas se han presentado como querellantes, representados por la abogada María Caccióppoli y –según cada caso-, también por Marcelo Baridón, Álvaro Piérola, Guillermo Mulet y Marcelo Boeykens.
Prestarán declaración un total de 43 testigos que actualmente residen en distintas localidades, como entre otras: Concepción del Uruguay, Colón, Gualeguaychú, Paraná, Buenos Aires, Mar del Plata y Posadas.
Ejercen la defensa técnica de Harguindeguy, Crescenzo y Rodríguez: Mario Franchi y Noelia Quiroga (por el Ministerio Público de la Defensa), y Gerardo Ibáñez, como abogado particular de Valentino.
De estos cuatro procesados, Crescenzo se ha abstenido de declarar en este debate, en tanto que Harguindeguy lo hizo remitiéndose a dichos anteriores, y el resto, ha reservado sus derechos a prestar declaración en otro momento procesal, si así lo estimare pertinente.
El Tribunal Oral Federal de Paraná que sustancia este juicio, está integrado por Lilia Carnero, Roberto López Arango, y Noemí Berros, como así también por el juez sustituto, Mateo Busaniche. Y, por el Ministerio Público Fiscal, actúan Marina Herbel y José Ignacio Candioti.
En las audiencias de esta causa, estarán presentes además, todos los abogados defensores y querellantes; en tanto que en lo que respecta a los imputados, Harguindeguy seguirá presenciando el juicio por videoconferencia, desde el Consejo de la Magistratura de Buenos Aires, y los procesados Juan Carlos Mondragón, Marcelo Pérez, Naldo Dasso y Santiago Kelly del Moral estarán ausentes, por así haberlo autorizado el Tribunal, en virtud de que los mismos carecen de imputación en estos actuados.
Finalmente, cabe consignar que la cobertura periodística podrá efectuarse mediante la toma de notas por parte de los periodistas que se encuentren presentes, debiendo éstos abstenerse de transmitir en vivo y efectuar registros fono, foto, y/o videográficos, tanto en la sala donde se llevan a cabo las audiencias, como en aquellas en donde se las transmite por circuito cerrado, se indicó.
Dicha medida rige por imperio del Acuerdo Nº 05/12 del TOF-Paraná, que así lo dispuso el pasado 7 de marzo, con el objeto de resguardar la prueba a colectar
17 Abr
Guerra, negación y silencios, presentes en las declaraciones indagatorias
Los imputados por crímenes de lesa humanidad volvieron a preferir no declarar; pero ayer se leyeron sus manifestaciones en la instrucción, donde Harguindeguy justificó la represión
Alfredo Hoffman / De la redacción de UNO
foto Ignacio Pereyra (diario UNO)
El juicio por la causa Harguideguy tuvo ayer la última jornada correspondiente a las indagatorias. Como lo hicieron el miércoles y luego de hablar con sus defensores, todos los represores decidieron no declarar, al menos en esta instancia, pero a través de la lectura de sus manifestaciones en la etapa de instrucción ante el Juzgado federal de Concepción del Uruguay, se pudieron conocer sus versiones de los hechos. Allí aparecen la referencia a una guerra contra la subversión y la negación de los delitos de lesa humanidad que se investigan, que van desde secuestros y torturas a desapariciones forzadas de persona en la costa este de la provincia.
La lectura de las indagatorias permitió escuchar los argumentos de Albano Harguindeguy, quien enfrenta por primera vez a un tribunal en juicio. El exjerarca de la dictadura, en una primera oportunidad, buscó desligarse de los hechos asegurando que su cargo de ministro del Interior no tenía injerencia en las zonas, subzonas y áreas de defensa en las que las Fuerzas Armadas habían dividido y subdividido el país para llevar adelante la represión ilegal con el pretexto de combatir la subversión. “No tenía que impartir órdenes porque no eran de competencia de mi Ministerio”, afirmó.
Luego se leyó un escrito que presentó quien es el principal acusado de las tres causas acumuladas que están en juicio, y que pidió que se agregara como parte integrante de su indagatoria. Allí se explaya ampliamente en las referencias a las normas emitidas por el llamado Proceso de Reorganización Nacional con el propósito de “erradicar la subversión” y se preocupó por aclarar que todo lo relacionado con ese fin “dependía de la Junta Militar”.
También aludió a la idea de la existencia de una “guerra” en el país, que se daba “en el marco de la guerra fría”, y relató acciones guerrilleras que, según indicó, habrían sido motivo para el accionar represivo. Justificó el terrorismo de Estado mencionando el indulto de presos políticos el 25 de mayo de 1973, por parte del gobierno de Héctor Cámpora, y por la llegada al país de guerrilleros chilenos y uruguayos, los primeros como consecuencia del golpe de Estado contra Salvador Allende, y los segundos por la “efectiva” lucha contra la subversión en el país oriental.
Ese discurso finaliza con la pretendida justificación del plan sistemático de represión ilegal instrumentado desde el 24 de marzo de 1976, por los decretos de “aniquilamiento” emitidos por el gobierno peronista de 1975. Según dijo, las sucesivas juntas militares “no se apartaron en nada” de esos decretos.
Francisco Crescenzo, exjefe de la Delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal, en su declaración en instrucción negó “la multiplicidad de mendacidades” que lo señalan como autor de allanamientos ilegales, secuestros y torturas. Dijo que solo era un “subalterno” en la época de los hechos y que su tarea se limitaba a “quehaceres administrativos” y atención al público”.
Julio César Rodríguez, exsargento de la Policía Federal de Concepción, utilizó similares recursos. Dijo que trabajaba en una “oficina técnica” y que “no tenía contacto con los detenidos”. Aseguró que no torturó ni cometió “ninguna clase de delito” y que no recuerda ni vio nada sobre las violaciones a los derechos humanos denunciadas. Ni siquiera reconoció que le decían Moscardón Verde; dijo que a otro policía llamaban Moscardón y que a él le decían Polilla, Boquita y Tijereta.
Juan Carlos Mondragón (exjefe de Seguridad y Operaciones de la Departamental Gualeguaychú de la Policía de Entre Ríos) y cantautor folclórico, declaró que le llamaban “poderosamente” la atención las imputaciones, a las que calificó de “horrendas y vejatorias”. Señaló que tiene “relación de amistad” con los hermanos Emilio y Jaime Martínez Garbino, a quienes está acusado de secuestrar. Y se quejó porque la acusación en su contra hizo que su nombre como artista fuera “arrastrado por todas las comarcas del país”, que su familia lo abandonara y que ya no tuviera amigos.
Juan Miguel Valentino, exjefe del Escuadrón de Caballería Blindada II de Gualeguaychú, negó haber cometido delitos y haber recibido órdenes ilegales. No se dio lectura a indagatorias de Naldo Miguel Dasso (exjefe del Regimiento de Caballería de Tanques VI Blandengues, de Concordia) y de Marcelo Alfredo Pérez (exjefe de la Departamental Gualeguaychú de la Policía de Entre Ríos).
13 Abr
