En el juicio por la causa Harguindeguy el abogado Jorge Aragón dijo  desconocer que las fuerzas militares que comandaba el imputado  realizaban detenciones ilegales. También testimonió un exmilitar que en  1984 investigó las denuncias de las víctimas del terrorismo de Estado  sin determinar quiénes fueron los autores de los delitos.

El último intendente de facto de Concordia, Jorge Isaac Aragón, se sumó este jueves a quienes en la audiencia anterior del juicio por la causa Harguindeguy habían defendido al represor Naldo Miguel Dasso, jefe del regimiento de la cuidad en años de la última dictadura e imputado por dos desapariciones forzadas y otros delitos de lesa humanidad. Además, declaró el exmilitar Juan José Pignoux, quien actuó como instructor de la Justicia Militar en las primeras investigaciones de las violaciones a los derechos humanos, realizadas con el advenimiento de la democracia. Aragón, como el miércoles los empresarios rurales Eduardo Caminal y Roberto Ildarraz, firmó en 1984 una carta de apoyo al ascenso de Dasso de coronel a general, destacando su actuación en la Capital del Citrus durante la dictadura. Aunque pretendió limitar aquel apoyo a la gestión civil del represor y desligarse de la gestión militar, no brindó justificativos convincentes sobre los elogios   del escrito a la “lucha contra la subversión” que emprendió el militar.

Aragón es abogado, fue docente universitario y secundario –en escuelas de Concordia dictaba la materia Educación Cívica– y compartió reuniones con Dasso en el marco del denominado Plan de Acción Cívica que instrumentó el jefe militar en 1977. Luego se hizo cargo de la intervención de la Municipalidad entre 1981 y 1983, para entregar el mando a Jorge Busti. A pesar de ese activo rol social que desempeñó y de sus relaciones con el poder castrense de la época, alegó desconocer el funcionamiento de las fuerzas armadas y, aunque dijo haberse enterado de “una serie de detenciones importantes en calidad y cantidad” producidas en la cuidad a partir del golpe de Estado, dijo ignorar que se realizaban por orden del Ejército y con la participación de personal de esa fuerza.

Por su parte, Pignoux declaró que instruyó 36 causas por delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas durante la dictadura, pero no pudo recordar si tomó alguna declaración indagatoria. Entre las denuncias que investigó estaban los casos de las despariciones de los concordienses Julio Solaga y Jorge Emilio Papetti. Sobre Solaga dijo que se pudo acreditar que el secuestro efectivamente sucedió como fue denunciado, pero no pudo determinar autorías. Sobre el soldado Papetti, detenido en el regimiento de Concordia, dio crédito a la versión oficial de que se fugó en inmediaciones de Villaguay cuando era trasladado a Paraná. Sin embargo, existe un testimonio clave que indica que en realidad murió durante una sesión de tortura en la cárcel de la capital entrerriana.

Al finalizar la declaración de Pignoux, el vocal del tribunal Roberto López Arango hizo una apreciación de lo que había sido su actuacinvestigador: “Lo que se desprende de sus informes es que usted no le creyó a ninguno de los testigos denunciantes y sí a las fuerzas militares”.ión como investigador: “Lo que se desprende de sus informes es que usted no le creyó a ninguno de los testigos denunciantes y sí a las fuerzas militares”.

http://www.unoentrerios.com.ar/laprovincia/Un-exintendente-de-facto-de-Concordia-se-sumo-a-quienes-defienden-al-represor-Dasso-20120614-0033.html