Notas en medios

Hoy atestiguaron los familiares de los desaparecidos Julio Solaga y Sixto Coco Zalasar, y complicaron a Dasso, que se desempeñaba como jefe de Área del Ejército. Más 100 personas llegaron desde Concordia, supo Elonce TV.

La primera testigo de la jornada fue María Estela Solaga, hermana del desaparecido Julio Solaga. Luego declararon Elba Irene Consol, Graciela Zalasar y Sandra Zalazar, esposa, hermana e hija de Sixto Zalasar, desaparecido en 1976.

Solaga relató las circunstancias en que fue detenido su hermano menor, la noche del 22 de noviembre de 1976, mientras conversaba con un vecino, frente a la casa de su madre, ubicada en calle Damián P. Garat, de la capital del citrus.

“Ese vecino era George Wilson. Él primero corrió hasta lo de unos vecinos y les contó lo que había pasado, pero no le creyeron. En casa de mi madre no había nadie, así que llamó a la policía, pero le daban vueltas para tomarle la denuncia. Así corrió hasta mi casa -yo ya estaba casada- y me dijo que lo habían detenido a Julito”, dijo.

La mujer precisó que, de acuerdo a lo relatado por Wilson -ya fallecido-, tres hombres de entre 40 y 50 años, vestidos de civil, fueron los que detuvieron a su hermano. “Se identificaron como agentes de la Policía Federal. Le pidieron que se identifique, cuando mi hermano dijo su nombre, dos de ellos se le pusieron a cada lado y lo agarraron de los brazos, el tercero lo agarró de atrás. Lo hicieron caminar hasta la esquina y lo subieron a un Renault 12 blanco sin patente”.

La testigo explicó que al día siguiente, por recomendación de alguien a quien no recuerda, ella y su madre fueron a radicar la denuncia en la Gendarmería: “Esa misma noche, un cliente de mi esposo fue hasta nuestro negocio, y nos dijo que nos quedemos tranquilos, que tenían a mi hermano en el Regimiento de Caballería. Por eso, al otro día fuimos hasta allí y pedimos una audiencia, que nos fue concedida para el día siguiente. Mientras tanto, la Gendarmería fue hasta la casa de mi madre, a decir que todavía no tenían noticias de mi hermano, pero aprovecharon para hacer un allanamiento encubierto. Revisaron la casa y se llevaron una cajita de fósforos en la que él había anotado un número de teléfono, un cassette de música y unos papeles que estaban sobre la mesa. A cargo de todo eso estaba el comandante Suárez. Después nos enteramos que nos estaban investigando a nosotros, preguntándoles a los vecinos sobre qué clase de familia éramos, cuáles eran nuestras ideas”.

María Estela señaló que su hermano estudiaba Bioquímica en la ciudad de Santa Fe, pero que por problemas económicos tuvo que regresar a Concordia cinco años después, a comienzos de 1976. “Buscaba un trabajo, y mi cuñado, que trabajaba en una aseguradora, consiguió que lo tomaran como empleado. Tuvo una entrevista y después lo mandaron a hacerse unos estudios, eso fue los primeros días de noviembre del 76. Yo pensaba que había viajado a Paraná, pero hace poco, revisando papeles en casa de mi madre, encontré los análisis y se había hecho en Rosario. Y empecé a sospechar que fue ahí que lo marcaron para detenerlo”.

Por otra parte, la testigo dijo que mientras su hermano vivió en Santa Fe, tuvo una intensa actividad en el Centro de Estudiantes de la Facultad y que militaba en la Juventud Peronista.

Volviendo a los acontecimientos de noviembre del 76′, Solaga dijo que el día 24 fueron recibidos por el Teniente Coronel Naldo Miguel Dasso, jefe del Regimiento de Concordia. “Nos recibió muy molesto, porque hicimos la denuncia ante la Gendarmería. Nos dijo que él era jefe del Área, y que cualquier detención se producía bajo sus órdenes y su conocimiento. Que él se enteró por los diarios de que buscábamos a mi hermano, y que mi madre mentía al decir que se lo llevó gente de la Policía Federal. También dijo que era seguro que mi hermano estaba en alguna agrupación y que seguramente fueron sus propios compañeros lo que lo secuestraron. Mi mamá le creyó, pero yo sospechaba que no podía ser verdad”.

Al día siguiente llamaron nuevamente al Regimiento, porque querían una nueva audiencia. Les hicieron llenar una solicitud y las recibieron un día después. “En la segunda audiencia, Dasso le dijo a mi mamá que ‘acá todas las madres nos vienen a decir que sus chicos son buenos, pero no saben lo que hacen sus hijos’. Ante esta expresión, mi madre habrá puesto una cara de sorpresa, por lo que él le dijo ‘bueno, cuando sepamos lo que dicen en Santa Fe, vamos a ver qué pasa’. Eso me dio la pauta de que algo sabía, que sabía que mi hermano estaba detenido”.

Según los datos aportados por la mujer, Solaga habría estado detenido primero en el Regimiento de Concordia, luego fue trasladado a Paraná, a Santa Fe, a Rosario y, finalmente, a La Plata, donde se perdió todo registro de él. De este último destino, María Estela tuvo conocimiento a través de un ingeniero naval retirado, de apellido Maqueira, quien se desempeñaba como docente en la ENET Nº1 de Concordia, donde ella también trabajaba. “Pero no se cómo lo supo él”.

Su madre y ella nunca dejaron de buscarlo. Escribieron cartas a Jorge Rafael Videla, al ministro del Interior, Albano Harguindeguy; a organismos internacionales de Derechos Humanos, a la OEA, a la Iglesia, entre otros. Pero obtuvieron muy pocas respuestas, publica Uno. “En una oportunidad nos recibió monseñor Zabala, obispo de Concordia, y le dijo a mi madre que mi hermano era zurdo, que eso fue confirmado por la cajita de fósforos en la que estaba anotado el número de teléfono”.

En 1979, la mujer presentó un pedido de hábeas corpus ante un juzgado de Concordia, pero el juez lo rechazó y le hizo pagar las costas.

Asimismo, intentaron de dar con su hermano por otros medios. “Mi madre era muy católica, tenía una hermana monja que estaba en Chajarí y que era amiga de un cura salesiano que estaba en Córdoba. Este cura conocía a un vidente, y aseguraba que la videncia de este hombre era real. Fue así que nos contactamos con él”.

Pasaban los días, y la familia de Solaga no tenía noticias, así que María Estela le escribió una desesperada carta al sacerdote, la cual fue leída ante el Tribunal. El religioso le respondió que “no había contacto, lo cual indicaba que no había indicios de vida de Julio. Nos dijo que recemos por su alma”.

Por otra parte, la testigo dijo que recibió amenazas, ya en tiempos de democracia, hace cinco años. Las intimidaciones le llegaron por medio de la familiar de una víctima de la dictadura. “Nos habíamos hecho extracciones de sangre para el registro de los antropólogos forenses, ya que yo era la última familiar directa de Julio. No se cómo se enteraron, de eso, pero la llamaron a la señora Papetti (madre del conscripto Jorge Papetti, desaparecido), y a la hermana de Sixto Zalasar. A esta otra chica, de apellido Quinteros, la llamaron por teléfono y le dijeron que se ‘deje de embromar, puta de mierda. Que la iban a hacer boleta, y a mi familia también’”. Solaga dijo que nunca supo quién fue el autor de las amenazas, pero que en todas las ocasiones fueron realizadas por una voz masculina.

Apoyo de Concordia

Más de 100 personas de Concordia arribaron hoy a la capital provincial, y con pancartas y banderas recordaron a Sixto Zalasar y a Solaga en la puerta del Tribunal Federal.

“Vinimos desde Concordia a acompañar a los testigos”, manifestó Carlos González, quien destacó ante Elonce TV: “Le hemos puesto voluntad a esto, y después de 36 años lo menos que podemos hacer es estar acá alentando a los testigos que van a dar su testimonio”.

“Para nosotros es un día histórico, porque muchos exmilitantes no creían que iba a llegar. Aunque internamente aguardaran alguna esperanza, la realidad hacía que en la década del ’90 era difícil pensar esto”, afirmó además.

Por último Diego Labeque Drewanz de la agrupación La Gloriosa destacó que los relatos de hoy “son testimonios muy crudos, los relatos tienen una trama muy sensible, los testigos tienen muy latentes los momentos en que eran secuestrados sus familiares y las torturas que han vivido”. A la vez que destacó: “Nosotros somos simples militantes que acompañamos a la causa y aprendemos de este momento histórico, porque esto va a ser un ejemplo para las generaciones venideras”. Elonce.com

http://www.elonce.com/secciones/policiales/262233-causa-harguindeguy-desgarradores-testimonios-de-familiares-de-desaparecidos-de-concordia.htm

El represor reconoció la detención de estudiantes secundarios en la Policía Federal de La Histórica. Un exconscripto contó que observó el traslado de presos encadenados al piso de un avión. 

Alfredo Hoffman 
De la Redacción de UNO 

Francisco Crescenzo, exoficial de la Policía Federal Argentina y uno de los imputados en el juicio por la causa Harguindeguy, pidió ayer ampliar su declaración indagatoria. Lo hizo con el pretexto de “limpiar su buen nombre y honor” ante las acusaciones que pesan en su contra, pero entre digresiones y la narración de anécdotas que nada tenían que ver con los hechos investigados, terminó reconociendo la detención ilegal de estudiantes secundarios en julio de 1976, alojados en la Delegación Concepción del Uruguay de la institución que integraba. En el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la costa del Uruguay también se escuchó el relato de un exconscripto que participó de procedimientos ilegales en Gualeguaychú y un testigo del secuestro de Hugo Angerosa en la misma ciudad.

Ante el Tribunal Oral Federal 2 de Paraná, Crescenzo solicitó la palabra porque se sintió molesto con la declaración testimonial de Roque Minatta, uno de aquellos miembros de la Unión de Estudiantes Secundarios, quien lo había señalado como autor de “torturas psicológicas”. Además el querellante César Román lo acusó de integrar el grupo de tareas que lo secuestró de su casa y de ser el encargado de interrogar a las víctimas. En la Policía le preguntó a Román: “¿Así que vos sos el existencialista?”, porque entre los libros que le habían incautado estaba La náusea, de Jean Paul Sartre.

El acusado dijo que las palabras de Minatta le produjeron “una desazón tan grande” y “un pinchazo en el alma”. En su defensa señaló que no tuvo “nada que ver” y que su tarea, a pesar de ser el tercero en el orden de jerarquía en la delegación, se limitaba a “leer y firmar papeles”. Asimismo expresó: “Yo no sé nada de torturas, lo mío era la expresión cultural”.

Como en otras oportunidades durante el juicio, Crescenzo pretendió hablar de su fascinación por el dibujo, la escultura y el estudio de las ciencias humanísticas. Ayer intentó, además, montar una puesta en escena en la que se mostró emocionado y por momentos sollozando, y siempre yéndose en disgresiones y anécdotas que nada tenían que ver con los hechos, como cuando dijo que en aquella época usaba peluca. Sin embargo, al ser interrogado por la Fiscalía y los abogados querellantes, reconoció que vio “a los chicos”, en referencia a los estudiantes secundarios, que eran “cinco o seis” y estuvieron “menos de una semana”. Añadió que le “dijeron” que “estaban demorados por averiguación de antecedentes”, aunque adujo no recordar quién se lo dijo. Comentó que estaban en el casino de oficiales pero “jamás de los jamases” intervino en esa situación.

Cuando le preguntaron por orden de quién se los “demoró”, contestó que no sabía, pero imaginaba que “venían órdenes de la superioridad” y del “coronel que estaba a cargo”, en referencia al jefe del Batallón de Ingenieros de Combate 121 con asiento en Concepción del Uruguay, teniente coronel Raúl Federico Schirmer. En su relato intentó responsabilizar al subjefe, Alfonso Cevallos, y defender al jefe Jorge Vera, ambos fallecidos; al tiempo que confirmó la coordinación de fuerzas armadas y de seguridad al admitir que Schirmer se reunía habitualmente con Cevallos durante media hora a una hora.

Como su excamarada Julio César Rodríguez, simuló asombrarse cuando le preguntaron por el uso de la picana eléctrica. “Nunca vi una picana”, dijo, al tiempo que señaló que no creía que se hubiera usado en la Delegación y aseguró: “Yo nunca escuché un grito”. En otro pasaje intentó desacreditar a una de las víctimas que contó cómo fue picaneado en la lengua por una persona. “Es imposible. Si a mí me intentaran hacer lo mismo necesitarían 10 hombres para lograrlo”. La estrategia se le volvió en contra cuando el querellante Guillermo Mulet le pidió que explicara cómo sabía “la técnica para picanear a una persona”. Respondió que no conocía ninguna técnica y retornó al camino de las digresiones.

Crescenzo también buscó despegarse de Rodríguez y del prófugo Darío Mazzaferri, quienes eran los principales torturadores. Dijo que no tenía contacto con ellos y aportó que se desempeñaban en la oficina técnica de la planta alta, lugar señalado por las víctimas como sala de torturas.

“Yo no presencié en forma directa ningún ajusticiamiento”, dijo este expolicía de 85 años. “Si alguien se mandó alguna macana fue por orden superior”, añadió. En medio de su divagación, fue suficientemente hábil como para negar haber leído algún filósofo existencialista –“yo leía a Cicerón y Aristóteles”, dijo– para no convalidar la declaración de Román, y para mencionar que las camas que había en la delegación eran “de madera”, y así no avalar el relato de víctimas y testigos sobre las sesiones de torturas en elásticos metálicos convertidos en “parrillas”.

Testigo directo
La declaración testimonial de Oscar Aníbal Iriarte aportó datos precisos sobre la represión ilegal en Gualeguaychú. Él hacía el servicio militar obligatorio en 1976 y pudo tomar contacto por accidente con Jorge Felguer, uno de los detenidos alojados en el Escuadrón del Ejército de la localidad, y avisar a la familia de que se encontraba allí. Entre los soldados se comentaba que había presos civiles en las habitaciones donde dormían los suboficiales –cosa que confirmó al ver a Felguer– y que eran sacados de noche y llevados a un lugar donde antiguamente funcionaba una granja, dentro del mismo predio castrense, para ser torturados.

También precisó que participó de operativos enmarcados en la alegada “lucha contra la subversión” a cargo de quien era su jefe inmediato, el imputado Santiago Carlos Héctor Kelly del Moral. Además de participar de un allanamiento en un campo en busca de “terroristas” que nunca encontraron y de constantes “controles de ruta”, le tocó presenciar un traslado de detenidos que al evocarlo ayer no pudo evitar quebrarse emocionalmente. Iriarte relató que una mañana lo llevaron al aeroclub de Gualeguaychú y le ordenaron apostarse a 20 metros de la cola de un avión Hércules que estaba en la pista. Mientras estaba allí escuchó a dos penitenciarios federales que comentaban las “brutalidades” que ejercían sobre los presos políticos. Luego vio llegar un colectivo, que podría ser el del Escuadrón, del que bajaron entre 20 y 30 personas. “Los bajaron a trompadas y patadas. Esos pobres presos no tocaban el suelo. Ni a los animales se los trata así. Los subieron al avión y los encadenaron al piso, en medio de lamentos y gritos de dolor”, expresó. Allí se comentaba que eran presos que trasladaban a Coronda. Él realizó esa custodia junto a otros cinco o seis soldados y su jefe Kelly del Moral.

El exconscripto mencionó al imputado Juan Miguel Valentino, jefe del Escuadrón, como uno de los responsables. También al subjefe Gustavo Martínez Zuviría, a quien calificó de “un tipo muy despreciable y sádico”. Para ilustrar esos calificativos relató: “Un soldado tuvo un accidente en una rodilla y Martínez Zuviría le gritaba que era un invento para salvarse de la conscripción y lo agarró a patadas en la rodilla. Por eso lamento que hoy esté muerto”.

Recuerdos de un sobreviviente
Luis Ricardo Pico Silva brindó ayer una emotiva testimonial durante la cual confirmó que compartió cautiverio en el centro clandestino de detención de Comunicaciones del Ejército, en Paraná, con una víctima de la causa Harguindeguy: Carlos Martínez Paiva. Silva dijo que lo vio “destrozado” por las torturas que había recibido en la Policía Federal de Concepción del Uruguay y “cadavérico”. También vio allí a Victorio Coco Erbetta: como declaró en la causa Área Paraná, dijo que una noche lo llevaron a hablar con monseñor Adolfo Tortolo, quien le dio cigarrillos que Erbetta al regresar compartió con los secuestrados. Más tarde, de madrugada, por los agujeros del calabozo vio pasar un cadáver tapado con una sábana ensangrentada. Enseguida imaginó que era el cuerpo de Coco, que nunca más apareció.

Silva fue detenido en el club La Vencedora de Gualeguaychú, la noche del 12 de agosto de 1976, por parte de dos policías de la ciudad. Lo llevaron a la Jefatura Departamental de Policía y al día siguiente lo trasladaron a Paraná. Previo paso por la Dirección de Investigaciones que funcionaba en calle Buenos Aires frente a la plaza Alvear, lo dejaron en Comunicaciones. Los policías gualeguaychuenses que lo llevaron se ligaron una fuerte reprimenda de parte del militar que los recibió, porque lo habían llevado sin capucha y sin esposas. A Silva lo “azotó contra la pared” y le gatilló el arma en la cabeza. Durante su declaración, dio cuenta del “infierno” que vivió en ese CCD hasta que fue trasladado la cárcel de Paraná. Desde la unidad penal también lo sacaban encapuchado para torturarlo. Luego recorrió otras cárceles del país hasta que fue liberado días antes de la guerra de Malvinas.

También recordó a los desaparecidos de Gualeguaychú con quienes compartía la militancia de aquellos años, en el peronismo y en Acción Católica. Así mencionó a Norma Noni González, Oscar Alfredo Ruso Dezorzi, Blanca Angerosa y Enrique Guastavino.

Testigos que declararon en la causa Harguindeguy confirmaron la presencia de detenidos civiles en el Regimiento de Gualeguaychú y los allanamientos sin órdenes judiciales durante la dictadura.

Alfredo Hoffman 
De la Redacción de UNO

Dos exmilitares y un exconscripto se sumaron ayer a los testigos que confirman la existencia de personas privadas ilegalmente de su libertad en el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada II de Gualeguaychú durante la última dictadura cívico-militar. Los dos primeros supieron de esa situación por haber estado en contacto con los presos políticos, y el exsoldado la conoció más que nada por comentarios. En los relatos no quedaron dudas de que el jefe de la unidad militar, Juan Miguel Valentino, era quien daba las órdenes con respecto a los detenidos; a la vez que se pudieron escuchar descripciones de algunos operativos realizados con la finalidad alegada de la lucha contra la subversión –eufemismo del terrorismo de Estado– como allanamientos y detenciones sin órdenes judiciales.

El juicio por la causa Harguindeguy, que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, atraviesa por la última etapa de testimonios correspondientes a los crímenes de lesa humanidad cometidos en Concepción del Uruguay, aunque en estos días se tratan hechos que también están relacionados con Gualeguaychú, puesto que allí fueron trasladados desde la Policía Federal de Concepción Hugo Angerosa y Jorge Felguer, víctimas de secuestro y torturas.

Jorge Alberto Toledo, quien en 1976 era sargento ayudante y se desempeñaba como encargado del parque de automotores, relató que en una oportunidad Valentino le dio la orden de ir a esperar a la ruta a un auto que iba desde Paraná con dos personas. Fue en un camión Unimog, cerca de las 2, y vio llegar a un Ford Falcon. Se bajaron cuatro hombres de civil y sacaron a dos del baúl. Los subieron al Unimog y Toledo los llevó hasta el Escuadrón sin pasar por la guardia. Según este relato, los de civil, que a él le parecieron policías, introdujeron a los detenidos en la habitaciones para suboficiales, los encerraron y le entregaron las llaves para que los custodiara. El testigo reconoció a Angerosa, a quien ya conocía, y dijo que el otro era un muchacho que estaba haciendo la conscripción en Villaguay, es decir Felguer.

Toledo aseguró que no pudo verles las caras a los cuatro que venían en el Falcon, a pesar de que dijo que le entregaron las llaves. Se supone que no iban desde Paraná, sino desde Concepción y que podrían ser hombres de la Policía Federal de esa ciudad. Ese suboficial estaba de “servicio de semana” y al día siguiente le dio la comida a Angerosa y luego le recibió un mensaje escrito que le llevó a la familia. Cuando le volvió a tocar estar “de semana” los detenidos ya no estaban.

Amadero Suparo, otro exsuboficial, dijo haber cuidado a detenidos civiles que, según recordó luego de que le leyeran lo que dijo en la instrucción, eran cuatro: Angerosa, Emilio y Jaime Martínez Garbino y uno de los hermanos Ingold. Recordó que a Angerosa lo trajeron en un Unimog, cuando ya estaban alojados los otros, y tenía marcas en las muñecas propias de las esposas. Por eso la primera vez que le llevó comida le tuvo que cortar la carne, porque “no tenía fuerzas” para hacerlo por su cuenta. No vio, llamativamente, ni la venda que tenía en los ojos ni las heridas que se produjeron cuando se la intentó sacar otro guardia, Roberto Jesús Balla.

Mariano Raúl Rossi, un exconscripto, dijo que escuchó por comentarios que allí había detenidos civiles alojados “en los dormitorios del personal de semana”. Mencionó que eran “tres o cuatro personas”. Cuando le señalaron que la instrucción dijo que había visto a 10 personas en esa situación, dijo que lo recordaba “muy vagamente”.

Luego Rossi relató un episodio sucedido una noche: sacaron a todo el personal y los llevaron “detrás de la cuadra”. Allí los hicieron “sentar en ronda” y aplaudir para que no escucharan ni vieran la llegada de un grupo de colectivos, en la oscuridad. Luego hubo rumores de que se trataba de un traslado de presos políticos.

Todos los testigos que declararon ayer recordaron que en una zona alejada, pero dentro del regimiento, funcionaba una granja. Solo Rossi dijo que escuchó comentarios de que ese lugar era utilizado para “interrogatorios” de los detenidos.

Autoridad
Todos también dieron cuenta del constante ingreso a la unidad militar de personal de otras fuerzas de seguridad, sobre todo de la Policía de Entre Ríos, que se dirigían a conversar con las autoridades del Ejército. El testigo Toledo especificó que Valentino, además de ser jefe del Escuadrón, era “jefe de área”, es decir que tenía autoridad sobre las otras dependencias castrenses de la región y sobre la Policía, Gendarmería y Prefectura. Suparo sostuvo que las órdenes respecto de los detenidos las daba el mayor Valentino, el segundo jefe Gustavo Martínez Zuviría o un suboficial mayor de apellido Gallardo.

Amadeo Suparo también relató que vio personalmente a miembros de otras fuerzas que iban a reunirse con los jefes militares. Puntualmente nombró al jefe de la Departamental Gualeguaychú de la Policía de Entre Ríos, Marcelo Pérez, quien es “primo hermano” suyo. Pérez también está imputado en la causa Valentino.

Allanamientos en primera persona
Los exmilitares Toledo y Suparo manifestaron que participaron de allanamientos de domicilios realizados en el marco de la represión ilegal. Toledo fue el que tuvo más protagonismo, según relató. Dijo que realizó una “requisa” en Urdinarrain, en la casa de un hombre de apellido Bustos Fierro, donde tenía la orden de buscar municiones y “panfletos y banderines” identificados con simbología de izquierda, pero no encontraron nada. El jefe del operativo, que se realizó sin orden judicial, era Santiago Kelly del Moral, imputado en la causa Valentino, acumulada a la causa Harguindeguy.

A Bustos Fierro lo subieron a un patrullero, a la esposa a otro y Toledo subió a otro. “A mí me dan un bebé, que lloraba mucho, y vamos a la Jefatura de Policía de Gualeguaychú. Cuando llegamos le pido una mamadera a una mujer que había ahí y le di leche al bebé. Se ve que tenía hambre porque se calló”. En la Policía estaba la esposa de Bustos Fierro, quien le pidió al niño. Dijo que se lo dio y no supo nada más.
Estos procedimientos se suman a otros relatados por los testigos de ayer. El exconscripto Rossi dijo que estaban a cargo de los jefes de secciones o “fuerzas de choque”, que eran Kelly del Moral, Eduardo Luis Federico Anschutz y otro oficial de apellido Cheretti. En su mayoría –dijeron los tres– eran controles de ruta que se hacían casi a diario para identificar personas y se enmarcaban en la alegada “lucha contra la subversión”, sobre la cual Valentino arengaba en forma permanente al dar el saludo a la tropa.

Desaparición de Dezorzi
Jorge Toledo declaró ayer que fue testigo de los momentos posteriores al secuestro de Oscar Alfredo Dezorzi, que se perpetró la madrugada el 10 de agosto de 1976 en la casa de los padres de la víctima, en Gualeguaychú. Toledo contó: “Yo salía de la guardia, entre las 7 y las 8 de la mañana, y apareció una señora con un nenito y dijo que su marido era Dezorzi y lo habían sacado de la casa de noche”. Él le contestó que no sabía nada, que tenía que hablar con Valentino, que justo en ese momento ingresaba al Escuadrón en la camioneta F-100 que tenía a su disposición, a la que llamaban La Guerrillera. Expresó que la mujer habló con el jefe militar, pero que desconoce lo que conversaron.