Crónicas
Exmilitares admitieron que hubo procedimientos ilegales
Testigos que declararon en la causa Harguindeguy confirmaron la presencia de detenidos civiles en el Regimiento de Gualeguaychú y los allanamientos sin órdenes judiciales durante la dictadura.
Alfredo Hoffman
De la Redacción de UNO
Dos exmilitares y un exconscripto se sumaron ayer a los testigos que confirman la existencia de personas privadas ilegalmente de su libertad en el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada II de Gualeguaychú durante la última dictadura cívico-militar. Los dos primeros supieron de esa situación por haber estado en contacto con los presos políticos, y el exsoldado la conoció más que nada por comentarios. En los relatos no quedaron dudas de que el jefe de la unidad militar, Juan Miguel Valentino, era quien daba las órdenes con respecto a los detenidos; a la vez que se pudieron escuchar descripciones de algunos operativos realizados con la finalidad alegada de la lucha contra la subversión –eufemismo del terrorismo de Estado– como allanamientos y detenciones sin órdenes judiciales.
El juicio por la causa Harguindeguy, que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, atraviesa por la última etapa de testimonios correspondientes a los crímenes de lesa humanidad cometidos en Concepción del Uruguay, aunque en estos días se tratan hechos que también están relacionados con Gualeguaychú, puesto que allí fueron trasladados desde la Policía Federal de Concepción Hugo Angerosa y Jorge Felguer, víctimas de secuestro y torturas.
Jorge Alberto Toledo, quien en 1976 era sargento ayudante y se desempeñaba como encargado del parque de automotores, relató que en una oportunidad Valentino le dio la orden de ir a esperar a la ruta a un auto que iba desde Paraná con dos personas. Fue en un camión Unimog, cerca de las 2, y vio llegar a un Ford Falcon. Se bajaron cuatro hombres de civil y sacaron a dos del baúl. Los subieron al Unimog y Toledo los llevó hasta el Escuadrón sin pasar por la guardia. Según este relato, los de civil, que a él le parecieron policías, introdujeron a los detenidos en la habitaciones para suboficiales, los encerraron y le entregaron las llaves para que los custodiara. El testigo reconoció a Angerosa, a quien ya conocía, y dijo que el otro era un muchacho que estaba haciendo la conscripción en Villaguay, es decir Felguer.
Toledo aseguró que no pudo verles las caras a los cuatro que venían en el Falcon, a pesar de que dijo que le entregaron las llaves. Se supone que no iban desde Paraná, sino desde Concepción y que podrían ser hombres de la Policía Federal de esa ciudad. Ese suboficial estaba de “servicio de semana” y al día siguiente le dio la comida a Angerosa y luego le recibió un mensaje escrito que le llevó a la familia. Cuando le volvió a tocar estar “de semana” los detenidos ya no estaban.
Amadero Suparo, otro exsuboficial, dijo haber cuidado a detenidos civiles que, según recordó luego de que le leyeran lo que dijo en la instrucción, eran cuatro: Angerosa, Emilio y Jaime Martínez Garbino y uno de los hermanos Ingold. Recordó que a Angerosa lo trajeron en un Unimog, cuando ya estaban alojados los otros, y tenía marcas en las muñecas propias de las esposas. Por eso la primera vez que le llevó comida le tuvo que cortar la carne, porque “no tenía fuerzas” para hacerlo por su cuenta. No vio, llamativamente, ni la venda que tenía en los ojos ni las heridas que se produjeron cuando se la intentó sacar otro guardia, Roberto Jesús Balla.
Mariano Raúl Rossi, un exconscripto, dijo que escuchó por comentarios que allí había detenidos civiles alojados “en los dormitorios del personal de semana”. Mencionó que eran “tres o cuatro personas”. Cuando le señalaron que la instrucción dijo que había visto a 10 personas en esa situación, dijo que lo recordaba “muy vagamente”.
Luego Rossi relató un episodio sucedido una noche: sacaron a todo el personal y los llevaron “detrás de la cuadra”. Allí los hicieron “sentar en ronda” y aplaudir para que no escucharan ni vieran la llegada de un grupo de colectivos, en la oscuridad. Luego hubo rumores de que se trataba de un traslado de presos políticos.
Todos los testigos que declararon ayer recordaron que en una zona alejada, pero dentro del regimiento, funcionaba una granja. Solo Rossi dijo que escuchó comentarios de que ese lugar era utilizado para “interrogatorios” de los detenidos.
Autoridad
Todos también dieron cuenta del constante ingreso a la unidad militar de personal de otras fuerzas de seguridad, sobre todo de la Policía de Entre Ríos, que se dirigían a conversar con las autoridades del Ejército. El testigo Toledo especificó que Valentino, además de ser jefe del Escuadrón, era “jefe de área”, es decir que tenía autoridad sobre las otras dependencias castrenses de la región y sobre la Policía, Gendarmería y Prefectura. Suparo sostuvo que las órdenes respecto de los detenidos las daba el mayor Valentino, el segundo jefe Gustavo Martínez Zuviría o un suboficial mayor de apellido Gallardo.
Amadeo Suparo también relató que vio personalmente a miembros de otras fuerzas que iban a reunirse con los jefes militares. Puntualmente nombró al jefe de la Departamental Gualeguaychú de la Policía de Entre Ríos, Marcelo Pérez, quien es “primo hermano” suyo. Pérez también está imputado en la causa Valentino.
Allanamientos en primera persona
Los exmilitares Toledo y Suparo manifestaron que participaron de allanamientos de domicilios realizados en el marco de la represión ilegal. Toledo fue el que tuvo más protagonismo, según relató. Dijo que realizó una “requisa” en Urdinarrain, en la casa de un hombre de apellido Bustos Fierro, donde tenía la orden de buscar municiones y “panfletos y banderines” identificados con simbología de izquierda, pero no encontraron nada. El jefe del operativo, que se realizó sin orden judicial, era Santiago Kelly del Moral, imputado en la causa Valentino, acumulada a la causa Harguindeguy.
A Bustos Fierro lo subieron a un patrullero, a la esposa a otro y Toledo subió a otro. “A mí me dan un bebé, que lloraba mucho, y vamos a la Jefatura de Policía de Gualeguaychú. Cuando llegamos le pido una mamadera a una mujer que había ahí y le di leche al bebé. Se ve que tenía hambre porque se calló”. En la Policía estaba la esposa de Bustos Fierro, quien le pidió al niño. Dijo que se lo dio y no supo nada más.
Estos procedimientos se suman a otros relatados por los testigos de ayer. El exconscripto Rossi dijo que estaban a cargo de los jefes de secciones o “fuerzas de choque”, que eran Kelly del Moral, Eduardo Luis Federico Anschutz y otro oficial de apellido Cheretti. En su mayoría –dijeron los tres– eran controles de ruta que se hacían casi a diario para identificar personas y se enmarcaban en la alegada “lucha contra la subversión”, sobre la cual Valentino arengaba en forma permanente al dar el saludo a la tropa.
Desaparición de Dezorzi
Jorge Toledo declaró ayer que fue testigo de los momentos posteriores al secuestro de Oscar Alfredo Dezorzi, que se perpetró la madrugada el 10 de agosto de 1976 en la casa de los padres de la víctima, en Gualeguaychú. Toledo contó: “Yo salía de la guardia, entre las 7 y las 8 de la mañana, y apareció una señora con un nenito y dijo que su marido era Dezorzi y lo habían sacado de la casa de noche”. Él le contestó que no sabía nada, que tenía que hablar con Valentino, que justo en ese momento ingresaba al Escuadrón en la camioneta F-100 que tenía a su disposición, a la que llamaban La Guerrillera. Expresó que la mujer habló con el jefe militar, pero que desconoce lo que conversaron.
10 May
Un ex policía evitó involucrar a los imputados, pero dejó dudas.
En la Causa Harguindeguy, un ex oficial de la Federal dio datos inconsistentes sobre las funciones que se realizaban en la Oficina Técnica, y el rol que desempeñaban Rodriguez y Crescenzo. Además, contradijo a los testigos que declararon ayer.
Un testimonio lleno de contradicciones comprometió aún más la supuesta inocencia de los imputados en el juicio por la Causa Harguindeguy.
Godofredo Viale, quien durante la dictadura cívico – militar ejerció el grado de oficial inspector en la Delegación de la Policía Federal en Concepción del Uruguay, declaró ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, pero en su testimonio intentó no involucrar a los imputados.
El testigo comenzó su relato señalando que durante 1976 desempeñaba su labor en la denominada Oficina Técnica; y que luego fue removido de su puesto para pasar a ser encargado de seguridad del edificio.
Cuando se le pidieron que describa el edificio, Viale dijo que el lugar tenía una sola planta, lo cual fue repreguntado por la fiscalía, dado que todos los ex agentes que declararon ayer dijeron que había dos niveles, y que en el piso superior se encontraban la Oficina Técnica y el dormitorio de los oficiales.
Luego, el testigo se desdijo y aclaró que había un segundo piso precario, señalando que allá estaba la oficina en cuestión. Más tarde, dijo que Darío Mazzaferri -actualmente, prófugo de la Justicia- fue designado como titular de la Oficina Técnica en marzo del 76. Luego, dijo que él estuvo a cargo de la oficina hasta fines de abril del 76, lo cual desató una serie de preguntas por parte del Tribunal, que no quedó conforme con las inconsistencias en ese punto.
Además, en un momento dijo que el imputado Julio César Rodriguez trabajó en administración durante el año 1975 y luego fue Técnica. En un momento de la declaración, dijo que mientras él estuvo al frente de esa oficina, tuvo a Rodríguez como subordinado durante casi un año, lo cual se contradice con lo declarado antes ya que, supuestamente, a principios del 76′ fue removido de su puesto.
Por otra parte, negó haber visto en la Delegación a los jóvenes militantes detenidos en julio de 1976, lo cual generó más dudas, dado que todos los ex agentes de policía que declararon ayer, señalaron que los jóvenes estuvieron alojados en una dependencia conocida como el Casino de Oficiales.
“No recuerdo haber visto a ese grupo. Sí ví a varios detenidos de Gualeguaychú que estuvieron dos días en el hall. Recuerdo a un doctor de apellido Urdapilleta, una chica Chacón, y a un joven Guastavino. Estuvieron detenidos tranistoriamente, no sé por qué motivos”, manifestó.
Interrogado por la fiscalía, Viale dijo que participó en varios procedimientos, pero que diempre lo hizo “en forma legal y usando el uniforme. Fui con órdenes escritas”.
“Una vez fuimos a un domicilio detener a un joven de apellido Morend (una de las víctimas incluídas en la causa), porque tenía que hacerlo comparecer. Había una señora mayor que se llamaba Aurora y era la suegra de uno de los hermanos Morend. Buscamos en la casa, pero no estaba. Lo que si encotramos fue material subversivo, y había un mimeógrafo. Uno de los oficiales que estaba conmigo dijo ‘puta madre, a este gurí yo lo conozco, jugaba con mi hijo. Iba al Colegio Don Bosco’. Entonces yo le dije, ‘bueno, andá y tirá eso (el mimeógrafo) a la basura. Que esto quede entre nosotros”, declaró, y dijo que arrojaron el artefacto a una letrina.
También dijo que lo enviaron a detener a Carlos Martínez Paiva, pero que “no estaba en la casa, así que nos volvimos con resultado negativo”.
Señalo que siempre realizó los operativos en forma legal, en conjunto con oficiales del Ejército. Ante una pregunta de la querella, Viale terminó reconociendo que había oficiales de la policía que iban de civil, pero no especificó nombres. Esto incentivó más la sospecha de que el testigo ocultaba información. Cuando le preguntaron si Rodríguez usaba uniforme, el hombre reconoció que no lo hacía, pero dijo no recordar que el imputado participara en procedimientos.
En cuanto a las funciones de la Oficina Técnica, dijo que, mientras él estuvo allí, se recopilaba información sobre los “acontecimientos que tenían lugar en la ciudad. Eso después se mandaba a la Dirección de Seguridad Interior, y de allí al Ministerio del Interior. Era esa la forma en la que el gobierno conseguía información de primera mano”.
Además, explicó que tras el golpe militar, la Policía Federal dependía de las órdenes del jefe de Área del Ejército, que en ese entonces era el Teniente Coronel Raúl Schirmer, y que este se reunía todas las mañanas y noches con el comisario Vera, jefe de la Delegación de la Federal.
En un momento de su declaración, Viale dijo que él tenía una “actitud floja con los que yo tenía que detener. Si mis jefes en ese momento se enteraban, podrían haberme metido preso, por ocultar evidencia. Además, pedí que no me manden a hacer detenciones, yo no quería hacer eso porque después quería seguir viviendo en Concepción del Uruguay”. Cuando la querella le consultó cómo eran las actitudes “no flojas” que debían tener, el testigo no dio precisiones, pero negó haber presenciado torturas. Y que nunca supo que haya desaparecidos en Concepción del Uruguay.
Luego del testimonio de Viale, fue el turno de Jorge Balerdi, quien prestó el servicio militar obligatorio en el Destacamento de Gualeguaychú.
El testigo reconoció que en ese lugar estuvieron detenidos Hugo Angerosa, Jorge Felguer, uno de los hermanos Martínez Garbino, y uno de los Ingold. “Estuvieron detenidos en las habitaciones del personal de guardia, pero no los pude ver nunca, me enteré después. Sabíamos que había detenidos, pero no teníamos ningún contacto con ellos”.
Además, dijo que jamás participó en operativos “ni en captura de personas. Una sola vez realizamos un procedimiento rastrillo en el norte de la ciudad de Gualeguaychú, con el objetivo de secuestrar armas. Y lo hicimos en forma conjunta con la policía”.
Ante una consulta de la querella, el testigo dijo desconocer si Felguer y Angerosa fueron trasladados del Destacamento. “Sólo creo que a la madrugada los llevaban al baño de tropa, para que hagan sus necesidades. Pero nunca los pude ver”, explicó
Luciana Actis/ De la Redacción de UNO
4 May
Una testigo comprometió a Rodríguez.
La viuda de Carlos Valente relató cómo una patota de la Policía Federal secuestró y torturó a su esposo en 1976. Apuntó a Rodríguez -y a Mazzaferri, hoy prófugo- como autor directo. El acusado pidió la palabra y señaló que la testigo “miente”.
En la octava jornada de testimoniales en el juicio por la Causa Harguindeguy, en la que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en Entre Ríos durante la última dictadura cívico militar, una testigo aportó datos que comprometen seriamente al imputado Julio César Rodríguez -alias El Moscardón Verde-, y lo sitúan como cabecilla de una patota de la Policía Federal de Concepción del Uruguay.
En esta oportunidad, el Tribunal compuesto por Lilia Carnero (presidenta), Noemí Berros y Roberto López Arango, escuchó en primer término a Rosa Catalina Gaitán, viuda de Carlos Valente, militante de la JP secuestrado en julio del 76, en su domicilio de La Histórica.
Gaitán explicó que en abril de ese año, su esposo “sufrió un episodio previo”, relacionado con el hecho: “Yo salía de trabajar a las once de la noche, entonces Carlos me iba a buscar. Una noche, salí y él no estaba en la puerta. Cuando llegué a casa, mi madre me dijo que él había salido a buscarme, entonces me angustié. Pasada la medianoche, apareció en casa muy golpeado, y nos relató que lo habían levantado en la calle, lo metieron en el baúl de un auto y lo llevaron hasta Puente de Fierro -un camino lateral de la ciudad, cerca del basurero municipal-, lo interrogaron, le hicieron un simulacro de fusilamiento, y lo largaron”, señaló, y añadió que dos meses después, cuando su marido fue nuevamente secuestrado, reconoció las voces de Rodríguez y José Darío Mazzaferri, quien hoy se encuentra prófugo de la justicia.
Al día siguiente, acompañó a su marido a la Comisaría de Concepción del Uruguay, para denunciar lo ocurrido en Puente de Fierro. Allí, un policía conocido de su esposo tomó la denuncia, y días después les advertiría que “había averiguado que los que lo levantaron a Carlos eran una patota de la Policía Federal. Nos dijo que nos cuidemos”.
Los hechos.
Según el testimonio de Gaitán, a las 2 de la madrugada del 17 de julio de 1976, personal de la Policía Federal irrumpió violentamente en su casa para realizar un allanamiento y detener a su esposo. “Entraron con armas largas y sin ninguna orden. Dos de ellos estaban de civil, y los otros cuatro, con uniformes de la Federal. En casa vivíamos con mis padres, mi hermana, y mi hijo de un año y medio. Nos trataron muy mal, revisaron los roperos, lo sacaron a mi marido de la cama y se lo llevaron detenido”. Asimismo, precisó que quienes iban vestidos como civiles eran El Moscardón y Mazzaferri.
“Me dijeron que se lo llevaban a la delegación, así que al día siguiente fuimos hasta allá con mi cuñado, Norberto Valente, y nos atendió el jefe, comisario Cevallos. No nos dio muchas explicaciones y nos dijo que a mi marido lo detuvieron porque estaba poniendo en peligro la seguridad nacional. Me dijo que no lo podría ver, porque estaba incomunicado, y que le lleve comida”, relató la testigo.
Días después, cuando fue a llevarle una vianda a su esposo, un agente de apellido Castillo le preguntó a Gaitán si quería ver a su marido. “Me llevó a una sala, allá estaba mi esposo; lo vi dolorido, con la cara amoratada y lloroso. En un momento, me dijo ‘me están destrozando’, entonces el agente Castillo dijo que se terminaba la visita”.
Transcurridos varios días, Gaitán pidió ver a su esposo nuevamente, pero le dijeron que eso era imposible, porque estaba incomunicado. “Eso me dio la pauta de que Castillo había hecho una excepción. Pero esa noche había otro guardia, y me dijo que los jefes querían interrogarme, así que me condujo hasta una sala con sillones, que parecía un living. Allí estaban Rodríguez y Mazzaferri, que me sometieron a un interrogatorio banal. Parecía más un perfil psicológico, que una averiguación de datos, ya que me preguntaban si mi marido era celoso, violento, y cómo era su relación con nuestro hijo”.
Pasado un par de días, Gaitán se enteró que su marido había sido trasladado al Regimiento del Ejército. La mujer se comunicó telefónicamente con el jefe de esa delegación castrense, teniente coronel Raúl Schirmer, pero éste le dijo que a Valente lo habían trasladado a Paraná. “Tomamos el tren con Norma Morend, la esposa de Darío Morend, ya que a su marido lo tenían detenido junto al mío. Llegamos a Paraná y en el Regimiento nos trataron mal, nos dijeron que volvamos a Concepción del Uruguay, y que nos jodamos por casarnos con subversivos”.
Tras regresar a La Histórica, se comunicaron con Schrimer: “Nos dijo que hicimos mal en viajar a Paraná, que era muy peligroso. Que de ahora en más cualquier información sobre nuestros maridos la íbamos a tener de parte él. Y así fue, unos días después, un soldado fue hasta mi casa para informar que a Carlos lo trasladaban a Gualeguaychú. Allí estuvo hasta octubre, después, me llegó una nota del teniente Schrimer, en la que me explicaba que lo iban a llevar a la cárcel de Coronda”.
Gaitán leyó ante el Tribunal esa nota, que conserva hasta el día de hoy, y explicó que Schrimer le dijo que “guarde bien este papel, porque era la garantía de vida de mi esposo. Pero al tiempo, el teniente coronel fue reemplazado, y su reemplazante, de apellido Noé, no tuvo buen trato para con nosotros”.
La mujer se enteraría más tarde que su marido estaba con vida en Coronda, a través de los familiares de otro entrerriano detenido en Coronda, de apellido Ramat. “Recién en enero me dejaron visitarlo en forma indirecta, fue una experiencia horrible, ver a una cola de familiares que iban a averiguar sobre el paradero de sus seres queridos. Había unos 200 presos políticos allá. En ese lugar lo tuvieron a mi marido hasta diciembre de 1977, cuando fue liberado”, recordó.
Con mucha emoción y dificultad, Gaitán describió los tormentos a los que fue sometido su esposo mientras estuvo detenido en Concepción del Uruguay y Paraná, precisando que le aplicaron el “submarino seco” (consistente en colocar una funda plástica en la cabeza del torturado, hasta que su propia respiración lo ahoga), la picana eléctrica, y sesiones de golpes. “Y una vez los sometieron a un simulacro de fusilamiento frente a otros detenidos, que creo que eran militantes de la UES. Tuvo que soportar vejámenes permanentemente. En Coronda también la pasó muy mal”.
La mujer relató que luego de su liberación, su marido no pudo trabajar en relación de dependencia hasta la vuelta de la democracia. “Había conseguido un trabajo como sereno en el Yatch Club de Concepción, pero los socios, cuando se enteraron que estuvo preso por ‘subversivo’, pusieron el grito en el cielo y lo hicieron renunciar. Lo mismo le pasó cuando consiguió trabajo en Lusera, la comisión directiva le pidió la renuncia. Así que tuvo que dedicarse a ser viajante, porque nadie quería contratarlo”.
Finalmente, ante una pregunta puntual del Tribunal, Gaitán consideró que Mazzaferri tenía una conexión más directa con el Ministerio del Interior, en ese entonces, a cargo de Albano Harguindeguy. “Mazzaferri no se movía igual que los otros, él estaba a cargo de la inteligencia en los operativos. Creo que no dependía directamente del subcomisario Cevallos, como los demás agentes, recibía órdenes de más arriba, no sé si directamente de la estructura policial. Creo que habrá estado conectado con el Ministerio del Interior”.
Al concluir la declaración de la testigo, el imputado Rodríguez pidió hacer uso de la palabra. Manifestó que jamás vio una picana en la delegación de la Policía Federal de Concepción del Uruguay. Y señaló que “Gaitán miente”.
Luego declararon dos ex agentes de la Policía Federal, Ernesto Baucero y Julo Chappella, quienes admitieron haber custodiado a los estudiantes secundarios que etuvieron secuestrados en la Delegación Concpeción del Uruguay en julio de 1978, pero dijeron no haber visto los signos de las torturas a las que eran sometidos.
Luciana Actis/ De la Redacción de UNO
2 May
La angustia de los familiares quedó reflejada ayer en el juicio.
En la causa Harguindeguy declararon parientes de víctimas de secuestros y torturas en Concepción del Uruguay. Denunciaron robo de pertenencias durante allanamientos ilegales.
Alfredo Hoffman De la Redacción de UNO
Tres mujeres declararon ayer en la continuidad del juicio por delitos de lesa humanidad en la costa del río Uruguay que se desarrolla ante el tribunal Oral Federal de Paraná.
Las tres son familiares cercanas de dos víctimas de secuestros y torturas que permanecieron detenidos en la delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal Argentina en 1976 y contaron en sus testimonios otra dimensión del terrorismo de Estado: la de la angustia que debían atravesar las familias ante la incertidumbre por el destino de sus seres queridos. Además, durante la jornada uno de los testigos relató que la patota que allanó ilegalmente su domicilio robó dinero y otras pertenencias.
Josefina Ester Grenz era en aquel año la esposa de Carlos Atilio Martínez Paiva –hoy están divorciados– y tenían dos hijos de 3 y 4 cuatro años. Una noche de julio de 1976, estando ella sola con los chicos en la casa, integrantes de fuerzas de seguridad ingresaron violentamente y la encañonaron con un arma. A los niños los despertaron, los llevaron a la cocina y no los dejaban moverse de allí. Ella, que permanecía en el living amenazada, no podía verlos y temía por lo que pudieran hacerles.
Secuestro y robo El operativo duró más de una hora, según pudo recordar Josefina en la audiencia. Cuando el grupo de tareas se retiró pudo corroborar que le faltaba ropa de su marido, que acostumbraba a vestirse bien, y una importante suma de dinero que la pareja estaba ahorrando para comprar un auto pequeño. Carlos no llegó a la casa: lo esperaron a dos cuadras, en la esquina de la comisaría primera, y lo apresaron cuando bajó del colectivo de la Línea 2. Este empleado municipal fue conducido a la Policía Federal y sometido a salvajes torturas. De allí lo iban a trasladar al centro clandestino de detención Comunicaciones del Ejército, en Paraná; más tarde a la cárcel de Gualeguaychú y finalmente a la de Coronda.
Josefina, sin dinero, internó a sus hijos en un jardín maternal durante casi todo el día y consiguió empleo en una tintorería, donde todavía trabaja. Aquellos días vivía angustiada, estaba sola, iba por la calle “con el corazón en la boca” y temía que le quitaran los chicos o les hicieran algo. Cuando le preguntaban les decía: “Papá viajó”. Averiguando llegó a la Federal, donde admitieron que su marido estaba detenido allí, pero no la dejaron verlo. Recién lo pudo visitar en la Unidad Penal de Gualeguaychú, después de muchos meses. Lo notó muy mal psicológicamente, no le quiso contar mucho, pero ella se dio cuenta por la forma de hablar. No era el mismo.
Aquella joven oriunda de Santa Anita, en la zona rural del Departamento Uruguay, recién pudo empezar a superar el miedo cuando Carlos salió en libertad. Pero de todos modos lo siguieron persiguiendo y en 1980 volvieron a allanar la casa, le secuestraron una biblioteca completa y lo llevaron otra vez detenido. Esa vez fue una patota de la Policía de Entre Ríos. Martínez Paiva dijo durante su declaración en el juicio el 19 de abril que uno de los integrantes de ese grupo era Félix Orlando Cabrera, del entorno del ministro de Educación José Eduardo Lauritto. En esa oportunidad estuvo alrededor de dos semanas detenido en el Regimiento, sin causa.
La familia Felguer Marta Élida y María Graciela Felguer son hermanas de Jorge Orlando Felguer, quien fue detenido en el regimiento de Villaguay mientras hacía el servicio militar y permaneció secuestrado en la Policía Federal de Concepción del Uruguay, donde también fue sometido a torturas de todo tipo, para luego ser trasladado al regimiento de Gualeguaychú. Ambas declararon ayer. Marta contó que estaba viviendo en Buenos Aires cuando un grupo de tareas allanó sin orden judicial la casa de sus padres en Gualeguaychú, en busca de Jorge.
Durante un tiempo estuvieron sin saber su paradero, hasta que por un soldado conocido supieron que estaba en el Ejército de la ciudad del sur entrerriano. Junto a su marido, que acababa de retirarse de la Marina, viajaron rápidamente, se presentaron en el predio castrense y lograron ser atendidos por el mayor Juan Miguel Valentino, hoy imputado en la causa, quien reconoció que lo tenía detenido allí pero no les permitió verlo. Marta le imploró llorando, quería asegurarse de que estuviera bien, de que estuviera vivo. Pero Valentino los hizo retirar del lugar. Ayer ella recordó “la soberbia” con que el militar manejó aquella conversación.
Cuando el joven pudo recuperar la libertad, la familia fue testigo de su paranoia permanente. “Sentía que lo estaban siguiendo para matarlo”, recordó la hermana. Estuvo moviéndose de un lugar a otro para que no lo encontraran. Además de las secuelas físicas y psicológicas, Marta Felguer recordó que aquella situación produjo un “deterioro vincular” en la familia.
Operativo comando Finalmente declaró María Graciela Felguer, quien estaba en la casa cuando se produjo aquella violenta irrupción del grupo de tareas y pudo relatarla: “Eran muchos militares que entraron por los techos, por las ventanas, por todos lados. Nos empujaron y amenazaron”. Dijo que estaban uniformados, que parecían militares pero no está segura de qué fuerza eran. Sí recordó claramente que no hubo orden judicial. La familia tampoco supo nunca porqué detuvieron a Jorge. “En esa época cualquiera caía porque sí, nada más”, recordó María Graciela.
28 Abr
Declararon familiares de detenidos y torturados en Concepción.
En la sexta jornada de testimoniales aportaron su relato tres familiares de dos de las víctimas de detención y tortura en la Policía Federal de Concepción del Uruguay, durante la última dictadura cívico-militar.
Hoy se desarrolló la sexta jornada de testimonios por la Causa Harguindeguy. En la oportunidad declararon tres familiares de dos de las víctimas de detención y tortura en la Policía Federal de Concepción del Uruguay, durante la última dictadura cívico-militar.
En primer término prestó testimonio Josefina Ester Grenz, exesposa de Carlos Atilio Martínez Paiva, cuya casa fue allanda una noche de julio de 1976. “Me dieron vuelta la casa”, afirmó Grenz quien en ese momento estaba sola con sus dos hijos de 3 y 4 años de edad.
La mujer aseguró que, luego del allanamiento –que fue muy violento y duró aproximadamente una hora– le faltó ropa de su marido y una importante suma de dinero que la pareja tenía ahorrado para comprarse un auto. Esa misma noche esperaron y apresaron a Martínez Paiva, a dos cuadras de su casa, cuando bajaba de un colectivo de la línea 2.
En los días posteriores, y luego de averiguaciones, la familia llegó a la Policía Federal donde le dijeron que su marido estaba detenido allí pero incomunicado. En ese punto la mujer refirió que pudo verlo varios meses después, en la carcel de Gualeguaychú. Lo vio muy mal psíquicamente, se dio cuenta «por su forma de hablar».
En la continuidad de su relato Greiz contó las situaciones angustiosas que le tocaron vivir debido a la mala posición económica en la que quedó junto a sus pequeños hijos. Ella no tenía trabajo y le habían robado el dinero que tenía ahorrado. Tuvo que salir a buscar trabajo y vivia con temor de que le quitaran a sus niños o «le hicieran algo» a ella.
Luego siguió el testimnio de Marta Élida Felguer, hermana de Jorge Orlando Felguer. Un día, en 1976, sus familiares de Gualeguaychú la llamaron a Buenos Aires, donde ella residía, para avisarle que habían allanado la casa de sus padres buscando a su hermano.
La irrupción fue violenta y no faltaron golpes y amenazas, según su relato. Jorge Felguer se encontraba cumpliendo el servicio militar en Villaguay y luego de ese allanamiento fue detenido y llevado a la Policía Federal de Concepción del Uruguay, donde estuvo detenido y fue torturado.
Semanas después del violento allanamiento se enteraron, por un soldado del regimiento de Gualguaychú, que Jorge había sido trasladado allí. Marta fue con su marido a verlo y pudo hablar con el mayor Juan Miguel Valentino, quien le confirmó que su hermano estaba allí pero se encontraba incomunicado.
Tras su testimonio declaró María Graciela Felguer, hermana de Marta y Jorge, quien hizo un relato similar pero como testigo presencial, ya que estaba en la casa en el momento de la irrupción de las fuerzas de seguridad.
27 Abr
Buscan demostrar la injerencia del ex-represor en la provincia.
En base a las declaraciones de cuatro ex-miembros de la comisión directiva del Sindicato de Luz y Fuerza de La Histórica, la querella busca demostrar que el Ministerio del Interior -a cargo del represor- fue responsable de la intervención del gremio. Hoy, Jorge Aldaz confirmó que el sindicato fue intervenido «por el proceso».
En la quinta jornada de declaraciones testimoniales del juicio por la Causa Harguindeguy, brindó su testimonio el exgremialista Jorge Guillermo Aldaz quien, al momento del golpe cívico militar de 1976, se desempeñaba como secretario de actas del Sindicato de Luz y Fuerza de Concepción del Uruguay. En su manifestación, recordó que poco después de ser detenido ilegalmente junto a otros sindicalistas, el gremio fue intervenido por el gobierno de facto, lo cual podría comprometer al entonces ministro de Interior, Albano Harguindeguy.
Cabe destacar que en este tramo de la megacausa, están imputados Harguindeguy, Julio César Rodríguez, Francisco Crescenzo, y Juan Miguel Valentino, privación ilegítima de la libertad y tormentos.
El testimonio de hoy se sumó a los de Carlos Julián Cáceres, Carlos María Urquiza, y Héctor Raúl Respaud, otros integrantes de la comisión directiva de Luz y Fuerza que, junto con Aldaz, fueron detenidos por Gendarmería Nacional, y luego alojados en la Unidad Penal Nº4, bajo supervisión del Ejército.
Cabe señalar que para hoy también estaba convocado Juan Eduardo Cassaretto, quien se excusó de comparecer, ya que padece problemas de salud.
En su testimonio ante el Tribunal, Aldaz señaló que fue detenido en la puerta de su domicilio, sito en calle Perú 219, de Concepción del Uruguay: “Estaba mi señora en cama y yo estaba con licencia. Llegó Gendarmería y no me dejó moverme de la puerta, ni siquiera para ir a buscar mis documentos. Por suerte estaba un cuñado mío que me lo alcanzó”.
Con respecto a la fecha, el testigo dijo que fue una mañana de junio de 1976, pero la presidenta del Tribunal, Lilia Carnero, le recordó que en su declaración durante la etapa de instrucción había señalado que la detención se produjo en mayo, lo cual se condecía con los datos aportados por los testigos que ayer declararon.
Además, Aldaz manifestó que nunca le explicaron los motivos de su detención. “Me llevaron a Gendarmería, donde estuve dos días. Después, del Ejército nos trasladaron en un micro hasta la UP 4, donde quedamos detenidos varios días”, dijo, y añadió que “en Gendarmería nos quisieron hacer decir que éramos rojos, comunistas”.
Consultado por la Fiscalía acerca de quiénes lo acompañaban en su reclusión, el testigo mencionó -haciendo un gran esfuerzo para recordar- a Héctor Raul Respaud, Eduardo Casaretto, César Rubén Arrigo, Carlos Julián Cáceres y Carlos María Urquiza.
Continuando con su relato, Aldaz señaló que el día que ingresó a la UP 4 vio a otros detenidos, que estaban esposados con alambres, pero que eran asistidos por un abogado. En referencia a esto expresó que “allí vi cosas que preferiría no recordar”, pero no dio más detalles.
Al igual que sus excompañeros gremialistas, dijo que no sufrieron malos tratos mientras estuvieron detenidos, y señaló que no recibió visitas, “porque estuvimos incomunicados durante 15 días”.
El testigo dijo que días antes de su liberación, fue llevado al Ejército, donde tomó contacto con el teniente coronel Schirmer. “Me llevaron a declarar, yo estaba vestido con mi ropa de trabajo. Le señalé a Schirmer las siglas que tenía en mi camisa, AyE (Agua y Energía), y le pregunté si entendía dónde trabajaba yo. ‘AyE significan amor y esperanza en la patria’, le dije. Pero no me contestó”, dijo.
Consultado por la presidenta del Tribunal acerca de una reunión que la comisión directiva del gremio habría tenido un día antes de la detención, Aldaz negó que tal encuentro haya tenido lugar, pero luego recordó lo que había señalado en la etapa de Instrucción, y añadió que habían difundido un comunicado “en el que denunciábamos que nos querían quitar los servicios de la obra social; eso fue a poco tiempo del golpe de Estado”.
Asimismo, señaló que el sindicato fue intervenido “por el Proceso”. Estas palabras podrían beneficiar a la querella, que busca demostrar que Albano Harguindeguy -uno de los imputados-, quien estaba a cargo del Ministerio del Interior del gobierno de facto, habría sido el responsable de ordenar la intervención del gremio.
Finalmente, señaló que fue el ingeniero Guillermo Zanet -en ese entonces, jefe de Distrito de Agua y Energía- quien los denunció por su actividad gremial. Si bien no dio precisiones sobre cómo lo supo, esto de condice con lo expuesto ayer por Respaud, quien también conjeturó que fue Zanet quien los denunció.
26 Abr
Más testigos apuntaron al «Moscardón Verde» Rodríguez como autor de torturas.
En el tercer día de testimoniales, Hugo Angerosa y Jorge Felguer dieron sus versiones de los hechos de los que fueron víctimas en 1976, a manos de la Policía Federal de Concepción del Uruguay. El tercer testigo, José Peluffo, podría ser investigado por falso testimonio.
Se desarrolló la tercera jornada de testimoniales en el juicio por la Causa Harguindeguy, en la que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Concordia durante la última dictadura militar.
Hoy declararon tres testigos, en el marco de la Causa Nº 1.960/10, en la que están procesados los imputados en juicio: Albano Harguindeguy, Francisco Crescenzo, Julio César Rodríguez, y Juan Miguel Valentino, quienes actualmente se hallan cumpliendo prisión domiciliaria por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Concepción del Uruguay.
El primero en declarar fue Hugo Emilio Angerosa, quien fue secuestrado y torturado en 1976, y hermano de dos desaparecidos, Daniel y Blanca Angerosa.
Ante el Tribunal integrado por Lilia Carnero (presidenta), Roberto López Arango, y Noemí Berros, el testigo relató los acontecimientos previos a su detención ilegal. Hugo, que en 1976 contaba con 24 años de edad, era comerciante en la ciudad de Gualeguaychú y vivía con sus padres y hermanos.
“Yo llevaba una vida normal, me dedicaba a mi negocio. Un par de años antes, había prestado servicio obligatorio en el Ejército. La noche del 18 de febrero de 1976, me encontraba cenando, cuando llaman a la puerta, y mi madre me avisa que era la Policía. Abrimos y entró (Julio César) Rodríguez, vestido de civil, acompañado por suboficiales del Ejército. Revisaron toda la casa, con un total atropello, andaban por los techos, nos revisaron hasta la heladera. Yo conocía a algunos de los suboficiales que estaban en el allanamiento, porque poco tiempo antes habían sido compañeros míos en el Ejército. Cuando preguntamos a qué se debía todo eso, nos muestran una orden de allanamiento contra mi hermano Daniel”, señaló.
Daniel Angerosa tenía 25 años, se había recibido de médico en Córdoba y militaba en el Movimiento Villero Peronista y la JP. Estaba casado y tenía un hijo de cuatro meses. Hacía poco había vuelto a Gualeguaychú, para radicarse en su casa paterna con su esposa y el bebé. Fue secuestrado el 17 de febrero de 1976, en la ciudad de Santa Fe, adonde había viajado para hacer una especialización en Gastroenterología.
“La esposa de mi hermano se encontraba allí en ese momento, y le dijeron que su marido estaba detenido en Santa Fe. Después tipearon y nos dieron un informe sin firma, en el que dejaban sentado que el allanamiento había sido negativo. No sé qué buscaban, porque en casa jamás hubo armas. Llamamos a la casa de una prima nuestra, que vivía en Santa Fe, y a cuya casa había ido a parar mi hermano mientras hacía los trámites para inscribirse en la especialización. Ella nos dijo que él había almorzado con ella, que durmió una siesta, después salió y no volvió. Entonces fuimos a preguntar al Regimiento de Gualeguaychú, donde nos atendió el jefe, (Juan Miguel) Valentino, y el subjefe, (Gustavo) Martínez Zuviría, quienes nos confirmaron que mi hermano estaba detenido en Santa Fe. Así que al día siguiente viajamos a Santa Fe con mi madre; fuimos a la Jefatura de la Policía, al Senado -porque en aquella época todavía Isabel Martínez era presidenta- y al Segundo Cuerpo del Ejército, pero nos dijeron que no estaba allí y que no había orden de detención”, explicó.
Después de hacer gestiones sin ningún resultado en la provincia vecina, Angerosa y su madre regresaron a Gualeguaychú, donde volvieron a entrevistarse con Valentino, quien esta vez les negó haberles informado que Daniel estaba detenido en Santa Fe: “Valentino se enojó mucho cuando le pedí que entonces me haga una carta con un membrete del Ejército, en donde diga que se hace cargo del allanamiento de mi casa”
Tiempo después, una noche de septiembre de 1976, personal del Ejército golpea nuevamente a la puerta de la familia Angerosa, esta vez se llevan detenido a Hugo, bajo una orden librada por el cuerpo castrense. “Me subieron a un Torino y me llevaron al Regimiento. Me dejaron en una habitación, allí me acosté y al día siguiente me trajeron el desayuno. Un suboficial amigo mío, de apellido Ríos, venía a visitarme y me dijo que me iban a hacer una averiguación de antecedentes, pero que dentro de unos días me iban a trasladar”, relató.
Días después, a altas horas de la noche, el Moscardón Verde Rodríguez irrumpió en la sala donde estaba detenido Angerosa, y sin darle tiempo a nada, le vendó los ojos, lo esposó y lo introdujo en un Falcon. “Me pusieron en el piso del auto. Uno de los que acompañaban a Rodríguez me dijo ‘cantá, o vas a desaparecer como el hijo de puta de tu hermano montonero’. Me acusaban de ser el segundo al mando de Montoneros, que hacía poco habían tomado un Regimiento en Formosa. Yo les dije que nunca había estado en esa provincia, entonces me pegaron un cachetazo”, recordó.
Según el relato del testigo, el viaje en auto duró poco más de una hora. Al llegar a destino, lo hicieron descender del auto y lo llevaron a una habitación. “Menos mal que me había acostado vestido, porque no me dieron tiempo a nada, ni siquiera a ponerme un pulover. Hacía mucho frío y yo tenía nada más que una camisa”, señaló y luego añadió que en el baúl del Falcon traían a otra persona.
“Poco después, supe que era (Jorge) Felguer, a quien llamaban El Ruso. Esa misma madrugada, a él comienzan a torturarlo salvajemente, yo escuchaba cómo lo picaneaban y lo golpeaban. Después me agarraron a mí, me picanearon y me preguntaban por los hermanos Martínez Garbino, por Aldo Bachetti, y por otras personas que yo conocía, pero con las que no tenía mucha relación. A Felguer y a mí nos tuvieron como 3 o 4 días sin comer ni tomar agua, sin abrigo, sin dejarnos dormir. Yo perdí la noción del tiempo, ya no sabía si era de día o de noche, porque estuve todo el tiempo vendado”, precisó, y dijo que supo que estaba en Concepción del Uruguay porque “cerca se escuchaban ruidos de oficina, en un momento sonó el télefono y atendieron diciendo ‘Policía Federal de Concepción del Uruguay’”.
Algunos días más tarde, sus torturadores les dijeron que sabían que no eran subversivos, y que los iba a liberar, pero que no denunciaran lo que había ocurrido, “sino íbamos a ser boleta”.
“Me metieron nuevamente en el Falcon, y a mitad de camino, me hacen subir a la parte trasera de un camión. Después llegamos nuevamente al Regimiento del Ejército de Gualeguaychú, y me dejan en la misma habitación en la que estaba antes. Me tuvieron que sacar la venda con nafta, porque estaba muy pegada. Al otro día me hicieron bañar, afeitarme y me dieron de comer. Después vino a revisarme un médico, Juan Antonio Zaccaría, que me dijo que no tenía marcas en el cuerpo, pero que estaba muy deteriorado. Allí me dejaron detenido varios días más, me daban de comer y me hacían bañar todos los días”, contó Angerosa.
El 11 de octubre, el suboficial Pascual lo buscó y lo trasladó a su casa. El testigo señaló que luego de ser liberado tuvo que hacer tratamiento psicológico durante varios años, y que perdió muchos clientes, porque todos creían que “andaba en algo raro”. El momento más conmocionante de su declaración, fue cuando se refirió a sus hermanos: “Por suerte, yo hoy estoy acá y la puedo contar. Pero mis hermanos están desaparecidos. Y a mi hermana Blanquita la tenían en El Vesubio, estaba embarazada y le robaron el bebé. Solamente espero que se haga justicia”.
Después de declarar, el testigo reconoció a Rodríguez y a Valentino.
Luego de un cuarto intermedio, fue el turno de Jorge Felguer, quien también prestó declaración. El segundo testigo tenía 21 años cuando fue detenido en Villaguay, donde hacía el servicio militar obligatorio en el Ejército.
Felguer fue militante en la UES durante la secundaria y había sido víctima de persecusiones políticas. Días previos a su detención, su casa había sido allanada. A mediados de septiembre de 1976, personal del Ejército lo subió a una ambulancia en el Regimiento de Villaguay, le vendaron los ojos y luego lo introdujeron en el baúl de un Falcon.
Lo trasladaron a Concepción del Uruguay, donde fue sometido a fuertes torturas en la Policía Federal -tal como lo había relatado Angerosa. Al cabo de unos días, lo trasladaron al Regimiento de Gualeguaychú, y más tarde lo llevaron a Concordia, donde lo dejaron en libertad, tras dos meses de detención. En esa localidad, terminó de prestar el servicio militar obligatorio y una vez pudo ver al dragoneante Jorge Emilio Papetti, que actualmente se encuentra desparecido.
En su declaración, señaló que nunca antes había podido hablar de lo ocurrido. “Espero que mi testimonio sirva para los argentinos porque estas cosas no pueden volver a pasar, y para las nuevas camadas de militares, para que entiendan que la impunidad no es eterna. Ellos fueron idiotas útiles, al servicio de gente que hoy no está siendo juzgada”, concluyó. El testigo no reconoció a ninguno de los imputados, ya que estuvo vendado todo el tiempo que estuvo en Concepción del Uruguay y no pudo ver a sus torturadores en ningún momento.
Posible falso testimonio
Tras la declaración de Felguer, llegó el turno de José Peluffo, quien habría incurrido en contradicciones o habría faltado a la verdad, según se indicó desde la querella. Fue por eso que el abogado Rubén Pagliotto solicitó que se envíe copia de su declaración a la Fiscalía Federal en turno, a fin de que se proceda en consecuencia ante lo que consideró el «flagrante delito de falso testimonio».
Peluffo estuvo detenido junto a los estudiantes secundarios de Concepción del Uruguay secuestrados en julio de 1976, pero a diferencia del resto dijo no haber visto a los imputados Crescenzo y Rodrìguez. Tampoco dijo haber visto ni conocer a los cautivos que dijeron haberlo visto a él, excepto a dos.
Este testigo ingresó al año siguiente, en 1977, a las filas de la Policía de Entre Ríos, de la que se retiró quince años después.
20 Abr
Los testimonios comprometen más a los acusados.
En la novena jornada de las audiencias de debate declaró Juan Carlos Rodríguez, cuyo testimonio coincidió con los datos aportados por los testigos que prestaron declaración ayer. Apuntó a Rodríguez y Mazzaferri como ejecutores de las torturas. Otra víctima, Martínez Paiva, declaró a puertas cerradas
Se desarrolló la segunda jornada de las audiencias de debate del juicio por la Causa Harguindeguy, en la que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Concordia y Paraná durante la última dictadura militar.
Hoy fue el turno de tres testigos-víctimas pertenecientes a la Causa Nº 1.960/10, en la que están procesados los imputados en juicio: Albano Harguindeguy, Francisco Crescenzo, Julio César Rodríguez, y Juan Miguel Valentino, quienes actualmente se hallan cumpliendo prisión domiciliaria por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Concepción del Uruguay.
El primero en declarar fue Juan Carlos Rodríguez, militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), quien fue detenido y torturado por personal de la Policía Federal, en julio de 1976.
Antes, el Tribunal integrado por Lilia Carnero (presidenta), Roberto López Arango, y Noemí Berros, hizo lugar al pedido de la defensa para que Crescenzo abandonara la sala, ya que “no se sentía en condiciones de estar presente durante la audiencia”.
Luego, se procedió a convocar a Rodríguez, quien relató los hechos acontecidos en aquella época, cuando contaba con 17 años de edad y cursaba el 5° año en la Escuela Normal de Concepción del Uruguay.
“Yo militaba en la UES, teníamos muchas expectativas políticas, por la vuelta de Perón. Yo militaba en el Luche y Vuelve. Así conocí a Roque Minatta, presidente del centro de estudiantes de la Normal. Desde allí, además de actividades que hacían a lo estrictamente estudiantil, también participábamos en política fuera de la escuela. Recuerdo que había una materia llamada Estudios de la Realidad Social Argentina (ERSA), que incorporaba el debate político dentro del ámbito estudiantil. Cuando llegó el golpe de Estado, ya no se podía tener actividad política dentro del claustro estudiantil”, explicó, a modo de introducción.
Rodríguez señaló que el centro de estudiantes estaba relacionado con la JP, quienes los incentivaban en su formación política y les daban libros sobre la temática. Cuando la dictadura cívico militar tomó el poder por asalto, ambas agrupaciones realizaron panfletos criticando al gobierno de facto. Para Rodríguez, “ese fue el detonante para que nos detuvieran, ya que era evidente que nos venían haciendo una inteligencia previa”.
Rodríguez fue detenido en la noche del 19 de julio de 1976, en su casa, luego de haber participado de una reunión con sus compañeros de militancia. De acuerdo con su relato, José Pedro Peluffo, que militaba con él en la UES y que había estado en la reunión realizada minutos antes, llamó a la puerta de su casa.
“Yo había llegado con hambre, y le pedí a mi madre que me prepare la cena. En eso, José Peluffo llama a mi puerta y me pide que salga a la calle. Yo lo invito a pasar, porque justo estaba por comer. Pero él me insistía en que salga, entonces lo hice. Allí me encuentro con que a cada lado de él estaban (Julio César) Rodríguez y Mazzaferri, que me apuntan con un arma en la cabeza y nos obligan a subirnos a un Dodge 1500 negro. Ahí nos empezaron a golpear y a preguntarnos dónde estaba el mimeógrafo con el que habíamos hecho los panfletos”, relató.
El testigo declaró que los condujeron hasta la delegación de la Policía Federal y los dejaron en una “sala amplia”. Luego, cerca de las 3 de la madrugada, sus captores volvieron: “Creo que ya habían terminado con sus tareas, estaban deteniendo a otras peronas. Entonces vinieron a donde me habían dejado, y empezaron a darme golpes de puño y patadas, querían que les diga dónde estaba el mimeógrafo. Después me llevaron a un calabozo y me dejaron. Cerca del amanecer, escucho gritos desgarradores que venían del baño, que estaba frente al calabozo. Me asomé por una ventanita y vi que le estaban aplicando la picana a Carlos Martínez Paiva. Entonces, un policía vino y tapó la ventana con una toalla. Me dijo ‘quedate tranquilo, que después seguís vos’”.
Más tarde, interrogado por la querella, el testigo señaló que ese policía sería Parche Rodríguez, quien fue mencionado por otros testigos en las testimoniales de ayer. Asimismo, señaló que el torturador actualmente trabaja como personal de vigilancia en una concecionaria de autos de La Histórica.
Contiinuando con su relato, Juan Carlos Rodríguez precisó que el martes a la tarde lo llevaron al Casino de Oficiales, donde encontró a otros detenidos -Román, Maffei, Peluffo, Valente, Baldunciel, Zenit y Romero-, todos sentados en sillas y mirando hacia la pared. Asimismo, señaló que los llamaban de a uno para interrogarlos y golpearlos, con una frecuenia de 4 o 5 veces al día. “Eso fue hasta el jueves, después se fueron calmando”.
Rodríguez señaló que su madre supo de su detención al día siguiente. “Esa noche, ella vio que me había ido y que había dejado el DNI sobre el televisor, por lo cual se quedó preocupada. Al día siguiente, fue a la Policía provincial para ver si me tenían detenido allí, pero le respondieron que no. Más tarde, mientras hacía compras en una panadería, escuchóa unos vecinos que comentaban que en la Policía Federal tenían detenidos a unos subversivos de la Escuela Normal. Entonces se dirigió hacia allá, y le confirmaron que yo estaba allí, pero no le dijeron los motivos”.
Rodríguez hizo referencia al episodio que tuvo lugar el jueves posterior a su detención cuando, junto a Román, los sacaron a un patio de la delegación en horas de la noche. “Se había desatado una tormenta, hacía frío. Y nos hicieron sacarnos la ropa. Estuvimos ahí aproximadamente media hora”.
Al lunes siguiente, un policía les alcanzó una afeitadora y les dijo que se bañen, porque iban a haber “novedades”. “El martes, nos convocaron a una reunión con el teniente coronel Raúl Federico Schirmer, donde estaban nuestros padres. A cada uno nos hicieron sentar detrás de nuestra madre o padre. Schrimer empezó a sermonear sobre nuestras mentes vírgenes. Luego dijo que nos iban a poner bajo una libertad vigilada, es decir, que ya no podíamos mantener contacto entre nosotros”.
Luego de recuperar su libertad, Rodríguez continuó viviendo un tiempo en Concepción, pero vivía bajo un permanente estado de miedo, “porque me encontraba a esa gente (los torturadores) en la calle. Una mañana me desperté, y vi qe el Falcon de Rodríguez estaba estacionado frente a mi casa, y me invadió el terror. Después de un rato, me di cuenta de que la cosa no era conmigo, sino que vigilaban a alguien más. Al otro día me enteré que había desaparecido un vecino. Entonces fui hasta la casa de su madre y le dije quiénes eran los que se lo habían llevado. Ella fue hasta la Policía Federal, y le reconocieron que ellos lo habían detenido, pero que estaban cooperando con la Policía de Rosario, ya que ese chico erstudiaba Medicina allá.”
Al igual que los testigos de la jornada de ayer, Rodríguez señaló que no lo dejaban dormir, y que comían lo poco que les llevaban sus familiares.
Por otra parte, manifestó dudas sobre su compañero detenido, José Peluffo. “Cada vez que nos interrogaban, él decía que cantemos, así se terminaba todo rápido. Pero la verdad era que nosotros no sabíamos nada del mimeógrafo. Años después, yo tuve un careo con él, que dijo que el no estuvo presente la noche de mi detención, lo negó todo. Y, algo que llama la atención, es que en 1977 ingresó a la Policía, después de haber estado detenido por supuestas actividades subversivas”.
Tras las declaraciones de Rodríguez, fue el turno de Alberto Baldunciel, quien también reconoció a Julio César El Moscardón Rodríguez. Sus relatos coinidieron con los de Rodríguez, pero afirmó que fue golpeado sólo en una oportunidad.
Por último declaró Carlos Atilio Martínez Paiva, quien pidió prestar testimonio sin público en la sala.
19 Abr
Comenzaron las testimoniales.
La audiencia comenzó a las 10.30, con la declaración de César Román, uno de los secuestrados y torturados en Concepción del Uruguay. El testigo reconoció a Julio César Moscardón Verde Rodríguez como uno de sus torturadores. Luego declararon Roque Minatta y Juan Carlos Romero. Pedirán a la Fiscalía de La Histórica que investigue a otro represor mencionado en los testimonios.
Durante casi seis horas se desarrolló la primera jornada de testimoniales de la etapa probatoria del juicio por la causa Harguindeguy, en la sala de calle 25 de Mayo 256 de la capital entrerriana.
Declararon tres testigos-víctimas pertenecientes a la Causa Nº 1.960/10, en la que están procesados los imputados en juicio: Albano Harguindeguy, Francisco Crescenzo, Julio César Rodríguez, y Juan Miguel Valentino, quienes actualmente se hallan cumpliendo prisión domiciliaria por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Concepción del Uruguay.
Es precisamente en esa última localidad donde tuvieron lugar los delitos que en este tramo del juicio se investigan, los cuales se encuentran penalmente encuadrados en Asociación ilícita, Violación de domicilio, Privación ilegal de la libertad y Torturas.
El primero en declarar de los tres testigos previstos para hoy, fue César Manuel Román. Previo a su declaración, la querella solicitó que se incluyan como prueba las declaraciones del represor Jorge Rafael Videla quien, en una entrevista al periodista y escritor Ceferino Reato, dio detalles sobre el plan sistemático de desaparición de personas durante la última dictadura. El pedido fue acompañado por la Fiscalía y la defensa no puso objeción.
Por su parte, el defensor técnico de Harguindeguy, Rodríguez y Crescenzo, solicitó que este último acusado se retirara de la sala sin ser visto por el testigo, argumentando el pedido en una estrategia que no quedó del todo clara.
Luego de que el Tribunal integrado por Lilia Carnero (presidenta), Roberto López Arango, y Noemí Berros, hiciera lugar al pedido de la defensa, se procedió a llamar al testigo.
El relato de Román Cabe destacar que Román fue detenido en la noche del 19 de julio de 1976, a una cuadra de su domicilio, cuando tenía 17 años y participaba activamente en el centro de estudiantes de la Escuela Normal de Concepción del Uruguay.
Al comienzo de su declaración, el testigo dio detalles sobre su despertar político durante la adolescencia y su militancia en el centro de estudiantes junto a Roque Minatta -otro de los testigos citados para hoy-, un espacio desde donde habían conseguido varios logros para el estudiantado (boleto estudiantil, talleres literarios, campeonatos de fútbol), los cuales fueron anulados cuando la dictadura cívico – militar asaltó el poder.
“Por este motivo, nosotros comenzamos a elaborar volantes, para denunciar lo que estaba ocurriendo, y a repartirlos en boliches. Cuando empezaron las vacaciones de invierno, fuimos detenidos. Nuestro error fue pensar que esta dictadura era similar a la de 1966”, señaló.
Román narró que aproximadamente a la hora 21 del 19 de julio de 1976, cuando se encontraba a una cuadra de su domicilio materno, dos hombres vestidos de civil se acercaron hacia él y le preguntaron si era César Román. Al responder afirmativamente, ambos comenzaron a insultarlo, lo agarraron del pelo y lo obligaron a introducirse en un Dodge 1500 negro, donde lo esperaban dos personas más.
A uno de los que lo detuvieron lo identificó como “El Cordobés”, mientras que al otro -cuyo apodo ni nombre pudo precisar- lo describió como corpulento, de unos 35 años y con una mancha en el rostro. Más adelante, en su declaración, Román señalaría que hace 5 años volvió a ver a este último en la delegación de la Policía Federal en Concepción del Uruguay, cuando fue a realizar un reconocimiento del lugar, en el marco de la causa que ahora está en proceso penal. Señaló que, según sus propias averiguaciones, el “hombre de la mancha” trabaja en una concesionaria de autos de esa ciudad y que, aparentemente, sigue teniendo conexiones en la Policía Federal.
Esta declaración resultó uno de los aportes más novedosos a la causa. Los testigos que lo sucedieron –Minatta y Juan Carlos Romero– también mencionaron a «El Manchado» como miembro de la patota. Ante esto, la querella solicitó que se enviara copia de las tres declaraciones a la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, para que tome las medidas que crea pertinente respecto de este represor. La Fiscalía acompañó y el tribunal hizo lugar.
Prosiguiendo con el relato de los hechos, el testigo señaló que en el coche en el que lo trasladaron comenzaron los primeros interrogatorios sobre un mimeógrafo con el que los estudiantes habrían confeccionado los volantes que repartieron en distintos puntos de la ciudad.
Asimismo, señaló que mientras a él lo detenían, otras dos personas -Francisco Crescenzo y El Moscardón Verde– allanaban su casa, donde se encontraba su madre. De allí sustrajeron libros y posters que Román tenía en su habitación.
Luego, Rodríguez y Crescenzo se subieron a un Falcon verde que estaba estacionado delante del Dodge 1500, y desde allí partieron hacia la delegación de la Policía Federal, seguidos por un Fiat 125.
Cuando llegaron al lugar, lo introdujeron en una dependencia a la que el testigo se refería como el Casino de Oficiales. Minutos después, el subcomisario Zeballos -que conocía a Román a través de su padre- ingresó al lugar y le dijo que “cante lo que sepa”, porque de lo contrario lo “iban a matar”. Acto seguido, El Moscardón ingresó al lugar y le dio un brutal golpe en el rostro al detenido.
Minutos más tarde, el represor José María Mazzaferri (actualmente prófugo de la Justicia) ingresó y lo llevó a una habitación contigua. En ese lugar, Román fue interrogado nuevamente por el mimeógrafo y sometido a una brutal paliza. Según su versión, El Moscardón Rodríguez le dió un fuerte puntapié en un testículo lo cual originó que, años después, tuvieran que extirparle uno.
Los tormentos continuaron durante los cuatro días siguientes, ya que diariamente era sometido a palizas, interrogatorios y tortura psicológica. Entre los maltratos, Román mencionó que Mazzaferri le gatilló un revólver en la cabeza y que una noche fría lo dejaron en el patio, bajo la lluvia y sin ropa. Por otra parte, relató que en una oportunidad lo llevaron encapuchado a una habitación, donde vio a otro detenido -de apellido Martínez Paiva-, siendo torturado con picana eléctrica, y que a él lo amenazaron con hacerle lo mismo “si no cantaba”.
El testigo relató que en el lugar se encontró con otros detenidos: Roque Edmundo Minatta, Juan Carlos Rodríguez, Juan Carlos Romero, Víctor Hugo Baldunciel, Mario Hugo Maffei, y José Pedro Peluffo, quienes fueron sometidos a maltratos similares.
Román precisó que no los dejaban dormir, señalando que “cada vez que atinábamos a dormirnos, nos golpeaban en los oídos, dejándonos aturdidos”. Tampoco los alimentaban lo suficiente, “lo poco que comíamos era lo que nos mandaban nuestros familiares, pero siempre nos llegaba menos de lo que nos enviaban”.
El testigo manifestó que las cosas comenzaron a “tranquilizarse” a partir del viernes 23 de julio. Y que el domingo mantuvo una charla con Crescenzo, quien le hizo firmar una falsa declaración, titulada “César Román, delincuente subversivo”.
Al día siguiente, al cumplirse una semana de la detención, él y los demás detenidos pudieron ver a sus padres en una reunión mantenida con el Teniente Coronel Schimer, perteneciente al Regimiento de Ingenieros de Combate del Ejército, quien “sermoneó” a los padres de los detenidos, por el “accionar subversivo” de sus hijos. Más tarde, varios de ellos fueron liberados. Al día siguiente, liberaron a los restantes.
Al finalizar su testimonio y responder a algunos detalles precisados por la querella, a pedido del Tribunal, Román reconoció a Julio César El Moscardón Rodríguez en el banquillo de los acusados.
Luego, el tribunal ordenó un cuarto intermedio de 10 minutos, al cabo del cual Román reconoció a Crescenzo una fotografía de aquella época, que le fue exhibida junto a las de otras dos personas.
Más tarde declararon Minatta y Romero, quienes detallaron los padecimientos que sufrieron a manos de los mismos represores en la Delegación de la Policía Federal. Ambos reconocieron a Rodríguez y Crescenzo y aportaron datos sobre «El Manchado».
La causa En este expediente –acumulado a otros dos, de Concordia y Gualeguaychú– se registran 18 víctimas: César Manuel Román Yánez, Carlos Atilio Martínez Paiva, Roque Edmundo Minatta, Juan Carlos Rodríguez, Juan Carlos Romero, Carlos Horacio Valente, Víctor Hugo Baldunciel, Mario Hugo Maffei, José Pedro Peluffo, Hugo Emilio Angerosa, Jorge Orlando Felguer, Juan Domingo Santamaría, Carlos María Urquiza, Héctor Manuel Respaud, Juan Eduardo Cassaretto, Carlos Julián Cáceres, Jorge Guillermo Aldaz, y César Rubén Árrigo (ahora fallecido), informó la Vocería del Tribunal Oral Federal.
Cinco de esas víctimas se han presentado como querellantes, representados por la abogada María Caccióppoli y –según cada caso-, también por Marcelo Baridón, Álvaro Piérola, Guillermo Mulet y Marcelo Boeykens.
Prestarán declaración un total de 43 testigos que actualmente residen en distintas localidades, como entre otras: Concepción del Uruguay, Colón, Gualeguaychú, Paraná, Buenos Aires, Mar del Plata y Posadas.
Ejercen la defensa técnica de Harguindeguy, Crescenzo y Rodríguez: Mario Franchi y Noelia Quiroga (por el Ministerio Público de la Defensa), y Gerardo Ibáñez, como abogado particular de Valentino.
De estos cuatro procesados, Crescenzo se ha abstenido de declarar en este debate, en tanto que Harguindeguy lo hizo remitiéndose a dichos anteriores, y el resto, ha reservado sus derechos a prestar declaración en otro momento procesal, si así lo estimare pertinente.
En las audiencias de esta causa, estarán presentes además, todos los abogados defensores y querellantes; en tanto que en lo que respecta a los imputados, Harguindeguy seguirá presenciando el juicio por videoconferencia, desde el Consejo de la Magistratura de Buenos Aires, y los procesados Juan Carlos Mondragón, Marcelo Pérez, Naldo Dasso y Santiago Kelly del Moral estarán ausentes, por así haberlo autorizado el Tribunal, en virtud de que los mismos carecen de imputación en estos actuados.
Finalmente, cabe consignar que la cobertura periodística podrá efectuarse mediante la toma de notas por parte de los periodistas que se encuentren presentes, debiendo éstos abstenerse de transmitir en vivo y efectuar registros fono, foto, y/o videográficos, tanto en la sala donde se llevan a cabo las audiencias, como en aquellas en donde se las transmite por circuito cerrado, se indicó.
Dicha medida rige por imperio del Acuerdo Nº 05/12 del TOF-Paraná, que así lo dispuso el pasado 7 de marzo, con el objeto de resguardar la prueba a colectar.
18 Abr
Guerra, negación y silencios, presentes en las declaraciones indagatorias
Los imputados por crímenes de lesa humanidad volvieron a preferir no declarar; pero ayer se leyeron sus manifestaciones en la instrucción, donde Harguindeguy justificó la represión
Alfredo Hoffman / De la redacción de UNO
foto Ignacio Pereyra (diario UNO)
El juicio por la causa Harguideguy tuvo ayer la última jornada correspondiente a las indagatorias. Como lo hicieron el miércoles y luego de hablar con sus defensores, todos los represores decidieron no declarar, al menos en esta instancia, pero a través de la lectura de sus manifestaciones en la etapa de instrucción ante el Juzgado federal de Concepción del Uruguay, se pudieron conocer sus versiones de los hechos. Allí aparecen la referencia a una guerra contra la subversión y la negación de los delitos de lesa humanidad que se investigan, que van desde secuestros y torturas a desapariciones forzadas de persona en la costa este de la provincia.
La lectura de las indagatorias permitió escuchar los argumentos de Albano Harguindeguy, quien enfrenta por primera vez a un tribunal en juicio. El exjerarca de la dictadura, en una primera oportunidad, buscó desligarse de los hechos asegurando que su cargo de ministro del Interior no tenía injerencia en las zonas, subzonas y áreas de defensa en las que las Fuerzas Armadas habían dividido y subdividido el país para llevar adelante la represión ilegal con el pretexto de combatir la subversión. “No tenía que impartir órdenes porque no eran de competencia de mi Ministerio”, afirmó.
Luego se leyó un escrito que presentó quien es el principal acusado de las tres causas acumuladas que están en juicio, y que pidió que se agregara como parte integrante de su indagatoria. Allí se explaya ampliamente en las referencias a las normas emitidas por el llamado Proceso de Reorganización Nacional con el propósito de “erradicar la subversión” y se preocupó por aclarar que todo lo relacionado con ese fin “dependía de la Junta Militar”.
También aludió a la idea de la existencia de una “guerra” en el país, que se daba “en el marco de la guerra fría”, y relató acciones guerrilleras que, según indicó, habrían sido motivo para el accionar represivo. Justificó el terrorismo de Estado mencionando el indulto de presos políticos el 25 de mayo de 1973, por parte del gobierno de Héctor Cámpora, y por la llegada al país de guerrilleros chilenos y uruguayos, los primeros como consecuencia del golpe de Estado contra Salvador Allende, y los segundos por la “efectiva” lucha contra la subversión en el país oriental.
Ese discurso finaliza con la pretendida justificación del plan sistemático de represión ilegal instrumentado desde el 24 de marzo de 1976, por los decretos de “aniquilamiento” emitidos por el gobierno peronista de 1975. Según dijo, las sucesivas juntas militares “no se apartaron en nada” de esos decretos.
Francisco Crescenzo, exjefe de la Delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal, en su declaración en instrucción negó “la multiplicidad de mendacidades” que lo señalan como autor de allanamientos ilegales, secuestros y torturas. Dijo que solo era un “subalterno” en la época de los hechos y que su tarea se limitaba a “quehaceres administrativos” y atención al público”.
Julio César Rodríguez, exsargento de la Policía Federal de Concepción, utilizó similares recursos. Dijo que trabajaba en una “oficina técnica” y que “no tenía contacto con los detenidos”. Aseguró que no torturó ni cometió “ninguna clase de delito” y que no recuerda ni vio nada sobre las violaciones a los derechos humanos denunciadas. Ni siquiera reconoció que le decían Moscardón Verde; dijo que a otro policía llamaban Moscardón y que a él le decían Polilla, Boquita y Tijereta.
Juan Carlos Mondragón (exjefe de Seguridad y Operaciones de la Departamental Gualeguaychú de la Policía de Entre Ríos) y cantautor folclórico, declaró que le llamaban “poderosamente” la atención las imputaciones, a las que calificó de “horrendas y vejatorias”. Señaló que tiene “relación de amistad” con los hermanos Emilio y Jaime Martínez Garbino, a quienes está acusado de secuestrar. Y se quejó porque la acusación en su contra hizo que su nombre como artista fuera “arrastrado por todas las comarcas del país”, que su familia lo abandonara y que ya no tuviera amigos.
Juan Miguel Valentino, exjefe del Escuadrón de Caballería Blindada II de Gualeguaychú, negó haber cometido delitos y haber recibido órdenes ilegales. No se dio lectura a indagatorias de Naldo Miguel Dasso (exjefe del Regimiento de Caballería de Tanques VI Blandengues, de Concordia) y de Marcelo Alfredo Pérez (exjefe de la Departamental Gualeguaychú de la Policía de Entre Ríos).
13 Abr
